Ocho exfuncionarios de la administración presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009) han admitido a la Fiscalía General de la República que, mientras estuvieron en sus cargos, recibieron sobresueldos mensuales que eran pagados con fondos de Casa Presidencial (Capres) y eran entregados en la oficina del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix. Algunos de los funcionarios reconocieron que nunca declararon ese dinero al Ministerio de Hacienda, porque esa era la directriz desde la Presidencia. Lo curioso es que estas declaraciones se enmarcan en la estrategia de defensa del expresidente Saca y algunos de sus funcionarios, acusados de desviar $301 millones durante su gestión.
Entre los funcionarios que recibían sobresueldos hay ministros, viceministros, asesores de la Presidencia de la República y presidentes de autónomas. Admitieron que recibían entre $2,500 y $10,000 de sobresueldo cada mes. El uso que le daban a ese dinero quedaba a discreción de cada quien, y no necesitaban liquidarlo ante nadie. Así, por su tiempo de servicio en el gabinete, hubo funcionarios que acumularon $300,000, libres de impuestos, al terminar la presidencia de Saca.
El Faro tuvo acceso a 13 de las 59 entrevistas a exfuncionarios realizadas por la Fiscalía. Las entrevistas las efectuó la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), y las hizo en el marco de las investigaciones por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Saca y altos funcionarios de su confianza. En ocho de las entrevistas, los funcionarios admiten que el sueldo nominal reflejado en el Presupuesto General de la nación de cada año era solo una parte de lo que recibían. El resto de lo que obtenían como pago por su trabajo como funcionarios públicos no estaba reflejados en ningún documento presupuestario y salía de la partida de gastos reservados. Otros cinco entrevistados niegan haber recibido sobresueldos, pero aseguran que sabían del uso de los gastos reservados de la Presidencia para enfrentar distintas necesidades.
Los funcionarios que admitieron los sobresueldos son Rodrigo Ávila, actual diputado por Arena, exdirector de la Policía Nacional Civil y exviceministro de Seguridad Ciudadana; Guillermo López Suárez, exministro de Hacienda, quien aceptó que su sobresueldo era de $10,000 dólares; René Figueroa, exministro de Gobernación y exministro de Justicia y Seguridad Pública; Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que admitió que tenía un sobresueldo de $4,000; Carlos Alemán, exsecretario nacional de Juventud, cuyo sobresueldo era de $2,500; Délmer Rodríguez, exviceministro de Seguridad, a quien le pagaban $3,000; y José Luis Guzmán Martell, exviceministro de Educación, que recibía un sobresueldo de $5,700.
Ávila y Figueroa dijeron a los fiscales que no recordaban de cuánto era el monto que recibían mensualmente como sobresueldo, aunque ambos dijeron que habían ocupado el dinero para reforzar su seguridad personal y para gastos personales y familiares.
El caso de Cecilia Gallardo, responsable del programa Red Solidaria, es particular, pues ella no recibía ni una parte de su salario por la vía formal, que implica pagar impuestos. Recibía su salario íntegro de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Fue contratada, según dijo a los fiscales, entre julio y agosto de 2004, y acordó que su sueldo sería de $10,000 más “gastos de representación y logística” que oscilaron cada mes entre $2,500 y $5,000.
El pago de sobresueldos es una práctica oscura que El Faro logró documentar desde la administración presidencial de Francisco Flores, entre 1999 y 2004. Sin embargo, siempre fue un tema secreto del cual los funcionarios tenían prohibido dar cuentas al fisco.
Las entrevistas de los funcionarios revelan que, al menos durante la administración Saca, los pagos ocurrían en Capres, en las oficinas del secretario privado Charlaix, aunque también había casos en los que el dinero se entregaba en las instituciones respectivas, en los despachos. En Capres, quien entregaba el dinero en sobres manila era la secretaria de Charlaix. Ella era la encargada de llamar a los funcionarios y citarlos. Siempre los pagos eran a lo largo de los últimos diez días de cada mes.
Las entrevistas fueron efectuadas por fiscales a principios de febrero de 2018, a solicitud del exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix, quien está procesado junto a Saca en el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador por peculado y lavado de dinero. Charlaix ha apelado la condena por enriquecimiento ilícito que en enero de 2018 recibió por parte de la Cámara Primera de lo Civil .
Charlaix ha aportado al proceso pruebas de descargo que, según él explican, cómo Casa Presidencial gastó la partida de gastos reservados en actividades propias de la operatividad de cualquier presidencia que haya gobernado el país desde 1989. Entre esos gastos, dice Charlaix, estaban los sobresueldos.
En las 13 entrevistas a las que tuvo acceso El Faro, los fiscales preguntan a los interrogados si conocieron la publicación de El Faro de mayo de 2017, sobre los libros ocultos de la partida secreta, en los que se revela cómo se usaron 322 millones de dólares durante las administraciones de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Saca. Algunos funcionarios respondían que sí, pero la mayoría dijo que no. En algunas ocasiones, los entrevistados añadían que lo que sí habían visto en redes sociales como Twitter fueron las fotografías de aparentes recibos simples que ciertos funcionarios firmaban cuando recibían, supuestamente, el sobresueldo.
Fue a raíz de la publicación de “Los libros ocultos de la partida secreta” que la Fiscalía anunció una investigación, el 1 de junio de 2017. “Si son fondos públicos que han sido recibidos en forma irregular, o no reglada en ley o en presupuestos o en planilla, debe actuar la Corte de Cuentas. Si alguien ha recibido sobresueldos que no estaban presupuestados en forma oficial, tendría que haber declarado renta”, dijo el fiscal Douglas Meléndez, quien termina su período en enero de 2019.
Charlaix ha confirmado que pagó sobresueldos por orden del presidente. Lo dijo el viernes 27 de abril, en el último día de la audiencia, y en el acto también aportó como pruebas los recibos simples que los funcionarios firmaban a la hora de recibir el dinero en efectivo en sobres de manila: “Tengo por aquí también una serie de recibos de los pagos que se hicieron en efectivo. Yo propuse a funcionarios del gabinete y otros empleados… yo pedí a través de mis abogados que se citara en calidad de testigo a estas personas para justificar la erogación de estos fondos que por instrucción del presidente se les pagaba a ellos”.
Charlaix justificó los sobresueldos diciendo que era una práctica con la que podían atraer a personal capacitado a trabajar con el Gobierno. “Hay gente que le llama los famosos sobresueldos, compensaciones, gastos de representación, viáticos. Estos son todos aquellos fondos que a la hora de contratar o a la hora de invitar el presidente de turno a funcionarios... usted sabe que el sueldo que en el Ejecutivo se paga no son muy grandes. Creo yo que al funcionario tiene compensársele: hay gastos de seguridad, gastos de alimentación, hay que atender embajadores, empresarios”, dijo Charlaix.
Las entrevistas a los funcionarios beneficiados con los sobresueldos eran conducidas por fiscales de la UIF y siempre estaban presentes uno o dos abogados de Saca y de Charlaix, quienes han nombrado a los mismos defensores. Con las entrevistas, Charlaix y Saca intentan demostrar que entre los múltiples gastos operativos de Casa Presidencial estaban los “complementos salariales” para miembros del gabinete.
Las entrevistas que obtuvo El Faro son de funcionarios del Ejecutivo de Arena, entre 2004 y 2009. Al margen de estas pruebas, hay indicios de que los gobiernos del FMLN también pagaron sobresueldos. La ministra de Salud en el quinquenio del ex presidenten Mauricio Funes (2009-2014) fue la primera en admitirlo, en noviembre de 2016: 'El sueldo de ministro es bajo, se le compensa con un sobresueldo. A mí me molestaba que no viniera en el sueldo, uno firma y dice que lo recibió', dijo en una entrevista de radio.
El Faro buscó a los mencionados en este reportaje para obtener una declaración de su parte. Cecilia Gallardo señaló que ella no tenía un cargo público sino que fue contratada por la Presidencia por servicios, para implementar el programa Red Solidaria. 'Se nos indicó que no debíamos declarar los ingresos porque provenía de fondos reservados, y yo se lo pregunté directamente al entonces ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, y eso fue lo que me respondió', dijo. El Faro le preguntó por qué, si Red Solidaria consiguió dinero de cooperación para su implementación, no habían salido de ahí los fondos para su remuneración. Gallardo respondió que la cooperación iba para las instituciones salvadoreñas que ejecutaron la Red Solidaria. 'Cuando yo hice mi propuesta a la Presidencia, ocupé los estándares de asesoría del Banco Mundial, por eso mi cobro sale caro', dijo, en alusión a los $10,000 de salario y $5,000 de gastos de representación que cobraba de la partida de Gastos Reservados. 'Yo doy la cara, estoy muy tranquila, el trabajo se hizo', dijo Gallardo, quien ahora trabaja para la banca.
Hubo funcionarios, como el exsecretario de Juventud, Carlos Alemán, que llegaron a los insultos cuando El Faro los abordó para consultar su versión de los hechos. Alemán respondió la llamada, y lo primero que dijo fue: 'Yo con ustedes no voy a hablar'. Ante una consulta a través del servicio de mensajería Whatsapp, respondió: 'Yo nunca recibí sobresueldos, dejen de inventar y manipular la información, informese adecuadamente. RATAS'. Ante reiteradas preguntas, Alemán no respondió.
Rodrigo Ávila, actual diputado de Arena, señaló escuetamente que no daría mayores declaraciones. 'Lo único que diré es que de buena fe iré a declarar cada vez que me lo pidan y que ahí en el documento están mis declaraciones', dijo Ávila.
El ministro Figueroa, el exviceministro de Educación, el exministro de Hacienda y el exdirector de la ANSP no respondieron las llamadas ni los mensajes a sus teléfonos. También se intentó contactar con la apoderada legal de López Suárez, pero una asistente respondió que estaba en una reunión, que le daría el recado para que devolviera la llamada a los periodistas. Al cierre de esta nota, no había respuesta.
Gastos sin control del Estado
“El testigo aclara que durante el tiempo que estuvo como ministro tanto de Gobernación como de Seguridad Pública y Justicia, recibía un complemento salarial, no recordando a la fecha de cuánto era, el cual era entregado en efectivo por parte de un pagador de Casa Presidencial, quien llegaba al ministerio a dejárselo, no recordando su nombre o en qué fecha llegaba”. Esta frase, plasmada en un acta titulada “Entrevista de testigo”, alude a René Mario Figueroa, un hombre de entera confianza del presidente Saca. Al inicio del quinquenio, ambos también gobernaban en Arena: Saca, amo y señor del partido, y Figueroa, el segundo al mando. Hoy, esa concentración de poder sería impensable, en parte, debido a la creación de instancias que hacen contrapeso al Coena, como la Comisión Política y el Tribunal de Ética partidaria.
Figueroa, de 58 años, es director general de la radio 102 Nueve, y fue entrevistado por la UIF el 8 de febrero de 2018 a las 2:10 de la tarde. Dijo a los fiscales que su salario en el Gobierno había sido de entre $4,200 y $4,800. En realidad, la Ley de salarios de aquellos años señala que su salario era menor: $2,773, más otros $571 de gastos de representación.
Figueroa explicó que no recordaba si al recibir el sobresueldo, cada mes, firmaba un papel de recibido. “Seguramente lo hacía”, dijo, y luego aprovechó para justificar la existencia de esos pagos extra: “Agrega que es una práctica que se venía haciendo de períodos anteriores, así funcionaba el Estado, es decir, no era una práctica exclusiva de ese período. Manifiesta que no le consta que otros funcionarios recibieran ese complemento pero se hablaba que otros de los funcionarios lo recibían”, dice el acta de la entrevista.
Los fiscales preguntaron a Figueroa si había directrices para usar ese dinero. “El destino de ese complemento era a discreción. No se les decía para qué lo tenían que ocupar, en su caso lo ocupaba para temas de seguridad personal y gastos de vida”, dice el acta.
Nadie preguntó al exfuncionario por qué no declaró a Hacienda los impuestos sobre esos ingresos. Aunque precisamente el ministro a cargo de la recolección de impuestos en el país, el ministro de Hacienda, también admitió en estas rondas de entrevistas que recibía un sobresueldo.
En la administración Saca, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante 22 meses, hasta el 30 de abril de 2006, fue Guillermo López Suárez. Además de su sueldo de $3,000, admitió a los fiscales que recibió un sobresueldo de $10,000 al mes. Eso le permitió acumular, a lo largo de esos 22 meses, $286,000, de los cuales solo $66,000 (menos de la cuarta parte) los declaró para el pago de impuestos sobre la renta. “Recibía $10,000 mensuales, los cuales recibía en efectivo, por parte del secretario privado de la Presidencia, Charlaix, de los cuales no recuerda si se declaró o no en su declaración de renta, ni otro impuesto de ley”, dice el acta de la entrevista con López Suárez.
El ministerio de Hacienda elabora cada año el Presupuesto General del Estado donde, según la Constitución, deben estar reflejados todos los ingresos y erogaciones. Pero los sobresueldos que pagó la administración Saca nunca estuvieron indicados en ningún lado, mucho menos en el presupuesto: estaban escondidos en la partida de gastos reservados. La Ley de Impuesto sobre la renta dice en su artículo 2 que se considera renta los “salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones y compensaciones por servicios personales” obtenidos por cualquier salvadoreño. El Código Tributario, inciso 3 del artículo 154, dice que cuando se trate de servicios prestados al Gobierno la persona encargada del pago de las remuneraciones, en estos casos Charlaix, es la obligada a efectuar la retención de renta.
Pero Charlaix nunca retuvo ningún impuesto. Solo llevaba un control de los sobresueldos a través de los recibos simples que hacía firmar a todos los funcionarios.
López Suárez, que ahora vive en Puerto Rico, dijo a los fiscales que el sobresueldo lo había ocupado para comprar la alimentación del personal de seguridad que Hacienda le había asignado. También lo ocupaba en viajes: “Si salía de viaje al extranjero lo ocupaba para pago de habitación de hotel, alimentación, transporte y otros gastos que vienen con el cargo. Como ocupaba sus propios vehículos, les tenía que poner gasolina. Ello lo hacía porque a los vehículos del ministerio les faltaba mantenimiento”, dice la entrevista.
López Suárez renunció al ministerio de Hacienda en abril de 2006. Sus últimos días en la institución fueron tensos: firmó tres resoluciones contra bancos a los que ordenaba el pago de 14 millones de dólares en impuestos, una decisión que molestó todavía más a un sector empresarial que había pujado, desde 2005, porque López Suárez saliera del Gobierno, debido a la novedosa reforma fiscal que había impulsado y que buscaba combatir la elusión de los grandes contribuyentes.
El viceministro de Educación, José Luis Guzmán Martell, admitió haber recibido sobresueldo directamente de la mano de Charlaix.
Guzmán, entrevistado por los fiscales a principios de febrero de 2018, dijo que recibía de sobresueldo $5,700. Eso era aparte de su sueldo que, según la Ley de Salarios de aquellos años, era de $2,080, más $571 de gastos de representación –por algún motivo, Guzmán dijo a la Fiscalía que su sueldo había sido de $2,300 dólares–.
El exviceministro dijo que, en una ocasión, Charlaix le entregó el dinero después de una reunión en Casa Presidencial. “Después de una reunión de trabajo en Casa Presidencial el deponente pasó a recoger el pago al despacho del entonces Secretario Privado de la presidencia, quien se lo entregó en un sobre de manila, firmándole un recibo simple por el monto antes detallado”, dice el acta de la entrevista.
Guzmán estuvo en el gobierno entre el 1 de junio de 2005 y mayo de 2009. Según su relato, la mayoría de veces, quien le entregó el sobresueldo en un sobre manila era su jefa, la ministra de Educación, Darlyn Meza. Según la entrevista del ex viceministro, fue Meza quien al momento de contratarlo, le había informado que su salario provendría de dos fuentes. “La ministra Darlyn Meza le informó que sus honorarios eran de $8,000, de los cuales una parte provendría de la planilla del Mined y el resto, que serían $5,700, provendría de Casa Presidencial”. La planilla del Mined se la pagaban en una cuenta del Banco Agrícola, y el resto en efectivo en la oficina de Darlyn Meza, o a veces en su propio despacho de viceministro. En total, dijo, recibió $302,000 por su servicio en el gobierno.
Otros funcionarios, como Rodrigo Ávila, indicaron que el dinero lo ocupaban para asuntos de seguridad personal y de su familia. Ávila tenía, según dijo, un salario de alrededor de $3,000, y dijo no recordar de cuánto era el monto exacto del dinero que recibía como sobresueldo. “El secretario Charlaix dijo que ese dinero lo iba a entregar de fondos reservados para garantizar la seguridad de él, pues recibió amenazas y tuvo que alquilar dos vehículos blindados, así como tuvo que alquilar un pequeño local o vivienda donde estuviera el personal de su seguridad pues en su casa de residencia no tenía espacio para tenerlos”, dice el acta de los fiscales.
Ávila, quien también fue el candidato presidencial de Arena que impuso Saca para los comicios de 2009, admitió que la orden de no declarar a Hacienda el sobresueldo venía de Charlaix. “Dicho dinero no lo declaraba a Hacienda en su declaración de impuesto porque eran utilizados para el desarrollo de su trabajo y que los recibía en virtud de gastos de seguridad por el cargo que ejercía, y por tener su origen en gastos reservados Charlaix le dijo que eso no lo declarara ante Hacienda”, se lee el escrito de los fiscales. Ávila declaró a los fiscales que él liquidaba todo al secretario privado.
En su testimonio, enlistó algunos rubros en los que, según él, ocupó el dinero: para apoyar el programa de protección de testigos de la Fiscalía, para ayudar a la seguridad de varios directores de algunos centros penales de ese tiempo, alquiler de casas, así como para mandar personas a Europa y Medio Oriente para investigar supuestas amenazas relacionadas con grupos terroristas, debido al papel de tropas del Ejército salvadoreño en apoyar la invasión de Iraq, bajo el comando de los Estados Unidos.
Funcionarios como Carlos Alemán, quien fue secretario de Juventud entre junio de 2007 y mayo de 2009, no solo recibieron el pago extra mensual, sino que recibieron dinero de la partida de gastos reservados para la organización de eventos y pagos de servicios.
Según las indagaciones fiscales, Alemán recibía un salario total de $5,000. La mitad se le pagaba en cheque, y la otra mitad en efectivo. Alemán dijo que en total recibió $60,000 en sobresueldo, que ocupaba como gastos de representación “para mantenimiento de su vehículo y para combustible”. Alemán también admitió haber recibido cientos de miles de dólares para asuntos operativos de la secretaría porque, según dijo, ese financiamiento era porque la institución no tenía unidad de contrataciones institucionales, ni unidad financiera ni tesorería.
Alemán, que admitió ante la Fiscalía que había recibido cantidades grandes de dinero sin controles de Hacienda, tiene antecedentes de haber manejado de manera irregular fondos de la Secretaría de Juventud, tal como lo publicó El Faro en 2008. En aquel entonces, se demostró que la institución, bajo conducción, compró en un evidente sobreprecio diversos artículos para una cumbre en el país. Alemán, de hecho, dijo a los fiscales, que para esa cumbre recibió casi un millón de dólares (950 mil) de los fondos reservados de Casa Presidencial. Alemán también recibió dinero para pagar una membresía atrasada de $50,000 a la Organización Iberoamericana de Juventud. Otros $100,000 los ocupó para pagar facturas pendientes de proveedores, según dijo a los fiscales.
El actual director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía de San Salvador, Benjamín Cestoni, también fue funcionario en la administración Saca. Fue nombrado en ese quinquenio como viceministro de Transporte, pero a partir del 1 de enero de 2006 fue nombrado director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, cargo con el que culminó el período presidencial. En ambos cargos, recibió el mismo sobresueldo. “Declara que recibía un complemento salarial de parte de la presidencia de la República. Eran $4,000 en efectivo, y quien lo entregaba era la secretaria de la Presidencia, de quien no recuerda su nombre”, dice el acta de la entrevista.
Según Cestoni, el dinero lo ocupaba para “cubrir los gastos que implicaban la seguridad personal del cargo, y cuando se salía fuera de San Salvador, se cubrían los gastos de alimentación y hotel de las personas que le brindaban seguridad”. En total, dijo, recibió $240,000 en los cinco años que estuvo en el gobierno.
Cuatro horas después de publicado este texto, Cestoni, exdirector de la ANSP, se comunicó vía Whatsapp con El Faro para decir que no brindaría comentarios debido a que ya había declarado ante la Fiscalía. 'Mis abogados dan el caso por cerrado, buenas tardes', dijo.
