Carlos Pineda, responsable de las investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito de todos los funcionarios salvadoreños, emitió un informe en el que absuelve al diputado de Gana, Guillermo Gallegos, de la investigación por $3.2 millones de su patrimonio familiar y cuyo origen no había podido justificar. El documento ya fue conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero aún no han deliberado al respecto. Pineda entró en la lista de preferencias de Gana, el partido del que Gallegos es líder, para convertirse en magistrado de la CSJ dos días antes de proponer la absolución del diputado.
El lunes 16 de julio de 2018, Pineda propuso a los magistrados concluir que no hay indicios de enriquecimiento ilícito en el caso de Gallegos y que los señalamientos por $3.2 millones sin justificar que Probidad había detectado en junio de 2017 deben desaparecer. De aquellos $3.2 millones bajo investigación, Gallegos solo pudo justificar una parte, y, por el contrario, hay $579,030 que hasta ahora permanecen sin explicación: 'Sin documentar suficientemente el origen de los fondos por el monto de $579,030', dice el informe.
Pineda envió el documento a Corte Plena un día después de que los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional terminaran funciones. Uno de ellos, Sidney Blanco, era su responsable directo.
Cuando Pineda redactó el proyecto de resolución, en julio pasado, concluyó que Gallegos y su familia tuvieron una disponibilidad financiera de $642,406 entre los años 2006 y 2015, lo que según él compensa de alguna manera el monto injustificado. Ese fue su argumento para eximir a Gallegos de más investigaciones. Ese monto es el resultado de comparar los ingresos versus los gastos que tuvieron Gallegos y su esposa en esos años, pero sin identificar el origen de los fondos. Pineda no explica cómo es que esa suma de dinero a lo largo de los años anula el monto no justificado por Gallegos. La lógica de Pineda es: Gallegos utilizó $579,030 entre 2006 y 2015 sin explicar de dónde salió ese dinero: si de retiros bancarios, de préstamos, de herencia. Pero como en esos años él tuvo más flujo que esa cantidad, eso lo exculpa de enriquecimiento ilícito, aunque no pueda demostrarse que los $579,030 hayan salido del acumulado. Es, pues, una suposición.
'Es obvio que se trata de una suposición', dijo uno de los magistrados que conoció el caso.
Este veredicto de Probidad suele ser la antesala que orienta el veredicto final que dan los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez en Corte Plena, la recomendación de Probidad pasa por un último filtro que consiste en que los magistrados deliberan sobre la pertinencia de algunas pruebas y la validez de algunos señalamientos. Luego toman una decisión, ya sea para enviar el caso a juicio civil o archivarlo. Normalmente, la resolución va acorde a lo señalado por Probidad, aunque se han dado casos donde ordenan rehacer las resoluciones.
Gallegos, vicepresidente de Gana, ha sido incondicional en apoyar la candidatura de Pineda para que este llegue a magistrado de la Sala de lo Constitucional para el período 2018 - 2027.
El documento firmado por Pineda llegó a manos de los magistrados a mediados de julio, justo cuando Gana negociaba en reuniones secretas -Gallegos lo llama 'lobby legislativo'- con los demás partidos para elegir a cinco nuevos integrantes de la CSJ. Gana hizo público, el 14 de julio que apoyaba a Pineda: emitió una lista oficial con sus aspirantes favoritos. En la lista, Pineda iba a la cabeza, y ese documento es el que ha llevado Gallegos a sus reuniones en la Comisión Política de la Asamblea. El 16 de julio, dos días después de que Gana, partido del que Gallegos es fundador y vicepresidente de organización y de asuntos estratégicos, publicara su lista de aspirantes favoritos, Pineda presentó a los magistrados de la CSJ el documento donde se concluye que en el patrimonio de Gallegos no hay indicios de enriquecimiento ilegal. Desde entonces, Gana ha conservado a Pineda en su lista de aspirantes favoritos.
Pineda tiene el respaldo del FMLN y de Gana, según las listas que se conocieron antes de la primera semana de agosto. Ninguno de estos partidos ha explicado el método usado para colocar a Pineda entre sus aspirantes preferidos. En la Asamblea, tampoco ha existido un debate público sobre la idoneidad de los 30 aspirantes. Las listas que han revelado los partidos se armaron a partir de lógicas secretas. El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, que participa de las negociaciones en la Comisión Política, denunció el proceder de sus colegas: 'Hay un reparto de cuotas partidarias en la elección. Hay nombres que no deberían estar en la lista de ningún partido político. Los criterios para tenerlos en las listas deben pasar por el debate de esta comisión', dijo el miércoles 25, en la última sesión de trabajo antes de las vacaciones de agosto.
La CSJ aún no ha discutido en pleno ese documento enviado por Pineda. Para dos magistrados que hablaron con El Faro bajo condición de anonimato, la resolución de Pineda tiene una motivación política. “El señor Pineda nos está dejando mal a la Corte Plena, y está generando desconfianza en la Sección de Probidad. ¿Cómo se le ocurre enviar un proyecto de borrador con esa ambigüedad en este contexto?”, dijo a El Faro uno de los magistrados que recibió una copia del proyecto de resolución.
Según tres magistrados consultados, la resolución del caso Gallegos que propone Pineda es ambigua en sus conclusiones. Lo normal es que la conclusión que provee Probidad lleve un sustento técnico, pero en este caso, Pineda presentaba dos salidas contradictorias.
El documento tiene nueve páginas. Siete de ellas sirven para sustentar que Gallegos no pudo justificar el origen de $579,030 que él y su familia ocuparon para hacer cientos de operaciones financieras. Son los siguientes 12 párrafos donde el texto se torna contradictorio. Los primeros 11 de esos 12 párrafos sustentan, a pesar de lo anterior, el hecho de que el diputado y su familia deben ser absueltos porque tienen un ahorro suficiente que compensa lo injustificado. 'Declárase que no existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte del licenciado Guillermo Gallegos, quien fungió como diputado de la Asamblea para los períodos comprendidos entre 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015, en relación a las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Notifíquese', reza el onceavo párrafo. No obstante, en una inusual coda, Pineda colocó un último párrafo en el que se desdice de todo lo anterior. Esas cuatro líneas dicen, literalmente, lo siguiente: 'Nota 2: En caso que el pleno considere que el monto no documentado se califique como indicios de enriquecimiento ilícito se argumentaría de diferente forma y se ordenarían las medidas cautelares pertinentes”. Pineda recomienda dejar de investigar a Gallegos, pero, por si a los magistrados no les convence la propuesta, parece indicarles qué otra medida pueden tomar. Para los magistrados consultados ese último párrafo vuelve confuso el documento y está fuera de lugar tras haber sido contundente en su recomendación.
La Corte había dado 90 días a Gallegos para que respondiera a aquel primer informe de Probidad que concluía que el diputado tenía 3.2 millones de dólares sin justificar. El plazo de los 90 días se venció el 29 de noviembre de 2017, día en que un apoderado legal del diputado entregó un documento con 1,998 folios de información para intentar desvanecer los señalamientos. Para febrero de 2018, cuando algunos magistrados reclamaban la falta de compromiso de Pineda con su trabajo, el caso llevaba un 70% de avance, según el memorando 60SP2018, que Pineda envió al presidente de la CSJ.
A esas alturas, la conclusión en el expediente de Gallegos era que no podía justificar $815,000, porque la documentación que había presentado no era suficiente. El diputado siguió presentando más información de descargo. Los últimos documentos los entregó entre el 18 y el 20 de junio. El día 22, Probidad elaboró un proyecto de resolución en el que la conclusión era que el diputado debía ser enviado a juicio de enriquecimiento ilícito por más de medio millón de dólares, según confirmaron cuatro magistrados que El Faro consultó. Uno de los miembros de Corte Plena incluso recuerda que aquella resolución era más extensa, tenía 25 páginas. La actual tiene nueve. Con la misma información, Probidad sacó dos conclusiones diferentes.
Con base en aquella resolución, Corte Plena incluso llegó a tener un escrito tentativo. En él se leía: 'Por tanto, todas las situaciones advertidas con anterioridad, amerita que esta corte, de conformidad con el informe de la Sección de Probidad, concluya razonablemente en la existencia de indicios suficientes de enriquecimiento ilícito de Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, y ordene el juicio civil correspondiente'. Este documento que nunca salió a luz ordenaba a la Fiscalía congelar bienes, cuentas bancarias e iniciar juicio civil contra el diputado en la Cámara Cuarta Sección del Centro.
Para el 16 de julio, Pineda presentó una modificación al expediente de Gallegos, según confirmaron a El Faro tres magistrados y la Secretaría de la CSJ. La secretaria Soledad Rivas rehusó comentar sobre los detalles, por la reserva que tienen los expedientes, pero confirmó que la nueva resolución planteaba 'un cambio' en la conclusión. El borrador al que tuvo acceso El Faro fue el que envió Pineda el 16 de julio y establece que Gallegos no pudo desvanecer esos $579,030, pero que igual se recomienda cerrar la investigación. En total, son 12 observaciones de Probidad que Gallegos no pudo desvanecer 'completamente', y otras 25 observaciones que el diputado solo pudo subsanar 'parcialmente'. Y pese a esta contundencia, Pineda recomienda no investigarlo, aunque después aparezcan en el documento aquel contradictorio párrafo final.
Pineda absuelve a Gallegos pese a que hay 12 observaciones que no pudo desvanecer. Tres de ellas son sobre depósitos bancarios antes de que fuera diputado en 2006, por un total de $79,250; y nueve transacciones (depósitos bancarios, adquisición de bienes y pagos de deudas) por un total de $89,100, cuando ya era legislador. En cuanto a las 25 observaciones que desvaneció parcialmente: dos son depósitos por $6,035.06 antes de ser diputado; 23 señalamientos en depósitos bancarios, adquisición de bienes y pago de deudas; y, finalmente, un déficit detectado al comparar los ingresos versus los egresos en sus primeros tres años como diputado, entre 2006 y 2009. Las 25 observaciones suman un total de $410,680. 'Resultando un total de operaciones financieras, sin documentar suficientemente el origen de los fondos por el monto de $579,030...', dice esa parte de la resolución.
'Esta ambigüedad nunca la habíamos visto en un caso de Probidad', dijo un magistrado a El Faro.
El Faro intentó entrevistar a Gallegos. Atendió su celular, pero cuando el periodista se identificó, el diputado colgó y no volvió a atender llamadas. Se le enviaron mensajes a través de WhatsApp, los cuales leyó, pero no respondió.
Pineda necesita los votos de la derecha política si quiere ser magistrado de la CSJ. Por ahora, parece tener afianzados los diez votos de los diputados de Gana, más los 23 votos de diputados del FMLN. Para alcanzar los 56 requeridos le faltan 23, y eso solo lo podría conseguir si Arena lo reconsidera dentro de su lista. Hace tres semanas, Arena lo tenía dentro de sus 13 aspirantes favoritos, pero de momento ha sido descartado, aparentemente, por el conflicto de interés que algunos ven en el hecho de que aspire a magistrado mientras es jefe de Probidad.
Un trato distinto para Gallegos
Probidad recuperó su capacidad real de investigar a funcionarios en enero 2014, después de más de medio siglo de un trabajo sin mayores luces. En 2004, cuando la sección intentó investigar el patrimonio de funcionarios de la administración presidencial de Francisco Flores, fue cercenada, y se le quitó la facultad de pedir informes a la banca. Entre 2015 y 2016, con sus funciones recuperadas, Probidad llegó a encontrar irregularidades en los patrimonios de diputados, expresidentes y sus funcionarios, a algunos de los cuales envió a juicio civil.
Los procesos comenzaron a entramparse en 2017. Solo hubo dos casos resueltos. Los exmiembros de la Sala de lo Constitucional fueron los más críticos con el desempeño que en los últimos meses tuvo Probidad. Señalaron que Pineda, el jefe de la sección, tenía un conflicto de interés, y que su candidatura a la Corte coincidía con un declive en el ritmo de procesamiento en las investigaciones. “La Sección de Probidad no está, con su titular, haciendo un trabajo óptimo”, dijo a mediados de julio el exmagistrado Sidney Blanco, en una entrevista con El Faro. “Se sabe que existieron presiones al interior de la CSJ y de Probidad de parte de algunos sectores políticos del país, lo cual pudo incidir en el estancamiento y lentitud en los casos”, agregó su colega, el magistrado Florentín Meléndez.
El exmagistrado Rodolfo González puntualizó que la profundidad en las investigaciones cambió a partir de 2017. A diferencia de lo que ocurrió con los casos del expresidente Elías Antonio Saca o su secretario privado Élmer Charlaix, o el expresidente Mauricio Funes, después de agosto de 2017 Probidad dejó de investigar a las empresas que aparecían mencionadas por los funcionarios para subsanar las operaciones irregulares. González señaló que ese cambio benefició al vicepresidente Óscar Ortiz y al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. 'Yo me sigo preguntando por qué el jefe de Probidad, para los casos Bukele y Ortiz, ya no incluyó a las sociedades. En enero de este año nos enteramos de que (Pineda) iba de candidato', dijo González.
En medio del estancamiento en los casos de Probidad, el expediente Gallegos también recibió un trato diferenciado. Fue uno de los casos donde la CSJ ocupó el criterio de que había que darle 90 días de gracia al investigado para presentar pruebas de descargo. Ese es un criterio que no se ocupó con los expedientes del diputado Reynaldo Cardoza o del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, que fueron enviados a juicio civil a finales de 2015.
Pero además de habérsele otorgado 90 días al diputado Gallegos, hubo otros atrasos en el procesamiento del caso que provocaron un enfrentamiento entre magistrados y Pineda en el primer trimestre de 2018. El exmagistrado Blanco, coordinador de la Comisión de Ética y Probidad, reclamaba, a finales de febrero, que el expediente de Gallegos debía haberse evacuado meses atrás junto a otros cinco expedientes de funcionarios relevantes de Gana, FMLN y Arena. Entonces, la Corte Plena contempló la idea de separar a Pineda durante el proceso de elección de magistrados. Otros miembros de Corte Plena propusieron sustituirlo con el subjefe de la sección; mientras que otros, destituirlo. Pero no pasó nada de esto, porque el 6 de marzo de 2018 se impuso en corte plena la idea de que son los magistrados los que toman la última decisión en los casos de Probidad y que lo mejor era pedirle celeridad a Pineda en su trabajo. 14 magistrados votaron a favor de esto ese día.
El tercer aspecto que marca un trato exclusivo a Gallegos es que Probidad redefinió el concepto de patrimonio con este caso. Probidad estableció –como no lo había hecho en ningún otro caso– que no se debe tomar en cuenta como parte del patrimonio del investigado los viáticos recibidos por el funcionario. “No se han considerado como ingresos los fondos pagados en concepto de viáticos, que suman en total la cantidad de $182,608 ya que estos son percibidos y utilizados para el desarrollo de las funciones encomendadas a quien los recibe, y no forman parte del patrimonio del funcionario”, reza el borrador enviado por Pineda.
Este es un cambio respecto de cómo Probidad trabajó casos similares, como el del exfiscal Luis Martínez, el de la exdiputada Ana Vilma de Escobar o el exdiputado Douglas Leonardo Mejía Avilés, como confirmaron tres magistrados a El Faro.
El Faro intentó obtener una entrevista con el jefe de Probidad entre el viernes 27 y el martes 31 de julio. Se hicieron llamadas reiteradas al mismo número de celular con el cual se había establecido contacto en marzo. También se le enviaron mensajes de WhatsApp, y mensajes al buzón de voz. Asimismo, se le dejó un recado en su oficina en la mañana del martes 31. No hubo respuesta.
De $3.2 millones cuestionados a una absolución
El primer informe de Probidad, concluido en junio de 2017, daba cuenta de $3.2 millones sin justificar que habían pasado por las cuentas de Gallegos y de su esposa, la también abogada Julia Nora Romero, durante las legislaturas 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015.
Entre los señalamientos, Probidad había detectado más de 1.5 millones de dólares en depósitos bancarios efectuados entre mayo de 2005 y noviembre de 2015 a diez cuentas bancarias de Gallegos y su esposa. De ese monto, fueron $523,162 en remesas realizadas por dos personas de confianza de Gallegos: Rómulo Alberto Santillana Canizalez y José Alfredo Romero Solís, dos exintegrantes de su equipo de seguridad personal, que luego fueron contratados como sus motoristas. La mayoría de los depósitos hechos por ambos —$369,298— ingresó a las cuentas de la esposa de Gallegos. Cada remesa contabilizada como irregular por Probidad tenía el comentario: “se desconoce el origen de los fondos”.
Los depósitos que ambos hicieron en esos diez años oscilaban entre los $1,000 y los $28,000 por transacción. Cuando en febrero de 2018 El Faro preguntó a Gallegos sobre la justificación de esos depósitos, respondió, en un primer momento, que correspondieron a sus salarios.
—Pero diputado, hay depósitos que superan el monto mensual de su salario: hay, por ejemplo, 20 depósitos de casi $8,000 —insistió El Faro.
—Pero no es solo de salarios, es de otras cosas también.
—¿Como qué?
—No recuerdo…
—Rómulo Santillana y José Alfredo Romero no son empresarios, usted tampoco. ¿De dónde sale ese dinero?
—No, ellos son nuestros empleados. Pero, además de tener mi empleo, mi esposa tiene su despacho jurídico, y ella paga renta e IVA y todos sus impuestos. O sea, ese dinero ha sido en el transcurso del tiempo (…), desde el 2000 hasta el 2015.
Santillana y Romero, además de empleados de la Asamblea, aparecen como donantes de Gana, según la información hecha pública por la Secretaría de Transparencia.
Entre quienes depositaban dinero a Gallegos y su esposa también aparecen tres personas vinculadas a dos oenegés fantasmas que recibieron fondos públicos gracias a Gallegos y otros diputados. Juan Carlos Cerón Flores (que depositó un total de $14,476 a cuentas de Gallegos y su esposa); Mario Itamar Escobar Escobar (que depositó a Gallegos $12,500); y Sonia Maritza López de Beltrán, que depositó $6,676 a una cuenta de Julia Romero de Gallegos.
Para febrero pasado, los tres eran directivos de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), organización fundada por la esposa de Gallegos, y de la que era vicepresidenta cuando Gallegos y la mayoría de diputados de la Asamblea le asignaron $550,000 del presupuesto general de la nación entre 2015 y 2016, para trabajos de prevención de violencia que nunca efectuaron. Sonia López fue candidata a diputada suplente en 2012 por Gana y también es secretaria de la junta directiva de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur), que en los dos últimos años recibió también una asignación total de $600, 000 por gracia de la Asamblea. El local de Fusafur es en realidad una pequeña oficina desde donde despacha Ana Dolly Valiente, asesora de Gallegos.
Estos y otros señalamientos (eran 103 en total) fueron los que Gallegos, su esposa y abogados supuestamente lograron desvanecer ante Probidad.
A algunos magistrados les pareció imperdonable que la resolución propuesta por Pineda tenga dos salidas opuestas: que con las mismas pruebas, Probidad ofreciera la posibilidad enviar a juicio de enriquecimiento a Gallegos o bien de absolverlo. Pero la ambigüedad de la resolución no fue lo que más alarmó a algunos magistrados. Pineda se saltó a la Comisión de Ética y Probidad de la CSJ al enviar el proyecto de resolución a Corte Plena. Normalmente, desde que Probidad volvió a investigar funcionarios en 2014 , Pineda enviaba sus proyectos de resolución a la Comisión para que esta, luego de su estudio, los enviara a los 15 magistrados de la corte plena. Pero esta vez, Pineda se saltó a la Comisión y luego decidió distribuirlo a los magistrados a través de la Secretaría General de la CSJ.
Por eso la decisión de Pineda de enviar el caso Gallegos a Corte Plena despertó tantas suspicacias y hasta ya hay magistrados que piden que se discuta, por segunda vez, la posibilidad de destituirlo como jefe de Probidad. “Habría que discutir si él sigue como jefe de Probidad”, dijo uno de los miembros de Corte Plena a El Faro.
*Con reportes de Jimmy Alvarado y Arysbell Arismendi
