El “año negro” de la reforma migratoria

Óscar Martínez

Una tarde, a finales del mes pasado, el diputado Andrés Bermúdez caminaba por los pasillos de uno de los edificios de la Cámara de Diputados de México cuando se encontró con su colega, José Nicolás Morales Ramos. Bermúdez, secretario de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, dijo con aire de preocupación al ex miembro de esa misma comisión: “Nico, acaban de venir a entrevistarme unos periodistas y me han hecho ver que no hemos hecho nada sobre las reformas a la Ley General de Población”. “Sí, reformamos la ley”, contestó Ramos, con gesto de extrañeza. “Pero no le hemos dado seguimiento, no hemos hecho nada más”, continuó Bermúdez. Ramos zanjó: “Es que sólo eso queríamos hacer“.

Los dos fueron parte del equipo que en abril de 2007 propuso la despenalización de la migración indocumentada que se aprobó hasta en abril de este año. Reformaron aquellos artículos que permitían castigar con dos años de cárcel a quien entrara por primera vez como indocumentado a México, y hasta ocho años al que reincidiera. En esos meses, una frase como la de Ramos no salía de la boca de ningún diputado.

La votación de estas reformas fue la última del primer período legislativo del año en esa cámara. Todos alzaron la mano y se despidieron con un aplauso por haber conseguido una aprobación unánime, que enviaron al Senado para que la ratificara. Hubo discursos de varios diputados hablando de un paso sin precedentes en defensa de los migrantes que transitan México. Todos negaban que la medida, como sostenían organismos civiles, estuviera solo inspirada por la necesidad de negociar una reforma migratoria con Estados Unidos, donde hay más de cinco millones de mexicanos sin papeles.

En aquel entonces, representantes de las tres  fracciones legislativas grandes hablaron de un paso necesario que sería complementado con otros más. Bermúdez, que por aquellos días de 2007 era presidente de la comisión, negó que fuera solo una moneda de cambio para negociar con Estados Unidos sin que los acusaran de inmorales  por ser los legisladores de un país que consideraba delincuentes a los migrantes.

Dijo eso a pesar de que la idea de realizar la reforma surgió luego de que, en una visita de los funcionarios de esa comisión a Estados Unidos, algunos diputados republicanos les aseguraron que sus colegas Tom Tancredo y James Sensenbrenner se inspiraban en las leyes mexicanas para muchas de sus propuestas antiinmigrantes. Esos dos funcionarios son reconocidos por proponer radicales medidas contra los indocumentados, como que se pueda deportar a todo niño nacido en ese país si sus padres no tienen papeles.

Bermúdez describió así el dilema en una entrevista del año pasado: “¿Qué nos refleja el espejo? Lo que nosotros hacemos. Yo he estado con senadores estadounidenses que me dicen: ‘¿Qué vienes a pedir? ¿Un programa de trabajo para los tuyos? No, si nosotros si los agarramos los echamos para México, pero ustedes los meten a la cárcel dos años o diez años’”.

Sin embargo, Bermúdez aseguraba que las reformas eran para el bien de los migrantes que atraviesan México. “Sólo pienso en los migrantes”, dijo en esa entrevista. “Este es un primer paso”.

La lógica era que, al ya no ser delincuentes, sino solo personas que cometen una falta administrativa, las autoridades corruptas que los extorsionaban dejarían de hacerlo, temiendo que el migrante ahora sí se atrevería a denunciarlos ante el Ministerio Público.

Incluso gobiernos extranjeros han felicitado a México por este que consideran un gran paso. El pasado miércoles, Antonio Saca, presidente de El Salvador, de donde es originario al menos un 20% de los cerca de 250,000 indocumentados que son detenidos al año en este país, agradeció a su homólogo Felipe Calderón. En visita oficial a México, Saca dijo: “México y El Salvador compartimos principios a favor de los migrantes… Debo reconocer y agradecer a México las reformas legales necesarias para que la migración irregular ya no sea considerada un delito“. 

Seis meses han pasado de la entrada en vigor de la reforma. Ningún nuevo paso se ha dado. Ninguna nueva propuesta en beneficio de los indocumentados que cruzan México ha aparecido en la minuta de la comisión. Y ahora Bermúdez reconoce que sí, que reformaron pensando en Estados Unidos, en que su vecino del norte los viera “como buenos”. Aunque a estas alturas, cuando las elecciones presidenciales copan todo el interés de aquel país y no se vislumbra en el horizonte una pronta oportunidad para que México negocie la reforma, el mismo diputado reconoce que a Estados Unidos “le vale un cacahuate”. “Hicimos una reforma que pasó desapercibida”, interpreta el que hace un año aseguraba que con esta reforma acabarían con un gran porcentaje de las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados.

Un pequeño dulce

“En algo ayudan”. La anterior es una frase consensuada para describir las reformas a la Ley General de Población. Diputados, encargados de derechos humanos y organizaciones civiles están de acuerdo en abanderar esa frase, pero casi todos la complementan con otra: “No es suficiente”.

“La reforma sí nos beneficia, para nosotros era una preocupación, era una amenaza, pero son como pequeños dulces que nos dan, no una solución plena a los problemas de corrupción“, explica Leticia Gutiérrez, directora de la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, organismo de la iglesia católica de México que atiende el fenómeno de la migración y coordina 35 albergues que se distribuyen por diferentes zonas del país.

Según Gutiérrez, el pastel completo, hablando de legislación, estaría listo si se generara una reforma integral. Se refiere a que en la misma ley que reformaron los diputados y senadores mexicanos aún quedan artículos como el 67, que obliga a cualquier autoridad del país a solicitar los documentos de legalidad migratoria a cualquier extranjero que pretenda iniciar un trámite. Ese trámite podría ser poner una denuncia ante el Ministerio Público contra alguna autoridad que haya cometido un delito contra un indocumentado.

“Entonces -razona Gutiérrez- yo te puedo agredir, violar tus derechos humanos y me dejas, tú, gobierno, tú, Estado, con toda esta libertad. Esta impunidad deja mucha permisividad a cuanta atrocidad se quiera cometer contra los migrantes“.

El dato más fiable para acompañar las palabras de Gutiérrez lo lanzó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que en 2007 entrevistó a 1,700 indocumentados en México, en pleno viaje, que reportaron haber sido víctimas de 2,506 agresiones por parte de autoridades.

Pero la activista va más allá. Ejemplifica con el caso de un secuestro en Tierra Blanca, Veracruz, de hace poco más de un mes. El ejército liberó a 28 secuestrados en una casa de seguridad de personas vinculadas al crimen organizado. “La ley estaba modificada, pero nadie quiso denunciar, no hay nadie detenido. Es la misma burocracia federal la que genera una situación de impunidad”, se queja.

Mauricio Farah, encargado de la Quinta Visitaduría de La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de la protección a migrantes, ocupa la misma lógica que Gutiérrez. No cree que haya sido solo una moneda de cambio con Estados Unidos, aunque piensa que falta mucho por hacer, que esto solo es un paso. Afirma que el Estado mexicano, gracias a su actitud, ha entregado a los migrantes en las manos del crimen organizado, y zanja su postura con el mismo argumento ya escuchado: “No hay política de estado en materia migratoria. Tenemos un andamiaje jurídico de más de 34 años y un andamiaje institucional obsoleto. Ese abandono lo que ha hecho no es solo que abusen las autoridades, sino la delincuencia común y la delincuencia organizada”.

La lógica de que las autoridades ya no querrán extorsionar a los indocumentados no sólo no convence a Farah y a Gutiérrez, sino que tampoco a los encargados de albergues y migrantes que desde el sur mexicano siguen denunciando graves problemas.

Testimonios como el del salvadoreño José Humberto González siguen abundando: “A mí me han asaltado los de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) y los policías municipales de Arriaga”. Contó esto a finales de septiembre, cuando apenas iba por Ixtepec, Oaxaca. Cuando aún le faltaban tres cuartas partes del mapa mexicano. Y ya había sido esquilmado por agentes de dos corporaciones de este país.

El diputado Bermúdez y la activista Gutiérrez coinciden en un solo punto. No se sabe si las reformas causarán temor en algunos funcionarios y eso logre que se abstengan de delinquir; lo que sí se sabe es que eso de momento no pasará, porque no se han hecho ningún esfuerzo de difusión de las reformas entre estos agentes.

Predicción para 2008: un año negro

En marzo de este año, Jorge Bustamante, el relator de migración de las Naciones Unidas, visitó algunas zonas de paso de indocumentados en el sur del país. Tras ver lo que vio y escuchar lo que escuchó, sentenció: “2008 será un año negro para los migrantes”.

José Jaques y Medina es también diputado de la comisión que se encargó de las reformas. Fue él quien planteó que no hubiera multas, que a los indocumentados que se les atrapara sólo se les deportara, que venían a buscar una mejor vida y era gente que no solía tener dinero. Fue él quien logró que al menos se pudiera sustituir la multa con trabajos en favor de la comunidad: limpiar parques, sembrar árboles…

Este legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el único que promovió una acción paralela a las reformas en beneficio de los migrantes.

Medina se juntó con Elvira Arellano, la mexicana ícono de la migración en Estados Unidos, deportada luego de haber permanecido encerrada en una iglesia para que no la deportaran y la alejaran de su hijo, nacido allá. En septiembre de 2007, cuando las reformas todavía tenían que ser aprobadas por el Senado, fueron hasta Ecatepec, en el Estado de México, un municipio gobernado por su partido, e inauguraron el primer “municipio santuario de migrantes” donde se instruiría a los agentes municipales para que no se metieran con los indocumentados, se formaría un grupo de apoyo y una casa para que los viajeros descansaran.

La promesa era que los 540 municipios gobernados por el PRD se convertirían en santuarios. Ahora, cuando se le pregunta cuántos municipios van, Medina contesta: “No hemos tenido la oportunidad de abrir más, hasta ahí está eso de momento”.

 
A falta de pasos para delante, los que se dan son para atrás. El único albergue creado bajo este plan, el de Ecatepec, está por cerrar. La Secretaría de Transportes y Comunicaciones demandó su cierre este mes por invadir zona federal, a la par de las vías del tren.

Y más malas noticias para el que viaje sin papeles siguen apareciendo. Un agente de migración radicado en Tapachula, que pidió su anonimato, asegura que los operativos de detención de indocumentados en los trenes están por reiniciarse.

Luego de la visita de Bustamante al sur, y tras meses de lucha del sacerdote Alejandro Solalinde, encargado del albergue de Ixtepec, Oaxaca, los operativos que detienen el tren para cazar indocumentados se habían suspendido. Más pasos para atrás. “Creo que el otro mes (noviembre) empezarán de nuevo”, asegura el agente migratorio.

Esos operativos fueron descritos así en un informe acuerpado por FLACSO: “Los policías, en los retenes o volantas, al perseguir a los migrantes los orillan a caer en pantanos peligrosos y profundos, a brincar cercos, les disparan al aire para atemorizarlos y evitar que corran más, en ocasiones los golpean o los obligan a tirarse del tren cuando va en movimiento“.

Así transcurre 2008, el año en que fueron aprobadas las tan esperadas reformas a la Ley General de Población. El año que Bustamante etiquetó como “un año negro” para los migrantes.