El alto comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha concluido que las medidas extraordinarias, el plan emblema con el que el Gobierno ha decidido hacerle frente a las pandillas, atentan contra los derechos humanos y deben derogarse.
”Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias”, le dice Al Hussein al Gobierno que lo invitó a venir a El Salvador y que hace solo cinco meses atribuía la reducción de homicidios de 2017 -respecto del año pasado- a esas medidas.
Luego de una visita de tres días al país, y de reuniones con organismos de derechos humanos, víctimas y con funcionarios del órgano ejecutivo, Al Hussein también hizo un retrato de un El Salvador que desentona con el país que promueve el segundo gobierno de izquierdas.
El informe es una disección de casos de violaciones a derechos humanos que han sido señalados y documentados por organizaciones independientes, nacionales e internacionales, y publicaciones periodísticas. Al Hussein condena la violencia de las pandillas; se “horroriza” por la ley salvadoreña que prohíbe completamente el aborto; se alarma por “el retorno de los escuadrones de la muerte” y las ejecuciones extrajudiciales; pide que se ataque la impunidad de los casos de la guerra y crímenes contra la población LGBTI; y exhorta al Gobierno a reconocer el problema de desplazamiento forzado e investigar las amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Los señalamientos de Al Hussein contra la política de seguridad de Salvador Sánchez Cerén se suman a las condenas que ya han hecho públicas organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y es un nuevo revés para unas autoridades que confían en una política que sigue sin dar los resultados esperados.
'El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos. En la práctica, esto significa aumentar el énfasis en los importantes aspectos preventivos del plan y reconocer que el lidiar con la violencia a través del lente de la seguridad, a la larga es menos efectivo', señaló.
Enmarcadas dentro de ese plan, las medidas extraordinarias fueron propuestas por el Gobierno y aprobadas por unanimidad, en 2016, por la Asamblea Legislativa, con el afán de cortar la comunicación entre los pandilleros en la calle con sus estructuras en las cárceles. Para lograrlo, las medidas extraordinarias eliminan visitas familiares, suspenden las audiencias judiciales, promueven periodos de encierro permanentes en las celdas, y el aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones. Fueron prorrogadas por un año más en febrero de 2017, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, endosó su apoyo a esa decisión, al decir que estaba 'interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño'.
En julio, Caballero volvió a aplaudir las medidas extraordinarias, pese a que un informe de la PDDH concluyó que estas violan los derechos humanos. En su informe, Al Hussein no planteó matices y pidió la derogación de este plan, y que se “garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi Oficina”.
Para convencerse de la necesidad de eliminar las medidas extraordinarias, el oficial de la ONU usa los mismos argumentos de la PDDH y organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Al Hussein dice que las medidas extraordinarias han producido “condiciones realmente inhumanas” en las cárceles bajo este régimen. Ejemplificó con la suspensión de visitas familiares y los brotes de tuberculosis, y desnutrición. En junio de este año, la PDDH informó que los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas en las prisiones.
El informe de la ONU también retoma información del SSPAS para cuestionar la letalidad y el uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad. “Según los grupos de la sociedad civil, desde enero de 2015 a febrero de 2017, más de mil civiles y 45 agentes policiales han perdido la vida en enfrentamientos armados entre la policía y supuestos miembros de pandillas”, recuerda Al Hussein. Estas son las mismas cifras que en septiembre le permitieron a James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluir que “se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución”.
“No importa cuán serias sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales”, dice Al Hussein a un país en el que la población parece estar a favor de la vía extralegal como una respuesta al problema de violencia. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Internacional de la Florida, presentada en julio de este año, el 40.1 % de los salvadoreños aprobaría el uso de tortura para lidiar con miembros del crimen organizado; el 34.6 % aprobaría ejecuciones extrajudiciales; y el 17.2 %, consentiría la práctica de limpieza social.
El informe también le dice al Ejecutivo que necesita reconocer el creciente problema de desplazamiento forzado, un fenómeno que se ha tratado de minimizar desde la Presidencia y varias de sus dependencias. 'Escuché cómo los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas, y noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo', señaló.
Al Hussein también señaló los niveles “escandalosamente” altos de violencia de El Salvador, y condenó las acciones de las pandillas. El alto comisionado también hizo especial énfasis en la situación de violencia de género. Entre enero y septiembre de este año se registraron 341 femicidios, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal. Cada tres horas hay una violación sexual, según un informe presentado este mes por organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el 90 % de las violaciones a menores queda en la impunidad, como reveló una investigación de El Faro, publicada en enero de este año. Esa tasa de impunidad es parecida a la que otra investigación de este periódico encontró respecto a la judicialización de homicidios, tras el año más violento del siglo: solo uno de cada 10 homicidios llegaron a tribunales.
El alto comisionado también relacionó la impunidad del presente con la histórica impunidad en El Salvador. En su informe dijo que los patrones de violencia actuales se han nutrido de que el país ha dejado 'los crímenes del pasado sin investigación ni castigo'. Aunque reconoció los esfuerzos de organizaciones civiles, Al Hussein resaltó que 'solamente tres de entre más de 100 acusaciones criminales han sido reabiertas', una crítica que, de forma indirecta, atañe de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República.
Al Hussein calificó como “un valiente paso” la resolución de la Sala de lo Constitucional que invalidó la Ley de Amnistía en julio de 2016 y que como consecuencia dejó sin inmunidad a los criminales de guerra del ejército y de la guerrilla. Respaldó que el 30 de septiembre de 2016 el Juzgado de Primera Instancia de Gotera haya reabierto el juicio contra el alto mando de la Fuerza Armada para juzgar su participación en el asesinato de casi un millar de personas, en su mayoría mujeres y niños, en el caserío El Mozote en 1981.
Un mal país para defender derechos humanos
Hace un mes, Ginebra le otorgó asilo a la activista trans Karla Avelar, quien había sufrido amenazas de muerte en El Salvador. Desde 1994, la activista aboga por el respeto a los derechos de las mujeres trans, en un país que registra -según cifras de organizaciones de sociedad civil- más de 500 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI sin que se investiguen sus casos.
'El motivo de la presente tiene como fin informar a ustedes sobre mi decisión irrevocable de no volver a El Salvador, por razones estrictamente de seguridad, pues no estoy dispuesta a perder mi vida por razones de amenazas, extorsión, condición de VIH, identidad y expresión de género', comunicó Avelar el 20 de octubre.
El funcionario de la ONU advirtió sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres transgénero e instó al gobierno a atacar la alta tasa de impunidad de los crímenes de odio.
Al Hussein también se refirió a las amenazas, la intimidación y la difamación contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. “Insto a las autoridades que investiguen estos ataques y establezcan medidas efectivas para asegurar su protección”, dijo.
El 22 de agosto de 2017, la Revista Factum publicó una investigación que revela ejecuciones extrajudiciales perpetradas por una unidad especializada de la Policía Nacional Civil. Tras la publicación, los periodistas de dicho medio comenzaron a recibir amenazas de muerte. Tres días después, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ordenó al director de la policía que garantizara la protección de los periodistas. El 3 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno que investigara quiénes estaban detrás de las amenazas.
Condena a la ley antiaborto
El Salvador está entre los cinco países alrededor del mundo que penaliza la práctica del aborto. Al respecto, el alto comisionado recordó a la presidencia, a la Asamblea Legislativa y a la Procuradora de Derechos Humanos la “prevalencia” de los tratados internacionales a los que está suscrito el país sobre el marco legal vigente, tal como lo establece el artículo 144 de la Constitución: “El Salvador debe cumplir con sus obligaciones para con los derechos humanos a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto”.
La sentencia de Al Hussein se suma a las voces que abogan por la despenalización del aborto, aunque por ahora el debate esté apuntando solo a cuatro causales: cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando la vida del feto fuera del útero sea inviable, cuando el embarazo es producto de violación a menor o incapaz o de estupro, y cuando el embarazo sea producto de violación a una mujer adulta.
En El Salvador, aborto es una mala palabra desde 1997, año en el que los abortos terapéuticos, éticos y eugenésicos fueron sacados del Código Penal por medio de una reforma impulsada por el partido Arena, desde la Asamblea y el Ministerio de Salud.
Los resultados en condenas a mujeres por homicidio agravado al haber padecido una emergencia obstétrica refleja, según el funcionario, la urgencia de que se revisen sus casos y garantizarles el debido proceso. Visitar cárcel de mujeres fue uno de los puntos prioritarios de su agenda y luego de conversar con mujeres condenadas por sospechas de haberse inducido la terminación del embarazo se dijo “horrorizado”. Según Al Husseis, la penalización del aborto es un tema que retrata la desigualdad. “Parece ser que solamente mujeres de orígenes pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica delatadora de la injusticia sufrida”, dijo.
Es por ello que para dar cumplimiento a los tratados de derechos humanos a los que El Salvador está suscrito, el alto comisionado recomienda suspender la aplicación del artículo 133 del Código Penal y a que se promueva por decreto ejecutivo una reforma al mismo. Así mismo, instó a hacer una revisión exhaustiva de los casos para que, en caso de que su tratamiento no haya cumplido con las garantías mínimas de acceso a justicia, las mujeres condenadas sean liberadas de inmediato.
