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Culpar al mensajero

El Faro

 
 

Es un hecho que agentes policiales han asesinado a decenas de sospechosos en los últimos dos años en El Salvador. Es un hecho que las autoridades han hecho poco o nada por investigar estos crímenes y evitar que se repitan. Es un hecho que estas ejecuciones extrajudiciales violan el estado de derecho que se quiso cimentar con los Acuerdos de Paz.

Se trata de hechos. Hechos probados, argumentados una y otra vez. De dominio público.

Sin embargo, desde que en 2015 dimos a conocer la Masacre de San Blas, a las denuncias que el periodismo nacional ha hecho de ejecuciones, abusos, alteración de escenas, incriminaciones injustas y encubrimiento cometido por miembros de las Fuerzas de Seguridad se está respondiendo en El Salvador, desde buena parte de la sociedad y, más grave aún, desde élites políticas e instituciones públicas, con campañas de descrédito y con amenazas. La respuesta a la gravísima crisis de violaciones de Derechos Humanos que atraviesa el país es culpar al periodismo que la investiga y revela.

En un grave ejercicio de cinismo e irresponsabilidad, a los periodistas de El Faro y de otros medios se nos ha acusado una vez tras otra de exagerar, de mentir, de responder a agendas partidarias, de pertenecer a supuestos ejes empresariales hiperideologizados, de proteger delincuentes, o incluso de estar aliados con las pandillas para desacreditar a la Policía. Se nos ha acusado de estar en campaña contra el Ejecutivo, contra las fuerzas de seguridad y contra la sociedad en su conjunto.

La semana pasada, la Revista Factum publicó una detallada investigación con la que prueba que este tipo de crímenes no son solo excesos ni casos aislados. En su especial “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, Factum revela sin margen para la duda que en la PNC operan grupos de exterminio que ejecutan a supuestos pandilleros de forma sistemática y premeditada, y que amparados en la impunidad de que gozan, han cometido también abusos sexuales, extorsiones y actos de sicariato. Tras la publicación, cuatro agentes señalados en la investigación han sido detenidos y la PNC les someterá a investigación interna.

La respuesta de la sociedad ha sido el insulto, la difamación y la amenaza explícita a sus periodistas y a los de El Faro, tal y como han denunciado en sendas publicaciones los periódicos El Mundo y  La Prensa Gráfica. Esta vez las amenazas son, además, especialmente alarmantes porque provienen de páginas web o cuentas de redes sociales utilizadas habitualmente por esos mismos grupos de exterminio para exhibir fotografías de los cuerpos de sus víctimas. En los mensajes se acusa a los periodistas de defender a criminales y se les advierte que terminarán muertos. Decenas de cuentas particulares han repetido, en los últimos días, las mismas consignas.

Esta campaña de difamación y amenazas ha llevado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a ordenar medidas cautelares para los periodistas de Factum. A pesar de la notoriedad de la campaña sucia, ni el Ejecutivo ni autoridad alguna de Seguridad Pública han tomado posición oficial o se ha comunicado hasta hoy con nuestras redacciones. El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, apenas dijo en público, el lunes 28 por la mañana, que había que “tocar madera para que no pase algo con un periodista”.

Otros funcionarios han ido aún más lejos en su irresponsabilidad: el expresidente de la Asamblea y actual presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, una de las principales cabezas del partido en el gobierno, utilizó el sábado 26 sus redes sociales para difundir uno de los mensajes de difamación y amenaza contra periodistas.

También han arreciado las acciones de acoso e intimidación: el sábado, cuatro personas en un microbús azul se presentaron en la puerta de las oficinas de Factum y dijeron, pese a no portar distintivo alguno ni presentar documentos, ser personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nadie les abrió. La PDDH negó ese mismo día haber enviado a nadie de su personal a las oficinas de la revista. Este lunes, un sedán verde con varios hombres se detuvo en las oficinas de El Faro. Los pasajeros se identificaron con el vigilante como “fuentes periodísticas de la Policía” y dijeron: “Ustedes en El Faro deben de saber dónde queda la revista Factum”. El vigilante les negó la información y se fueron. Veinte minutos después, otro grupo de hombres vestidos de civil llegaron en un pickup gris —propiedad de la Policía, según registro de sus placas— a tocar la puerta de Factum. Tampoco se les abrió. Un poco más tarde una persona llegó a las oficinas de El Faro e intentó entrar. Se negó a identificarse con el vigilante y dijo que venía a entregar un “anónimo”. Al negársele el acceso se fue. Todas estas visitas se van a poner en conocimiento de las autoridades.

No es, por desgracia y para mayor gravedad de la situación, algo nuevo: ya en 2012, cuando El Faro reveló negociaciones secretas entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, la mal llamada Tregua, recibimos amenazas tanto desde la cúpula de las pandillas como desde el Ministerio de Seguridad. Antes, nuestras oficinas tuvieron durante más de un año protección policial tras nuestras publicaciones que revelaron la existencia del Cartel de Texis y sus vínculos políticos y policiales.

En 2014, una patrulla policial retuvo e interrogó a uno de nuestros periodistas en un camino rural cuando regresaba de una entrevista. Agentes le amenazaron con 72 horas de detención si no revelaba la fuente a la que acababa de entrevistar. En esa ocasión, el hoy Ministro de Seguridad Pública y entonces director de la PNC, el comisionado Ramírez Landaverde, desechó nuestras denuncias en una reunión cara a cara en Casa Presidencial, alegando que había preguntado a sus policías y ellos tenían otra versión de lo sucedido. Sobre aquellos hechos la PDDH resolvió después que, efectivamente, había suficientes elementos para establecer acoso policial y retención indebida a nuestro periodista.

Las amenazas arreciaron en 2015, también desde el entorno policial, después de la denuncia de torturas en una sede de la PNC y de la masacre de San Blas, por la que hoy se está juzgando por homicidio a ocho agentes policiales. También en aquella ocasión hubo mensajes de amenaza que se denunciaron y cuyo origen ni la Fiscalía ni la Policía han esclarecido. También hubo, entonces y durante el año siguiente, seguimientos e intimidación a nuestros periodistas y a uno de nuestros accionistas. También se denunciaron. No ha habido hasta el momento ninguna aclaración satisfactoria.

Es gravísimo que las autoridades y los liderazgos del país, llamados a elevar los estándares democráticos y a preservar la ley, callen o, peor, aplaudan los crímenes cometidos por agentes policiales, sea porque los consideran estratégicos en su lucha contra las pandillas, políticamente útiles en diversas formas, o porque son incapaces o no se atreven a enfrentarse a sus propios policías, infrapagados, mal pertrechados y cansados de estar en la línea de fuego mientras los altos funcionarios de seguridad, gobierno tras gobierno, improvisan sus políticas.

Es también inadmisible que quienes administran el Estado, las personas que han jurado garantizar los derechos establecidos en la Constitución, se unan a las voces que hoy pretenden linchar al periodismo. Callar cobardemente ante los crímenes, también y especialmente los cometidos por fuerzas del Estado, es ser cómplice de ellos y traicionar el mandato recibido.

El Faro, como otras salas de redacción y periodistas del país, no estamos dispuestos a traicionar nuestros principios y nuestro compromiso con el oficio. La labor del periodismo es poner frente a la sociedad un espejo para que se conozca y comprenda, para que se evalúe y redefina. Ello no supone solo, pero especialmente exige, revelar aquello que la sociedad no sabe, incluso si alguna parte de nuestros lectores prefieren que no se dé a conocer. Esa es la naturaleza de nuestro oficio, uno considerado indispensable en la construcción de una sociedad democrática, libre y justa.

Un oficio, una labor democrática, que las autoridades están obligadas a proteger, aun cuando nuestras investigaciones desnuden sus defectos, errores o crímenes.

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