El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de cárcel al ex fiscal general Luis Martínez (2012- 2015) por haber revelado ilegalmente las escuchas telefónicas del sacerdote español Antonio Rodríguez, mejor conocido como “Padre Toño”. Martínez además tendrá que pagar 125 mil dólares a Rodríguez, en concepto de responsabilidad civil, en una primera derrota (en tres de cuatro casos) para Martínez, un funcionario que utilizó a la institución para vender justicia y presionar o favorecer a políticos y empresarios.
La Fiscalía inició su investigación tras un reportaje que El Faro publicó el 8 de septiembre de 2014, cuando Martínez era aún el fiscal general. En septiembre de 2016, ocho meses después de haber asumido la conducción de la Fiscalía, Douglas Meléndez llevó a tribunales la acusación por el uso indebido de escuchas telefónicas.
La Constitución prohíbe explícitamente divulgar cualquier grabación que no esté relacionada con la investigación en curso. En la publicación se revelaba cómo Martínez utilizó las conversaciones íntimas interceptadas al padre Toño para presionarlo y conseguir su confesión en un caso en el que el religioso estaba acusado de introducción de ílicitos a los centros penales. Por ese delito, Rodríguez fue condenado en un procedimiento abreviado, en septiembre de 2014.
El fiscal Martínez, personalmente, hizo escuchar estos audios al menos al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; al representante del Vaticano en El Salvador, el nuncio apostólico monseñor León Kalenga Badkibele; a los representantes de la congregación de sacerdotes pasionistas, de la que Rodríguez forma parte, entre ellos un miembro del consejo provincial, el padre Carlos Sanmartín; al entonces embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena, y al cónsul español de aquel momento, Fernando Villena.
En el proceso se diferenciaron tres escenas distintas en los que Martínez expuso los audios. Uno de ellos en el arzobispado de San Salvador, un segundo en la sede del nuncio apostólico, y un tercero en el despacho de Martínez, en el edificio que tiene la Fiscalía en la colonia Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán.
La Fiscalía interpretó esas tres escenas como un solo hecho, lo que los abogados llaman 'un delito continuado', y pedía para Martínez una pena de ocho años de cárcel, la máxima para este tipo de delito. La querella, en cambio, usó la tesis de que cada una de esas escenas era un delito diferente, ya que se trata de acciones separadas en tiempo y espacio y, por tanto, sujetas a una pena autónoma. El abogado de Rodríguez, Osvaldo Feussier, pidió una condena de 20 años: ocho años por la revelación en el arzobispado, ocho más por su acción con el nuncio y cuatro por la acción de Martínez en su despacho.
De acuerdo con Martín Santos, abogado del exfiscal, la jueza Vigil le dio credibilidad a la prueba de cargo, y señaló esa contradicción en las interpretaciones de Fiscalía y querella. Vigil creyó que estaba ante hechos independientes, pero solo condenó a Martínez por la reunión en el Arzobispado en la que reveló las escuchas a monseñor Escobar Alas y al nuncio apostólico. 'La jueza dijo que no encontró evidencia del dolo en la reunión de la nunciatura y no hubo prueba periférica de lo que dijo un testigo respecto a la reunión en la Fiscalía', dijo Feussier.
[excavacion tipo='Corrupción']
El abogado de Rodríguez detalló que la cantidad de 125 mil dólares que Martínez deberá pagar se calculó, en parte, por las constancias de lo que su cliente dejó de percibir en trabajos, además del costo de medicinas para los padecimientos psicológicos y físicos que Rodríguez atribuye directamente a las acciones del exfiscal. Pero además hay otros factores. '¿En cuánto valora los dos tres años que le han pasado haciendo burla en la calle o en las redes sociales, las veces que lo insultaban o la marginación de su parroquia?', se preguntó el abogado Feussier.
Para hacer efectivo ese pago hará falta un proceso civil ejecutivo. Sin embargo, la defensa de Martínez adelantó que estudiarán la sentencia para presentar una apelación. La jueza señaló el 18 de diciembre para entregar la sentencia a los abogados del caso.
El proceso se manejó con reserva total desde la fase de Instrucción. La jueza Rosa Irma Vigil Estrada dio este 4 de diciembre su fallo verbal solo ante los abogados que tomaron parte del proceso. Aunque la jueza permitió en un primer momento el acceso de periodistas a escuchar la decisión, el representante de Rodríguez consideró que no se cumplía el sentido de la reserva, que era no revictimizar al religioso y no vulnerar su intimidad. La defensa de Martínez tampoco se opuso al acceso a la prensa. 'Lo que nos movió principalmente fue que no sabíamos si iban a ventilar lo que los testigos escucharon de los audios', dijo el abogado Feussier.
Las escuchas contra el padre Toño ocurrieron entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, cuando las posturas a favor y en contra de la Tregua entre el gobierno y las pandillas dividían a los funcionarios y actores políticos en dos bandos. Solo habían pasado dos años desde que la Tregua desplomó los índices de homicidio en El Salvador, aunque en realidad el proceso comenzaba a tambalear cuando Rodríguez se sumó al diálogo con pandillas. Martínez era un fiscal en una cruzada contra la tregua, a la que solía calificar como 'hipócrita'. El fiscal sostuvo un largo enfrentamiento con el general David Munguía Payés y en los últimos capítulos de ese proceso apuntó contra Rodríguez, que se movía en centros penales con la venia del sucesor de Munguía Payés en el ministerio de Seguridad, Ricardo Perdomo. La Fiscalía intervino las comunicaciones del religioso y cuando creyó que lo tenía en sus manos, Martínez se planteó una cruzada para 'desenmascararlo'.
Cuando El Faro buscó a Martínez en 2014 para pedirle su versión de la investigación por la que ahora está condenado, Martínez respondió: “Una pregunta con contenido afirmativo falso no tiene respuesta. Usted dice saber algo que en realidad desconoce y sin embargo se atreve a afirmar que sabe. Lo malo de este asunto es que dé una información falsa, una información en la que se miente sobre datos de la realidad”, dijo.
Un mal precedente para el CITE
El Centro de Intervención de Telecomunicaciones (Cite) tenía solo seis meses funcionando cuando Luis Martínez se convirtió en fiscal general de El Salvador. Ahora, Martínez también es el primer fiscal condenado por abusar de una facultad tan importante que requirió una reforma constitucional en 2009.
Luis Martínez fue el primer fiscal en utilizar todo el poder que da intervenir las telecomunicaciones y fue consciente del blindaje que ese poder le proporcionaba. Cuando buscaba su reelección, tanto dirigentes de Arena como del FMLN lo acusaron de chantajearlos a cambio de conseguir sus votos. En el segundo semestre de 2015 contó también con su amigo Enrique Rais como lobbysta ante los partidos políticos para intentar -y casi conseguir- un segundo término al frente de la Fiscalía.
Cabe destacar que un año después de revelado el uso indebido de las escuchas telefónicas en su administación, los principales partidos en la Asamblea 2015-2018 (Arena, FMLN, Gana y PCN) estuvieron dispuestos a reelegirlo. Líderes de todos estos partidos argumentaban que Martínez había hecho un buen trabajo en su gestión.
La condena, la primera de una serie de delitos por las que ahora está acusado, castiga precisamente uno de los abusos en que incurrió Martínez como fiscal general. No fue el único.
Tras darse a conocer el fallo, el fiscal general Douglas Meléndez dijo que la decisión 'se convierte en una sentencia histórica en favor del sistema de justicia, demostrando además, que la justicia ni se vende ni se compra'. En plena carrera para la reelección, Meléndez, con sus bemoles, ahora puede decir que durante su gestión logró condenas contra un expresidente de la República y contra un ex fiscal general.
Martínez aún tiene pendientes juicios en su contra por omisión de investigación, contra una estructura encabezada por su amigo, el empresario Enrique Rais; una acusación de lavado de dinero, en una estructura que también incluye al expresidente Mauricio Funes; y el juicio civil por enriquecimiento ilícito, tras una investigación de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
