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En la nueva edición del juicio contra los operadores de La Tregua entre pandillas, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, regresó a los tribunales y confesó, de nuevo, que él gestó una política de gobierno que desplomó los homicidios entre marzo de 2012 y la primera mitad de 2013, con la venia del expresidente Mauricio Funes.Como si de un déjà vu se tratara, Munguía Payés repitió el mismo discurso de hace dos años, cuando la fiscalía dirigida por Douglas Meléndez acusó a los mandos medios del gobierno que tuvieron participación en esa política, pero dejó de lado el papel de Munguía Payés (para entonces ministro de Seguridad) en la planeación de una serie de acciones que derivaron en beneficios carcelarios para los pandilleros en prisión, como el traslado de reos de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a cárceles comunes.El 29 de abril, Munguía Payés, de nuevo como testigo pero no como investigado, fue el único que declaró a favor de los 18 acusados de permitir el ingreso de ilícitos y cometer irregularidades en las cárceles donde estaban pandilleros. Munguía Payés también repitió que la tregua fue una política de Gobierno avalada por el expresidente Mauricio Funes ante el juez suplente del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, Cruz Vázquez. Luego repitió su dicho en una conferencia de prensa que ocurrió dos horas después de su participación en el juicio.“El proceso de pacificación era una política pública de gobierno. Mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores, y los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantener informado al señor presidente de la República (Mauricio Funes) de los avances del proceso”, aseguró el funcionario en la conferencia de prensa.En septiembre de 2012, seis meses después de que El Faro revelara las negociaciones entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios, Munguía Payés confesó por primera vez su protagonismo en esta estrategia de seguridad, que fue conocida como 'La Tregua'. Al principio, tanto el entonces ministro de Seguridad como el Gobierno de Funes habían negado que tal proceso fuera cierto, pero en septiembre de 2012, <a href='http://www.salanegra.elfaro.net/es/201209/cronicas/9612/La-nueva-verdad-sobre-la-Tregua-entre-pandillas.htm' target='_blank'>Payés confesó que la planeación de ese proyecto se hizo en su despacho. </a>El 11 de agosto de 2017, <a href='/es/206005/el_salvador/18542/Fiscal%C3%ADa-captura-a-los-obreros-de-la-Tregua.htm' target='_blank'>en la primera vista pública por este caso</a>, el militar repitió esta versión. En aquella ocasión, Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, Raúl Mijango, mediador de la tregua, y 16 imputados más quedaron absueltos de cargos por decisión de Godofredo Salazar, juez Especializado de Sentencia A. El juzgador concluyó que los imputados recibieron órdenes de su superiores para ordenar el traslado de cabecillas de pandillas a centros penales con menos rigor y, también, la autorización para introducir ilícitos a cárceles. En la sentencia, el juez señaló que los responsables en realidad habían sido Mauricio Funes, expresidente de la República y Munguía Payés. E<a href='/es/201708/salanegra/20815/Juez-exonera-a-obreros-de-la-Tregua-y-pregunta-por-qu%C3%A9-Fiscal%C3%ADa-no-acus%C3%B3-a-Mungu%C3%ADa-Pay%C3%A9s.htm' target='_blank'>l juez incluso reclamó a la Fiscalía por la falta de investigación y de pruebas que permitieran llegar hasta esos altos mandos.</a>La sentencia del juez Salazar fue anulada por la Cámara Especializada de lo Penal, que respaldó la tesis de la Fiscalía al concluir que el juzgador no valoró toda la prueba que fue presentada para demostrar la participación de los 18 imputados. Por eso, en abril de 2018, la Cámara ordenó un nuevo juicio. Las reglas procesales impiden que en la reedición de un mismo caso se puedan presentar nuevos elementos, acusaciones e imputados. Es decir, los fiscales que llevan el caso están de manos atadas otra vez y repiten la persecución solo contra los operadores de la Tregua. Es decir, los mandos medios que recibieron órdenes del Ministerio de Seguridad de Munguía Payés para permitir movimientos e ingreso de ilícitos a centros penales que, según la FGR, estuvieron fuera de la regla.  El ex fiscal general, Douglas Meléndez, fue quien promovió este caso en 2017, y aunque reconoció que no había elementos suficientes para acusar a Munguía Payés, sugirió que esperaban que en el desarrollo del proceso surgieran pruebas que lo incriminaran. <a href='/es/206005/el_salvador/18606/Fiscal%C3%ADa-hab%C3%ADa-elaborado-un-borrador-para-pedir-antejuicio-contra-Mungu%C3%ADa-Pay%C3%A9s.htm' target='_blank'>De hecho, la FGR hasta había elaborado una petición de antejuicio contra Munguía Payés, pero desistió de presentarla.</a> Las pruebas contra Munguía Payés tampoco aparecieron en aquel primer juicio.  El 29 de abril, consultado sobre por qué no es él quién responde por las acusaciones, Munguía Payés responde: 'Es que mire, este caso se volvió mediático y la gente puede decir lo que quiera. ¿Por qué nosotros no estamos siendo procesados? Porque no hay información que nos implique a nosotros en ningún ilícito. Nosotros estábamos desarrollando una política pública', dijo.

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Munguía Payés se hace cargo de la Tregua por tercera vez

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