Cuando 30 líderes pandilleros salieron del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca hacia cárceles con controles menos rígidos, el ocho de marzo de 2012, el Estado activó un andamiaje para que los beneficiados salieran bajo “el ropaje de un peritaje”, dice el juez. También hay evidencia que a los penales ingresó un número “indiscriminado” de personas que no fueron sometidas al control establecido por el protocolo de seguridad porque las autoridades “relajaron todos los procedimientos” y eso facilitó el ingreso de objetos prohibidos como celulares. Y aunque reconoce esas irregularidades, el juez Godofredo Salazar absolvió al exmediador Raúl Mijango; al exdirector de centros penales, Nelson Rauda; y a otras 19 personas (empleados policiales y penitenciarios) porque ellos eran piezas de una política estatal que movían altos funcionarios que no fueron investigados.
Las erróneas decisiones de altos funcionarios, dijo el juez, “cancerígenamente invadió a los centros penales para que otros no cumplieran con sus funciones, desoyeran sus funciones. Y aquí no se vale que el fin justifica los medios. Aquí, aparentemente por razones humanitarias, aparentemente por la seguridad pública, se apartan irresponsablemente”. Este 29 de agosto, las críticas del juez Salazar se enfilaron principalmente contra el exministro de Justicia y Seguridad (actual ministro de Defensa), David Munguía Payés, a quien llamó “irresponsable”.
Munguía Payés asumió la cartera de seguridad en noviembre de 2011. Dos meses después, su despacho delegó en Raúl Mijango la negociación con líderes de pandillas para una reducción de los índices de homicidios. Durante el juicio, Munguía Payés dijo que consultó esa decisión con Mauricio Funes y fue el presidente quien le recomendó sumar un segundo negociador, cargo que al final se le confió al obispo castrense Fabio Colindres.
Además de Munguía Payés, el juez cuestionó el papel del entonces director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ricardo Perdomo, quien autorizó la erogación de fondos para aspectos logísticos de laTregua como el alquiler de casas, vehículos y pago de empleados que trabajaban para Mijango. En mayo de 2013, luego que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Munguía Payés, Perdomo asumió como ministro de justicia y seguridad y durante su gestión se continuaron otorgando beneficios ilegales a las pandillas, algo que la Fiscalía no ha investigado. “No se indagó que papel jugó. Son líneas de investigación que no agotaron”, reprochó el juez.
La participación de Munguía Payés en la creación de la Tregua es confesa. Luego de haber intentado esquivar la responsabilidad del Estado en los traslados de los reos de máxima seguridad que dieron origen al proceso, Munguía Payés contó a El Faro, en septiembre de 2012, que la Tregua fue diseñada en su despacho, con el aval del presidente Mauricio Funes. La Fiscalía lo tuvo en la mira, y en mayo de 2016, El País y El Faro revelaron que hasta se había elaborado un borrador de antejuicio contra Munguía Payés para presentarlo en la Asamblea Legislativa. Por su rango de Ministro de Defensa, él goza de inmunidad y esta solo puede ser desbloqueada por los legisladores. Al final, la Fiscalía retrocedió, y cuando salió tras la captura de los obreros de la Tregua, el fiscal Meléndez dijo que no tenían elementos para vincular a Munguía Payés. 'Si alguna de estas personas que se han detenido tiene información que vaya más allá y le pueda aportar a la Fiscalía, ojalá que la de', dijo Meléndez.
Durante el juicio, Munguía Payés volvió a confesar haber sido el arquitecto de la Tregua y volvió a decir que todo lo hizo con el aval del expresidente Mauricio Funes.
Juez: Munguía Payés fue irresponsable
El juez Salazar citó tres frases que Munguía Payés dijo durante el juicio:
“No le podía dar ningua facultad sino que facilidad (a los mediadores) para desarrollar sus facultades”.
“El proceso lo avaló el ministerio con el conocimiento del presidente de la República”
“No se controlaba el proceso sino que se mantenía el mismo a través de los mediadores”.
Luego, sin más rodeos ni preámbulos, el juez Salazar dijo que el arquitecto de la Tregua fue imprudente con la ejecución de esa política de seguridad. “Esta es una irresponsabilidad del señor Munguía Payés. Está claro que comúnmente que los funcionarios responden por los resultados, pero la envergadura, la invasión que se estaba haciendo a la seguridad ciudadana no podía desoír los deberes que debía de tener un control sobre el proceso de pacificación. Al fin y al cabo, número uno: ¿quién era el responsable? Número dos: ¿cómo era posible que solo se informaba del resultado”.
Además de cometer el error de controlar el proceso de pacificación por medio de los negociadores, las autoridades cometieron el error de no documentar el trabajo que realizaron otros agentes del Estado que participaron en la Tregua. Por ejemplo, el policía Juan Roberto Castillo Díaz recolectó una entrega de armas por parte de las pandillas y participó en varias reuniones con líderes pandilleros en los penales. Munguía Payés justificó que realizaba labores de inteligencia, pero esa actividad no quedó documentada en el Centro de Inteligencia Policial y el entonces director de la Policía, Francisco Salinas, tampoco supo detallar sobre la información recolectada.
Castillo Díaz, Mijango y otros dos policías eran acusados de agrupaciones ilícitas y de introducción de objetos ilícitos a los penales. El juez, sin embargo, dice que a Castillo Díaz y a los otros policías no se les puede reprochar pertenecer a una agrupación ilícita porque realizaron labores como agentes del Estado. En el caso de Mijango, aunque se trata de una persona “foránea”, su actividad estaba respaldada por la estrategia de Munguía Payés.
Funes, el responsable solidario
Durante el gobierno de Mauricio Funes se elaboró un documento titulado Política de Justicia y Seguridad Pública, revisado por los aportes del Gabinete de Gobierno. Ese documento contemplaba medidas para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y tenía un manual de operaciones. “Uno de los componentes era el diálogo social abierto. El literal A era diálogo y Concertación Permanente, sin explicar dónde y cómo. Otro era de participación ciudadana. En esos ejes una de las líneas principales y estratégicas se encuentra el manejo de los conflictos a través del diálogo en la búsqueda de la paz.
'Ante este plan teníamos que ver las normas de carácter constitucional”, dijo el juez.
El juez dijo que dos artículos de la Constitución de la República, el 171 y el 159, establecen la responsabilidad del ministro de Justicia y Seguridad y del presidente de la República en las políticas de seguridad. “Este manual, esta introducción de las políticas de concertación y diálogo, acuerdos que puedan entrar, era una corresponsabilidad del presidente de la República y del ministro”. Salazar agregó que un Reglamento del Ejecutivo establece la responsabilidad del ministro y del presidente de la República en las políticas de seguridad.
Y aunque las disposiciones constitucionales y el reglamento parezcan algo abstracto, hay un elemento que ata la Tregua con las pandillas con esas políticas del gobierno de Funes: la solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se conviertan en garantes del proceso de pacificación. Cuando se tramitó esa solicitud, Munguía Payés recibió 'plenos poderes' para firmar el acuerdo con el organismo regional. “Lo que se ha realizado es una extensión de esa línea estratégica, de una política de gobierno y no de Estado, de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. A partir de este momento, cuando se tiene acreditada esta circunstancia, oficialmente se acredita que existió lineamientos, que existieron ajustes, que existieron órdenes que se insertaron movimientos en forma solidaria entre el general de división David Munguía Payés y el presidente de la República, y son solidarios en esa responsabilidad”.
Otra ley que permite reprochar a las altas autoridades con las irregularidades en la Tregua es la Ley Penitenciaria. “Pese a que el ministro (Munguía Payés) en la declaración que rindió hizo una alusión a conocer en vastedad esa ley, definitivamente que el desconocía, definitivamente que en este tema el ministro salió sobrado de la situación”. Una tercera vía por la cual el expresidente Funes debió conocer sobre la Tregua es por la participación del OIE, instancia que apoyó la logística y que rendía cuentas directas al exmandatario.
¿En qué falló la Fiscalía?
Ni Nelson Rauda, ni Raúl Mijango podían, por sí mismos, apagar o encender el mecanismo de entendimiento entre las pandillas y el gobierno de Funes. La magnitud de esa política les sobrepasaba a ellos y a las otras 19 personas acusadas de integrar una agrupación ilícita que beneficiaba a los pandilleros. En este punto es cuando el juez señaló la debilidad de la investigación fiscal: a las 21 personas procesadas no se les consideró como parte de una estructura, de un aparato de poder, decidido a entablar acuerdos con los pandilleros.
“Cuando se habla de forma limitada de los aparatos de poder deben ocuparse estándares de la Corte Penal Internacional, en lo relativo a aquellos grupos organizados de poder. Y son estánderes: primero, si los nominados cometen a titulo de dolo o no las acciones delictivas. ¿Qué ocurre con quién emitió la orden? ¿Era manifiesta esa orden o fue disfrazada esa orden? Tercero: ¿Cuál fue la función de la estructura? ¡Señores, esos son los estándares!”, dijo el juez.
Nelson Rauda y los otros empleados estatales (policías y empleados penitenciarios) no tenían control sobre la línea estratégica que había definido el gobierno. Esto, dijo el juez, abre espacio para otras interrogantes ¿los procesados tenían conocimiento del ingreso de objetos ilícitos y voluntad de que eso sucediera? ¿Omitieron alguna de sus responsabilidades, pero, sobre todo, querían el resultado de esas omisiones? ¿0 estaban en obediencia jerárquica? Las pruebas aportadas por los fiscales, dijo el juez, no respondían ninguna de esas preguntas.
“Nelson Rauda no era actor mediato, aquí quien tenía dominio funcional (que es otra categoría) de la institución y del destino final eran los encargados de la línea estratégica de la política de gobierno. Había que deteminar qué es lo que ocurrió con esta línea hacia el director de la Policía Nacional Civil de las épocas, qué órdenes se dieron en la existencia en antes del 2011 y después de julio de 2013. Son líneas de investigación que la representación fiscal debe contestar. De suerte entonces que aquí bajo la primera premisa que se estableció el responsable es el señor Victoriano Munguía Payés, normativamente a él le competía supervisar y controlar toda esa actividad”.
Uno de los fiscales del caso, quien dio declaraciones a la prensa con la condición de no ser identificado, dijo que esperarán la entrega del documento de la sentencia programada para el próximo 21 de septiembre para determinar qué acciones van a tomar. El fallo que absolvió a los 21 procesados por la Tregua es el primer tropiezo de una serie de casos emblemáticos que abrió el fiscal general, Douglas Meléndez, en sus primeros 10 meses de trabajo.
Meléndez fue juramentado en el cargo en enero de 2016. El tres de mayo de ese año ordenó la captura de Raúl Mijango y de otras 20 personas acusadas de irregularidades durante la Tregua, pero en la investigación no incluyó al exministro de justicia y seguridad, Munguía Payés. Luego, entre marzo y octubre de 2016, ordenó la captura del exfiscal general Luis Martínez, del expresidente Antonio Saca. Además, allanó varias viviendas relacionadas con el expresidente Funes, quien solicitó asiló en Nicaragua. El caso contra los obreros de la Tregua es el primer gran caso que llega a un juicio.
