El Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una estructura oculta por encima de sus ministros, una especie de supragabinete formado por al menos diez asesores venezolanos cuyos contratos, honorarios y responsabilidades no han sido transparentados. La mayoría de ellos están ligados al autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular en Maracaibo y Caracas. Al menos desde febrero de 2020, un mes antes de la pandemia de coronavirus, este gabinete paralelo ha dado órdenes a ministros del gabinete económico, de salud y de otras instituciones del Ejecutivo. Otro grupo, desde Casa Presidencial (Capres), se encarga de coordinar las actividades del aparato de propaganda del Órgano Ejecutivo y de Nuevas Ideas, partido fundado alrededor de la figura de Bukele y que controla la Asamblea Legislativa desde febrero de 2021.
El Faro analizó declaraciones en eventos internacionales y publicaciones en redes sociales donde algunos de estos venezolanos admiten su rol en el Gobierno; así como fotografías de actividades del Gobierno y de Nuevas Ideas, celebrados entre el 1 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021, en las que los venezolanos aparecen como protagonistas. Conversamos con tres funcionarios y dos empleados de este Gobierno que son testigos del trabajo de este grupo, con un empresario que los ha visto gestionar y resolver asuntos oficiales y dos diplomáticos contaron cómo y qué tipo de órdenes giran hacia ministros y otros funcionarios. Además, dos venezolanos que han trabajado con los asesores radicados en El Salvador y que tienen amistad con ellos desde su época de estudiantes universitarios, describieron algunas de las funciones que desempeñan en el país.
Los cinco funcionarios y los dos empleados manifestaron tener temor a ser identificados, por el riesgo a perder sus empleos o a sufrir represalias en contra de sus familias; el empresario dijo tener temor a recibir acoso de Hacienda; los diplomáticos pidieron la reserva de sus nombres, por no contar con autorización para hablar sobre este tema, y los dos venezolanos, por temor a enfrentar campañas de desprestigio en su país, debido a que trabajan con la oposición en Caracas.
Los testimonios de estas diez fuentes permiten dibujar un organigrama no oficial, una estructura paralela donde la jefa de gabinete no es la comisionada de Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, sino una venezolana: Sarah Abdel Karim Hanna Georges. Hanna ha sido asistente del líder opositor venezolano Leopoldo López y de su esposa, Lilian Tintori.
En la punta de la pirámide del poder salvadoreño está el presidente Nayib Bukele, seguido de Karim, su hermano más cercano, y luego sus también hermanos Ibrajim y Yusef. Los venezolanos sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el Gobierno y el partido Nuevas Ideas. Trasladan lineamientos en persona y a través de grupos de Whatsapp desde los que giran instrucciones. El Faro ha identificado a un grupo de 30 venezolanos que trabajan en el Gobierno, de los cuales diez pertenecen a un círculo privilegiado de toma de decisiones. De los 20 restantes, unos no viven en El Salvador, pero suelen permanecer aquí durante lapsos que van de días hasta meses.
“Te lo resumo así: casi que por cada ministro tienen un venezolano detrás dando órdenes”, explicó un amigo de los asesores venezolanos.
A finales de marzo de 2021, tras una publicación de El Faro sobre Lester Toledo, jefe de campaña de Nuevas Ideas, un embajador se acercó a un periodista de El Faro durante un evento. “Sí, es cierto. Hay un montón de venezolanos que participan en reuniones oficiales del Gobierno, y la líder es Sarah Hanna”. Los otros asesores venezolanos tienen áreas específicas en el gabinete ampliado, y le rinden cuentas a Hanna, como ministros no oficiales del Gobierno.
En el organigrama no oficial de este gabinete paralelo, debajo de Hanna está su persona de mayor confianza, Miguel Sabal, quien se encarga de temas logísticos y del reclutamiento de venezolanos en Caracas para trabajar con el Gobierno de El Salvador. Luego están los asesores por áreas: Miguel Arvelo, en Salud; Tomás Hernández, en el gabinete económico; Roddy Rodríguez ,en Educación y Cancillería; Juan Carlos Gutiérrez, en los temas de transparencia, enlace con la Corte de Cuentas y la Cicíes; Santiago Rosas ha estado a cargo de la elaboración del Plan de Control Territorial, que nunca ha sido presentado públicamente, y Ernesto Herrera se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Seguridad. Como asesora de Capres, en protocolo, estaba María Alejandra García, que actualmente se encarga de coordinar, junto a su pareja, Tomás Hernández, el Programa de Emergencia Sanitaria (PES). La cabeza del segundo grupo es Lester Toledo, quien ha trabajado para Nuevas Ideas, pero a quien el Gobierno encomendó diseñar el PES, como herramienta de organización del territorio. Las acciones de propaganda en redes sociales son coordinadas por el equipo de Toledo, que incluye a su hermano Lender y a Esteban Vicuña, en coordinación con Hanna.
El 1 de junio, El Faro pidió entrevista a varios asesores de este grupo, a Sarah Hanna, a Lester Toledo, a Esteban Vicuña y a Roddy Rodríguez, a través de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El 24 de febrero, Vicuña prometió brindar una entrevista. “Estoy en un evento, pero mañana con mucho gusto a las 8 am puedo responder a todas sus preguntas”, dijo, pero no volvió a responder su teléfono. Las instituciones oficiales de comunicación de este Gobierno no se hacen cargo de gestionar entrevistas con los venezolanos, bajo la lógica de que no aparecen en ningún organigrama.
Estos asesores no tienen rango oficial y el Gobierno ha negado que existan sus plazas a través de resoluciones de sus oficinas de acceso a la información (OIR). El 16 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud respondió a un ciudadano que solicitó esos contratos que los asesores venezolanos no aparecían como empleados en los registros de Recursos Humanos, y Capres declaró que los contratos eran “inexistentes” y “reservados”, según una resolución del 2 de julio de 2020. Dos empleados de Capres dijeron a El Faro que los honorarios de los venezolanos salen de la Dirección y Administración Institucional/Administración General de la Secretaría Privada de Presidencia de la República, y que todos tienen contratos de asesores.
El 1 de junio, una laboratorista del Instituto Nacional de Salud (INS) denunció que Miguel Arvelo, Miguel Sabal y Sara Hanna le instruyeron no procesar pruebas de Covid-19, incluidas las del personal de primera línea. Esa denuncia interna se conoció por la filtración de un memorando dirigido a la subdirectora del INS, Xóchitl Sandoval. En diciembre de 2020, un funcionario pidió poner atención al esquema que describe ese documento. “Los asesores venezolanos son como los chaneques de los Bukele. Los acompañan a actividades y a reuniones muy específicas de alto nivel”, relató. “Yo sé que los hermanos toman decisiones, pero no es que agarren el teléfono para darnos órdenes sino que mandan a sus emisarios: los venezolanos. Eso sucede en varios ministerios”, añadió.
La relación con estos asesores se comenzó a construir desde la campaña de Bukele para la elección presidencial de 2019. Sarah Hanna y Lester Toledo participaron como estrategas en esa campaña. En mayo de 2019, Bukele realizó una gira a Estados Unidos y participó en una conferencia de Americas Society/Council of the Americas, donde se reunió con Carlos Vecchio, un hombre de confianza de Lester Toledo, que acababa de ser designado embajador en Washington D.C. por Juan Guaidó, un diputado de Voluntad Popular que el 23 de enero de 2019 se autoproclamó presidente de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea.
“Agradecidos con el Pdte. Electo de El Salvador, Nayib Bukele, por su apoyo al pueblo venezolano, el compromiso demostrado por nuestra causa de libertad, cese de usurpación y la restitución de la democracia en nuestro país”, escribió Vecchio tras la reunión del 7 de mayo de 2019. El 2 de noviembre de 2019, Bukele expulsó de El Salvador al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro.
En diciembre de 2020, un ministro mencionó a este medio una regla no escrita en este Gobierno: “Si como titular de una institución no tienes una vía de comunicación directa con el presidente, te jodiste, porque los venezolanos mandan”.
El Faro confirmó que, desde febrero de 2020, algunos de estos asesores participaron como protagonistas en la construcción del “Fondo de Emergencia” de $2,000 millones en préstamos destinados a combatir la pandemia. “Ellos se encargaron de la coordinación de las donaciones internacionales, en la mesa de crisis que luego fue bautizada como Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica y que funcionó en el Edificio Century Tower, en las inmediaciones de Cifco, en la Zona Rosa”, dijo una fuente que aseguró que en esa oficina se definieron las fases durante los meses de confinamiento; ahí se detalló el programa de entrega de canastas de alimentos y también el plan de vacunación que ha sido declarado secreto hasta 2024. “En ese edificio está Corsatur, en el piso 10, y el Mitur, en el 11. Ese lugar fue la base de operaciones de los venezolanos”, confirmó un empleado de Capres, haciendo referencia a que Turismo gestionó los arrendamientos de los hoteles que funcionaron como “centros de contención”.
El equipo que coordina los programas de la pandemia
El 17 de febrero, el Gobierno organizó un evento en la Unidad de Salud Atlacatl, para dar por iniciada la campaña de vacunación contra la Covid-19, tras el arribo de un primer lote de vacunas AztraZeneca del programa Covax (Acceso Global a las Vacunas), provenientes de la India. Una hora antes de que iniciara el evento, Sara Hanna ingresó junto con un equipo de asesores a supervisar la logística. Ella entró varias veces a una cabina a conversar con el ministro de Salud, Francisco Alabí, que esperaba al presidente Bukele.
Luego del hecho, un embajador dio más contexto a la presencia de Hanna en el evento. “Yo tuve conocimiento de que la persona designada por el Gobierno de El Salvador para coordinar el Covax y para brindar detalles a la comunidad internacional sobre su implementación es ella”.
En el mismo evento, y en una zona donde la prensa no tenía acceso, un hombre esperaba sentado a que iniciara el evento. Se trataba de Miguel Arvelo, quien primero estuvo destacado en Medio Ambiente, pero que en 2020 pasó a ser un enlace entre Capres y el Minsal. “Él se encarga de coordinar proyectos en el Minsal. Él gira instrucciones de Sarah Hanna a personal de rango medio y a técnicos de ese Ministerio”, relató un funcionario que participó en reuniones con él.
El currículum previo de Arvelo no está relacionado a ningún área de la salud humana. “Cuando ellos arribaron a El Salvador, nadie esperaba que hubiera una pandemia. Ninguno de los asesores subordinados a Sarah Hanna -que es odontóloga- era médico, así que por default seleccionaron al veterinario (Miguel Arvelo), que era el que más o menos entendía esos temas”, relató un amigo venezolano de los asesores.
En el evento también estaba Miguel Sabal Matheus. Después de Sarah Hanna y Lester Toledo, que fue jefe de campaña de Nuevas Ideas para las elecciones de febrero de 2021, Sabal Matheus es el asesor de mayor rango en la cúpula de venezolanos. Él trabajó en Cúcuta, Colombia, la logística de la ayuda humanitaria enviada desde Miami, Florida, como delegado de Guaidó.
Sabal es un empresario de Caracas que en 2013 fundó en Panamá la empresa Recreaciones Aventura SA, la entidad con la que opera una empresa que organiza campamentos, talleres de liderazgo y de comunicación en Venezuela, que le ha servido como plataforma para construir una red de apoyo en ese país, según relató una fuente venezolana. El Faro pudo constatar que, en febrero de 2014, Sabal constituyó en Miami la Fundación Futuro Presente Inc, junto con Sarah Hanna, que se dedica a formar líderes que han terminado ocupando cargos con Voluntad Popular, el partido opositor del chavismo fundado en 2009 bajo el liderazgo de Leopoldo López. Otro de los asesores en El Salvador, Roddy Rodríguez Fuentes, es tesorero de la fundación.
Rodríguez Fuentes es también asesor del Ministerio de Educación salvadoreño. Antes estuvo designado a Cancillería. De agosto a noviembre de 2020, fue el responsable del “diseño de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de procesos de formación docente”, dice su hoja de vida en Linkedin. De enero a junio de 2020, coordinó la planificación de los programas en el marco de la pandemia. En su caso, la confirmación de su participación con el Gobierno de Bukele fue escrita por él mismo en su hoja de vida: “Fui el responsable de diseñar e implementar estrategias de cooperación internacional para el Gobierno de El Salvador, las cuales incluyeron el diseño de una Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador (ESCO), la coordinación de la estrategia de cooperación internacional del Gobierno durante la respuesta temprana a la pandemia de COVID-19, entre otras”.
En julio de 2020, ESCO fue creada por decreto ejecutivo como una institución “que actuará bajo los lineamientos del presidente de la república”. Es la responsable de coordinar la obtención de cooperación internacional y de establecer sus prioridades a través de lineamientos.
Rodríguez Fuentes es consultor en Bogotá, Colombia, de la empresa SmartEd Education Solutions, que según su página web tiene una filial en El Salvador, cuya oficina está en el Edificio Century Tower, en la Zona Rosa, en San Benito. Rodríguez Fuentes es el contacto principal de la empresa en El Salvador. Hasta mediados de 2020, el edificio Century era el lugar de reunión de los asesores venezolanos, relató un empresario que debido a su trabajo visitó ese edificio para asistir a algunas reuniones de negocios no relacionadas con ellos, pero que pudo reconocerlos. Un técnico de un organismo internacional dijo que en esas oficinas se reunían los venezolanos: “durante algunos meses supe que ahí planificaron actividades de la mesa de crisis del Gobierno en el marco de la pandemia”.
Dos funcionarios de este Gobierno que tuvieron conocimiento de las actividades de planificación entre enero a abril de 2020, coordinadas por Capres para la atención de la pandemia, dijeron que los asesores venezolanos se repartieron áreas. “Por ejemplo, yo supe que en el equipo de coordinación de compras de alimentos y en la planificación del bono de $300 participaron Sarah Hanna y Tomás Hernández”, relató uno de los funcionarios. “Hernández es el enlace con las instituciones del gabinete económico: Hacienda, Economía, Agricultura y hasta BCR”, dijo.
Tres fuentes de Gobierno que tuvieron conocimiento de las discusiones en Capres y en otros espacios de reunión del gabinete dijeron que el arquitecto del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) fue Lester Toledo. “Lester fue la persona que diseñó el PES. Uno de los equipos que se encargaba del empaque y distribución del programa de entrega era coordinado por los venezolanos”, dijo un funcionario de alto nivel de este Gobierno. “Él ya había trabajado en temas logísticos de ayuda humanitaria para Guaidó, entonces era lógico que él se encargara de coordinar la logística. La coordinación de las compras se la delegaron a Tomás Hernández”, relató otro de los funcionarios.
Tomás Hernández, el asesor que transmite las órdenes a los titulares del gabinete económico, no es economista. En un boletín de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela) lo presentan como ingeniero, y en la descripción de su cuenta de Twitter dice que tiene una maestría en Ciencia Política. “Él vino a El Salvador, porque su esposa, María Alejandra García, que había militado en Voluntad Popular, estaba trabajando como asesora de Capres”, relató un amigo de los venezolanos.
Un funcionario que conoció las discusiones de febrero de 2020 para construir un “Fondo de Emergencia” de $2,000 millones en préstamos, aprobado por la Asamblea el 26 de marzo, dijo que los venezolanos tuvieron un rol protagónico en incluir un párrafo del borrador de decreto que establecía como uno de los destinos del dinero el reparto de canastas de alimentos. “Desde el inicio, los asesores venezolanos insistieron en las reuniones de planificación sobre los beneficios que podía tener la entrega de estas canastas para la campaña legislativa y municipal de 2021”, dijo esta fuente.
El 12 de mayo, Toledo estuvo en Casa Presidencial, y en una fotografía aparece como expositor del PES, frente a funcionarios del gabinete que participaron en la compra, importación y distribución de los paquetes de alimentos, entre los que destaca el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien autorizó las compras millonarias de alimentos.
Semanas antes, el 30 de abril, Toledo compartió en Instagram un video en el “Centro de Operaciones del PES”, en las Aduanas de San Bartolo, en Ilopango. “Desde hace semanas venimos trabajando junto al presidente Nayib Bukele en un conjunto de acciones para que la población no sienta con tanto impacto los efectos económicos causados por la pandemia de la Covid-19”, escribió Toledo. En ese mismo lugar, el presidente Bukele y su hermano Karim anunciaron el programa de entrega de canastas de alimentos semanas después, el 18 de mayo.
Toledo, como representante de su empresa Salto Ángel Consulting, dirigió la campaña de Nuevas Ideas para las elecciones legislativas, en las que ese partido conquistó 56 de 84 escaños de la Asamblea.
La contundente victoria ocurrió en el marco de una de las contiendas más desiguales. El partido oficialista destinó $8.7 millones para la campaña en radio, televisión, impresos y redes, versus los $3.6 millones de los otros ocho partidos, según un informe de Acción Ciudadana. Y eso sin contar con el efecto del reparto desde el Ejecutivo de despensas (canastas de alimentos) a los hogares salvadoreños compradas en México, Panamá y Estados Unidos por un monto superior a los $200 millones de dólares, que fueron repartidas de mayo de 2020 a febrero de 2021, antes de las elecciones.
Los asesores venezolanos detrás de los planes de Bukele
En noviembre de 2019, Juan Carlos Gutiérrez -el apoderado de Juan Guaidó para rastrear la riqueza que se fugó de Venezuela y para gestionar su recuperación ante la Unión Europea- fue designado por Bukele como asesor anticorrupción de la Presidencia salvadoreña. Desde el 26 de noviembre de 2019, Gutiérrez participó en las actividades para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), en coordinación con la Organización de Estados Americanos, y para la creación de una unidad para investigar la corrupción desde la Policía Nacional Civil.
En abril de 2020, mientras sucedían las primeras compras de la pandemia, Juan Carlos Gutiérrez renunció y partió a España. Consultado por su salida del Gobierno, Gutiérrez dijo a El Faro -el 8 de abril de 2021- que no haría comentarios: “por razones éticas y legales no puedo suministrar más información”.
Según la propaganda oficial, en noviembre de 2019, el Plan de Control Territorial (PCT) ya llevaba cuatro meses de haberse implementado. Un venezolano cercano a los asesores reveló a El Faro que el encargado de trabajar ese plan -al menos el documento- no fue el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, sino Santiago Rosas. Sobre eso, un funcionario de este Gobierno confirmó lo siguiente: “Él era el principal asesor del Ministerio de Seguridad y elaboraba las estrategias sin consultar con el entonces ministro Rogelio Rivas. Fue el encargado de diseñar el Plan Control Territorial”.
El 5 de septiembre de 2019, el empresario textil Rodrigo Bolaños, reconocido por impulsar programas de responsabilidad empresarial en temas de rehabilitación y reinserción, presentó al venezolano como un interlocutor del Gobierno. 'Hoy nos acompañó Santiago Rosas, master en Oxford, encargado del tema de rehabilitación y reinserción. Estoy seguro que su aporte fortalecerá las iniciativas del nuevo Gobierno en esta área. Bienvenido”, publicó Bolaños en su cuenta de Twitter ese día.
El embajador del Reino Unido, David Lelliot contestó la publicación: “Me da gusto ver a un becario Chevening tomando un papel tan importante en El Salvador”. Chevening es el principal programa de becas de estudios de posgrado del Reino Unido. Dos funcionarios dijeron a El Faro que, tras la irrupción del presidente Bukele con militares a la Asamblea para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo del Plan de Control Territorial, Rosas renunció.
Junto a Rosas, el venezolano Ernesto Herrera Núñez asesoró al Ministerio de Seguridad, según estas mismas dos fuentes del Gobierno. Sobre Herrera no aportaron más detalles acerca de sus funciones.
Rosas y Herrera trabajaron en la Municipalidad de El Hatillo (2013-2017), dirigida por uno de los amigos más cercanos de Lester Toledo, David Smolansky, un exalcalde en el exilio, que en 2018 fue designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como comisionado de esa organización para los migrantes y refugiados venezolanos. En ese periodo, Rosas era el director de gestión de la Policía Municipal y Coordinador de Planificación Estratégica y Transparencia; y Herrera, investigador de estrategias de optimización policial para la Policía en El Hatillo. En 2018, ambos trabajaron con Amnistía Internacional una “Propuesta de Reingeniería de la Seguridad Ciudadana” para “reducir los homicidios y la delincuencia en Venezuela”.
*Con reportes de Efren Lemus y Sergio Arauz
