CIUDAD DE GUATEMALA. Cuatro años después de provocar un sismo político en Guatemala al revelar una estafa en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, la ex fiscal general Thelma Aldana fue proclamada este domingo candidata a la presidencia para las elecciones generales del 16 de junio por el partido político Semilla.
Entre 2014 y 2018, Aldana lideró una inédita lucha anticorrupción, apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Apenas un año después de llegar al cargo, Aldana procesó a Pérez Molina y también acusó y logró llevar a la cárcel a la compañera de fórmula del exmandatario, Roxana Baldetti, también por casos de corrupción. Desde entonces comenzó a ser una fiscal incómoda para el poder económico-político de las viejas élites en Guatemala, esas a las que Aldana llama “alianza criminal”.
Su candidatura con Semilla, agrupación que surgió de los indignados por la corrupción del gobierno de Pérez Molina (2012-2015), ha estremecido a las élites políticas y económicas del país centroamericano e incluso ya hay quienes buscan frenarla. Según el periódico Nómada, Contra Aldana se han interpuesto denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral y las cortes guatemaltecas.
El partido UNE, que lleva como candidata a Sandra Torres (exesposa del expresidente Álvaro Cólom, procesado en una investigación por corrupción en el sistema de transporte público en Ciudad de Guatemala), intentó bloquear la inscripción de Semilla en el TSE bajo el argumento de que existían muchas similitudes entre el logo de esta organización y el del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Ricardo Méndez Ruiz, un exprecandidato presidencial por el Partido Liberal Guatemalteco (PLG) y presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) también ha presentado varias denuncias en las que acusa a Thelma Aldana de delitos como fraude, peculado por sustracción, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
Guatemala Inmortal, una organización conservadora y antiCicig, también hizo el intento de presentar un amparo contra de Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, por permitir la inscripción de Thelma Aldana porque, se señalaba, ella no contaba con un finiquito.
Aldana no ignora estos hechos. El domingo, en una conferencia de prensa, dijo que las acusaciones buscan frenar su candidatura. 'Como yo sé cómo funcionan las estructuras criminales en Guatemala, porque las investigué, sabía que iban a tratar de afectar mi finiquito. Entonces me adelanté al Pacto de Corruptos y lo pedí con la antelación debida. Ahora hasta querrán allanar mi casa para llevarse el finiquito. Pero este documento legal está resguardado y nadie lo puede cuestionar', dijo.
En enero pasado, en un evento realizado en San Salvador que versó sobre la importancia de las misiones internacionales contra la impunidad en la región centroamericana, Aldana habló con El Faro sobre su candidatura.
'Tenemos mucha claridad de que nos estamos enfrentando a un sistema cooptado, de que estamos inmiscuyéndonos en la política que ha sido exclusiva para la vieja política tradicional, que ha diseñado el sistema de impunidad y de cooptación que vive el país', dijo Aldana. 'Estamos conscientes de que es un sistema que ha estado cooptado pero también sabemos, y tenemos derecho constitucional de participación, y lo vamos a ejercer', añadió.
Guatemala, por ahora, atraviesa una crisis institucional que apunta a una escalada sin precedentes.El actual presidente, Jimmy Morales, que llegó al poder en enero de 2016 como producto del desencanto popular hacia la clase política, busca la expulsión de la Cicig, apoyado por políticos y empresarios investigados por la Comisión y el Ministerio Público.
Morales dio un giro en su discurso. De su promesa de respaldar a la Cicig en todo momento pasó a la confrontación abierta contra la misión internacional. Morales, según el procurador de derechos humanos, Jordán Rodas, ha dado una puñalada a la Cicig con sus decisiones. Morales ha anunciado que en septiembre próximo no renovará el mandato de la Cicig y ha tomado varias acciones contra esta misión que ha desarticulado decenas de estructuras criminales enquistadas en el Estado.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala se ha convertido en un bastión de defensa de la Cicig. Con sus decisiones, ha logrado congelar las últimas arremetidas del Gobierno contra la Comisión y sus aliados.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, desde septiembre de 2018 tiene prohibido el ingreso a Guatemala por orden del presidente Jimmy Morales. Pérez Molina, un sexagenario general retirado, renunció en septiembre de 2015 en medio de protestas callejeras señalado como cabecilla del fraude. Está en prisión desde entonces, a la espera de ser juzgado por el caso aduanero denominado 'La Línea' y otros escándalos destapados por Aldana y la Cicig.
Fiscalizadora de presidentes
Cuando fue nombrada al frente del Ministerio Público en 2014, Aldana enfrentó una ola de dudas sobre su independencia. No obstante, casi un año después, tuvo que señalar de corrupción al propio presidente Otto Pérez Molina -quien la había nombrado en el cargo. 'Me dio mucha preocupación, me dio mucha pena, me enojé, (fue) una serie de sentimientos y de incredulidad porque pensaba que no podía ser que el presidente mismo estuviera involucrado' en la estafa en las aduanas, dijo Aldana en un foro en 2017.
En agosto de ese año, la entonces fiscal general provocó una nueva agitación en Guatemala al pedir junto con el exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, retirar la inmunidad del presidente Jimmy Morales para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal en la campaña del partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.
Un año antes, la fiscalía y la Cicig habían señalado a un hijo y un hermano de Morales de participar en un fraude en un contrato de alimentos para el Registro General de la Propiedad en 2013.
Estas acusaciones provocaron el distanciamiento del presidente con Aldana y Velásquez. El mandatario llegó incluso a prohibir el retorno a Guatemala del colombiano y trató de forzar el cierre prematuro de la Cicig, cuyo mandato termina en septiembre.
Las revelaciones hechas por la fiscalía y la Cicig provocaron que Aldana se hiciera enemigos políticos, quienes la han acusado de armar casos judiciales para promover su candidatura.
Aldana asegura que la ciudadanía guatemalteca ha despertado y no permitirá que el combata la corrupción se detenga. Jefes fiscales del ministerio público, no obstante, aseguran que el fin de la CICIG supone que se vuelva a tiempos de mayor impunidad 'Si se va la CICIG, volvemos a lo de antes', declaró a El Faro el jefe fiscal Juan Francisco Sandoval, en septiembre del año pasado.
El nobel alternativo
La aspiración presidencial de Aldana era un secreto a voces desde la año pasado. El martes 29 de enero, Semilla emitió un comunicado donde afirmaba que Aldana sería su aspirante presidencial, lo que fue ratificado este domingo 10 de marzo a través de una asamblea general de afiliados.
El Tribunal Supremo Electoral en Guatemala ya ha convocado a elecciones presidenciales a celebrarse en junio. “Estamos integrando una plataforma ciudadana que está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil y que también tiene algunos partidos políticos. Tenemos mucha claridad de que nos estamos enfrentando a un sistema cooptado”, dijo Aldana, a El Faro el 14 de enero.
Aldana está casada y es madre de dos hijos. Habla con cadencia y con una selección muy precisa de palabras. “En Guatemala decimos que nos han cortado todas las flores, pero que la primavera va a llegar”, respondió cuando se le preguntó sobre el horizonte que veía en su país.
De cabello corto y semblante serio y con 63 años, Aldana se lanza a la arena política tras una larga trayectoria en la carrera judicial, en la que llegó a presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre 2011 y 2012.
En 1982, mientras estudiaba para abogada, trabajó como conserje en un juzgado de familia en la ciudad occidental de Quetzaltenango, donde luego fungió como notificadora y oficial de turno. Desde entonces ha ocupado diferentes puestos en el Poder Judicial y otras instituciones, además de desempeñar la docencia universitaria.
Lidia con la sombra de haber sido señalada en 2009 -junto con otros cinco magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- como no idónea por presuntos vínculos con grupos paralelos de poder, según la Cicig, dirigida en ese momento por el jurista español Carlos Castresana.
No obstante, en septiembre pasado, Aldana y Velásquez fueron reconocidos en Suecia con el premio Rights Livelihood, el llamado 'Nobel Alternativo', por su lucha contra la corrupción en Guatemala.
Ambos fueron galardonados por los 'innovadores métodos que adoptaron para denunciar los abusos de poder, rehabilitando de hecho el crédito de las instituciones públicas', de acuerdo con el jurado sueco que otorga el galardón.
*Con reportes de Gabriel Labrador
