El coronel Inocente Orlando Montano Morales, quien fuera viceministro de Seguridad Pública salvadoreño entre 1989 y 1992 y que estaba detenido en Carolina del Norte, Estados Unidos, perdió este 15 de noviembre la última batalla judicial para evitar su extradición a España, que lo reclama para procesarlo por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta, ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en contra de la última apelación posible del militar retirado se produjo en la víspera del aniversario número 28 del múltiple asesinato.
El máximo tribunal estadounidense informó este 15 de noviembre que el magistrado presidente rechazó la apelación 17A445 del abogado de Montano, James Todd, que solicitaba un 'aplazamiento de la extradición'. Esta apelación había sido presentada el 16 de octubre de este año. Todd presentó una solicitud de 48 páginas según la cual hay aspectos de legalidad que la Corte debía resolver. El 13 de noviembre hizo una petición adicional, pero finalmente el magistrado John Glover Roberts Jr. confirmó que Montano debía ser extraditado.
Su traslado a España ahora es inminente. El Faro tuvo acceso a documentos que muestran que Madrid esperaba que Montano aterrizara en España el 1 de noviembre pasado y que fuera presentado el 2 de noviembre, a las 9 de la mañana, ante los juzgados de la Audiencia Nacional. 'El departamento de Estado, que era un paso político, importante adjudicó (la extradición) hace unas cuatro semanas', dijo a El Faro Almudena Bernabéu, exabogada del Center for Justice and Accountability (CJA) y ahora querellante del caso jesuitas en España con su organización Guernica 37. 'Desde ese momento (principios de mes) están listos los dos países para la entrega y recepción, pero no quisieron hacerlo hasta agotar todos los recursos presentados por el abogado de Montano, por la legalidad', dijo Bernabéu.
El 25 de octubre, Todd reconocía en una carta enviada a la Corte Suprema que si los magistrados rechazaban su solicitud de detener la extradición, no quedaba otro camino distinto a que su cliente se subiera a un avión con destino a Madrid. Montano, un sobreviviente de cáncer de vejiga, de 74 años, comenzará otro periplo judicial en España por un crimen de lesa humanidad que marcó los últimos años de la guerra y que aceleró la búsqueda de los acuerdos de paz en El Salvador.
La llegada de Montano destrabará el proceso judicial, abierto en la Audiencia Nacional en 2008, y que se estancó en 2011 cuando ninguno de los 20 militares salvadoreños con orden de captura giradas por el juez pudo ser detenido en El Salvador o Estados Unidos, donde vivían. En El Salvador, el gobierno del presidente Mauricio Funes refugió a un puñado de los acusados en una guarnición militar en momentos en que la Interpol trataba de ubicarlos para detenerlos. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dijo que una 'difusión roja' de Interpol no debía interpretarse como orden de detención con fines de extradición, sino solo como una orden de localización.
Montano en Madrid es el eslabón que permitirá que, por primera vez, haya un juicio con garantías procesales que esclarezca las responsabilidades sobre la masacre, porque un juicio en El Salvador entre 1991 y 1992 fue calificado como un fraude por la Audiencia Nacional, lo que la habilitó para investigar el caso, usando el principio de “justicia universal”. En mayo de 2011, la Audiencia emitió una resolución en la que concluía que aquel juicio de los años 90 que sentó en el banquillo a nueve militares salvadoreños, de los cuales solo uno fue castigado a 30 años de cárcel por el asesinato, tuvo “la aparente cobertura de un proceso formal” pero que estuvo “tan intervenido que llegó a resultados de no justicia”.
El caso jesuitas se había estancado en la etapa de instrucción, es decir, la parte en la que el juez y la Fiscalía recaban pruebas para demostrar que los delitos ocurrieron y que hay personas a las que se les puede exigir responsabilidad. Que Montano llegue a Madrid permite dos cosas: que el caso siga su camino hacia el juicio (aunque faltan algunos pasos), y que, en ese juicio, se ventilen ante la opinión pública todas las pruebas recabadas para luego llegar al veredicto. Sin la presencia de Montano, que sirvió a la Fuerza Armada de El Salvador entre 1963 y 1994, la Audiencia Nacional estaba amarrada de manos para abrir la última de las etapas del proceso porque la Constitución española (artículo 233.10) prohíbe que se someta a juicio a alguien ausente, y que se condene sin haberlo oído en juicio.
“La relevancia del juicio no variará mucho, lo que variaría es la importancia reparadora de decir una verdad que los militares han persistido en negarle a las víctimas, sus familiares, y jesuitas durante todos estos años y a pesar de la repetidas peticiones por la verdad”, explicó Bernabéu. Por tratarse de un juicio oral, como todos los juicios en el sistema español, se romperá el carácter “reservado” de todas las diligencias recogidas en la etapa de instrucción y con su desfile serán de dominio público, conforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por su condición oral, todas la pruebas y diligencias deben ser presentadas y argumentadas de viva voz ante el juez, dejándole espacio a las partes para que se interroguen mutuamente sobre ellas. También hay espacio para que nuevas pruebas sean aportadas por las partes, incluyendo nuevos testimonios, o diligencias que hayan sido rechazadas en las etapas previas. “Desfilarán todos nuestros testigos, y algunos adicionales que no han testificados, y a petición de las partes, pueden llevarse más”, añadió Bernabéu.
Montano luchó seis años en Estados Unidos, por medio de demandas y apelaciones, para evadir su extradición a España. Ahora el juez de la causa, Manuel García Castellón –quien sustituyó a Eloy Velasco en mayo- recibirá al militar que desde que se giraron las órdenes de captura en 2011 se perfiló como la única opción para que el proceso se acercara a la etapa de juicio. Este exviceministro de la administración de Alfredo Cristiani había vivido en Estados Unidos desde principios de los años 2000, a diferencia de sus compañeros militares que habían permanecido en El Salvador, país donde obtuvieron protección gracias a la parálisis del sistema de justicia que nunca quiso investigar el caso, aun cuando en 2000 la Corte Suprema salvadoreña estableció que el crimen de los jesuitas no entraba dentro del espectro de protección de la Ley de amnistía . La Fiscalía nunca quiso investigar la masacre. Y cuando España dijo que lo haría, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña bloqueó en dos ocasiones la solicitud de extradición, en mayo de 2012 y en agosto de 2016 .
De la lista de 20 militares pedidos por España hay nombres que ya no están. El poderoso exministro de Defensa Emilio Ponce falleció el 2 de mayo de 2011 , pocos días antes de que la Audiencia ordenara su captura. Dos coroneles más, Yussy Mendoza y Camilo Hernández ahora están colaborando con la justicia española. Todos los restantes militares –a excepción de Montano- salieron favorecidos cuando la Corte salvadoreña rechazó la nueva solicitud de extradición a España en agosto de 2016, aunque es un hecho que si salen de El Salvador pueden ser detenidos en cualquier momento por contar con órdenes de captura vigentes. Los 21 mil kilómetros cuadrados de suelo salvadoreño son su cárcel.
Según la Comisión de la Verdad, relatos de testigos, investigaciones periodísticas y de expertos como la profesora de Stanford Terry Karl, que ha servido como testigo experta en juicios contra salvadoreños violadores de derechos humanos , sí hay responsabilidad del Alto Mando en el asesinato de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y otros cuatro sacerdotes, entre ellos, el salvadoreño Amando López, así como también de Elba Ramos, la esposa del jardinero de la casa donde vivían en el campus de la UCA, y la hija de estos, Celina, de 16 años.
Antes de que el caso se abra al juicio, sin embargo, deben ocurrir ciertos pasos. Después de ser puesto a disposición del juez García Castellón, Montano podría rendir –o no- una declaración indagatoria sobre los hechos de los que está acusado, y el juez debe determinar si se mantiene bajo detención provisional. “Muy probablemente, ante la naturaleza y gravedad de los delitos a los que se enfrenta, y para sortear un más que posible riesgo de fuga, se decretaría su prisión provisional, a la espera de la celebración de juicio”, dice Manuel Ollé Sesé, abogado querellante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Montano podría no declarar en ese momento, pero luego el expediente del caso se elevará a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un organismo colegiado al que le corresponde continuar los procesos de instrucción administrados por el Juzgado Central de Instrucción No. 6. Al recibir el caso, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tendrá dos caminos: confirmar las conclusiones de la instrucción del sumario y abrir a juicio, o bien decretar un sobreseimiento a favor de Montano. El 20 de octubre de 2016, el juzgado de instrucción cerró el sumario a la espera de que Estados Unidos resolviera la situación de Montano, y a la Sala le tocaría confirmar dicha conclusión de sumario.
Guernica 37 y la Asociación Pro Derechos Humanos de España dicen a El Faro que es muy seguro que el caso pasará a juicio por la cantidad de indicios recabados y que apuntan a Montano y al Estado Mayor. Según la Ley criminal española, el sobreseimiento solo procede cuando no se haya comprobado la ocurrencia del delito o bien cuando no haya indicios suficientes como para acusar a alguien de haber participado como autor, cómplice o encubridor.
Según documentos desclasificados y los testimonios de expertos que ya fueron vertidos en las diligencias, Montano participó en reuniones el 15 de noviembre de 1989 en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde el Alto Mando del Ejército, con el consentimiento de altos funcionarios del gobierno, se autorizó el asesinato de civiles considerados objetivos militares. Montano, según esos documentos, estaba presente cuando el ministro Ponce dio la orden al coronel Guillermo Benavides de asesinar al padre Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos, y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato, del comando del Batallón Atlacatl.
“Si Montano hablara podría confirmar lo que documentos, y quienes han contado su versión, testigos como Yussy Mendoza y Camilo Hernández, el propio Benavides han confirmado: que Montano y el resto del Alto Mando también fueron activos y piezas claves en el juego político que siguió al asesinato y que consistió en cargar con el muerto a Benavides y Mendoza Vallecillos, proteger al Atlacatl, engañar al mundo, y obstruir las investigaciones”, dice Bernabéu.
Si se confirma la conclusión del sumario, el paso que sigue (el último antes de ordenar que se abra el juicio) es la de la “calificación provisional” en la que tanto los acusadores como defensores presentan un escrito de conclusiones “numeradas y precisas”, según la ley. A la fiscalía y a los querellantes les tocará presentar un escrito con el resumen de los hechos, la calificación de los delitos, la participación de los procesados (en este caso solo Montano), la cuantía en la que aprecien los daños y prejuicios ocasionados, así como la identificación de las personas responsables de estos. Montano y sus defensores también presentarán un escrito, de manera numerada, en la que digan si están conformes o no con las conclusiones de la acusación y en donde mencionen los puntos de divergencia.
Acto seguido, se señalará la fecha para la celebración del juicio en la Audiencia Nacional.
Para no ser extraditado desde Estados Unidos, Montano desafió una a una las decisiones judiciales que comenzaron a aparecerle en el camino en 2011 después de más de una década de vida más o menos apacible en Massachussets , donde incluso trabajaba en una fábrica de dulces, después de haber tenido una participación decisiva en las violaciones a derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña, según informes del gobierno estadounidense .
Fue detenido el 18 de abril de 2011 en Massachussets porque los querellantes del proceso alertaron a las autoridades de Estados Unidos que Montano estaba siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en Estados Unidos y que él estaba residiendo en ese país. Faltaba un mes para que la Audiencia Nacional librara las órdenes de captura internacional pero CJA (entonces la ong querellante a la que pertenecía Bernabéu) aprovechó un precedente vigente desde 2001 en Estados Unidos según el cual el gobierno repatriaba personas con historial de violaciones a derechos humanos. Una oficina de derechos humanos incluso fue creada en 2003 dentro del Department of Homeland Security (DHS) y, para 2012 dicha unidad había provocado la deportación de unas 400 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en diversos países.
Montano fue detenido en esa ocasión porque las autoridades descubrieron que había sido beneficiario del Temporary Protection Status (TPS), desde 2001, en parte, gracias a que había ocultado en los formularios que había pertenecido al Ejército y que era experto en la manipulación de armas de fuego. En su momento, Montano dijo que, año con año, familiares habían llenado los formularios por él. Un día después su detención, en abril de 2011, Montano fue dejado en libertad condicional y cuando El Faro lo contactó vía telefónica en junio de ese año, dijo que él estaba en libertad y, por tanto, que todo lo que salía mencionado en el Auto de Procesamiento de la Audiencia Nacional era mentira . Lo que Montano no dijo era que estaba en libertad condicionada.
Montano fue detenido por segunda vez el 24 de agosto de 2011 en Boston, Massachussets, cuando renovaba su pasaporte y cuando ya las órdenes de captura giradas por la Audiencia Nacional tenían tres meses de vigencia. La captura, nuevamente, solo se dio por delitos migratorios y aunque comenzó a procesársele por eso, se le permitió la libertad. Un año más tarde, en septiembre de 2012, Montano admitió culpabilidad en los delitos migratorios y fue condenado a 21 meses de prisión en agosto de 2013 , en un proceso donde las violaciones a derechos humanos de su historial jugaron un papel clave, según dijeron los jueces.
En 2015, Montano debía salir de prisión pero la Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron a los jueces que lo mantuvieran recluido a esperas de su extradición. A pesar de que había sido en noviembre de 2011 cuando el Gobierno de España pidió a Estados Unidos formalmente la extradición de Montano, fue hasta abril de 2015 que EUA dio el primer paso. El miércoles 8 de abril de ese año, el Departamento de Justicia envió la solicitud de extradición a una corte en Carolina del Norte para que ahí comenzara el proceso.
La extradición de Montano a España fue aprobada finalmente en febrero de 2016 pero en abril presentó una apelación ante una corte federal, la cual resolvió el punto hasta en agosto pasado. No obstante, el militar y su abogado James Todd elevaron el punto al Cuarto Circuito de Apelaciones, que supervisa las cortes de estados como el de Carolina del Norte, y el 29 de septiembre también confirmó la decisión de extraditarlo a España, que había estado detenida hasta esta última apelación.
