El Tribunal de Ética Gubernamental ha perdonado al diputado Guillermo Gallegos y ha concluido que su participación en la discusión y aprobación (con sus votos) de los dictámentes que favorecieron con 550 mil dólares a una asociación fundada por su esposa no son elementos suficientes para determinar si el diputado violó la Ley de ética gubernamental.
El martes 8 de enero, dos años después de una denuncia ciudadana contra Gallegos, el TEG resolvió que “no hay elementos suficientes que permitan determinar la existencia de una posible infracción ética” del diputado. Gallegos participó en la discusión y en la aprobación de los dictámenes (con sus votos) que dieron vida a los presupuestos de 2015 y 2016, y en los cuales se benefició a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (Apdemes), fundada en 2008 por su esposa, Julia Nora Romero.
El 2 de diciembre de 2016, los ciudadanos Emilio Orellana, Eva López y Roberto Burgos interpusieron una demanda ante el TEG en la que pedían una investigación sobre si hubo un 'Beneficio Indebido' de Gallegos. En el escrito aseguraban que el diputado había incumplido su obligación de 'Imparcialidad' cuando participó con su voto en una decisión que benefició a la asociación que fundó su esposa. Dos años después, el TEG responde que “no advirtiéndose elementos suficientes que permitan determinar la existencia de una posible infracción ética, es imposible continuar el presente procedimiento”.
La denuncia fue promovida luego de que El Faro revelara, en noviembre de 2016, que la Asamblea benefició a la asociación creada por Romero de Gallegos, amigos y miembros del partido Gana con fondos que fueron canalizados a través del Ministerio de Hacienda. Cuando El Faro preguntó a Gallegos por su involucramiento en esas aprobación, él respondió que desconocía que su esposa y sus amigos y colaboradores estuvieran detrás de esa entidad.
Con los fondos aprobados en 2015 (250 mil dólares) la asociación se suponía que realizaría proyectos de prevención de la violencia en siete municipios del departamento de San Salvador. El Faro verificó que esos proyectos nunca pasaron por el radar de las municipalidades que se verían beneficiadas y que Hacienda se dio satisfecha con presentaciones escuetas de resultados, entre las que se incluían recibos simples de pagos a voluntarios o colaboradores, alquiler de viviendas y la compra de un vehículo que terminó en propiedad de la esposa del diputado Gallegos. Con los fondos aprobados para 2016 (300 mil dólares), la asociación dijo haber desarrollado un programa de atención al adulto mayor y Hacienda dio por válido otro escueto informe de rendición de cuentas. De esos fondos, sin embargo, Hacienda solo hizo un desembolso de 100 mil dólares, según documentos a los que tuvo acceso El Faro.
La resolución del TEG ocurre semanas después de que la Asamblea Legislativa eligiera al nuevo fiscal general de la República, Raúl Melara, en una elección en la que el presidente de la institución, Néstor Castaneda, compitió por la plaza. Castaneda estuvo en la terna final de favoritos, con una nominación impulsada por el partido Gana y por el diputado Gallegos.
La resolución fue firmada por la mayoría de miembros del Tribunal, excepto por Castaneda, que se excusó de conocer el caso (dos años después de haberlo impulsado) el 3 de diciembre de 2018. Según él, se apartó de conocer esta investigación para que no se le acusara de un conflito de intereses por su postulación para el cargo de fiscal general. 'Me he apartado hasta de casos en los que en apariencia también pudiera haber conflicto, aunque no está claramente establecido. Es mejor apartarse. Esa es una obligación de todo juez. Abstenerse. Y para eso están los suplentes', dijo a El Faro en diciembre.
El Faro pudo confirmar que la resolución -que carece de nombres- fue firmada por los miembros propietarios del TEG Laura Hurtado y José Luis Argueta; junto a los suplentes Juan José Zaldaña (suplente de Castaneda) y José Matías Delgado Gutiérrez.
El TEG le cree a los Gallegos
Según el TEG, que se tardó un año después de planteada la denuncia para pedir explicaciones a la Asamblea por el favorecimiento a APDEMES, Gallegos no cometió ninguna falta ética porque su esposa ya no tenía ninguna vinculación con la asociación cuando esta fue beneficiada por la Asamblea Legislativa. Que Romero de Gallegos ya no pertenecía a la Apdemes cuando esta solicitó los fondos a la Asamblea fue un argumento que planteó, sin presentar pruebas, la representante legal de Apdemes, Ana Dolly Valiente, que a su vez es asesora de Gallegos en la Asamblea y notaria de otra oenegé que también recibió fondos en 2016. Se trata de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (Fusafur), beneficiada con 600 mil dólares. El local de esa oenegé -el número 17 del edificio Sunset Plaza- es en realidad una oficina de Valiente.
En 2016, cuando El Faro le pidió pruebas a Valiente de una supuesta renuncia al cargo de vicepresidenta de la junta directiva que ostentaba Romero de Gallegos, Valiente se comprometió a hacer llegar las pruebas, cosa que nunca hizo. En noviembre de 2016, El Faro tuvo acceso a la última credencial de Junta Directiva inscrita ante el Ministerio de Gobernación. En la credencial, elaborada ante la notaria Daysi Girón, quien en 2016 laboraba como tercera al mando de la Unidad Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Asamblea Legislativa, quedó consignado que Julia Nora Romero había sido electa vicepresidenta de APDEMES del 18 de octubre de 2014 al 18 de octubre de 2017. Según esta credencial, en el periodo en el que Gallegos votó los dictámenes que favorecieron a APDEMES, ella ocupaba el puesto de vicepresidenta.
En su resolución, el Tribunal de Ética comunicó que habían tenido acceso a un documento en el que constaba que Romero de Gallegos renunció al cargo de vicepresidenta el 20 de octubre de 2014, dos días después de la fecha de elección de junta directiva inscrita ante Gobernación y un mes antes de que la Asamblea aprobara la primera asignación presupuestaria de $250,000.
“El día veinte de octubre de dos mil catorce la señora Romero de Gallegos renunció al cargo de Vicepresidenta de APDEMES y a su calidad de miembro de dicha asociación, según certificación expedida por la Secretaría de APDEMES de los puntos números dos y tres del acta número dos de asamblea general ordinaria de esa organización, celebrada a las nueve horas del día veinte de octubre de dos mil catorce, en los cuales se aceptaron ambas renuncias”, dice la resolución del TEG.
En la resolución, por esta apatente desvinculación de Apdemes, el TEG exculpa a Romero de Gallegos y a su esposo de las asignaciones de fondos. “No le era exigible al Diputado Gallegos Navarrete excusarse de intervenir en los actos legislativos que determinaron la entrega de fondos de los presupuestos correspondientes a los años dos mil quince y dos mil dieciséis a APDEMES”, dice uno de los párrafos de la resolución sobre Gallegos.
Otro argumento del TEG plantea que al ser APDEMES una asociación sin fines de lucro, no existe una intención de lucro de parte de los miembros de la entidad. “Si bien la asignación de fondos (en 2015 y 2016) del presupuesto a APDEMES implicaba un beneficio directo para esa entidad, ello no redundaba en el lucro de sus miembros y, por ende, tampoco en el de la señora Romero de Gallegos”, dice otro párrafo sobre la esposa de Gallegos.
El TEG concluye o da por hecho la versión de los Gallegos: Julia Nora Romero ya había renunciado a Apdemes antes de que se pidieran los fondos. Sin embargo, la institución no fue más allá y no da explicaciones para esta contradicción: con los fondos adjudicados a Apdemes en 2015, la asociación adquirió un pickup Toyota Hilux del año 2010 por 45 mil 500 dólares, más del doble del precio original con el cual fue introducido al país. Ese vehículo, en 2016, terminó en manos de la esposa del diputado Gallegos, según el Registro Público de Automotores. ¿Por qué si ella ya no tenía nada que ver con la asociación (desde el 20 de octubre de 2014), terminó en 2016 como legítima propietaria de un vehículo comprado por Apdemes?
Eva López, una de los tres ciudadanos demandantes, lamentó que el TEG se haya tomado dos años para dar a conocer la resolución y cuestionó los argumentos usados para fundamentar la resolución. 'Se sabe que la vinculación (de Julia Nora Romera) con una institución no solo es formal (que se elimina con una renuncia) sino material: ¿sigue teniendo influencia dentro de la organización? ¿Qué ocurre con los bienes de la misma? ¿A quiénes pasan? Esas eran preguntas válidas de hacerse y que de haber hecho una investigación preliminar hubieran tenido una respuesta más completa y acertada', dijo.
Como devolvió el dinero, no hay infracción que perseguir
En diciembre de 2017, un mes después de que el Tribunal de Ética Gubernamental confirmara una investigación contra el diputado Guillermo Gallegos, Apdemes devolvió los 350 mil dólares recibidos del Ministerio de Hacienda en una maniobra que ahora es utilizada por el TEG para reforzar un argumento: no hay delito que sancionar.
'Dicha devolución, a la postre, robustece la desvinculación de la señora Romero de Gallegos con los fondos asignados a APDEMES y por los cuales votó en el pleno legislativo su cónyuge, pues extingue cualquier posibilidad de que ella accediese a los mismos u obtuviese a partir de estos algún beneficio —económico o no— mediante la referida asociación, por haberla fundado, dirigido y porque, en razón de ello, podría haber adquirido compromisos, entablado relaciones de negocios, amistad o confianza con los asociados activos', resolvió el TEG.
Para López, la devolución de los montos transferidos no puede ni debería utilizarse como una excusa para impedir que se desarrolle un proceso sancionatorio. 'El papel del TEG es verificar y determinar si hubieron conductas que faltaran contra la ética: eso no se solventa con la devolución del dinero; desde el momento que existía un conflicto de interés o una asignación indebida de fondos hay una falta a la ética y eso debe ser sancionado', dice.
El abogado Roberto Burgos lamentó que el TEG no se pronunció sobre la práctica de asignar fondos públicos a fundaciones privadas y que no se haya pronunciado sobre la necesidad de imponer límites en nombre de la ética y de la transparencia. Dijo no estar conforme con los argumentos expuestos en la resolución. 'El TEG hace caer las causas de exclusión de responsabilidad ética de Gallegos en el actuar de su esposa y no en él como funcionario público. Resalta el hecho de que la cónyuge de Gallegos renunció sorpresiva y convenientemente a su cargo y afiliación de la mencionada ONG. El camino debió ser otro: valorar el hecho de que Gallegos votara para dar fondos públicos a una ONG fundada por su esposa, finalizando el vínculo de formal, legal, pero no sabemos del vínculo material con la misma'.
El martes El 15 de enero, El Faro buscó una reacción de Ana Dolly Valiente, de Guillermo Gallegos y de sus esposa. Se les solicitó una copia del acta de Apdemes en el que consta la renuncia y explicaciones sobre por qué devolvieron los fondos públicos. Un asistente de Gallegos dijo que haría llegar las preguntas al diputado y a su esposa, pero ya no hubo respuesta. Valiente no respondió a los mensajes enviados a su teléfono.
*Con reportes de Nelson Rauda y Gabriel Labrador
