El fiscal adjunto Edward Allan Hernández participó en la red por la cual son investigados el ex fiscal general Luis Martínez (ahora en prisión) y el señor Enrique Rais, prófugo y acusado de varios delitos. Esto lo sabemos porque la misma Fiscalía General de la República introdujo esa información en el ‘Caso Corruptela’, pero sobre todo por las investigaciones periodísticas de El Faro y Revista Factum que han dado cuenta de los viajes de Hernández en 'Rais Airlines' y de su involucramiento en una estructura que convirtió a la Fiscalía en un instrumento con los cuales Rais atacaba a sus enemigos o se defendía de las acusaciones en su contra.
Cuando el fiscal general Raúl Melara Morán nombró a su segundo al mando, los cuestionamientos no se hicieron esperar. En ese momento, ya era de conocimiento público que Hernández había viajado en un avión de Rais en compañía del ex fiscal Martínez y abogados del empresario, en 2014. Luego, El Faro reveló que ese mismo año Hernández hizo otro viaje solo que, esta vez, iba en compañía de Rais. El motivo del viaje, según declaró el propio Hernández a la Fiscalía, fue hacer “diligencias” para un caso en el que el empresario, ahora acusado por lavado de dinero y cohecho, se presentó como una víctima. El conflicto de interés es monumental y obsceno.
Melara, cuya elección fue cuestionada por su vinculación al partido Arena (fue asesor del ex candidato Carlos Calleja y cantó la marcha arenera cuando este fue proclamado), defiende el nombramiento de Hernández. Según Melara, el adjunto es apto y si se subió a un avión lo hizo por órdenes del ex fiscal Martínez. “¿Qué delito es subirse en un avión si usted va a trabajar?”.
La respuesta de Melara evoca a aquella otra que dio en 2016 el vicepresidente Óscar Ortiz, cuando El Faro lo cuestionó sobre la sociedad comercial que el funcionario mantiene con el supuesto narcotraficante José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo”. Ortiz respondió: “¿Qué tiene de ilegal eso, pues?”. Sin duda, viajar en el avión de un empresario investigado por haber secuestrado a la Fiscalía o poseer una sociedad activa con un presunto narcotraficante podría no ser ilegal, pero definitivamente no son las conductas más éticas que uno esperaría de los funcionarios aludidos.
Indudablemente, es indispensable proteger el principio de inocencia como pilar de nuestro sistema judicial. Sin embargo, creer que porque algo no es ilegal debería de ser permisible es un planteamiento mediocre, tradicional del sistema político corrupto que ha impedido el desarrollo de nuestro país por décadas. El hecho de que algo no sea ilegal, no quiere decir que sea ético.
En ese sentido, la justificación del fiscal adjunto para subirse en los aviones de Rais, que solo seguía las ordenes de su jefe, me genera algunas dudas: ¿podemos esperar criterio propio del fiscal adjunto o simplemente hará lo que sus superiores ordenen, así como el ex fiscal Martínez hacía lo que Rais ordenaba sin importar si era legal o no?
Y luego está el señalamiento más grave, del que desconocemos la postura, aunque se intuye, del fiscal Melara y del propio Hernández. Un testigo clave del Caso Corruptela asegura haber visto cuando Hernández recibió de manos del propio Rais un sobre con dinero. Si lo que el testigo dice es cierto, ¿Hernández no debería de estar siendo investigado? ¿Si la FGR da por válido el relato del testigo para sustentar otros hechos, por qué desestima el relato de la entrega de dinero? ¿Por qué exonera a Hernández? Si el relato es cierto, ¿podemos confiar en que alguien que supuestamente recibió dinero de Rais tenga la imparcialidad para llevar casos contra el empresario y sus aliados políticos y económicos? ¿Podemos confiar en la ética e imparcialidad de una persona que participó en lo que Luis Martínez y Enrique Rais hicieron?
Según el mismo testigo, a veces los fiscales eran recibidos en el Aeropuerto de Ilopango con una alfombra roja antes de ingresar al avión. La alfombra roja de Rais es representativa de la pasividad y el conformismo con el que los salvadoreños hemos acogido la corrupción institucional y sistemática por años. La corrupción no sucede solo cuando un funcionario está preso y condenado; esa es, a veces, la parte final. La corrupción nace mucho antes de la condena; se nutre de la falta de ética y criterio propio y se fortalece cuando los encargados de tomar las decisiones optan por premiarla en vez de castigarla.
Es tiempo de que los salvadoreños dejemos de tenderle una alfombra roja a la corrupción y seamos contundentes con nuestras exigencias. Lo menos que podemos exigir, en este caso, es una Fiscalía independiente y creíble. Eso es complicado cuando el fiscal tiene una clara vinculación política; es complicado cuando su subalterno inmediato supuestamente recibió dinero del hombre acusado de secuestrar la institución; es complicado cuando ambos se conforman con decirnos que como no es ilegal, es permisible. Es complicado, pero eso no debe detenernos de cumplir con nuestra obligación ciudadana de exigir lo correcto siempre, cueste lo que cueste.
