El profesor Alexander Eduvay Guzmán Molina, uno de los primeros capturados por el régimen de excepción, agonizó en una celda oscura y húmeda durante cuatro días, tras la paliza de “bienvenida” que policías y custodios le dieron el miércoles 30 de marzo de 2022, cuando entró al penal de Izalco.
En esa oscuridad vio luces, muchas luces. Alucinaba que su madre y su esposa estaban a su lado en la celda, luego todo se le volvió borroso y creyó estar en un desierto hasta que el vómito le interrumpió el delirio. “Sólo echábamos una liguilla, como saliva”, recuerda.
Guzmán, profesor desde hace 22 años, no es un caso excepcional del régimen de excepción, como él atestiguó. La mañana del 30 de marzo de 2022, el educador vio a agentes del Estado vapulear también al taxista Marco Tulio Castillo Reyes, de 38 años, uno de sus cuatro empleados arrestados el 27 de marzo de 2022 por agrupaciones ilícitas y que falleció dos meses después. El profesor, el taxista y unas 60 personas más que entraron al penal durante la primera semana del régimen de excepción recibieron macanazos, patadas y puñetazos de parte de los custodios y policías, como parte de su recibimiento carcelario.
Lo que Guzmán vio y vivió no habla de una jornada particularmente violenta, sino de un patrón de maltratos y tortura estatal ocurrida al menos durante las primeras semanas del régimen. El testimonio del profesor Guzmán explica por qué la familia del taxista Castillo Reyes recibió un cadáver con evidentes signos de tortura en Medicina Legal. Además, el relato agrega detalles a informes que han elaborado organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Human Rights Watch. “Policías y soldados han cometido abusos de forma reiterada, en todo el país, y durante varios meses”, dice uno de los informes. En su reporte de abril de 2023, Amnistía Internacional denunció 'el sometimiento a malos tratos y tortura' a los capturados durante el régimen, 'y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado, quienes al momento de su muerte no habían sido declarados culpables de ningún delito'. Según esa institución, 'algunas personas en libertad condicional relataron haber presenciado custodios y policías matando a presos a golpizas, con la intención de que 'confesaran' que eran parte de una estructura pandilleril, o como la aplicación de un supuesto castigo'. Y hay más evidencia: este medio reportó que en agosto de 2022, un empresario del norte del país, tras dos meses en prisión, murió. Su cadáver, como el de otros 35 cuerpos que salieron de prisiones a esa fecha, mostraba signos de tortura.
El Faro obtuvo documentos internos de la Policía que hablan de una detención arbitraria y sin pruebas en el caso del profesor Guzmán. En un correo interno de la institución, el caso aparece junto a otros dos bajo la categoría “Casos en los que al parecer hubo abuso de autoridad”.
El profesor Guzmán es subdirector del centro escolar Altavista y empresario de taxis. La mañana del 27 de marzo de 2022, unas nueve horas después de que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción, él fue capturado bajo cargos de agrupaciones ilícitas. El régimen inició tras la ruptura de la negociación del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas, que derivó en una masacre perpetrada por la Mara Salvatrucha-13. Después de estar tres días encerrado en la bartolina de Ilopango fue trasladado al penal de Izalco, donde fue recibido con la paliza que lo dejó moribundo. En diciembre del año pasado, tras entrevistar a 1,100 personas afectadas por el régimen de excepción, también Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que las fuerzas de seguridad del Estado han cometido desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia y cientos de detenciones arbitrarias.
El maltrato comenzó a las cuatro de la mañana del 30 de marzo de 2022, cuando el profesor Guzmán y medio centenar de detenidos más salieron de la bartolina. “Bien esposados nos avientan a unos camiones altos que tiene la Policía, donde uno podía ni siquiera moverse por andar esposado, pero ellos a la fuerza lo empujaban a uno. Nos llevaron amontonados, con las manos hacia atrás y bien prensados desde Ilopango hasta Izalco. Ese viaje fue tedioso, me oriné en el bóxer… Recuerdo, no aguantaba mis piernas, mis brazos. Unos lloraban, otros gritaban: ¡ay, no aguanto, señor agente! Y los agentes sólo ofrecían patadas y garrotazos y en efecto lo hacían: metían patadas y garrotazos. '¡Te callás!' Y con los insultos, las malas palabras: '¡Maldito!, ¡Hijo de puta, delincuente! Mirá como estás: bien hartado estás de la renta que cobrabas, maldito'. Y empezó una tortura horrible”.
A media mañana, el camión policial se estacionó en las afueras del penal de Izalco. Todos los detenidos estaban en bóxer, los bajaron y los hincaron bajo el sol durante dos horas. Luego, pasaron al escaneo de rayos X. “Completamente desnudos y nos ponen a hacer flexiones. El cuerpo ya no aguantaba, las piernas ya no daban. Temblaba todo el cuerpo ¡20 flexiones! Y empezaban a contar, decían que para ver si uno llevaba algo introducido en el ano y a través de las flexiones lo podía expulsar uno ¡Terrible, horrible! Algo que pensé que nunca iba a vivir”. Y aún empeoraría.
Luego, los policías y custodios se formaron en dos filas, en un espacio anterior a la entrada a las celdas. Con el cuerpo aún tembloroso por las dos horas de sol y las flexiones, los detenidos fueron obligados a correr en cuclillas entre las filas de hombres uniformados y encapuchados. “Empezamos a caminar en medio de esa fila, a correr con la cabeza agachada y empezó el golpeo por parte de los custodios y los agentes: patadas, garrotazos, puñetazos por todas partes del cuerpo, solo zumbaban los garrotazos ¡fush, fush, fush!, los macanazos ¡pum, pum, pum!.. yo tenía que pasar en medio, todos, todos los que íbamos en fila, corriendo. A unos nos cayó más que otros, De una patada que me pegaron en la la pierna derecha, pues me obstruyeron el muslo y caí doblado. Y empezaron a golpearme”. La vapuleada terminó cuando policías y custodios se cansaron de lanzar patadas, puñetazos y de pegar con la macana.
El profesor Guzmán y el taxista estuvieron agonizando cuatro días. No comió durante ese tiempo y dice que su empleado tampoco. Deliraban. Vomitaban. Tenían fiebre, moretones y dolor en todo el cuerpo. Ningún custodio atendió las quejas de aquellos hombres moribundos. “Marco Tulio me dijo: profe, ¿cómo iba a dejar que sólo a usted le cayera? De repente, pues, agonizamos cuatro días de la golpiza que nos dieron, estuvimos agonizando cuatro días con tremendas fiebres, con tremendos fríos. Y ahí, pues, algunos muchachos, de la poca agua sucia que había al fondo de una pila vieja en la celda, pues como podían con sus manos llegaban y nos frotaban a los que estábamos delirando de la fiebre y nos ponían agua en la frente, en el cuerpo”.
El profesor se recuperó de la golpiza y en los siguientes seis meses vivió en primera persona graves violaciones a los derechos humanos que asegura son el pan de cada día dentro de las cárceles: custodios que dan macanazos y rocían con gas pimienta las celdas, el hacinamiento, el control de las pandillas dentro de las celdas, la corrupción en el manejo de los paquetes que familiares llevan a sus detenidos y el hambre como una política de tortura del Estado.
“Vi cómo llevaban el alimento a la celda, eran unos pocos de tortilla de taco, untadas de frijoles licuados. Llegaban a dejar el poco de tortilla tirada ahí en las celdas por las rejas, y caímos como que éramos perritos, peor que los animalitos de la calle. Y los muchachos (pandilleros), los números y las letras (miembros del Barrio 18 y la MS-13) tenían el control dentro de la celda y ellos decían: 'uno, por una tortilla; otro, por otra tortilla'... (algunos) alcanzaban a agarrar su tortilla untada de frijol, algotros (sic), yo veía cómo lamían el suelo… Los custodios andaban como matones moviéndose en los pasillos, afuera con sus garrotes, con sus gorros navarones, con sus armas, con sus botes de gas, listos para rociar gas. ¡No amagaban el gas en la celda! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Aún… aún no supero el daño emocional, físico y ni hablar de lo económico ¡Me arruinaron la vida!... Uf…Aún no me levanto, no me repongo”.
El profesor recuperó su libertad condicional el 22 de septiembre del año pasado. Quien no regresó con vida a su casa fue el taxista Marco Tulio Castillo Reyes, quien falleció el 28 de mayo de 2022. Cuando la familia recibió el cadáver, tenía laceraciones en el hombro derecho, una herida de bordes irregulares y hematomas en la espalda. El Faro contactó a uno de los familiares, pero no quiso hablar sobre el caso. “No queremos remover esto. Vamos a dejar esto ahí, que Dios se encargue”, respondió ante una solicitud de entrevista enviada por una aplicación de mensajería electrónica.
Hace un año, el cuatro de junio de 2022, después del funeral del taxista, El Diario de Hoy publicó una nota en que su familia denunciaba que las autoridades no permitieron el ingreso de medicina que el detenido tomaba a diario por una cirrosis hepática que padecía desde el 2021. Además, denunciaron que el cadáver tenía evidentes signos de tortura. “Me lo maltrataron en el penal como no tiene idea. Traigo fotos que le tomamos en Medicina Legal donde él viene bien golpeado en la espalda”, dijo una hermana a los periodistas.
La paliza que sufrió el profesor Guzmán y la vapuleada que llevó hasta la muerte al taxista Castillo Reyes apuntan a torturas sistemáticas en las cárceles salvadoreñas. El Faro ha documentado esta práctica también en el penal de Mariona. “Llegando ahí, estaban los custodios a los lados, lado a lado. Y uno agachado. Dijeron que al que levantara la cabeza le iban a dar. Como estaba agachado, me alcanzaron a pegar con el garrote en la costilla y como un puntón con la bota. Después, llegando ahí, dos cuadras quizás se camina acurrucado, y nos dijo: 'sáquense la ropa', y nos dejaron así sin nada. Llevábamos ropa que la familia nos llevó a la delegación, ahí nos dieron un short todo sucio, lleno de pelos”, cuenta Ramón, un joven capturado por el Ejército, pese a que no tenía tatuajes de pandillas, no tenía antecedentes penales ni estaba fichado como pandillero.
El 27 de abril de 2022, El Faro pidió una entrevista por medio de la unidad de comunicaciones a la Dirección General de Centros Penales, pero no se obtuvo respuesta, como tampoco la obtuvimos en reiteradas solicitudes anteriores a publicaciones relacionadas al director de penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna Meza. Entre ellas: su viaje en jet privado, la venta de 42,000 sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia, los $278,000 que gastó en supervisores fantasmas y el uso de reos para construir un rancho privado en la playa Las Hojas. El funcionario tampoco quiso pronunciarse ahora, cuando le solicitamos una entrevista para abordar las denuncias sobre torturas en los centros penales que dirige.
Aunque la versión sostenida por las autoridades salvadoreñas es que la mayoría de muertes en penales desde que inició el régimen se deben a problemas de salud que acarreaban los detenidos, el jefe de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, dijo en marzo de este año que la mayoría de muertes eran asesinatos perpetrados por reos, lo que demostraba que no habían arrestado a 'niños de kínder'. Sin embargo, no hay un conteo público y oficial de muertes en las cárceles, sino solo informes independientes de organizaciones nacionales e internacionales y aquellas versiones que dan algunos funcionarios en entrevistas televisivas a las que deciden asistir. Para noviembre de 2022, a casi ocho meses de iniciado el régimen, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que iban 90 muertos. Sin profundizar en las causas de muerte, calificó la situación de 'normal', pues 'en todo sistema penitenciario hay muerte'.
El 'presunto' colaborador
El profesor Guzmán ha trabajado en las escuelas de Vista al Lago y Altavista durante más de veinte años y en el 2010 invirtió en taxis. ”Quería emprender en un negocio, pese a ser profesional no quería estar esperando mi salario al mes. Tenía tres hijas pequeñas que alimentar y debido a eso es que decidí emprender en el arrendamiento de vehículos”. El profesor comenzó con un taxi que manejaba en sus horas libres, después de impartir clases. Luego, por su estabilidad laboral, pidió y le dieron créditos en el Banco de Fomento Agropecuario, Bandesal y Banco Hipotecario para comprar otros 11 vehículos, a lo largo de una década.
El profesor Guzmán alquilaba los vehículos y administraba un punto de taxis ubicado en la calle principal de la colonia Llano Verde, frente al Súper Selectos, en Ilopango. Todos los fines de semana, llegaba a recoger la cuota del alquiler y aquella mañana del 27 de marzo de 2022 no fue la excepción. A las 10:30 de la mañana, tres patrullas con una decena de policías del Sección Táctica Operativa (STO) de Soyapango rodearon el punto de taxis y capturaron al profesor y cuatro de sus empleados: Mario Hernández, Héctor Obdulio, José Valentín Rodríguez y Marco Tulio Castillo Reyes, el taxista que moriría en prisión.
Oficialmente, ellos fueron capturados porque ayudaban a los pandilleros a escapar de la Policía. El régimen se caracteriza porque cualquier policía o soldado puede apresar a quien considere sospechoso. Los documentos fiscales que este periódico ha podido conseguir, pues tienen reserva total en los juzgados, hablan de acusaciones pírricas basadas en criterios como que una persona haya mostrado 'nerviosismo'. El operativo terminó con cinco arrestos, cinco vehículos decomisados y la incautación de 300 dólares que el profesor Guzmán había recogido del alquiler de los carros. El educador fue encarcelado, los carros fueron decomisados y los 300 dólares desaparecieron. Al finalizar el operativo policial, el dinero no fue remitido al juez como evidencia, según denunció la familia en redes sociales.
Un año después de su captura, al profesor Guzmán le parece ilógica la razón oficial de su detención. “Los policías preguntaron quién era el responsable del punto. Sí, buenos días, mi nombre es Alexander Guzmán. Ah, el profe, me dijeron porque me identificaban. La delegación de la Policía está en la entrada de San Bartolo, a menos de dos cuadras donde tenía mi negocio. Me identificaban completamente, durante 10 o 12 años había estado estacionado ahí”. Los policías dijeron que habían recibido una llamada que los alertaba de “un grupo de dudosa procedencia” que se dedicaba a mover “gente de dudosa procedencia”. “¡Por favor, aquí le damos servicio a los clientes que salen del Súper Selectos! Le ofrecemos servicio a los vecinos de la colonia y no somos detectives para saber a quién le hacemos el viaje”, respondió.
El punto de taxis está en una zona que controlaba la Mara Salvatrucha-13, pero lejos de ser colaboradores, el profesor asegura que eran víctimas: cada semana pagaban 150 dólares de extorsión. “Había que pagar para que nos dieran permiso de trabajar”.
La Policía consignó en documentos que el profesor Guzmán y sus empleados fueron detenidos por colaborar con la pandilla.
El pasado 27 de abril, El Faro solicitó por medio de la unidad de comunicaciones una entrevista con las autoridades policiales, pero no se obtuvo respuesta. La misma gestión y el mismo resultado se obtuvo de una petición al Ministerio de Seguridad y Justicia. Tampoco se logró obtener información del expediente judicial porque tiene reserva total, al igual que otros miles de casos abiertos por el régimen de excepción. Sin embargo, gracias a la filtración de miles de documentos oficiales en poder de la organización de transparencia DDoSecrets, que los recibió de unos hackers que se autodenominan Guacamaya, este periódico documentó que no hay pruebas que vinculen al profesor Guzmán con alguna pandilla, según una investigación interna que hizo la Policía en mayo del año pasado.
La Unidad de Control abrió la investigación luego que familiares y compañeros de trabajo denunciaron en redes sociales y en La Prensa Gráfica la captura “injusta” del profesor Guzmán. La unidad asignó al sargento Sigüenza y al cabo Escobar para revisar la documentación y entrevistar a jefes policiales en Soyapango.
El jefe del Departamento de Áreas Especializadas Operativas (DAEO) delegación Soyapango, inspector Gilberto Morales Jiménez, dijo que el profesor Guzmán fue capturado “por tener conocimiento” que los vehículos que trabajan como Uber están registrados a su nombre y “son utilizados por miembros de pandillas para trasladarse de un lugar a otro cuando han cometido delitos o para cometerlos”. El “conocimiento” del oficial no consta en ningún documento. Así lo consignó la Unidad de Control: “desconoce si el señor Guzmán está perfilado en alguna estructura delincuencial, pero en las indagaciones se conoce que dichos taxis se utilizan para esa actividad delictiva”.
Los encargados de la investigación interna pidieron un informe a la Sección de Inteligencia Policial Delegación Soyapango, pero esta oficina no tenía ningún dato para relacionar al profesor Guzmán con las pandillas. “No posee perfil que incrimine al señor Guzmán Molina como miembro de estructuras criminales ni vinculado a las mismas”. Lo único que la oficina de inteligencia encontró fue una ficha policial de antecedentes por conducción peligrosa de vehículos automotores. Nada relacionado a pandillas.
Luego, la Unidad de Control revisó el acta de captura y las entrevistas que un investigador realizó a los cuatro agentes captores: González García, Álvarez Jiménez, Ramos Castro y Alfaro Santos. Uno de los policías dijo en la entrevista que recibieron la información y la orden de realizar las capturas por parte del jefe de la STO de la Delegación de Soyapango, el subinspector Juan Antonio Jorge González.
El profesor Guzmán no tiene antecedentes de delitos relacionados a pandillas, no hay seguimientos policiales ni fotografía ni nombres de los pandilleros que supuestamente usaban los vehículos para escapar, según la diligencia preliminar. La única certeza en los documentos policiales es que fue capturado porque el subinspector Jorge González tuvo “la presunción del cometimiento de un supuesto delito”.
Estos detalles están consignados en un documento Word titulado: Diligencia preliminar de inspección DP0131. Este documento fue enviado en un correo electrónico el siete de mayo de 2022 desde la Unidad de Control Metropolitana hacia la Unidad de Control de Análisis de la Policía. En el correo electrónico están anexados otros ocho documentos Word sobre supuestas detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. En el correo electrónico también está anexada una presentación Power Point que resume cada caso.
En seis casos, la Policía descarta un mal procedimiento policial, pero otros tres están después de una lámina titulada: “Casos en los que al parecer hubo abuso de autoridad”. El del profesor Guzmán es uno de estos casos.
El informe preliminar de la Unidad de Control admite que el profesor Guzmán fue capturado por una “presunción” y recomienda al jefe de la Delegación de Soyapango lo siguiente: “emita instrucciones al personal policial bajo mando, que al momento de realizar procedimientos de detenciones con base a lo establecido en el Decreto 333 Régimen de Excepción y su prórroga, deberán cumplir con los requisitos que exige el tipo penal aplicado”. La investigación interna no es explícita en decir si esos requisitos se incumplieron en el caso. El documento tampoco hace ninguna referencia a los 300 dólares decomisados que se perdieron durante el operativo policial.
Luces, cámaras… repetición
Uno de los patrones que repite la Policía cuando captura a personas que no tienen tatuajes, antecedentes penales o alguna prueba de pertenecer a pandillas es juntarlos con pandilleros tatuados, fotografiarlos y hacer creer a la opinión pública que pertenecen al mismo grupo, según testimonios documentados por El Faro.
El profesor Guzmán, por ejemplo, cuenta que luego de la captura fue remitido a la bartolina de Ilopango y, bajo pleno sol, lo sacaron a una cancha de baloncesto para tomarle fotos junto a medio centenar de desconocidos. Estaba descalzo y sin camisa, sólo en bóxer. “Había gente tatuada, manchada con números y con letras, y las ponían al frente para hacer creer que estaban contra las pandillas. Y todos los demás, civiles como mi persona, estaban detrás de las formaciones. Prácticamente como una tortura estar en una cancha de basquet descalzo a las dos de la tarde”, cuenta.
En la delegación de San Marcos, al sur de San Salvador, ocurrió algo parecido. Según cuenta Ramón, un joven que goza de libertad condicional porque no le encontraron nexo con las pandillas, a las siete de la noche del 13 de abril de 2022, luego de su captura bajo el régimen, la Policía lo fotografió al lado de pandilleros que nunca había visto en su vida. “Había un montón de tatuados. A ellos los pusieron adelante y, así como nosotros que no teníamos nada, nos pusieron atrás. Nos tomaron fotos. Éramos varios, unos 30 quizás”.
Este guión de la guerra contra las pandillas también se repitió en las instalaciones del 911 de Santa Ana, el cinco de abril de 2022. Ese día, la policía hincó al albañil José Alfredo Grande Martínez junto a nueve personas más y lo acusó de ser un “paro” (colaborador) de la pandilla. La Policía dijo que el albañil escondía pandilleros en su casa, ubicada en la comunidad Emanuel de Santa Ana y que al momento de su detención estaba en la calle con unos pandilleros. Los testimonios de los familiares y una investigación interna de la misma Policía determinaron que esa acusación es falsa.
Sin embargo, el albañil Grande Martínez fue presentado y fotografiado como parte de una estructura delictiva, información que la Policía difundió en sus cuentas oficiales de redes sociales. La familia denunció que entre los detenidos estaban personas desconocidas que no viven en esa comunidad. “Lo pusieron con gente que no sabemos quiénes son. Me da miedo que mi papá vaya a comprar al mercado porque salió en fotos, alias El Gordo le pusieron”, dijo un familiar durante una entrevista que concedió en febrero pasado.
Al finalizar las sesiones fotográficas, los detenidos regresaron a las bartolinas hacinadas. “Dormir en el suelo es lo peor, dormir entrelazado, amontonado, con gente encima. Un rato nos parábamos, un rato nos sentábamos. Otro nos chiniaba y chiniábamos a otro. No le deseo a ninguna persona que viva eso”, cuenta el profesor, quien luego de tres días en esas instalaciones fue trasladado al penal de Izalco donde recibió la paliza por la que agonizó cuatro días.
El régimen y la vendetta
El 27 de marzo de 2022, minutos antes de su captura, el profesor Guzmán observó un comportamiento extraño por parte de uno de sus socios, dueño de cuatro taxis. Los vehículos de su socio estaban estacionados en el punto, pero minutos antes del operativo comenzaron a marcharse hacia el parqueo del Súper Selectos, frente al punto de taxis.
“De repente veo que esta persona arranca su vehículo y se mete al parqueo. Yo lo veía bien sospechoso porque vigiaba para el punto y se volvía a meter”, recuerda. La investigación interna de la Policía consigna que los agentes recibieron la información del subinspector Jorge González para ejecutar la captura, pero el profesor sospecha que un socio taxista lo denunció en el régimen de excepción para sacarlo del negocio.
El 11 de abril de 2022, el profesor Guzmán y 69 personas más enfrentaron la audiencia por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusa de formar parte de un grupo delictivo, integrado en su mayoría por gente a la que no conocía y que vivían en lugares que él no frecuentaba, como la colonia Las Margaritas, que ha estado por décadas bajo el control de la Mara Salvatrucha-13. Al final de la audiencia virtual, el profesor dijo al juez que padecía diabetes e hipertensión. De la paliza que recibió en el penal de Izalco no dijo nada. El juez respondió que lo sentía por sus padecimientos, pero la resolución que confirmaba la detención era para todos.
Siete días después, por la falta de medicamentos, por las secuelas de la golpiza, por la diabetes y la hipertensión, el profesor enfermó de gravedad y perdió el conocimiento en la celda. Era el 18 de abril de 2022 y, cuando despertó, estaba en la clínica del penal de Izalco. Cuatro días después fue trasladado a Quezaltepeque.
El profesor Guzmán dice que en este penal de Quezaltepeque el trato mejoró un poco, porque les daban dos tiempos de comida, les regalaron un pantalón y una camisa usada, y hasta les permitían el lujo de orar. Los dos tiempos de comida eran macarrones y arroz. Al siguiente día, macarrones y arroz. Y así todos los días. Cuando el profesor entró al sistema penitenciario pesaba 220 libras y cuando salió había bajado a 120. “Yo era un cadáver”, recuerda.
El día del maestro del 2022, el profesor estaba en el penal de Quezaltepeque incomunicado y desnutrido, pero sus alumnos de noveno grado le escribieron el siguiente mensaje en redes sociales. 'Muchísimas gracias por ser el mejor maestro del centro escolar, por ser un profesor, un amigo, una ayuda para todos. Lastimosamente hoy quedará marcado que no podrá celebrar, pero en ese infierno que lo tienen injustamente sepa que le tenemos un gran cariño'.
Después de cinco meses en Quezaltepeque, el ocho de septiembre de 2022 fue trasladado a El Penalón de Santa Ana, donde al fin pudo ver el cielo desde el patio de la prisión y recuerda, entre lágrimas, haber comido frutas y una pierna de pollo. El 22 de septiembre, un juez lo benefició con libertad condicional y regresó a su casa y trabajo en la escuela de Altavista, donde retomó su cargo como subdirector.
El 22 de septiembre de 2022, el profesor Guzmán quedó en libertad condicional y su vida parecía que regresaba a la normalidad, pero el 22 de marzo de 2023 la Fiscalía giró una nueva orden de captura en su contra. Los policías llegaron a la escuela de Altavista, lo esposaron y lo llevaron de nuevo a una bartolina durante cinco días. Lo acusan del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación porque una persona lo acusó de tener nexos con una pandilla y de haberla amenazado de muerte para que abandonara el punto de taxis en la colonia Llano Verde.
El relato de la supuesta víctima tiene inconsistencias contundentes. Por ejemplo, la denuncia consigna que en agosto de 2022, el profesor Guzmán le exigió el pago de renta de 300 dólares para no atentar contra su vida. Sin embargo, en esa fecha el profesor estaba detenido en Quezaltepeque, incomunicado por el régimen de excepción. Al final de la audiencia del mes pasado, el Juzgado de Paz de Ilopango benefició al procesado una vez más con libertad condicional: debe firmar un libro de control cada 15 días hasta que en tres meses se haga una segunda audiencia.
