El Gobierno de Nayib Bukele pagó $27 millones a una empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas por 8,070 toneladas métricas de leche en polvo el 11 de abril de 2020, como parte de las compras de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia. En esta operación, el Ministerio de Agricultura pagó $7 millones de leche que nunca recibió o que fue comprada con un precio superior al de mercado.
Una auditoría de la Corte de Cuentas determinó que 510 de las 8,070 toneladas métricas de leche que por contrato debían recibirse nunca ingresaron al país y que ese producto estaba valorado en $1,730,134.20. Por las 7,560 toneladas métricas de leche en polvo que sí ingresaron al país, y según declaraciones de aduanas, el Gobierno pagó un sobreprecio de $5,355,655. La suma de las dos irregularidades asciende a $7 millones por leche que ningún salvadoreño pudo consumir.
De los 27 millones del contrato adjudicado por el Ministerio de Agricultura, siete se gastaron en leche que jamás llegó y en el sobreprecio pagado. Pero aún hay más irregularidades: los auditores de la Corte detectaron que con los $20 millones restantes se compró producto en polvo que no contaba con el registro sanitario que avalara el consumo humano.
La offshore intermediaria a la que el Gobierno hizo la compra se llama Aroum Group Inc, una “shell company” (empresa de papel): una empresa creada en una jurisdicción opaca, cuya dirección es la dirección de cientos de otras empresas. Aroum fue creada el 19 de febrero de 2018, según documentos obtenidos de forma independiente por El Faro, facilitados por la plataforma Investigative Dashboard, de la red de periodistas Organized Crime Corruption and Reporting Project (OCCRP).
“Comprobamos que se pagó la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, dice la conclusión de la auditoría de la Corte de Cuentas. “La deficiencia generó que se pagó por la leche un precio superior al contratado”, añade el informe que fue publicado cinco días antes de las elecciones legislativas de 2021, en las que el oficialismo conquistó por primera vez una súper mayoría el 28 de febrero de 2021. Gracias a eso, en mayo de 2021 fue aprobada una amnistía general a delitos que pudieron haberse cometido en las compras de la pandemia.
En perspectiva, el monto faltante en leche es mayor a los $6 millones que costaba el funcionamiento anual del programa Vaso de Leche, implementado por los Gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén (2009-2019), con el que se cubría los costos de producción local, logística y distribución de leche a todas las escuelas del sistema de educación público.
En marzo de 2020, en el marco de la pandemia, el Gobierno de El Salvador suspendió la aplicación de Ley de Compras y, en su lugar, emitió unos lineamientos para hacer más rápidos los procedimientos de adquisiciones. Para los proveedores internacionales, el lineamiento determinaba que, “prevaleciendo el interés público”, era válido no pedir cotizaciones a distintos proveedores. También anuló los protocolos que se usan para proteger de estafas a las instituciones públicas: “la no requisición de la manifestación anterior (sondeo de mercado) o de garantías, en función de tiempos, escasez de proveedores”, dice el lineamiento de compra.
En un periodo normal, para una compra de esa dimensión ($27 millones), los técnicos de la unidad de compras debieron determinar si la empresa tenía capacidad de cumplir con el contrato, pedir atestados de que ha administrado contratos con montos similares; pedir garantías o al menos una póliza de seguro por los productos a enviar. Los hallazgos de la auditoría de la Corte de Cuentas muestran que Agricultura pagó por anticipado a una empresa de papel y que no hubo ninguna comunicación entre el ministerio y los administradores del contrato para dar seguimiento a los productos que estaban arribando.
Aroum Group Inc abrió una cuenta de banco en Panamá, en la sucursal del Capital Bank Inc (01122009914), y en esa cuenta solicitó recibir el pago del Gobierno de El Salvador. Luego la empresa procedió a contratar a Ilas México para que enviara a Panamá las toneladas métricas de leche y luego estas fueran transportadas al Puerto de Acajutla, en El Salvador, según registros de aduanas de México.
El 11 de abril de 2020, el entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker -sancionado por el Gobierno de Estados Unidos-, firmó la orden de compra con la que el Gobierno justificó enviar $27 millones a una cuenta en Panamá, de la empresa en Islas Vírgenes Británicas, cuyos dueños son desconocidos.
El MAG pagó 8,070 toneladas métricas de leche, según la orden de compra, pero solo recibió 7,560 toneladas métricas de leche, según datos de la Dirección General de Aduana. En la aduana del Puerto de Acajutla había un faltante de 510 toneladas métricas de leche, producto valorado en $1,730,134. El Gobierno había ofrecido pagar por cada tonelada métrica de leche $3,392 y así quedó establecido en la orden de compra. Los auditores revisaron todas las facturas depositadas en la Dirección General de Aduana, para determinar el valor de la mercancía que entró al país. Según esas facturas, el pago por cada tonelada métrica de leche fue de 2,684, con lo que los auditores encontraron una incoherencia de $706 por cada tonelada, entre lo firmado en el contrato y pagado a la empresa y la factura presentada en Aduana a la hora de ingresar el producto al país. Así determinaron que el Gobierno pagó un sobreprecio de $5,355,655 por las 7,560 toneladas métricas de leche.
“El MAG no exigió a los proveedores la autorización de consumo y de venta en el país de origen de los productos adquiridos, ni el certificado de su composición. También evidenciamos que los productos fueron distribuidos sin estar inscritos en el Registro de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud, previa realización de análisis que garantiza la protección de la salud de la población”, dice el Informe de Auditoría de la Corte de Cuentas.
Este esquema se parece al utilizado por el régimen venezolano para hacer compras de alimentos de baja calidad y pagar sobreprecios a empresas en paraísos fiscales.
En el caso venezolano, un ejecutivo colombiano de nombre Alex Saab creaba empresas en paraísos fiscales; recibía los pagos de entidades venezolanas para comprar alimentos desde empresas de papel en paraísos fiscales y servía de intermediario entre el Gobierno venezolano y los proveedores -fabricantes de los alimentos que suministraban productos de mala calidad desde México-. La Fiscalía en Estados Unidos llegó a considerar a Saab como un prestanombre del dictador Nicolás Maduro. La empresa Ilas México estuvo bajo investigación del Gobierno mexicano por participar en ese esquema, según un Informe de Transparencia Venezuela, y es la misma empresa que proveyó - de manera indirecta- la leche al Gobierno de El Salvador.
El vínculo con los venezolanos
En El Salvador, el Gobierno nombró al programa de entrega de alimentos como Programa de Emergencia Sanitaria (PES).
El cerebro detrás de la implementación del Programa de Emergencia Sanitaria en la gestión de la pandemia fue el asesor venezolano Lester Toledo. “Yo armé la logística de los paquetes de alimentos”, dijo Toledo en una entrevista con un periodista del medio venezolano Armando Info, que fue publicada en El Faro. Toledo dio contexto de una fotografía en la que aparecía mostrando un mapa y dando instrucciones a titulares de instituciones del Ejecutivo, entre los que se encontraba el exministro Pablo Anliker: dijo que el Gobierno contrató a Salto Ángel Consulting durante 60 días, entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 2020, para diseñar la logística del programa de entrega de canastas de alimentos a 2.7 millones de hogares.
Toledo realizó el trabajo a través de la empresa Salto Angel Consulting, domiciliada en Delaware, cuyos dueños son también empresarios anónimos. “Son venezolanos y americanos, que registraron la compañía en Delaware para proteger su identidad. Porque emplearme a mí pone en riesgo la integridad de sus familias en Venezuela, donde por ser dirigente de Voluntad Popular me han estigmatizado como promotor de magnicidios, y por eso tuvieron que hacer el registro privado”, explicó Toledo, quien al igual que su compatriota Sara Hanna, ha sido durante años ahijado político del líder opositor venezolano Leopoldo López
La irregular compra de los $27 millones en leche fue hecha bajo este programa salvadoreño diseñado por Toledo.
La plataforma Investigative Dashboard, de la red de periodistas Organized Crime Corruption and Reporting Project (OCCRP), facilitó a El Faro el artículo de incorporación de Aroum Group (el acta de nacimiento de la empresa) del registro público de Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado como paraíso fiscal, porque sus reglas tributarias y su falta de transparencia financiera facilitan la elusión y la evasión de impuestos.
El documento no registra los nombres de los dueños ni los beneficiarios finales de la empresa, pero sí detalla que el 22 de noviembre de 2022 -dos años después de haber cobrado $27 millones al Gobierno de El Salvador- la empresa cambió su nombre y ahora se llama SM Intertrade Inc.
Overseas Management Company Trust (OMC) aparece como la firma de abogados que realiza los trámites de Aroum Group (ahora SM Intertrade Inc). El Faro pidió a los abogados de esta firma una entrevista con los beneficiarios finales de Aroum Group y se les hizo saber que era en relación al resultado de una auditoría al contrato de $27 millones con el Gobierno de El Salvador y al faltante de $7 millones en leche no entregada. 'Hemos revisado su consulta y queremos informarle que OMC está comprometida con mantener altos estándares de confidencialidad. Por lo tanto el intercambio de cualquier información con terceros va en detrimento de nuestras políticas de confidencialidad”, respondió a El Faro un vocero de esa firma de abogados.
La única información disponible de Aroum Group es una página web que fue borrada en 2021, pero a la que todavía se puede tener acceso a través de una herramienta conocida como archive. El Faro utilizó una herramienta llamada Whoxy y Osint Industries para rastrear registros de inscripción del sitio web y del correo de Aroum. Encontró que un ciudadano venezolano, Wiomar Castillo, registró la página web. Castillo, según su Linkedin, trabajó como “trader” (corredor de compras) de la empresa Aroum Group y es originario de Barquisimeto, Venezuela. Documentos de Registros Públicos en Florida y Panamá muestran que tiene una empresa de consultoría de recursos humanos llamada Educonsult Gerencia, en Caracas, en Panamá y en Florida. Castillo gestiona sus empresas con su hija y su esposa.
Tomás Hernández forma parte de un grupo de asesores venezolanos del Gobierno de Bukele liderado por Sara Hanna, que durante la pandemia funcionó como un gabinete paralelo con más poder que algunos ministros. Hérnandez fue uno de los encargados de la logística del Programa de Emergencia Sanitaria en el Ministerio de Gobernación de El Salvador en los años 2020 y 2021.
Hernández es originario de Barquisimeto, la misma región de Venezuela de donde es Castillo, el venezolano que registró la página web de la empresa que recibió los $27 millones por leche. Hernández también vivió con su familia en Houston, Texas, la misma ciudad donde ahora reside la familia de Castillo. Hernández promocionó en 2013 las actividades filantrópicas de una fundación de la que ha sido voluntario. Esa fundación funciona en Houston y fue creada por la hija de Castillo. Esa evidencia apunta a que Hernández, que terminó teniendo poder de decisión sobre el PES en El Salvador, y Castillo, que está vinculado a la empresa que consiguió el contrato de los $27 millones de leche para el PES, se conocen desde hace años.
Hernández formó parte de una generación de líderes estudiantiles venezolanos opositores al régimen chavista. El venezolano trabajó como director de comunicaciones en la Alcaldía del Hatillo, en Caracas, como asistente del alcalde David Smolansky, dirigente fundador del partido Voluntad Popular y actual comisionado para los migrantes y refugiados venezolanos en la Organización de Estados Americanos.
Castillo no respondió a la solicitud de entrevista que se le hizo llegar el 30 de julio de 2024 por correo electrónico y teléfono.
El Faro intentó solicitar una entrevista en la dirección facilitada por la empresa Aroum Group Inc: calle Punta Colón, urbanización Punta Pacífica, Oceanía Business Plaza Torre 2000, Piso 43, Ciudad de Panamá. Esa es la dirección que consta en las declaraciones de aduanas de los paquetes de leche enviados a El Salvador, pero en ese lugar se encuentra una firma de abogados que dice desconocer de ese negocio. Los dueños del bufete afirmaron que ahí no se encontraba esa empresa y que nunca ha sido cliente de ellos. “Favor tome nota que las sociedades y personas en mención no son parte de nuestros clientes”, respondió el vocero de esa firma de abogados. “Esa sociedad nunca ha sido cliente nuestra. No tenemos ni hemos tenido una sociedad con ese nombre bajo nuestra administración”, añadió.
Antes de que los diputados de Bukele impusieran a su fiscal en mayo de 2021, la Fiscalía tenía una carpeta de investigación del Gobierno de Bukele, por diferentes posibles delitos que iban desde sobreprecios, hasta robo de alimentos y pacto con pandillas. Aunque el contrato a la empresa de papel Aroum Group no estaba incluido en el expediente de la Fiscalía conocido como Catedral, Tomás Hernández y su pareja María Alejandra eran mencionados en la investigación. El equipo del exfiscal German Arriaza construyó un organigrama de lo que presentaban como una estructura de corrupción que operó durante la pandemia y en cuya cúpula ubicaron a Karim Bukele, Ibrajim Bukele y Yusef Bukele (hermanos del presidente que no ostentan ningún cargo oficial) como el “centro de poder”; también incluyeron en la investigación al presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah, primo del presidente; al tío del presidente y secretario de Comercio, Miguel Kattán; a la coordinadora de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a un grupo de asesores venezolanos liderado por Sara Hanna, y a varios funcionarios del Ejecutivo. En una presentación, los fiscales detallaron que algunos funcionarios y asesores habían sido intervenidos telefónicamente por la Fiscalía. Tomás Hernández aparecía entre los asesores a los que les habían intervenido. El documento conseguido por El Faro no aportaba más detalles sobre lo obtenido de esa intervención.
El Faro consiguió el número de teléfono de Hernández, gracias a una persona que trabajó junto con él en el equipo de Sara Hanna, pero no respondió a las solicitudes de entrevista que se le hicieron llegar por esa vía el 30 de julio de 2024.
Un velo de opacidad
En 2020, el Gobierno declaró secretos los expedientes de compra durante la pandemia y, un año después, tras el golpe al Órgano Judicial -que significó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general-, la Asamblea controlada por Bukele aprobó una ley de amnistía para quienes hubieran cometido irregularidades en las compras durante la pandemia. A pesar de la aprobación de este decreto, la Cicies, la Fiscalía y la Corte de Cuentas tenían expedientes abiertos por sospechas de incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas y corrupción en las compras de alimentos del Ministerio de Agricultura. Los fiscales que trabajaron la investigación Catedral tuvieron que salir al exilio.
Dos personas avalaron las compras internacionales de alimentos: el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, y el director de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (OACI), Lorenzo Corpeño, cuyo rol es mencionado en el informe de auditoría. Todos los expedientes de compras de alimentos del Gobierno durante la pandemia siguen estando clasificados como información reservada.
“El Director de OACI no se encuentra ajeno en los procesos de pago a los proveedores señalados y no evidencia haber corroborado previo a continuar erogando las transferencias internacionales alguna consulta o intercambio de información con los administradores de contrato o los proveedores para verificar cumplimiento de contrato por parte de las sociedades internacionales” (sic), dice la conclusión del informe de la Corte de Cuentas que pasó a ser conocido en juicio por dos jueces de primera instancia el 23 de febrero de 2021.
Tras tres años de abierto el juicio de cuentas, dos fuentes del área jurisdiccional de la Corte de Cuentas -quienes pidieron hablar bajo condición de anonimato por temor a ser detenidos- confirman que en febrero de 2023 vencieron los dos años en los que la Cámara Séptima de Primera Instancia podía tramitar el caso y, por tanto, prescribió la posibilidad de recuperar los fondos cuestionados en los reparos. Los jueces Guillermo Suncín, que fue titular de esa cámara, y Napoleón Domínguez, que fungió como juez interino de esa cámara, no respondieron a la solicitud de entrevista hecha por este periódico el 30 de julio.
