El partido de gobierno, el FMLN, pero también Arena, Gana y PCN, nombraron como auditor de la conducta ética de los funcionarios públicos a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en 2005 no se opuso a una resolución que le quitó facultades a la sección de Probidad para que esta pidiera informes a los bancos sobre las cuentas de los exfuncionarios, y que a la postre cortó una investigación contra el expresidente Francisco Flores -y a su gabinete- por 'irregularidades' en su patrimonio.
José Mauricio Néstor Castaneda, además, cuando formó parte de la Sala de lo Constitucional se abstuvo de anular la partida secreta, un mecanismo irregular de asignación de millones de dólares de fondos públicos, utilizados sin fiscalización por la presidencia de la República.
En un acuerdo logrado en la mañana de este jueves 26, y que supuso el descarte de las candidaturas de la ex procuradora de Derechos Humanos, Batrice de Carrillo, y del fiscal anticorrupción, Andrés Amaya, los partidos escogieron al exmagistrado de la CSJ (2003-2012) Castaneda, un viejo aliado del expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, hoy procesado en un juicio por enriquecimiento ilícito.
Contrario al discurso anticorrupción contra los gobiernos de Arena, esta vez al FMLN no tuvo reparos para encumbrar a este exmagistrado que no se opuso al bloqueo que la Corte Plena hizo a una investigación contra el expresidente Flores, en junio de 2005. Más de ocho años después, esa investigación fue resucitada por la Fiscalía y derivó en la acusación por el desvío de más de 10 millones de dólares y lavado de dinero de fondos donados por Taiwán a El Salvador.
En la víspera de la votación, en una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, le recordaba al diputado arenero, Norman Quijano, que si de verdad Arena buscaba la transparencia, debían de dar cuentas por esos fondos, de los cuales una parte sirvió para financiar la campaña presidencial de Antonio Saca (presidente entre 2004 y 2009).
Martínez, sin embargo, quizá no contaba con que sus compañeros de partido, los diputados en la Asamblea, no se recordarían -o si hicieron los que no recordaban- que Castaneda formó parte de la Corte que sepultó la primera investigación al patrimonio del expresidente Flores. Según un magistrado de la actual Corte, Castaneda fue uno de los diez magistrados que le quitó potestades a la sección de Probidad, en medio de una investigación contra Flores y su gabinete. El Faro ha tenido acceso a una copia de la transcripción de la discusión de aquella sesión, pero en esta no aparece ninguna intervención de Castaneda. Al consultar al exmagistrado René Fortín Magaña, uno de los opositores de la medida, si Castaneda estuvo a favor o en contra de suprimir facultades a la sección de Probidad, este responde: 'Él (Castaneda) no estaba dentro de los que votamos en contra de la resolución de la Corte que suprimió las facultades a Probidad', dice.
En la cuenta oficial de Twitter del grupo parlamentario del FMLN, el partido escribió que 'José Nestor Castaneda es el propfesional (sic) que el FMLN propone para considerar Presidente de Tribunal de Ética Gubernamental'.
El diputado del FMLN Santiago Flores incluso habló de los valores que recoge el exmagistrado Castaneda. 'Él ha funcionado como miembro del TEG. Es un hombre de derecha. En eso estamos claros, pero al valorar su trayectoria tiene los valores suficientes para que el FMLN lo reconozca que puede hacer un papel correctamente', dijo.
La Corte que debilitó a Probidad
En 2013, fiscales vinculados al caso por el desvío de más de 10 millones de dólares donados por la república de Taiwán dijeron a El Faro que las mismas conclusiones a las que ellos habían llegado pudieron haber sido resueltas ocho años antes, cuando la seción de Probidad de la CSJ investigaba, en 2005, el patrimonio del expresidente Flores.
Cuando la Corte quitó del camino a la sección de Probidad con la venia de 10 magistrados, Castaneda llevaba dos años en el máximo órgano de justicia del país. Ingresó como magistrado de la Sala de lo Penal en el año 2003.
La resolución que suprimió facultades a la sección de Probidad fue tomada el 9 de junio de 2005, en una acalorada sesión en la que el entonces presidente de la Corte, Agustín García Calderón, defendió la decisión diciendo que 'no hay ninguna apariencia por ningún motivo de ceder a ninguna presión externa, de los bancos ni de nadie'.
En un artículo publicado en la revista ECA (diciembre de 2012), el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, hizo un recuento de aquella jornada. '(...) el jefe de dicha oficina intentó indagar transacciones bancarias, pero fue limitado y frenado, en su intento de profundizar las investigaciones, por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, liderada por el presidente de la misma, Agustín García Calderón, junto a los magistrados Uilices del Dios Guzmán Canjura, Miguel Ángel Cardoza, Mauricio Velasco, Néstor Castaneda, Julio Enrique Acosta en otros'.
En concreto, la sección de Probidad había pedido a los bancos del país informes de las cuentas de los funcionarios investigados, desde el expresidente Flores, su secretario privado, el exvicepresidente Carlos Quintanilla y otros funcionarios del gabinete.
En una resolución controversial, y a solicitud de los bancos, esa Corte le quitó a Probidad la potestad de pedir informes bancarios, con lo cual se derrumbó la investigación en contra de Flores y su gabinete, y se congelaron otras 213 investigaciones contra otros funcionarios del Estado. En octubre de 2015 trascendió que aquella Corte de García Calderón ya nunca más auditó al expresidente Flores, ni a Antonio Saca ni a Mauricio Funes.
La decisión de la Corte en 2005 tuvo un precedente oscuro, a juicio de los magistrados que votaron en contra y del que fuera, en aquella época, jefe de la entidad, Eduardo Cáceres. La presidenta de uno de los bancos (Banco Salvadoreño) que objetaba las facultades de Probidad era María Eugenia Brizuela de Ávila, excanciller del gobierno de Flores, quien también estaba señalada en el informe de Probidad.
En contra de la medida estuvieron los exmagistrados René Fortín Magaña, Marcel Orestes Posada (hasta este jueves presidente del TEG), Victoria Marina de Avilés y Mirna Perla. Un quinto magistrado, José Napoleón Rodríguez, se abstuvo de votar en aquella ocasión.
Tuvieron que pasar nueve años para que en 2014 la CSJ le devolviera a Probidad las facultades que le fueron suprimidas, y desde entonces eso ha producido juicios por enriquecimiento ilícito en contra de dos expresidentes, del mismo expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, y otros funcionarios del Estado, entre presidentes de instituciones gubernamentales y diputados.
En la plenaria de este jueves 27, contrario a lo que se hubiera podido esperar, fueron diputados de Arena y no del FMLN quienes objetaron la decisión de la mayoría en la Asamblea, y de su propio partido, al escoger a Castaneda, una figura que representa 'más de lo mismo'.
Castaneda fue electo con 60 votos. Una de las diputadas que se abstuvo de votar fue la arenera Paty Valdivieso, quien dijo que no quiso votar porque consideraba que era necesario un cambio en el Tribunal de Ética Gubernamental, que debía llegar gente nueva. '¿Por qué me abstuve? No se ve que se muevan casos emblemáticos en el TEG como, por ejemplo, el caso de los terrenos de Sigfrido Reyes o el caso Funes con Polistepeque. Me habría gustado darle una oportunidad a personas nuevas como el fiscal anticorrupción Andrés Amaya', dijo Valdivieso.
El diputado Johny Wright anticipó, tres horas antes de que se diera la votación para elegir a Castaneda, de que no se podía esperar mucho del resultado de esta elección de segundo grado y evitó brindar una valoración sobre la idoneidad de Castaneda para el cargo. 'Hay que atenerse a una realidad, en la elección de funcionarios de segundo grado no se ha podido romper con la dinámica de la negociación política. Sin entrar en detalle sobre la idoneidad -de Nestor Castaneda-, si hay algo cierto es que es posible que no sea electo el más idóneo', dijo.
—¿Considera que hay diputados interesados en elegir a alguien que no investigue faltas de funcionarios ni inhabilite candidaturas?-preguntó El Faro.
—Podría darse como se ha dado en elecciones de segundo grado. Esa es una falla del sistema y de las reglas del juego-respondió Wright.
—¿Cree que esta elección del TEG va a terminar en más de lo mismo, que va a resultar en la elección de una persona que no va a ir tras las faltas de funcionarios, alguien que les va a dar vía libre de cara a las próximas elecciones?
—Por supuesto que puede resultar en eso. Si me atrevo a cantarle el resultado, diría que va a quedar electo el que tiene mayor favor político. Si yo fuera a apostar, dado que no ha cambiado nada la forma de elegir funcionarios de segundo grado, puedo decir que no podemos más que esperar más de lo mismo.
Castaneda no se opuso a la partida secreta
Néstor Castaneda cobró mayor notoriedad entre 2009 y 2012, años en los que formó parte de la Sala de lo Constitucional liderada por Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo Gónzalez, cuatro magistrados que desde 2009 han emitido sendas resoluciones que han sacudido el escenario político y jurídico del país, entre las cuales destacan la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, las candidaturas independientes para diputaciones, el voto por rostro, entre otras.
Castaneda, sobreviviente de la era de García Calderón, recaló en esa Sala convirtiéndose en el voto disidente, y se abstuvo de votar o votó en contra de resoluciones que atacaban la falta de transparencia. Por ejemplo, Castaneda fue el único que se abstuvo en uno de los fallos más controversiales de la Sala al inicio de su periodo, y con el cual se eliminó la figura de la partida secreta, un mecanismo mediante el cual el Ejecutivo disponía de millones de dólares en remanentes de otras entidades del Estado sin pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa. El uso de esa partida secreta favoreció al pago de sobresueldos a funcionarios del Estado o fue utilizada para financiar actividades que se han escapado de la fiscalización de las entidades contraloras.
En los gobiernos de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, esos gastos reservados ascendieron a 504 millones de dólares de los contribuyentes sin justificación. Tras la eliminación de esa 'partida secreta', que Castaneda se negó a votar, el gobierno de Mauricio Funes encontró un nuevo mecanismo para la utilización de gastos reservados sin pasar por la venia de la Asamblea, convirtiendo la suya en la presidencia que más fondos reservados ha utilizado sin rendirle cuentas a nadie (351.02 millones).
En 2009, en las vísperas de la renovación de la nueva CSJ, Castaneda también fue uno de los magistrados de esa Corte de García Calderón que votaron a favor para que este, y otros cuatro magistrados más, se llevaran 122 mil dólares (entre 28 mil y 20 mil dólares por cabeza) en una maniobra que la Corte de Cuentas declaró ilegal, pero que nunca persiguió. El truco consistió en aceptar la renuncia de los cinco magistrados que culmiban su periodo de nueve años ese junio de 2009, días antes de que esa fecha se cumpliera. Con esa maniobra, estos magistrados obtuvieron el beneficio de seis meses de salario extra en concepto de bonificación por retiro que permite la ley de la carrera judicial. Si ellos no hubieran renunciado a sus cargos, días antes de que finalizara su mandato, el Estado se habría ahorrado 122 mil dólares. Los exmagistrados beneficiados fueron Agustín García Calderón, Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya.
En mayo 2012, un mes antes de dejar su cargo, Castaneda también votó en contra, desde la Corte Plena, de una solicitud de extradición en contra de la cúpula militar vinculada al asesinato de los sacerdotes jesuitas, hecho ocurrido en noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. Él, y el resto de magistrados que firmaron esa resolución, fueron señalados por la Procuraduría de Derechos Humanos, por la obstaculización de la justicia en uno de los casos más emblemáticos del fin de la guerra.
Dos meses después, en agosto, Castaneda fue juramentado por el expresidente Mauricio Funes como miembro del TEG. Cuatro años más tarde, el FMLN y el resto de partidos lo hacen presidente de la institución que por ley está obligada a fiscalizar las conductas de los funcionarios del Estado e imponer multas de ser encontrados culpables de faltas éticas.
Este Tribunal, por ejemplo, conoció y sancionó al exfiscal general en el caso de los vuelos de Luis Martínez en los aviones del empresario Enrique Rais. También conoció del caso del diputado de Arena, David Reyes, quien prestó a su hermana un vehículo de la Asamblea Legislativa para que se fuera de vacaciones.
En el corto plazo, el caso más emblemático que dirimirá Castaneda toca al hombre que este jueves lo juramentó en el cargo, y con quien estrechó manos. Castaneda y su Tribunal deberán definir si el presidente la Asamblea, Guillermo Gallegos, cometió una falta al votar y firmar, en dos ocasiones, para que la Asamblea Legislativa regalara, a través de los presupuestos generales de 2015 y 2016, 550 mil dólares a la asociación Apdemes, fundada y dirigida por la esposa de Guillermo Gallegos y otros empleados de la Asamblea que son asesores de Gallegos y al mismo tiempo miembros del partido Gana.
La demanda contra Gallegos fue interpuesta por ciudadanos días después de que El Faro revelara el reportaje 'Asamblea regala medio millón de dólares a asociación de esposa de Guillermo Gallegos'.
Cuando salió del órgano judicial, Castaneda intentó convertirse en fiscal general de la República, pero fue descartado en la elección que entronizó al exfiscal Luis Martínez, ahora detenido en el centro penal La Esperanza, mientra avanza un caso en su contra por una trama de venta de justicia. En un editorial de la UCA del 7 de diciembre de 2012, esta institución cuestionó la falta de independencia de Castaneda y criticó que los diputados lo tuvieran en cuenta para el cargo. 'La propuesta de abrir listas propone a un oscuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, a quien por su fidelidad a intereses políticos mientras ejercía como juez en la Sala de lo Constitucional lo han premiado pasándolo al Tribunal de Ética Gubernamental', reseñaba la universidad.
Para Francisco Merino, del PCN, no es un problema que públicamente Castaneda haya recibido este tipo de señalamientos. 'Eso de las voces disonantes es porque vivimos en democracia. Es bueno que las haya: quiere decir que se fijan en las personas. Si no hay voces en contra de alguien es porque pasa desapercibido', dijo Merino, quien recientemente acompañó una marcha en la ciudad de Metapán a favor del alcalde prófugo Juan Umaña, vinculado en una investigación por lavado de dinero de más de 200 millones de dólares, junto al empresario José Adán Salazar Umaña, 'Chepe Diablo'. Tanto el alcalde como el empresario han sido vinculados, durante más de una década, como líderes del cártel de Texis.
*Nota de la Redacción: en la versión original de este artículo se consignó que el exmagistrado Castaneda participó del bloqueó que suprimió las atribuciones de la sección de Probidad de la CSJ, en junio de 2005. Un escrito de un magistrado de la CSJ actual lo vinculaba a ese hecho, pero nueva información obtenida en la CSJ plantea que el magistrado pudo haber sido representado por un suplente el día en que se tomó la resolución. Lo cierto es que según la transcripción de la sesión del 9 de junio de 2005, Castaneda no aparece objetando la medida, y uno de los exmagistrados de aquella época asegura que Castaneda no formó parte del grupo de magistrados que se opuso a esa resolución.
