Nelson Alexander Calles Pérez vivió casi toda su vida en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13: el barrio La Sierpe de Chalatenango, cuna de la clica Sierpeños Locos Salvatruchos, estructura con más de un centenar de miembros, según una decena de investigaciones policiales durante cinco años. A lo largo de esas diligencias, Nelson nunca fue fichado como pandillero, pero en el marco del régimen de excepción, durante un cerco militar previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2024, la Policía de Chalatenango creó en tiempo récord un perfil que lo vinculaba con la pandilla, y una denuncia por amenazas contra una víctima protegida con la clave México. Cuando se supone que Nelson hizo esas amenazas, él estaba preso, incomunicado por el régimen.
El perfil del Departamento de Inteligencia Policial y la denuncia por amenazas son las pruebas que la Delegación de Chalatenango usó para intentar capturar a Nelson el 12 de enero de 2024, por el delito de agrupaciones ilícitas. Él no estaba en su casa y, ante las anomalías en la investigación, decidió huir hacia un país de la Unión Europea, donde ha solicitado asilo político, alegando que la información consignada en los documentos policiales es falsa. Ese país europeo ha revisado los documentos y ha encontrado méritos para iniciar un proceso de “protección internacional” a favor de Nelson y dos miembros de su familia.
La elaboración de perfiles policiales falsos, la apertura de expedientes por amenazas que no tienen lógica temporal y las capturas por tener el antecedente de haber sido declarado inocente de algún delito, son patrones del régimen de excepción. El caso de Nelson reúne estas tres características, pero desde inicios del régimen de excepción, El Faro ha verificado con documentos y testimonios el modus operandi de un centenar de capturas arbitrarias. Este problema lo advierten incluso los mismos policías.
“El problema que tenemos ahorita es que quien elabora los perfiles delincuenciales de los detenidos no aparece en ningún documento, bajo la figura de que son Inteligencia Policial. Algunas personas jamás habían sido fichados como pandilleros, pero ellos han elaborado que sí y ahí han aplicado el decreto (régimen de excepción)”, explicó un agente destacado en la División de Investigaciones de la Policía, entrevistado varias veces entre mayo y junio de 2022.
Esta información coincide con datos del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), organización que documentó en los primeros cuatro meses del régimen 50 casos de policías que se negaron a ejecutar capturas porque estaban amparadas en perfiles o fichas policiales falsas. “Personas que no tenían vinculación con pandillas, les han creado fichas, les han puesto alias y todo”, dijo en ese momento Marvin Reyes, dirigente del MTP.
El delito de ser inocente
En la madrugada del 23 de enero de 2022, frente a la iglesia León de Judá, sobre la calle que conduce a la casa comunal del Barrio La Sierpe de Chalatenango, ocurrió un “pleito de bolos” que terminó con un crimen.
El caso le fue asignado al investigador Beltrán Ayala, quien al llegar al lugar encontró a un hombre tirado en el suelo. Era el cadáver de Jesús Alfonso Díaz López, de 27 años, quien vestía una calzoneta de color azul con franjas amarillas, camisa negra y zapatos tenis blancos. La víctima tenía múltiples lesiones de arma blanca en diferentes partes del cuerpo; y, minutos antes de su muerte, había ingerido bebidas alcohólicas en compañía de otros hombres.
Unas dos horas después del homicidio, a las 2:30 de la madrugada, al área de emergencia del Hospital Edmundo Vásquez de Chalatenango ingresó con heridas de arma blanca Juan Carlos Rivera Guevara, un albañil de 28 años. Esta fue la escueta explicación que dio a los dos policías que lo interrogaron: “la lesión que presentaba a la altura de la cabeza fue ocasionada en horas de la madrugada de este día, en Barrio La Sierpe de esta localidad, en una riña de bolos, pero quien se la había causado fue un sujeto que conoce como Chito, el cual había salido del penal hace poco tiempo y no proporcionó más datos”.
La Policía capturó a Rivera Guevara. Determinó además que las otras personas que estaban tomando alcohol frente a la iglesia León de Judá eran: David Jacobo Guevara Rivera, Bertín Amado Dubón, y Nelson Alexander Calles Pérez, quien ahora está en un país europeo. Todos fueron acusados por el delito de homicidio y de lesiones contra la esposa del fallecido, Vanesa Yamileth Menjívar Mejía, según documentos obtenidos por medio de la filtración Guacamaya Leaks, que comprende 10 millones de correos electrónicos de la Policía y 250,000 de la Fuerza Armada. En uno de los documentos del expediente CH-0103-2022, la Policía dice que de los cuatro capturados por el homicidio en el barrio La Sierpe: “dos son MS y dos no pandilleros”, sin especificar quiénes.
Las decisiones del sistema penitenciario y documentos oficiales apuntan a que Nelson era uno de los “no pandilleros” acusados por el caso de La Sierpe. Él fue recluido en la Penitenciaría La Occidental, Santa Ana, lugar de encierro para policías, militares y enfermos crónicos que no están fichados como pandilleros. Además, entre el 15 de julio y el 8 de agosto de 2022, la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales y la Dirección de Centros Penales dio constancias a su abogado que comprobaban que Nelson no tenía antecedentes delictivos o relación con pandillas.
El 23 de noviembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Juan Carlos Rivera Guevara a 22 años de cárcel por el homicidio en La Sierpe. Los otros tres procesados (Bertín Amado Dubón López, David Jacobo Guevara Rivera y Nelson Alexander Calles Pérez) fueron absueltos. Nelson cuenta que el argumento para demostrar su inocencia fue básico: no estaba en el lugar cuando ocurrió el asesinato. La Fiscalía no apeló la sentencia. El 10 de enero de 2024, el caso quedó cerrado definitivamente.
Dos días después del cierre definitivo del caso de homicidio, el 12 de enero de 2024, un grupo de policías y soldados buscó a Nelson en una vivienda de La Sierpe y otra en el municipio de Azacualpa. Los agentes dijeron a la familia que necesitaban hablar con él “para hacerle unas preguntas” y porque “querían sacarlo del sistema”, ya que recientemente había salido de un penal. En esos días fue capturado David Jacobo Guevara Rivera, el otro que había sido declarado inocente del caso de homicidio.
Los antecedentes penales son uno de los argumentos que la Policía ha usado para hacer capturas durante el régimen. No importa que el antecedente sea haber sido declarado inocente de algún delito, no importa que la Constitución salvadoreña prohíbe juzgar a una persona dos veces por la misma causa. Nelson, al igual que David Jacobo, tiene un antecedente penal, pero este consiste en haber sido juzgado y declarado inocente.
El 27 de junio de 2022, por ejemplo, la Policía de Chalatenango capturó a Francisco Huezo López, Don Paco, un comerciante de 64 años. La única prueba en contra de aquel hombre era un antecedente penal por agrupación ilícita del que había sido declarado inocente un año antes. Don Paco murió en el penal de Mariona dos meses después de su detención, con evidentes signos de tortura que fueron ignorados por Medicina Legal, institución que se limitó a consignar en una esquela que la posible causa de muerte era un “edema pulmonar”.
Pandillero en un mes
El 26 de enero de 2024, Nelson presentó un hábeas corpus preventivo contra el jefe departamental de la Policía de Chalatenango, comisionado Víctor Manuel Herrera, por las acciones de vigilancia y búsqueda. “Me he visto obligado a resguardarme para no ser capturado, lo que me inhabilita salir a trabajar por la amenaza inminente y real de ser capturado por la Policía o por los soldados (...) No teniendo hasta la fecha de mi captura antecedentes policiales y mucho menos antecedentes penales que en tal efecto agrego en copia simple las constancias”, reza una parte del escrito que presentó a la Cámara de lo Penal de Santa Tecla.
El comisionado Herrera respondió a la autoridad judicial “que únicamente está cumpliendo con su trabajo. Debido al régimen de excepción su trabajo es dar persecución a las personas que pertenezcan a grupos delincuenciales y procesarlos conforme a la ley”.
En octubre de 2020, la Fiscalía acusó al comisionado Herrera del delito de incumplimiento de deberes por negarse a tomar acciones para impedir el bloqueo del ingreso de los camiones con basura de la Alcaldía de San Salvador al relleno sanitario de Mides, en Nejapa. El bloqueo ocurrió como parte de un conflicto entre la Asociación Salvadoreña de Empleados Municipales (ASTRAM), organización relacionada con el ministro de trabajo Rolando Castro, y el entonces alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, actualmente en prisión. En aquel año, el presidente Nayib Bukele aún no controlaba a la Fiscalía, algo que ocurrió cuando en mayo de 2021 la Asamblea Legislativa que le es favorable destituyó al anterior fiscal y nombró al actual, Rodolfo Delgado, que es fiel al presidente.
Para enero de 2024, el comisionado Herrera era el jefe departamental de la Policía en Chalatenango y aseguró que la institución tenía dos pruebas para capturar a Nelson por agrupaciones ilícitas y bajo el régimen de excepción: un perfil elaborado por el Departamento de Inteligencia Policial y una denuncia por amenazas contra una testigo protegida con la clave México.
“Según registros llevados en el Departamento de Inteligencia Policial, se encuentra perfil de registro que el señor Nelson Alexander Calles Pérez, es integrante de la estructura criminal MS, programa Hollywood, y clica SPL (sic)”, respondió la Policía en el proceso de hábeas corpus.
El perfil del Departamento de Inteligencia Policial no tiene fecha, pero Nelson deduce que fue elaborado entre el ocho de diciembre de 2023 y el 12 de enero de 2024. El documento no pudo haber sido hecho antes de ese tiempo porque estaba detenido en la Penitenciaría La Occidental de Santa Ana. Si el perfil hubiera existido antes de ese período, hubiera impedido su salida del penal, lo cual ocurrió el siete de diciembre de 2023.
Nelson había sido capturado el 28 de mayo de 2022, cuatro meses después del homicidio en La Sierpe, en pleno régimen de excepción, pero su caso nunca fue relacionado con pandillas. No fue procesado por el régimen, pero dice que sufrió sus consecuencias, como el hacinamiento, falta de medicinas y mala alimentación. “En el penal logré ver personas con enfermedades crónicas, con una situación de salud bien deteriorada. Logré ver personas que fallecieron. El primer día que quedé libre, mi familia me ofreció salir del país, pero me quedé, quería rehacer mi vida aquí ¿Cómo voy a salir de un penal para formar parte de la pandilla? Es ilógico”.
Gracias a la filtración Guacamaya Leaks, El Faro revisó una decena de investigaciones realizadas contra la clica Sierpeños Locos Salvatruchos, ejecutadas entre abril de 2017 y octubre de 2022. Algunas investigaciones llegaron, incluso, hasta el despacho del entonces ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Correos electrónicos, presentaciones Power Point, cuadros de Excel y documentos Word detallan el modus operandi de la clica; señalan a Manuel Rosales, El Chino, y Napoleón Núñez, Napo, como los palabreros; y hay una lista de 103 miembros de la pandilla o colaboradores implicados en la extorsión y la venta de drogas.
Este periódico revisó la información que el subinspector Galdámez y otros oficiales enviaron a sus superiores, incluyendo cada uno de los 103 perfiles de pandilleros y sus colaboradores y en ninguno encontró el nombre o referencias sobre Nelson. En el perfil que sí aparece es en el elaborado por la Inteligencia Policial posterior a su liberación por el caso de homicidio.
El régimen de excepción permite que la Policía convierta a una persona en pandillero en cuestión de días o, incluso, de horas.
Nelson salió del penal y en un mes apareció un perfil de Inteligencia que lo señalaba como parte de una pandilla. Hay otros casos similares. En el marco del régimen hay detenidos que han sido convertidos en pandilleros, literalmente, de la noche a la mañana.
El 10 de enero de 2023, por ejemplo, Nelson Vladimir Hernández Tobar, un rapero salvadoreño con nacionalidad estadounidense conocido como N-Real, durmió en una bartolina de Nahuizalco, en Sonsonate, sin tener orden de captura o antecedente ligado a pandillas, según el Sistema Integrado de Información Policial. Al siguiente día, el 11 de enero de 2023, N-Real apareció en ese mismo sistema como miembro de la Pee-Wee Wainos o Pequeños Borrachos Dieciochos, del Barrio 18. La Policía convirtió a N-Real en marero de la noche a la mañana.
Una amenaza… ¿desde la cárcel?
El 23 de noviembre de 2023, Fredi Leonel Peñate, juez del Tribunal de Sentencia de Chalatenango, absolvió a Nelson del delito de homicidio y ordenó liberarlo. “De no encontrarse el referido procesado a la orden de otra sede judicial o cumpliendo pena de prisión por otro delito, se solicita sea puesto en libertad”.
Centros Penales recibió la orden de libertad, pero retuvo a Nelson en la Penitenciaría La Occidental durante 14 días. Finalmente fue liberado el siete de diciembre de 2023. La tardanza de Centros Penales le ha permitido encontrar otra irregularidad en las pruebas presentadas en su contra.
Según el informe que el comisionado Herrera rindió ante la Cámara de Santa Tecla, el 28 de noviembre de 2023, Nelson amenazó a una víctima, protegida como testigo con la clave México. Sin embargo, al momento en que ocurrieron esas amenazas, Nelson estaba encarcelado e incomunicado en la Penitenciaría La Occidental de Santa Ana. “En dos años jamás tuve la oportunidad de tener comunicación con alguien de fuera, ¡Para nada! Todos saben de las restricciones en los penales. Armaron el caso de amenazas contra mí y no constataron ni la fecha en que yo salí del penal”.
La apertura por expedientes de amenazas que no tienen lógica temporal es otra de las características que la Policía utiliza para mantener en prisión a personas que recién han logrado libertad en el régimen de excepción. El profesor Alexander Eduvay Guzmán Molina, subdirector del centro escolar Altavista y empresario de taxis, quedó en libertad el 22 de septiembre de 2022, pero siete meses más tarde volvió a ser capturado por amenazas. Según la versión oficial, el profesor cometió el delito en agosto de 2022, pero en ese momento él estaba detenido, incomunicado por el régimen de excepción en el penal de Quezaltepeque.
En el caso de Nelson, pese a las contradicciones de los documentos policiales, la Cámara de Santa Tecla avaló el procedimiento. “Esta cámara determina que las acciones de búsqueda y vigilancia ejercida por los agentes de la Policía no generan una vulneración o restricción ilegal o arbitraria (...) Declárase no ha lugar el Hábeas Corpus”, resolvió la Cámara el 13 de febrero de 2024.
“Creía entre comillas en la institucionalidad y en la seguridad jurídica que un Estado de Derecho tendría que darle y ofrecerle a todos sus ciudadanos”, dice Nelson, graduado en la Universidad Tecnológica como licenciado en ciencias jurídicas, en abril de 2014. Ante el resultado adverso, Nelson huyó hacia un país de la Unión Europea, donde ha reiterado la falsedad de la información consignada en los documentos policiales. La primera respuesta a su petición de asilo ha sido favorable, aunque el proceso aún no concluye. Él ya está trabajando en ese país europeo y otros dos miembros de su familia también han iniciado el proceso de asilo político.
