Los partidos políticos encontraron la manera de recuperar el máximo control de las mesas electorales este 4 de marzo, día en el que se elige a 84 nuevos diputados para la Asamblea Legislativa y 262 concejos municipales para el periodo 2018-2021. La 'ciudadanización' de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ordenada por la Sala de lo Constitucional con una sentencia de julio de 2015, se quedó corta después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abriera las puertas para que las mesas estén integradas, en su mayoría, por las personas propuestas por los partidos políticos, y no por aquellas escogidas a través de un sorteo, el mecanismo que se diseñó para garantizar la pureza de los ciudadanos llamados a cuidar las urnas.
A las 6:00 a.m. de este domingo, en el centro de votación Polideportivo España, en el municipio de Soyapango, a 15 personas no afiliadas a partidos se les informó que ya no cuidarían urnas, aquello para lo que fueron entrenadas. Este centro recibe a un total de 10,600 votantes. En el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), uno de los más grandes centros de votación de la capital, al que acuden 22,032 votantes, Marisol Hernández, Elba Guandique y Edwin Chávez no pudieron conformar mesa en sus JRV, pese a haber sido sorteados y estar acreditados. En la práctica, como lo confirmaron magistrados del TSE a El Faro, fueron sustituidos por miembros propuestos por los partidos políticos.
El magistrado Miguel Ángel Cardoza dijo que de los 28 mil 721 ciudadanos que habían salido sorteados para que integraran las JRV, solo 11 mil mantendrán su participación en esta elección. Mientras que el magistrado Fernando Argüello Téllez dijo que la cantidad de miembros de JRV propuestos por los partidos aumentó de 65 mil 499 a 'alrededor de 74 mil'. Argüello Téllez también confirmó que el TSE abandonó la idea de completar las JRV con 10 miembros (cinco propietarios y cinco suplentes), y admitió que en varias mesas la cantidad de miembros será menor.
La nueva conformación de las JRV, conocida en la víspera de las elecciones, supone un matiz importante para la supuesta despartidización de los organismos temporales electorales que había ordenado la Sala de lo Constitucional bajo el argumento de que el árbitro electoral debe despartidizarse. Pero que las JRV sean integradas, en su mayoría, por personas propuestas por los partidos legitima la sospecha contra un proceso en el que los partidos son juez y parte. El Tribunal, de hecho, es dirigido por representates de partidos (el presidente del TSE y otros dos de cinco miembros del organismo colegiado son propuestos por los partidos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial).
Aunque la conformación de las JRV con 'ciudadanos puros' o 'ciudadanos no partidarios' fue un intento fallido impulsado por la Sala de lo Constitucional (que terminó autorizando que los partidos también propusieran sus propios candidatos para conformar las mesas), la maniobra del TSE llama la atención en un contexto en el que la población desconfía del sistema político salvadoreño. Las encuestas difundidas durante la precampaña (2017) y en las semanas previas a la elección arrojaron un resultado desolador: la población rechaza la continuidad de los partidos en contienda.
'No están en las listas'
Entre el jueves 1 y el sábado 3 de marzo, ciudadanos escogidos para cuidar urnas en San Salvador fueron notificados de que ya no requerían sus servicios el día de las elecciones. Sin ningún tipo de comunicado previo, muchos se dieron cuentan al llegar al centro de votación, en el momento de intentar recoger sus acreditaciones. Les dijeron que no figuraban en las listas que los permitían acreditarse. Algunos acudieron al TSE para pedir explicaciones o un certificado que les garantice de que no recibirán ningún castigo, pero en la sede del Tribunal en San Salvador no supieron darles respuesta. 'Vaya el domingo al centro de votación. Ahí le dirán lo mismo, que ya no lo ocupan', le dijeron a uno de estos ciudadanos. Los ciudadanos sin vínculo partidario que resultaron elegidos estaban obligados, por ley, a cumplir con el servicio, so pena de una multa de 100 dólares. A inicios de febrero, decenas de ciudadanos acudieron al TSE para excusarse porque eran analfabetas o padecían problemas de salud.
Otros ciudadanos eximidos de responsabilidades fueron notificados a menos de 24 horas para el arranque de las votaciones por no 'estar en las listas' de los organismos electorales. El sábado 3, El Faro conoció ocho testimonios de personas que recibieron las capacitaciones exigidas por el Tribunal, y en todos el común denominador era que no aparecían en las listas del TSE, pese a haber sido convocados a un centro de votación específico. Cuando llegaron a sus centros de votación a realizar el trámite de la acreditación, fueron sorprendidos con la noticia de que ya no cuidarían urnas.
Loredana Orellana, publicista de 24 años, asistió este sábado 3 de marzo al Centro Escolar Concha Viuda de Escalón, en la colonia Escalón de San Salvador, para recoger su credencial. Su sorpresa fue que no se encontró en ninguna lista a pesar de haber recibido las dos capacitaciones brindadas por el TSE. Según Orellana, personeros del TSE le dijeron que “ya no teníamos que presentarnos para ser parte de la JRV”. Otros ciudadanos que hablaron con El Faro contaron que cuando se enteraron de que ya no trabajarían en las mesas, pidieron un certificado con el cual amparar su ausencia el día de la elección. Lo único que los encargados hicieron fue pedirles que estamparan su nombre y su firma en una hoja de papel.
Los magistrados Cardoza y Argüello Téllez confirmaron a este periódico que el 18 de enero acordaron dentro del organismo colegiado abrir a los partidos políticos la oportunidad para que presentaran nuevas listas de personas aptas para integrar las JRV. “Tuvimos mucha apatía de los ciudadanos para integrar las JRV, y el tribunal no podía quedarse cruzado de voces. Algo teníamos que hacer, la crítica sería otra a estas alturas si no hubiéramos hecho nada, nos estarían diciendo que no hicimos nada para llenar las JRV”, justifica Cardoza.
Que el TSE enfrentará una crisis par la conformación de las JRV era previsible por la cantidad de incumplimientos al calendario electoral aprobado por el TSE hace más de un año. La juramentación de todos los miembros de las JRV debió haber ocurrido el 4 de enero, pero para ese momento solo había sido capacitada una parte de los miembros de JRV. “La realidad desplazó al calendario”, dijo el magistrado Cardoza
Argüello Téllez, añadió: “Tal vez pedimos más sorteados de los que en realidad íbamos a necesitar, pero lo positivo es que ya quedan listos y capacitados para mañana mismo u otras elecciones”.
Ni Cardoza ni Argüello Téllez creen la sustitución del personal en las mesas por personal propuesto por los partidos sea un retroceso en el proceso de ciudadanización de los organismos temporales electorales. 'La Sala de lo Constitucional mantuvo que los partidos políticos hacen la propuesta de la gente, y el Código Electoral dice que estos deben ocupar los primeros cuatro cupos', dijo Cardoza. En efecto, el artículo 99 del Código establece que la prioridad en la conformación de las mesas las tendrán los miembros propuestos por los partidos. Por esto es que la mayoría de miembros de JRV que provienen del sorteo ocupan el cargo de vocal, y no el de presidente o secretario.
Los partidos políticos debían presentar una lista de personas para integrar las 9 mil 422 JRV a más tardar el 2 de noviembre de 2017, pero la cantidad de personas que presentaron fue nada más el 69%, es decir, unas 65 mil con estas características. Esto obligó al TSE a hacer un sorteo para encontrar a los que integrarían los cupos faltantes en las mesas electorales, unos 28 mil miembros. De ellos, explicó Argüello Téllez, solo lograron contactar a 14 mil, y de estos solo 10 mil tenían las dos capacitaciones que el TSE había establecido como requisito indispensable para trabajar en el Día D.
El TSE estableció tres criterios de selección para elegir a quienes formarían parte de las mesas: no estar afiliado a partidos políticos, no pertenecer a la Fuerza Armada o a la Policía, y no ejercer un cargo público o judicial. Según el Tribunal, con estos filtros garantizó que las personas presentadas por los partidos y aquellos sorteados no tuvieran ningún vínculo partidario. Según los magistrados, el pobre resultado para alcanzar los 94 mil miembros de las JRV los obligó a buscar alternativas y fue ahí donde recurrieron a los partidos políticos para que enviaran más propuestas.
En teoría, necesitaban 94 mil 220 personas, pero ahora el ejército de custodios en las mesas es menor: 74 mil propuestos por los partidos políticos más 11 mil sorteados, según el TSE, que suman en conjunto 85 mil miembros de JRV.
Otros ciudadanos que también se toparon con la noticia de que no serían requeridos para este 4 de marzo, dijeron a este periódico que les parecía que los partidos políticos estaban boicoteando su participación como ciudadanos no partidarios.
Bella Martinez, de 29 años, trabaja normalmente en un call-center y también fue una de las seleccionadas por el TSE para integrar la JRV. Ella dijo a El Faro que personeros del TSE le indicaron que debía recoger las credenciales en donde habían sido capacitados. Su sede fue el Centro Escolar Concha Viuda de Escalón de San Salvador. Al llegar al lugar, le dijeron que debía trasladarse a otro centro; al Instituto Nacional Alberto Camus, al norte de la capital. Ahí tampoco aparecía en las listas. “Ahí fue cuando le dije: sabe qué, deme esas páginas. Me voy a buscar yo porque yo sé que estoy”.
Martínez, al final, sí recibió su credencial, pero nadie le explicó por qué la cambiaron de centro de votación y por qué en ese segundo centro le dijeron que no estaba en la lista, cuando en realidad sí estaba incluida.
El Faro buscó la reacción de los departamentos de prensa del FMLN y Arena, los dos principales partidos del país representados en el TSE, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Durante las jornadas de capacitaciones se permitió la asistencia voluntaria de militantes de partidos políticos, mismos que iban a servir como suplentes en caso de que uno de los seleccionados por sorteo no asistiera.
Loredana Orellana, una de las personas que fueron capacitadas, pero que fue excluida el día de la elección, narró una escena que para ella es la confirmación de que los partidos terminaron desplazando a los ciudadanos no militantes. Orellana contó que mientras esperaba que alguien le diera una respuesta sobre su situación, una integrante de su misma mesa de votación, que se sumó de manera voluntaria a través de un partido, expresaba su confusión: “Ella no entendía por qué la acreditación la estaba dando el TSE y no el propio partido, porque a ella el partido la había mandado”.
Orellana recuerda que una ciudadana que llegó a capacitarse (y que se había inscrito en las JRV de manera voluntaria) se acercó a una de las capacitadoras del TSE, y esta le preguntó que qué hacía ahí. La otra mujer respondió: “aquí, presente por la patria”. Esa frase es uno de los gritos de batalla en la narrativa del principal partido de oposición, Arena.
A las 7:10 de la mañana del día de la elección, Julio Olivo, el magistrado presidente del TSE, propuesto por el FMLN, dijo que todo marchaba bien con los integrantes de las JRV. A las 9:20 de la mañana, sin embargo, en la ciudad de San Miguel, la Junta Electoral Departamental (JED) denunció que 'había mesas con integrantes de hasta tres o cuatro miembros (propuestos) por el mismo partido (FMLN). Eso es un delito electoral', dijo Wilson Antonio Galeas, presidente de la JED de San Miguel.
El arranque de la votación estaba programada para las 7:00 am de este domingo 4 de marzo, pero a las 7:50 de la mañana, en Soyapango, el centro de votación Polideportivo España seguía sin abrir. En otros centros de votación de San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Izalco, San Miguel y Ahuachapán también se registraron atrasos debido a problemas en las instalaciones de las Juntas Receptoras de Votos.
