El primer miembro del Batallón Atlacatl que aceptó declarar en el juicio por la masacre de El Mozote ni siquiera estuvo en el lugar de los crímenes cuando sucedieron. El Atlacatl encabezó un operativo en Morazán, en diciembre de 1981, que acabó con el asesinato despiadado de casi un millar de personas civiles, la mayoría niños. 38 años más tarde, el teniente (ahora coronel) Rolando Brizuela aceptó testificar en el proceso que se sigue a altos oficiales y algunos de sus compañeros de batallón en el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Alberto Rolando Brizuela, conocido por Roberto Rolando Brizuela, es también el primer testigo que presentan los abogados de la defensa. Él fue citado por los defensores del general Mauricio Isaac Duke Lozano, uno de los 16 oficiales acusados hasta agosto de 2019 por la masacre. El coronel Brizuela acudió el 22 de agosto al tribunal para decir, en esencia, que el general Duke estaba físicamente incapacitado para operar con el Atlacatl en el norte de Morazán porque, cinco meses antes del operativo, había sufrido una lesión en una pierna.
Brizuela ya había contado este relato hace dos años, el 17 de agosto de 2017, en una declaración jurada ante los oficios de Manuel Cruz Azucena, uno de los defensores del general Duke. La tesis del equipo de defensa, también compuesto por el abogado Edgardo Acosta Oertel, es que su cliente no estaba físicamente en el lugar de los hechos y, por tanto, no puede ser acusado de los delitos que cometieron los militares que masacraron en El Mozote.
Ninguno de los oficiales acusados ha querido sentarse a responder preguntas de sus defensores, pero también de los fiscales y querellantes. En las pocas veces que se han dirigido al juez, han intentado desviar culpas a las autoridades civiles sobre ellos, una versión que se pelea con la historia porque niega el poder de las cúpulas militares durante la guerra civil (1980- 1992).
Si Brizuela aceptó declarar, quedó claro en la audiencia, fue por la cercanía que lo une con Duke, a quien todavía se refiere como “mi general”, una forma muy común usada por los miembros de la milicia para referirse a sus superiores. Se conocieron en la Escuela Militar en 1971 y formaron parte de la tanda de 1974, la promoción de oficiales de ese año. Además, Brizuela aceptó que es compadre de Natividad de Jesús Cáceres, el segundo al mando del Atlacatl en 1981, también imputado en el juicio por El Mozote.
Un informe de la experta estadounidense Terry Karl ha concluido que las tandas en el ejército salvadoreño funcionaron como “mafias familiares”, en la que todos los miembros se protegían entre sí y se juraban lealtad. El informe fue usado en el juicio migratorio en Estados Unidos contra el coronel Inocente Montano, acusado por la masacre de los jesuitas, en 1989. Karl, por cierto, también está juramentada como perito en el caso de El Mozote.
El coronel Brizuela dio otra línea de defensa: que uno de los acusados no estaba en Morazán en diciembre de 1981. Esta versión ha sido también usada por apologistas del coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón, para exculparlo de lo ocurrido en El Mozote. Sin embargo, estos oficiales están acusados como autores mediatos de crímenes como asesinato, violación, tortura, o desaparición forzada. Es decir, están enjuiciados por haber planificado, dirigido, ordenado, supervisado o incluso permitido los hechos. No haber estado en el lugar no necesariamente los exime de responsabilidad.
Brizuela fue miembro fundador del batallón Atlacatl, una unidad especializada y entrenada por Estados Unidos, creada en marzo de 1981. Brizuela dijo que se retiró el 30 de noviembre, 10 días antes de la masacre. Brizuela dijo que en julio del 81, el Atlacatl estaba en una operación en el norte de Chalatenango.
“Mi general Duke Lozano fue herido. Yo estaba en la zona. Toda la oficialidad lo sabía. Nos informaron que tuvo una lesión por una granada y había sido evacuado por medio aéreo. En casos graves, los heridos eran sacados por vía aérea”, dijo Brizuela, ante preguntas del abogado Cruz Azucena.
“Él (Duke) fue herido en una de sus piernas por haber pateado una mina. Tenemos entendido que fue evacuado hacia el hospital militar. Me retiré el 30 de noviembre (de 1981) y me despedí de él en el batallón. Todavía cojeaba y andaba con bastón. Ningún comandante lo podría utilizar porque no estaba operativo”, añadió Brizuela.
“He olvidado un montón de cosas”
El conocimiento que dice tener Brizuela sobre la masacre de El Mozote e incluso sobre el batallón Atlacatl es muy limitado para alguien que perteneció a esa unidad militar. Tras decir que el general Duke estaba lesionado, añadió poco más.
Brizuela dijo bajo juramento al juez que no recordaba cuántas compañías tenía el batallón Atlacatl, ni el nombre del comandante de su compañía, ni el de su oficial superior. Tampoco recuerda la fecha del operativo en Chalatenango en que Duke se lesionó, ni el nombre del operativo, ni los municipios en los que se desarrolló. “He olvidado un montón de cosas”, dijo.
Según reportes periodísticos de la época, un batallón especializado se formaba por escuadras; las escuadras formaban secciones; las secciones formaban compañías y las compañías conformaban un batallón. El coronel Brizuela dijo que él era comandante de la segunda sección de la tercera compañía y que tenía a su cargo a 30 hombres. Duke era comandante de la segunda compañía. De todos esos oficiales solo recordó tres nombres: el de Duke, el de Domingo Monterrosa, comandante del batallón, y el de (Natividad) Cáceres, el oficial ejecutivo, segundo al mando del Atlacatl.
Ante preguntas de los fiscales de la unidad de crímenes de guerra y de los acusadores particulares, Brizuela dijo que no le constaba que el general Duke no había participado en el operativo de El Mozote. También dijo que, aunque estaba físicamente impedido, Duke sí estaba “capacitado para hacer labores de logística y personal”.
“Una persona aunque no esté en el terreno puede desempeñar funciones de planificación logística. Una operación como Rescate con más de mil hombres, diversas unidades militares, un batallón que va a estar 15 días en un terreno conflictivo, obviamente tiene una logística muy grande”, dijo a periodistas el querellante David Morales, en declaraciones después de la audiencia. “La masacre no hubiera sido posible si no hay un plan logístico en el batallón, supervisando en el batallón para que salgan los camiones, para que la tropa esté ahí y pase tres días en el terreno exterminando su población civil. Estar o no en el terreno no los libera de responsabilidad”, agregó.
De momento no hay otras audiencias de testigos programadas. La querella ha adelantado su intención de presentar más testigos de cargo, para acreditar los nuevos delitos que el juez Jorge Guzmán añadió en abril de este año: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. El fiscal Julio Larrama, jefe de la unidad de delitos de la guerra de la Fiscalía, dijo que siguen trabajando con la lista de soldados del Atlacatl para determinar si algunos de ellos serán añadidos al proceso y en qué calidad, si como testigos o como imputados.
El juicio cumple en septiembre de 2019 tres años de su reapertura. No hay forma de saber cuánto tiempo más se va a prolongar la fase de Instrucción, aunque el fiscal Larrama calcula que al menos hasta el final de 2019 seguirá en esta etapa, antes de que el juez Guzmán decida si hay suficientes elementos para que el caso pase a vista pública.
