El aún fiscal general de la República, Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, de 51 años, entrará a la historia como el funcionario que condenó a un expresidente por corrupción. Con ese precedente como carta de presentación, Meléndez, cuyo antecesor está condenado por divulgación de escuchas telefónicas, se vende como un impecable funcionario que escudriña allá donde encuentra. Sin embargo, un vistazo hacia adentro de la institución muestra que hay casos menos emblemáticos que el del expresidente Antonio Saca, donde el fiscal no aplicó en su institución lo que predica en foros y conferencias de prensa.
La administración Meléndez condenó a Saca (presidente 2004-2009) a diez años, por apropiarse de fondos públicos, provenientes de la partida secreta. Además, logró la condena de cinco años de cárcel contra el exfiscal Luis Martínez.
Durante sus tres años de gestión, Meléndez ha repetido que recibió una Fiscalía maniatada por el crimen organizado, y en múltiples ocasiones apuntó su discurso contra la corrupción y el nepotismo. “En El Salvador hay una corrupción sistemática. El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada, la corrupción está en todos lados, en las instituciones públicas, ministerios, autónomas, en la política y hasta en la iglesia”, dijo a finales de agosto de 2018, durante el Encuentro Nacional Anticorrupción.
Saca y Martínez condenados; dos procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), el primer mandatario del FMLN; y el apoyo de la embajada de los Estados Unidos eran las cartas para su reelección, algo que no logró. El 21 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa eligió a Raúl Melara como nuevo fiscal general. La independencia de Melara ha sido cuestionada por diferentes sectores porque fue asesor del actual candidato a la presidencia del partido Arena, Carlos Calleja.
Son los últimos días de Meléndez al frente de la Fiscalía. Al revisar sus tres años de gestión, en la rutina, en el día a día, lejos de las cámaras, algunos fiscales cuentan que en esa institución ocurrieron prácticas que se parecen a lo que su jefe más criticó durante su período.
Entre octubre y diciembre de 2018, El Faro conversó con siete fiscales (tres de unidades especializadas, dos de unidades comunes y dos de una oficina subregional, en el interior del país). Todos pidieron anonimato como condición, asegurando que de aparecer sus nombres perderían sus empleos o se les abrirían expedientes en Auditoría Fiscal, la unidad que investiga a los fiscales. “Si el jefe lo tiene a uno en la mira le abren expedientes hasta por no poner el nombre del papá de un testigo en el sistema (informático) ¿A mí como fiscal de qué me sirve saber cómo se llama el papá de un testigo? ¿En qué me ayuda a resolver un caso?”, dijo una fiscal.
Los fiscales describen obstáculos en algunas investigaciones, en especial cuando los involucrados han sido miembros de la Fiscalía. Las fuentes señalan conflictos de interés de algunos jefes y cuentan que la institución encargada de castigar a la delincuencia fue víctima de la delincuencia: la Fiscalía de San Miguel extravió medio centenar de armas que eran evidencias en procesos judiciales. La investigación de ese hecho no ha dado mayores resultados y, pese a los indicios, ningún jefe o empleado fiscal ha sido sancionado.
Este periódico rastreó una serie documentos oficiales (actas policiales, documentos notariales) e información oficial de otras instituciones, como el Tribunal de Ética Gubernamental y la Dirección de Migración, que coinciden con la información revelada por las fuentes anónimas. Así se reconstruyeron cuatro casos, cuatro estampas desconocidas de la administración de Meléndez.
Los otros pasajeros de Rais
Los asesores y jefes de la Fiscalía del exfiscal Luis Martínez sufrieron un terremoto laboral en enero de 2016. El entonces nuevo fiscal Meléndez los trasladó al interior del país, los degradó a unidades irrelevantes o los convirtió en asesores que, en realidad, no asesoran en nada. El hecho de formar parte del círculo de Martínez fue una especie de maldición. “Me quitaron el arma que la institución me había dado, me quitaron el parqueo y me sacaron a la calle. Es ilógico. En la Fiscalía tienen parqueo secretarias, colaboradores, jefes que han tenido una trayectoria irrelevante y que no corren ningún riesgo. Solo la mamá sabe que trabajan aquí y uno que ha puesto el rostro por la institución, les valió pepa. ¿Vos crees que si yo hubiera hecho algo turbio no estaría jalado?”, dice un fiscal que investigó casos de impacto mediático durante la gestión de Martínez.
En sus primeros días en el cargo, habían dos razones que el fiscal Meléndez tenía para desconfiar de los cercanos a Martínez: escuchas telefónicas que daban cuenta de una red de corrupción y unos viajes en aviones privados que realizó Martínez y sus jefes de confianza. Esas dos cosas tenían un nombre en común: Enrique Rais, un viejo conocido del fiscal Meléndez, porque lo procesó sin éxito en un caso de corrupción, durante la década pasada.
El terremoto laboral no tocó a todos por igual. Dos jefes fiscales de la administración Martínez, que incluso viajaron en aviones de Rais, se colaron en el círculo de confianza de Meléndez. Allan Hernández, fiscal que viajó en aviones de Rais, a cargo de una unidad donde se manipuló un caso contra los enemigos de Rais durante la administración anterior, ocupó durante 20 meses la jefatura de las unidades especializadas de la Fiscalía de Meléndez, y luego renunció. El otro sobreviviente se llama Jorge Cortez, otro jefe fiscal que viajó en los aviones de Rais, y que ahora es el encargado de investigar la corrupción que generaron los vuelos patrocinados por Rais.
Entre febrero de 2013 y noviembre de 2015, el ex fiscal general y ahora convicto, Luis Martínez, viajó 48 veces en aviones de Rais, un empresario prófugo de la justicia, acusado de sobornar a Martínez. Unos viajes fueron de placer, en compañía de su familia; otros, oficiales, en compañía de jefes fiscales. Los viajes están valorados en $1,348,220. Según la Fiscalía, Rais prestó los aviones y pagó la gasolina a cambio de que la Fiscalía acelerara procesos judiciales contra sus enemigos.
Rais, de 64 años, es dueño de una decena de empresas en El Salvador, Panamá, Barbados, Suiza y Estados Unidos. Hace una década, la Fiscalía lo acusó sin éxito de la compra fraudulenta del estatal ingenio El Carmen (el caso lo perdió Douglas Meléndez cuando era jefe de la unidad anticorrupción). Luego, Rais se relacionó con negocios de Alba Petróleos y con una empresa fundada por José Luis Merino, dirigente del FMLN. Durante la última década, Rais se enfrascó en una guerra con empresarios canadienses por el control de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), la principal planta de tratamiento de basura en el país. También es dueño de aviones en los que viajó el exfiscal Martínez y políticos como el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo.
La supuesta relación corrupta entre Martínez y Rais fue el primer caso de impacto que promovió el actual fiscal. A su llegada a la Fiscalía, Meléndez ordenó a la Unidad Élite contra el Crimen Organizado investigar las malandanzas de su antecesor. Esa primera investigación no tocó a todos los involucrados por igual.
Durante la primera etapa de la investigación, la cacería se concentró en Martínez y el jefe de la División de los Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, acusado de manipular procesos judiciales a favor de Rais. Las escuchas telefónicas salpicaban a la Fiscalía con una red de corrupción, mientras que los viajes apuntaban hacia asesores, directores y jefes de unidades fiscales. Cinco fiscales integraban el equipo formado bajo la administración de Meléndez, y una de las líneas era investigar a jefes fiscales que fueron trasladados al interior del país o que, incluso, tenían cargos más relevantes en ese momento.
Esto último no llegó a ocurrir en casos donde había indicios claros para investigar.
Así lo cuenta uno de los cinco fiscales: “La investigación no se amplió. Póngale que habían… habíamos detectado a unas siete personas más involucradas que tenían cargos de jefaturas, de directores. Estaba Allan Hernández, estaba Max Muñoz, había personal de la Unidad Antiextorsiones que estaba involucrado. Habían otras personas que tenían jefaturas que estaban señaladas de haber cometido ilícitos, esas investigaciones ahí están y no se han investigado”. A parte de este testimonio, hay documentos que consignan que los señalados por la fuente anónima viajaron en aviones de Rais o participaron en investigaciones que favorecieron a Rais.
Max Muñoz fue el coordinador de la Unidad Antiextorsiones y realizó diligencias para que unos empresarios canadienses fueran acusados por extorsión, allanando el camino para que Rais se quedara con el control de MIDES. El otro fiscal mencionado, Allan Hernández, era el jefe antiextorsiones, unidad que promovió uno de los casos contra los enemigos de Rais, y viajó a países como Guatemala y Barbados en aviones de Rais. Todo esto bajo la administración del ex fiscal Martínez.
Hernández es, además, uno de los tres fiscales que participó en reuniones con sacerdotes y diplomáticos españoles para negociar la condena contra Antonio Rodríguez, conocido como el padre Toño, un sacerdote que, en nombre del gobierno de Mauricio Funes, negoció con las pandillas e ingresó teléfonos a la cárcel. Ese caso fue anómalo, porque la Fiscalía de Martínez utilizó ilegalmente escuchas telefónicas, algo por lo que ya fue condenado a cinco años de prisión el ex fiscal general.
[excavacion tipo='Transparencia']
Cuando Meléndez tomó las riendas de la institución, una de las primeras medidas fue trasladar hacia puestos sin relevancia a algunos jefes de la era Martínez, pero otros lograron ascensos importantes. Hernández, salpicado por los dos casos anteriores, pasó de la jefatura antiextorsiones a dirigir las unidades especializadas de la Fiscalía (crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero). Un cargo creado a su medida, porque después de su renuncia, en agosto de 2017, nadie le sucedió en el puesto.
Muñoz, el otro fiscal relacionado con el caso Rais, conservó una jefatura durante la administración de Meléndez: fue jefe de la Fiscalía en Soyapango y luego trasladado hacia la oficina de Santa Ana, donde actualmente labora.
Pareciera que el discurso de la Fiscalía de Meléndez se parte en dos. Por un lado, admite que los procesos que la Fiscalía anterior abrió contra enemigos de Rais fueron amañados; por otro, ha mantenido en la institución a jefes implicados en esos casos. Es decir que, según la Fiscalía de Meléndez, dos de sus fiscales, cuando eran miembros del equipo de Martínez, participaron en procesos amañados para favorecer al empresario.
El dos de marzo de 2014, el exfiscal Martínez y seis personas más viajaron a Barbados, un paraíso fiscal, a bordo del avión matrícula N44KM. El vuelo costó aproximadamente $49,180. A Martínez lo acompañaba Hernández, su jefe antiextorsiones, y su jefe contra el lavado de dinero, Tovías Menjívar. En ese mismo avión viajaban otras tres personas que no tenían ninguna relación formal con la Fiscalía: Armando Antonio Serrano, César Pompilio López Ramos y Miriam Iliana Miranda López, los abogados y la asistente del empresario Rais.
Los burócratas salieron un domingo y regresaron el martes 4 de marzo de 2014. Ese viaje a Barbados no está en la lista de misiones oficiales de la Fiscalía, según la respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por este periódico. El motivo del viaje era un asunto que solo le interesaba a Rais: recopilar información en ese país para promover un proceso judicial en contra de los canadienses Franco Pacetti y Mateo Pascuale, con quienes mantenía una disputa comercial por el control de MIDES, según diría Menjívar durante la administración de Meléndez, cuando lo convirtieron en testigo de los sobornos de Rais.
Para dos de los tres fiscales que fueron a Barbados, aquel viaje terminaría en problemas durante la siguiente administración fiscal. El 16 de octubre de 2018, el fiscal general Meléndez acusó a su antecesor del delito de lavado de dinero; el exjefe de lavado de dinero, Menjívar, confesó delitos para no ser encarcelado; mientras que Hernández, quien se desempeñó como jefe de áreas especializadas de Meléndez, apenas aparece mencionado en un párrafo del documento fiscal. No es ni testigo ni imputado. Para Martínez y Menjívar, ese viaje terminó en problemas legales; para Hernández, ese viaje, de momento, solo fue un viaje.
Para entender esta trama hay que seguir la pista de un personaje risueño, con bigote. Un fiscal que llegó al cenit de su carrera cuando Martínez le confió la silla de la UIF, la unidad especializada en investigar el delito de lavado de dinero: Tovías Menjívar.
Cuando Meléndez tomó las riendas de la Fiscalía, Menjívar fue uno de los jefes que cayó en desgracia: de codearse con ejecutivos de organismos internacionales antilavado, pasó a una unidad que a diario tiene que lidiar, principalmente, con las pandillas: la unidad de vida, la que investiga homicidios. Era enero de 2016, y Menjívar salió de una oficina con aire acondicionado a litigar casos de homicidios en los tribunales de San Salvador.
Su descenso no terminó ahí. La UIF, la unidad que él dirigió durante tres años, lo citó, lo presionó, lo acorraló tres años después de que dejó el cargo de jefatura. El 15 de agosto de 2018, en una oficina de la colonia San Francisco, en la capital, el exjefe de la UIF confesó ante fiscales de la UIF que obstaculizó investigaciones contra el lavado de dinero y que manipuló procesos para beneficiar a Rais. Él recibió el beneficio de un criterio de oportunidad (confesión para evitar la cárcel). Es uno de los 14 criteriados que la Fiscalía tiene contra el exfiscal Martínez, quien ahora arrastra otro proceso judicial por el delito de lavado de dinero.
Pese a que ha confesado delitos graves, Menjívar continúa laborando para la Fiscalía de Meléndez. Ya no está en la unidad de vida, la que investiga homicidios, sino que fue trasladado hacia la unidad de recepción de denuncias en la Fiscalía de San Marcos, en San Salvador.
En su testimonio, Menjívar habla del viaje a Barbados, el que no está registrado como misión oficial. El exjefe fiscal cuenta que Rais le dio un soborno de poca monta: un sobre con $1,000. Cuenta, también, que el motivo del viaje era obtener documentos para procesar a los empresarios canadienses que reclamaban el control de MIDES. Su testimonio también salpica al exjefe de áreas especializadas, Hernández. Así está consignado en el documento:
“Cuando ya estaban en el aeropuerto de Ilopango subió el señor Rais a despedirlos y le entregó al testigo, al licenciado Allan Edward Hernández Portillo, y al licenciado Luis Antonio Martínez un sobre y les manifestó que eran para sus gastos (…) (el testigo) pudo darse cuenta que se trataba de dinero en efectivo. Al contarlo, era la cantidad de un mil dólares, en billetes de 20 dólares. Luego, el licenciado Allan le preguntó cuánto dinero le habían dado, contestándole que un mil dólares”.
Pese a que está consignado en un documento oficial, Hernández no aparece ni como testigo ni como imputado en la investigación que la Fiscalía ha bautizado como “Caso Corruptela”. Uno de los cinco fiscales contra el crimen organizado que inició la investigación asegura que había indicios para investigarlo penal y administrativamente, pero no se les permitió.
El 12 de diciembre de 2018, El Faro presentó una solicitud escrita de entrevista al fiscal Meléndez. El funcionario alegó que tenía una agenda complicada por el cierre de su gestión, pero que brindaría una respuesta oficial por medio del jefe de prensa, Salvador Martínez. “Durante las diligencias de investigación se ha entrevistado al personal que viajó a diferentes actividades fuera del país en referidas aeronaves. Es necesario aclarar que no ha existido obstaculización de la investigación, que continúa activa, desde el momento que se sometió a investigación a todo el personal relacionado con estos viajes”, fue la respuesta oficial enviada por la oficina de prensa. Sin embargo, el periodo de Meléndez termina, y algunos de los fiscales que viajaron en los aviones de Rais, que se vieron envueltos en la trama de favoritismo que la propia Fiscalía reconstruye, no han sido acusados. Algunos sí, otros no.
El 13 de septiembre de 2013, el entonces fiscal Luis Martínez y seis personas más viajaron hacia Guatemala en el avión N44KM. La Fiscalía de Meléndez consigna en el requerimiento contra Martínez que el costo estimado del viaje fue de $19,730. Dos años después, el cinco de marzo de 2015, Martínez abordó otra vez un avión de Rais, el N501RL, rumbo a la ciudad de Guatemala. Una de las personas que acompañó a Martínez en ambos viajes fue Jorge Cortez, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de la unidad especializada de delitos contra el narcotráfico.
Cortez es otro de los jefes fiscales de la administración Martínez que logró posicionarse en el círculo de confianza del actual fiscal general. Él está a cargo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el ente que acusa al exfiscal Martínez de recibir sobornos por viajar en los aviones del empresario Rais. Entre los viajes que se le cuestionan a Martínez están los dos a Guatemala, en los que Cortez acompañó a su entonces jefe. Acusador y acusado viajaron juntos en esos aviones. Uno terminó acusado y el otro como jefe de la unidad acusadora y testigo en el caso judicial.
En la investigación por sobornos y lavado de dinero, Cortez está en las dos orillas: aparece como testigo, pero también como jefe de la UIF.
Al testigo y jefe fiscal Cortez lo entrevistaron sus subalternos. La entrevista se realizó el 17 de septiembre de 2018, en la oficina a cargo de Cortez, la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos. De entrada, los fiscales preguntaron a su jefe si dirigió alguna investigación contra Rais cuando laboraba como jefe antinarcotráfico. El testigo Cortez respondió con contundencia a sus subalternos “se ve imposibilitado de brindar ese tipo de información”, al amparo de la ley antidrogas.
Los fiscales no insistieron en cuestionar al testigo; es decir, a su jefe.
“Para resguardar la transparencia y la credibilidad de la investigación ninguna de las personas que viajaron en los aviones del señor Rais debería estar involucrado. Es algo tan lógico, tan básico…”, dice uno de los siete fiscales que habló con El Faro.
Al testigo Cortez tampoco le preguntaron detalles sobre los viajes en los aviones de Rais. Y el jefe Cortez no estaba disponible para asesorar a sus subalternos con las preguntas porque, en ese momento, estaba declarando como testigo. La paradoja se mantiene: uno de los jefes fiscales que viajó en los aviones de Rais ha estado a cargo de investigar la corrupción de los vuelos de Rais en la Fiscalía de Meléndez. Uno de los casos emblemáticos de este cierre de gestión se ve empañado por este tipo de procesos.
La sombra de Mossack Fonseca
Al caso se le conoce como los Panama Papers. Se trata de 11.5 millones de archivos de la firma panameña Mossack Fonseca, filtrada a reporteros del periódico alemán Suddeutsche Zetung y compartidos con el International Center for Journalists (ICJ). Un grupo de 370 reporteros de 100 medios de comunicación diseminados por el mundo, investigaron gracias a esos documentos a jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas y celebridades que evadían impuestos o lavaban dinero por medio de offshores panameñas. Este caso no llamó la atención solo en El Salvador, sino en buena parte del mundo.
El Faro formó parte de ese equipo de investigación y reveló que Mossack Fonseca permitió a unos 33 clientes salvadoreños crear 220 compañías opacas en Panamá. Entre esas empresas estaba una relacionada con la actual esposa del presidente Funes, Ada Mitchell Guzmán, prófuga de la justicia, asilada en Nicaragua. Había offshores vinculadas con Telecorporación Salvadoreña (TCS), la principal cadena nacional de televisión. También aparecía el empresario Fito Salume, fundador del partido Democracia Salvadoreña, uno de los partidos políticos que respalda a Carlos Calleja, candidato arenero a la Presidencia de la República en 2019.
El ocho de abril de 2016, cinco días después de la publicación de El Faro, la Fiscalía allanó la oficina de Mossack Fonseca en El Salvador, ubicada en la colonia Escalón. Las autoridades decomisaron un centenar de documentos de empresas y 20 computadoras. Meléndez, entonces recién nombrado en el cargo, justificó el registro porque la noche anterior habían “detectado” que la firma protagonista del escándalo había quitado su rótulo. “No vayan a cometer el error de ocultar información”, advirtió Meléndez a los bufetes involucrados.
Meléndez acompañó a los fiscales de la (UIF), la entidad encargada de investigar el delito de lavado de dinero. Uno de los fiscales destacados en esa unidad y que participó en el allanamiento fue Mario Henryk Ortiz Marroquín, quien trabajó como notario para la firma Mossack Fonseca. Eso implica la siguiente paradoja: el hombre que ayudó a que Mossack Fonseca iniciara operaciones en El Salvador fue el mismo que participó en la investigación a Mossack Fonseca en el país. La documentación que relaciona al actual fiscal de la UIF con Mossack Fonseca es parte de la investigación salvadoreña, con lo cual ha estado en poder de la Fiscalía dirigida por Meléndez.
Mossack Fonseca & Co (El Salvador) fue fundada el 19 de febrero de 2014. La empresa panameña echó mano de dos de sus empresas sombrillas, Dubro Limited S. A. y Aliator S. A., para que figuraran como personas jurídicas en la compañía salvadoreña. Según documentos internos de Mossack Fonseca, el abogado salvadoreño Francisco José Serarols Vega los aconsejó para crear la nueva empresa, colocando la participación de dos entidades jurídicas en el acta de fundación. Para Mosack Fonseca esto no era nada nuevo. El bufete panameño utiliza este tipo de empresas, llamadas shell (o coraza), para dar vida a otras, volviendo casi imperceptible a los beneficiarios reales.
Siete meses después de su nacimiento, el administrador único de Mossack Fonseca & Co (El Salvador), Rubén Alonso Hernández Ventura, un salvadoreño que vive en Panamá, el CEO del bufete que fue el centro de un escándalo mundial, otorgó un poder al abogado Serarols Vela, para que se encargara de todos los trámites de la compañía ante el Centro Nacional de Registro (CNR), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ese documento fue elaborado por Mario Henryk Ortiz Marroquín, un notario que en ese momento, 17 de septiembre de 2014, trabajaba como fiscal de la unidad antiextorsiones de la Fiscalía.
Casi un mes después, el 24 de octubre de 2014, el fiscal Ortiz Marroquín elaboró un segundo documento para Mossack Fonseca & Co (El Salvador). Se trata de una “rectificación de la sociedad”: la escritura de constitución consigna que el administrador único era Rubén Hernández, pero con el nuevo documento pedían que se incluyera el nombre completo y las generales del hombre que dirigía la compañía: “Rubén Alonso Hernández Ventura, licenciado en computación, de Santa Tecla, con domicilio accidental en Panamá”.
En el 2014, el notario Ortiz Marroquín elaboró documentos para Mossack Fonseca; mientras que en el 2018, el fiscal Ortiz Marroquín llegó a Mossack Fonseca a secuestrar documentos, entre esos, los que él mismo había elaborado. El Faro obtuvo esta información por medio de una fuente anónima, pero la verificó con documentos del Registro de Comercio.
La Fiscalía confirma la información. “Durante el procedimiento se encontró un instrumento notarial que había sido elaborado ante los oficios notariales del Licenciado Ortiz Marroquín (…) ante tal situación, inmediatamente se le cuestionó sobre dicho hallazgo y se le ordenó que se retirara del lugar y se dirigiera a la oficina fiscal. Posteriormente se le solicitó un informe respecto a su actuación notarial”, respondió el jefe de prensa de la Fiscalía.
Las autoridades no detallaron si el “informe respecto a su actuación notarial” es parte de alguna investigación administrativa contra el fiscal. “Con el objeto de garantizar la objetividad y transparencia en la investigación, se instruyó para que el licenciado Ortiz Marroquín ya no fuera incluido en la investigación y esta continúo en manos del grupo de fiscales que iniciaron este caso, el cual se encuentra en condición de activo”, respondió la Fiscalía.
El fiscal Ortiz Marroquín fue separado de la investigación, pero sigue destacado en la unidad que investiga casos de lavado de dinero, según documentos de la Fiscalía que datan del 2017 y del 2018.
Eso significa que uno de los notarios que elaboró documentos para Mossack Fonseca, la firma que fue protagonista de un centenar de casos de lavado de dinero por el mundo, continúa investigando casos de lavado de dinero en el país.
En Panamá, por ejemplo, cuatro socios de Mossack Fonseca fueron acusados de blanqueo de capitales. En España, el exministro José Manuel Soria retiró su candidatura a un alto puesto en el Banco Mundial (BM) por sus empresas offshore. En Islandia, el primer ministro Sigmundur David Gunniaugsson renunció; mientras que en El Salvador, los documentos de la filial panameña terminaron en el archivo de un juzgado y después de tres años nadie ha sido procesado. Los documentos y el equipo informático decomisado en Mossack Fonseca & Co (El Salvador) están bajo resguardo del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, bajo reserva por la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Los únicos que pueden tener acceso a esa documentación son el juez y los fiscales de la UIF.
Las 52 armas que se perdieron
El 12 de abril de 2014, la fiscal María Teresa Salmerón se dirigió hacia la bodega de la Fiscalía en San Miguel a buscar unos billetes que eran evidencia en un proceso judicial por extorsión. La fiscal no encontró el dinero e informó del “faltante” a su jefe. La administración, dirigida por José Gregorio Villareal Colato, ordenó cambiar la chapa de la puerta y la vida siguió como si nada se hubiera extraviado.
Tres meses después de la pérdida del dinero, en julio de 2014, a la bodega de la Fiscalía, ubicada en el local 804, entre la 15 y la 17 calle oriente de San Miguel, ingresó una pistola 9x19 milímetros, marca Ruger, un cargador y cuatro cartuchos decomisados a José Amaya, en el municipio de San Rafael Oriente.
Cinco meses después, cuando la fiscal Brenda López preparaba el caso contra Amaya por el delito de portación o conducción ilegal de arma de fuego, descubrió que no tenía ninguna evidencia. La pistola, el cargador y los cartuchos habían desaparecido de la misma bodega de la que desapareció el dinero. Y eso no era lo único que faltaba. A la institución encargada de castigar a la delincuencia también le robaron más dinero, droga y medio centenar de armas, pistolas y fusiles.
La primera revisión en la bodega determinó que eran cinco las armas extraviadas. Luego, en enero de 2015, el jefe de la Unidad de Solución Temprana, Lázaro Edmundo Joya, informó, en el memorándum USTM 09/2015, que faltaban ocho armas. El reporte llegó al escritorio del jefe de San Miguel, Villareal Colato; del director de la zona oriental, Germán Arriaza; del auditor fiscal, Higinio Marroquín; y del entonces fiscal general y ahora recluso, Luis Martínez. Todo apuntaba a que el problema no se solucionaba con cambiar una chapa.
“De acuerdo a los avances que se han tenido en la investigación, se ha descubierto que no únicamente son las cinco armas mencionadas sino que a la fecha se ha descubierto el hurto de una cantidad que supera la veintena de armas de fuego”, reportó el auditor Marroquín al exfiscal Luis Martínez, en enero de 2015. En ese documento, Auditoría Fiscal recomendaba trasladar al jefe de la bodega, Hubert Mario Rosales Coreas. Cada vez que alguien nuevo indagaba, el número de armas, de evidencias perdidas, aumentaba.
El informe de Auditoría Fiscal hablaba de “una veintena” de armas, pero en realidad eran más. La Fiscalía de San Miguel extravió 52 armas, entre ésas dos fusiles de asalto Galil, propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC). También se extraviaron $11,500 -una parte del dinero había sido decomisada a las pandillas y otra parte era evidencia de entregas controladas en casos de extorsión-.
“Los fusiles Galil son grandes y se llevaron todo el paquete embalado. ¿Cómo no lo iban a ver?”, se pregunta una de las siete personas que investigó el caso.
El exfiscal Martínez asignó el caso a la Unidad Élite contra el Crimen Organizado y una de las primeras personas entrevistadas fue al bodeguero. Este periódico tiene copia de la declaración que rindió ante dos investigadores policiales. Él dijo que la Fiscalía nunca elaboró un inventario de las evidencias y, por lo tanto, nadie sabía qué había y qué faltaba en la bodega. Además, contó que no era la única persona que tenía llave. Habían tres llaves más: una la tenía el jefe de la oficina fiscal, Villareal Colato; otra, el jefe de la Unidad de Vida, Óscar René Meléndez Villatoro; y una tercera, el jefe de la Unidad de Solución Temprana, Joya. “Todos tenían en su poder una llave”, reiteró el bodeguero.
Mientras esto ocurría, la Fiscalía aún estaba bajo el mando del exfiscal Martínez.
La información ampliaba la lista de sospechosos. La fuente que contó algunos de los detalles del caso a El Faro dice lo siguiente sobre los jefes fiscales: “Por lo menos para sancionarlos administrativamente, mientras duraba la investigación, habían suficientes indicios, pero (las autoridades) no tomaron ninguna medida. Se intentó seguir investigando, pero no se contó con el apoyo. Por el hecho de que ellos tuvieron llave, eran sospechosos penal y administrativamente”.
El exfiscal Martínez abrió una investigación administrativa y penal por el extravío de las armas, pero al cierre de su período (en diciembre de 2015) no había ningún resultado. Luego, en enero de 2016, el nuevo fiscal ratificó a las jefaturas salpicadas por la pérdida de evidencias en los siguientes tres años. La vida siguió como si nada se hubiera extraviado.
La Fiscalía abasteció de armas al crimen organizado. Al menos eso determinó el decomiso de algunas armas que fueron rastreadas con el apoyo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). Siete de las 52 armas extraviadas en San Miguel terminaron en manos de la Mara Salvatrucha 13 de La Unión; tres fueron comercializadas en San Miguel; una, en San Francisco Gotera; y la última se decomisó a un miembro de una banda de robafurgones, capturado cerca del centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán. Los decomisos de esas armas dan una dimensión del daño que la negligencia de los jefes del oriente podía causar a la población.
“Recuperamos como 12 armas, la mayoría en poder de las pandillas, involucradas en homicidios. A lo que nosotros queríamos llegar es quién las había pasado a la pandilla, pero no recibimos el apoyo (de las jefaturas fiscales) que se necesita para seguir investigando”, dijo la fuente.
En enero de 2016, durante el primer mes de Meléndez como fiscal, la policía capturó a un ganadero en el oriente del país por la tenencia ilegal de un arma. Las autoridades rastrearon el número de serie y confirmaron que era una de las que había desaparecido de la Fiscalía en San Miguel. El ganadero reveló que se la había comprado a un vigilante privado.
Ese vigilante trabajaba para una empresa privada que custodiaba la Fiscalía de San Miguel. El vigilante, arrinconado por el testimonio del ganadero, aceptó delatar a otra persona para no teminar en la cárcel. Ese testigo, bautizado como Lucas, contó que solo sirvió de intermediario para negociar el arma que le había entregado Juan Carlos Pérez Sánchez, el encargado de la vigilancia privada en la Fiscalía de San Miguel.
Los fiscales contra el crimen organizado que dirige Will Walter Ruiz, primo del fiscal Meléndez, no lograron sostener la acusación por hurto y comercio ilegal de armas contra el vigilante de la Fiscalía. Nadie sabe cómo esa arma llegó a manos de Pérez Sánchez. Un tribunal de San Miguel lo condenó por el delito de receptación (negociar un arma robada) a un año y ocho meses de trabajo de utilidad pública. Un castigo mínimo para un caso grave.
En tres años, la Fiscalía de Meléndez no logró descifrar quién sustrajo las otras 51 armas y los $11,500, mucho menos saben cómo algunas de esas armas terminaron en manos del crimen organizado. “A la fecha la investigación se encuentra aún activa y pendiente del resultado del trabajo investigativo de campo que se realice por parte de los investigadores”, respondió la Fiscalía.
Los últimos dos fiscales generales no sancionaron ni despidieron ni removieron del cargo a ninguna de las jefaturas bajo cuyas narices ocurrió todo esto.
Sobre este caso, la Fiscalía aseguró en su correo del 20 de diciembre de 2018 que sigue abierta la investigación.
El fiscal Luis Martínez no consiguió nada, el fiscal Douglas Meléndez logró una condena mínima por la receptación de un arma, mientras que al próximo fiscal general, Raúl Melara, le heredan la tarea de buscar al responsable o los responsables de llegar a la bodega de la Fiscalía de San Miguel y, sin necesidad de forzar ninguna puerta, llevarse las otras 51 armas...
“Siempre se ha promovido a los cheros”
El 13 de junio de 2017, el fiscal Meléndez participó en un evento de la Embajada Británica en el país, llamado Great Talks. En su discurso, el funcionario habló contra el nepotismo y de la pasividad de instituciones como la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental para atacar ese problema.
“Siempre se ha promovido en El Salvador a los cheros y las amantes (…) a los amigos, a los compadres, al recomendado, al hijo del político o don fulano, a sus propios parientes, al afiliado a un partido político, a los asesores y hasta domésticas”, dijo. Para los fiscales que hablaron con El Faro, las palabras de Meléndez fueron como piedras que el funcionario lanzó contra su propio techo de vidrio.
En el 2016, durante la primera rotación de jefaturas, Meléndez trasladó al jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, Daniel Domínguez, a la Unidad de Derechos Humanos. Domínguez dirigió la investigación que concluyó con la captura de Rodrigo Chávez Palacios, acusado de descuartizar a su víctima. El otrora jefe de una unidad élite volvió a ser un fiscal de la llanura. La plaza fue asignada a Will Walter Ruiz Ponce, primo del fiscal Meléndez, con unos 18 años de experiencia como fiscal contra el crimen organizado.
“Cuando un funcionario contrata familiares, aún sin que estos reciban un salario, puede dar pasos a actos de corrupción, ya que el burócrata lo que quiere es controlar una u otra entidad”, dijo el fiscal general en Great Talks.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) confirmó que existe una investigación abierta por algunos ascensos en la Fiscalía. La investigación inició en el 2016 cuando Ramón Rosa García, un abogado del que hay pocas referencias, presentó “un aviso” por el nombramiento del primo del fiscal como jefe de la unidad contra el crimen organizado. El aviso incluía los ascensos de Noris Marlene Flores Urquiza, su esposo José Israel Zavala Cubías y de Sandra Marlene Romero Ramos, compadres en el sentido religioso del fiscal Meléndez.
El Faro preguntó a la unidad de prensa del TEG sobre la situación del aviso presentado por el abogado Rosa García. “Está en trámite y por lo mismo no te podemos dar más información”, respondió una empleada del tribunal.
Entre el 2007 y 2016, Flores Urquiza fue jefa de la unidad de recepción de denuncias, unidad del menor y la mujer y unidad penal juvenil. Con la llegada de Meléndez fue nombrada Secretaria General de la Fiscalía y en julio de 2018 fue nombrada Fiscal Adjunta.
El esposo de Urquiza era jefe de la Fiscalía de San Vicente y actualmente se desempeña como Director de Intereses de la Sociedad en San Salvador. La fiscal Romero Ramos era coordinadora de una unidad de vida en Santa Tecla y actualmente está al frente de toda la subregional en esa ciudad.
Sobre estas personas cercanas al fiscal, la oficina de prensa no dijo nada en su respuesta del 20 de diciembre.
Las promesas de entrevista del fiscal Meléndez
El 12 de diciembre de 2018, El Faro presentó por escrito una solicitud de entrevista con el fiscal Meléndez. Una semana después, el jefe de prensa, Salvador Martínez, dijo que el funcionario tenía una agenda complicada por el cierre de su gestión, y que él fue designado para responder las cuatro temáticas que, de manera general, se le exponían en la carta.
Meléndez concedió una entrevista a El Faro el 27 de abril de 2016, tres meses después de que tomó las riendas de la Fiscalía. En aquel momento, el fiscal se quejaba de presiones y ataques por su trabajo contra la corrupción y el crimen organizado. El fiscal había prometido una hora de entrevista, pero solo concedió 38 minutos de conversación. Aseguró que tenía un viaje de emergencia hacia la ciudad de Guatemala. El funcionario prometió continuar con la plática a la siguiente semana. Nunca cumplió su promesa.
A finales de julio de 2016, cuando el funcionario brindó una conferencia de prensa en el Centro de Ferias y Convenciones para presentar los resultados de la Operación Jaque, una investigación orientada a golpear las finanzas de la Mara Salvatrucha 13, al fiscal Meléndez se le recordó sobre la entrevista pendiente. “Después de vacaciones”, prometió. De nuevo, incumplió su promesa.
En diciembre de 2017, durante un evento en el Hotel Crown Plaza, de la colonia Escalón, El Faro abordó a Meléndez por una investigación sobre los viáticos del exfiscal Luis Martínez y, de nuevo, se le recordó sobre la entrevista pendiente. “Hay que coordinar con prensa”, sugirió. Tales gestiones no dieron ningún resultado. El 9 de junio de 2018, cuando anunció una acusación contra el expresidente Mauricio Funes por el delito de lavado de dinero, este periódico le recordó, otra vez, la promesa de entrevista.
—Ustedes se merecen una entrevista por todo lo que investigaron, dijo.
—Nos prometió una entrevista hace dos años, ¿con quién tenemos que gestionar? —se le respondió.
—Hablen con Salvador (jefe de comunicaciones) y coordinamos la otra semana.
Esa gestión tampoco dio ningún resultado.
(Abajo, el video completo de la entrevista inconclusa que el fiscal Meléndez concedió el 27 de abril de 2016 a los periodistas de El Faro Efren Lemus y Óscar Martínez).
