Publicidad

PDDH: La Policía ejecutó a 116 personas entre 2014 y 2018

La Policía del segundo gobierno del FMLN permitió la existencia de grupos de exterminio que persiguieron, torturaron y ejecutaron a decenas de salvadoreños en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada por el expresidente Salvador Sánchez Cerén. Tras las ejecuciones, encubrieron los crímenes y amenazaron a testigos y familiares de las víctimas. Eso concluye un contundente informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que redimensiona el deterioro al interior de la PNC.

 
 

La Policía Nacional Civil (PNC), la institución creada por los Acuerdos de Paz para superar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los extintos cuerpos de seguridad del Estado, cometió 116 ejecuciones extrajudiciales, alteró las escenas de sus crímenes y amenazó a testigos y familiares de las víctimas entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno del FMLN, el partido de izquierdas de El Salvador.

A esas conclusiones ha llegado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en un contundente informe revelado el 27 de agosto, en el que se describen nuevos patrones de la violencia y represión y narra detalles de cómo grupos de agentes ejecutaron a 116 salvadoreños en 48 operativos policiales. (Descargue el informe).

“Con la presentación de este informe pretendo dar a conocer las graves afectaciones por derecho a la vida cometidas por ejecuciones extralegales en El Salvador, a través de la sistematización de 48 casos emblemáticos investigados por la PDDH en los años 2014-2018”, dijo la procuradora Raquel Caballero de Guevara, que heredó de su predecesor, David Morales, la investigación de decenas de casos. Hasta la fecha, al menos públicamente, la PDDH solo había revelado que la PNC cometió ejecuciones fuera de la ley en tres casos: San Blas, en el que la Policía masacró a ocho personas en el municipio de San José Villanueva en 2015; Pajales, en el que policías y soldados mataron a 5 en Panchimalco; y San Felipe, La Paz, en el que agentes de la Policía asesinaron a los esposos Mejía Hernández, parientes de otro agente policial.

Este informe suma 44 casos más para los que la conclusión de la PDDH es inequívoca: los operativos policiales no tuvieron como objetivo el sometimiento y captura de presuntos delincuentes, ni tampoco el uso de la fuerza letal fue una consecuencia de un enfrentamiento con pandilleros, como ha argumentado la PNC desde 2015. Según protocolos internacionales y los manuales de actuación de la Policía, el uso de la fuerza letal es solo la última opción, en casos extremos, del quehacer policial. La PDDH, sin embargo, ha encontrado evidencia de lo contrario. Por ejemplo, cada víctima recibió nueve disparos en promedio, generalmente de fusiles Galil, el arma reglamentaria de la PNC. Tres de cada diez víctimas sufrieron lesiones que indican tortura antes de morir, y seis de cada diez tenían antecedentes de que ellos o sus parientes sufrieron acoso o amenazas de policías antes de ser ejecutados.

Los casos en estudio tienen investigaciones concluidas, según Beatriz Campos, procuradora adjunta para migrantes y seguridad ciudadana, coordinadora general del informe. Esto significa que no se trata de una simple enumeración de denuncias, ni tampoco se incluyeron todos los casos de los que la PDDH tiene registro. El estudio abarca aquellos expedientes en los que hay suficiente información como inspecciones oculares, entrevistas con testigos en el terreno, una revisión a los expedientes fiscales o judiciales, y autopsias. La Procuraduría contrató especialistas forenses para algunos casos específicos. Además, realizó una validación del informe con delegados departamentales de la PDDH y expertos de organizaciones como el IDHUCA, el Servicio Social Pasionista y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El análisis es tan extensivo que incluso describe como policías usaron redes sociales de sus víctimas, después de su fallecimiento, para amenazar a sus familiares y asegurar su silencio.

Pese a las pruebas, la PDDH también describe un manto de impunidad en el sistema de justicia. De los 48 casos que incluye el estudio, solo 14 llegaron a tribunales y solo dos terminaron en condena.

Raquel Caballero reveló este informe 26 días antes de que termine su periodo como procuradora. A la presentación no asistió ningún alto cargo del ministerio de Seguridad, la Policía, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema o la Fiscalía, aunque la Procuraduría los había invitado al evento, e incluso a presentaciones privadas en la semana previa.

Aunque está inscrita en el proceso de reelección, ninguna fracción política le ha endosado su apoyo en público y no tiene allanado el camino para reelegirse. “Son situaciones bastante delicadas cometidas, atrocidades graves. Lo más relevante de todo es el grado de impunidad en que están los casos”, dijo Caballero a los medios. En su discurso apuntó también un “fuerte deterioro” en las unidades de control de la PNC.

La contundencia de este informe contrasta con la postura de Caballero en otros momentos. La funcionaria ha dicho que “jamás va a confrontar a las otras instituciones”, aún cuando el trabajo de su institución lo ha exigido. Por ejemplo, en 2016, Caballero respaldó en público la política de medidas extraordinarias que impulsaron el gobierno y la Asamblea Legislativa, aunque también firmó un reporte en que la PDDH señalaba que esas medidas violaban derechos humanos . En este informe de ejecuciones, también se marca un pico de casos justamente en 2016.

Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas tras un operativo policial que devino en la ejecución de cuatro jóvenes en Zaragoza, La Libertad, en febrero de 2016. Foto:Fred Ramos
 
Un policía sin identificación ni número de ONI se paseaba entre los espectadores y los periodistas tras un operativo policial que devino en la ejecución de cuatro jóvenes en Zaragoza, La Libertad, en febrero de 2016. Foto:Fred Ramos

De “servir y proteger” a perseguir y matar

El informe, que recoge casos desde 2014 (el 2 % del total de casos), en realidad se centra en analizar los patrones de violencia registrados a partir 2015, el año en que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén declaró una lucha sin cuartel contra las pandillas salvadoreñas. A partir de 2015, dice el informe, los casos fueron en aumento: 31.3 % de las ejecuciones ocurrieron ese año. El punto más álgido de la violencia sucedió en 2016, con un 35.4 % de los casos y un 27.1 % en 2017. En 2018, solo se reportó el 4.2 % de los casos. 

Los operativos que terminaron en ejecución extrajudicial estaban formados, en promedio, por un grupo de 12 agentes de cuerpos de seguridad. La mayoría de eventos sucedió en horas diurnas. La mayoría de victimarios estaba destacada en la Policía Rural o en un puesto policial del área rural, aunque las unidades especializadas como las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES), las Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT), el Grupo Antipandillas, y el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) también son mencionados por su participación en múltiples casos.

Las actuaciones del GRP, un grupo élite ahora desaparecido, fue de las primeras en ser investigadas por la PDDH luego de una investigación periodística de El Faro en la que se narró la masacre de ocho personas en la finca San Blas. La existencia de grupos de exterminio en las FES también fue reseñada en una investigación de la Revista Factum publicada en agosto de 2017.  

El aumento de la violencia y de los presuntos enfrentamientos en los que participaron estos grupos policiales se se triplicaron entre 2014 y 2015: pasaron de 256 a 676 enfrentamientos armados. En estos años, el número de presuntos pandilleros muertos aumentó de 103 a 406, según fuentes policiales. En 2016, la PNC reportó 407 enfrentamientos en el que resultaron 591 supuestos pandilleros asesinados. Las cifras, según análisis de expertos, apuntaban a ejecuciones y no a combates.

Ya otras investigaciones y expertos internacionales habían mencionado la repetición sistemática de ejecuciones en la PNC, o de patrones de conducta en la escena del crimen. La Procuraduría da un paso más adelante. El informe además habla de patrones de selección de víctimas, de alteración de la escena del crimen, para encubrir lo sucedido, de displicencia en la investigación y, finalmente, de la impunidad.

Los datos desmienten, una vez más, la justificación usual de la Policía en estos casos: la versión del “enfrentamiento armado”. El estudio incluye casos en que esa justificación raya en el absurdo. Lo ilustra con un caso: una de las víctimas, un hombre, sufrió una agresión sexual momentos antes de morir, pero la versión de la Policía sigue insistiendo que aquel evento fue un enfrentamiento.

Pese a la gran cantidad de evidencia, el comisionado Raúl Ábrego, Secretario de Actuaciones y de Responsabilidad Profesional de la PNC, niega que se trate de patrones de comportamiento, como asegura la Procuraduría. "Son casos aislados que agentes de la Policía están cometiendo, pero no es un patrón. No lo consideramos patrón porque nunca se le dijo al policía que se salga del marco de la ley".

Su respuesta está a tono con la de las autoridades de seguridad pública y de la Policía que dirigieron a la corporación entre 2014 y 2018.  El Faro preguntó a Howard Cotto, exdirector de la PNC si creía que los 1513 fallecidos que la Policía reportó en enfrentamientos en cuatro años murieron en enfrentamientos reales. “Sí, yo estoy seguro de que sí. Son agresiones que la Policía ha sufrido y que la Policía ha respondido, y por eso hubo tantas personas fallecidas, sobre todo de pandillas, e incautaciones de armas”, dijo Cotto en abril de 2019, tres meses antes del cambio de Gobierno.

Hay más probabilidad de ser víctima de una ejecución si se es hombre, joven, de escasos recursos económicos y residente de área rural. La edad promedio de las víctimas es de 22 años. El 70 % de víctimas son adolescentes y jóvenes. 109 víctimas eran hombres y siete eran mujeres. Una quinta parte de los casos ocurrió en el departamento de La Paz, que superó incluso a San Salvador, el departamento más poblado del país. 

Dennis Alexander Martínez fue asesinado en marzo de 2015 en la finca San Blas de San José Villanueva. En septiembre de 2017, el juez Cruz Pérez Granados, del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, confirmó que “hubo un exceso, una ejecución sumaria, extralegal, arbitraria, contra Dennis Hernández y por parte de un policía del GRP”. Sin embargo, por falta de pruebas que individualizará al policía que mató a Dennis, el juez liberó a los policías acusados por el crimen.
 
Dennis Alexander Martínez fue asesinado en marzo de 2015 en la finca San Blas de San José Villanueva. En septiembre de 2017, el juez Cruz Pérez Granados, del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, confirmó que “hubo un exceso, una ejecución sumaria, extralegal, arbitraria, contra Dennis Hernández y por parte de un policía del GRP”. Sin embargo, por falta de pruebas que individualizará al policía que mató a Dennis, el juez liberó a los policías acusados por el crimen.

Los cuerpos de las víctimas desmienten las actas policiales

“Al parecer el joven murió en el pasaje ya que toda la sangre escurrió por la cuneta hacia el lago (de Ilopango), pero los agentes movieron el cadáver y lo tiraron hacia la frijolera del terreno aledaño, y acordonaron la zona”. El relato es un extracto de una denuncia colectiva que habitantes del cantón Dolores de Apulo (Ilopango), dieron a la PDDH en una denuncia contra la violencia ejercida por la Policía en un operativo. Ese caso, atribuido a agentes de la delegación de Soyapango, sirve para ejemplificar un patrón de manipulación de las escenas del crimen. En muchos de los casos, la descripción policial de los escenarios dejaba sin explicación cosas tan evidentes como un hilo de sangre que chorrea hasta el lago.

“Inmediatamente llegaron al lugar— continúa la denuncia— aproximadamente unas treinta patrullas, que ordenaron incluso que se cerraran los comedores que estaban enfrente del pasaje donde estaba el cuerpo del muchacho. Los denunciantes observaron que les colocaron gorros navarone a los dos agentes que mataron al joven y los subieron a una patrulla y se los llevaron del lugar, quedándose el resto de agentes para seguir el procedimiento”.

En 2015, 2016  y 2017, El Faro reveló tres casos en el que la alteración de la escena y el encubrimiento del crimen por autoridades policiales fue un denominador común.

En el 37.5 % de los casos que analizó la PDDH, testigos presenciales dijeron que los policías movieron de posición o de lugar el cadáver y colocaron u ocultaron evidencias en la escena del delito. La manipulación de cuerpos puede sostenerse en un reporte policial, pero no en una autopsia. Y el informe detalla esas inconsistencias.

Entre dos y cuatro horas después de que una persona muere, la sangre se estanca en las partes del cuerpo que tocan suelo y produce pigmentaciones violáceas en la piel. A esas manchas, en medicina forense, se les conoce como “lividez cadavérica” y su importancia es que proveen el dato de la posición en que quedó una persona al morir. La PDDH encontró que en 44.7 % de los casos, la lividez cadavérica identificada en la autopsia no coincidía con el acta del levantamiento del cadáver levantada por la Policía. 

Como ya habían concluido investigaciones periodísticas y la propia PDDH para casos como el de San Blas o San Felipe, la PDDH habla de más víctimas que fueron ejecutadas cuando ya estaban sometidas. Por ejemplo, un adolescente de 13 años se encontró semi hincado, con el pecho apoyado sobre un estante de madera y las rodillas sobre el suelo de cemento. Tenía seis orificios de bala y la trayectoria de todos los proyectiles fue de atrás hacia adelante. Es decir: estaba hincado y le dispararon por la espalda. 

En promedio, cada víctima recibió nueve balazos de la Policía. “A juzgar por el número de orificios producidos, los disparos iban dirigidos a ocasionar la muerte de las personas y no a neutralizarlas”, concluye el informe. Los casos más emblemáticos son el de un hombre de 46 años al que se le encontraron 29 orificios de proyectil. Cinco de ellos en la cabeza. Se trata de Óscar Mejía, un exmilitar devenido en vigilante del cantón San Felipe en Zacateloca, La Paz. Óscar fue ajusticiado minutos después que su esposa, Saidra, una ama de casa hermana de un agente policial. En otro caso, una mujer de 23 años tenía 14 agujeros en su cuerpo, aunque ya estaba esposada durante la persecución policial, según relataron testigos a la PDDH.

Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja, semanas antes de ser asesinados por agentes de la Policía en La Paz.  
 
Saidra Hernández y Óscar Mejía posan para la cámara y para sus hijos en un restaurante de cómida rápida. Esta es una de las últimas imágenes de la pareja, semanas antes de ser asesinados por agentes de la Policía en La Paz.  

Los testigos que contradicen a la Policía

En otro de los casos narrados por la PDDH, un joven vio cuando policías vestidos de negro, encapuchados y sin placa, ejecutaron a su hermano de 15 años, en Cabañas. Esto es lo que contó a la Procuraduría. “Que aproximadamente a las tres de la tarde se dirigían con su hermano al Río Lempa, pero su hermano se adelantó. Cuando escuchó varios disparos y salió corriendo a ver qué pasaba […] observó que agentes de la PNC dispararon varias veces a su hermano [...] lo escuchó decir ‘mamá, mamá, me duele mamá’ mientras los agentes en tono de burla, le decían ¿Y por qué le gritas a tu mamá? Porque la quiero, les dijo él [...] Luego le pusieron la escopeta en la cabeza y le dispararon”.

El parte policial recopilado por la PDDH habla del mismo evento como si se tratara de un enfrentamiento. “El día mencionado los agentes realizaban un patrullaje de carácter preventivo. en el sector de la cancha de fútbol, observaron a dos sujetos que identificaron como miembros de la Mara que opera en dicho lugar y la acción tomada fue la de mandar los comandos verbales diciéndoles ‘Alto Policía no se muevan’, sin embargo los sujetos hacen caso omiso; de inmediato uno de ellos sale corriendo, y el segundo sujeto se queda y saca de la altura de su cintura un arma de fuego y apunta hacia los agentes policiales, por lo que al ver el peligro inminente de muerte los agentes le efectúan disparos con las armas de equipo que portaban, ocasionándole únicamente una lesión”.

En la mayoría de los casos (el 93.8 %) la Procuraduría encontró testigos que contradicen la versión policial sobre el contexto y la forma en que ocurrieron las muertes. Aunque la PNC describió un 77.1 % de los eventos como un enfrentamiento armado o como un intercambio de disparos, la Procuraduría encontró testigos que aseguran que en el 70 % de los casos las víctimas estaban desarmadas.

La evidencia científica, otra vez, no favorece a la Policía. Por ejemplo, la autopsia de un joven de 18 años que murió en el cantón Cutumayo de San Vicente, en febrero de 2016, reveló signos de tortura. Aunque la causa de muerte fueron heridas de proyectil en el abdomen y una herida profunda de cuello por arma blanca, el examen de su cuerpo mostraba “fracturas no atribuidas a proyectil, golpes, arañazos, señal de ahorcamiento, lapidación, múltiples laceraciones, así como la presencia de una bolita de plástico en su pene”. ¿La explicación policial? Un enfrentamiento armado con personal del Grupo Antipandillas y la delegación de San Vicente.

Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos
 
Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos

Acoso policial antes y después de las muertes

En seis de cada 10 casos, antes de asesinar a sus víctimas, los agentes las habían hostigado en sus casas o, incluso, en sus trabajos. 

Luego, después de haberlas matado, los agentes buscaron a los testigos o familiares de las víctimas para amenazarlos de muerte con el único objetivo de evitar una denuncia. La PDDH reseña que el 16 % de las familias afectados optaron por abandonar sus viviendas y se convirtieron en víctimas de desplazamiento forzado por la violencia… ejercida por agentes de la Policía. 

En noviembre de 2017, El Faro reveló que Consuelo, la testigo principal de la masacre de San Blas, fue amenazada de muerte por sujetos que, según dijo, tuvieron que ver con el asesinato de su hijo, Dennis Martinez. El asesinato de Dennis Martínez, el hijo de consuelo, fue el único que llegó a juicio de de las ocho muertes registradas en San Blas. En 2018, un juez absolvió a los agentes del GRP porque la Fiscalía hizo una mala investigación. Desde la masacre, perpetrada en marzo de 2015, un hermano y un yerno de Consuelo fueron asesinados en circunstancias que para ella representan más amenazas.  Consuelo huyó de su casa y a la fecha sigue escondida porque teme por su vida. 

Otros familiares testigos de alteraciones de escenas también han sido amenazados por la Policía. Según la PDDH, los agentes involucrados fueron a sus viviendas para hostigarlos a diario. Esto provocó que esas familias abandonaran sus hogares.

La PDDH destaca que la policía también se presentó en el sepelio de algunas víctimas. Según el documento, hostigaron a las personas que estaban presentes en la velación y las detuvieron porque estaban convencidos que son pandilleros. El documento no revela nombres ni fechas para proteger, al parecer, a las víctimas y hasta a los posibles acusados. Según la investigación, luego de uno de los casos de ajusticiamientos, unos 15 policías, a bordo de tres patrullas, llegaron a la funeraria durante la velación de la víctima. “Sin contar con orden de registro alguna, ingresaron abruptamente e iniciaron tomándole fotografías al cadáver dentro del ataúd, las que tiene conocimiento fueron publicadas… les ordenaron a las mujeres, hombres y adolescentes salir de la sala de velación y luego de ser registrados, los trasladaron caminando hasta la Delegación de Cabañas donde fueron fichados, interrogados, fotografiados individualmente con sus correspondientes documentos de identidad, de tal forma que permanecieron retenidos hasta las veintitrés horas de ese mismo día”, (sic).

Pero no solo la Policía se protege. También lo hizo un fiscal. De acuerdo al informe, un testigo de una ejecución le contó a la Procuraduría que fue citado por un fiscal para decirle que retirara la denuncia porque “el fallecido había extorsionado al agente”. Luego fue convocado otra vez a la sede fiscal, pero esta vez por el policía acusado. “Dicho agente le dijo que levantaran la denuncia que pesaba en contra de él porque si él le había disparado fue porque la víctima también le había disparado, a lo cual la deponente le contestó que era mentira porque la víctima no estaba armada” (sic).

En otros casos, la Procuraduría detectó que los policías se quedaron con los celulares de las víctimas e ingresaron a su cuenta de Facebook para buscar sus familiares y  escribirles mensajes siempre con tono de amenaza. En otro casos les llamaron por teléfono con el mismo objetivo. Incluso publicaron fotos del cadáver en el perfil de la víctima. Pero estas imágenes no solo circularon en la cuenta de la víctima, sino que en cuentas de redes sociales administradas, al parecer, por los mismos policías. “Durante el análisis de los casos, se accedió a algunas de estas páginas, algunas de las cuales parecen ser administradas por policías, donde se confirmó la existencia de tal información”, se lee en el informe.

Contra la baranda, los cinco agentes del ya extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil procesados por el homicidio agravado de Dennis Martínez, trabajador de la finca San Blas, en una imagen tomada durante el juicio celebrado en septiembre de 2017. Foto archivo El Faro.
 
Contra la baranda, los cinco agentes del ya extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil procesados por el homicidio agravado de Dennis Martínez, trabajador de la finca San Blas, en una imagen tomada durante el juicio celebrado en septiembre de 2017. Foto archivo El Faro.

Protección para los victimarios y no para las víctimas

La Procuraduría está convencida de que los agentes policiales gozaron de una especie de protección durante las diligencias judiciales. Lo aseguran porque algunos jueces autorizaron que ellos permanecieran con gorro navarone durante las audiencias, un privilegio que usualmente es dado solo a las víctimas con régimen de protección. Los policías fueron procesados con gorros navarone incluso en los casos que estuvieron bajo reserva total. Por el contrario, en aquellos que no tenían reserva, aparecía el nombre completo de la víctima y sus familiares en los expedientes. 

"En contraste con los beneficios penales y prerrogativas con las que cuentan los imputados en la mayoría de estos procesos, los familiares y sobrevivientes suelen quedar en una situación de desprotección y vulnerabilidad frente a las amenazas, el asedio e intimidación que experimentan de parte de elementos policiales con posterioridad al hecho”, señala la Procuraduría.

De los 48 casos la Fiscalía llevó solo 14 a los tribunales. La institución fiscal no siguió con el resto porque hacía falta más investigación, según adujeron, pero la gran mayoría fueron archivados. Según la PDDH, el 95 % de los casos están en la impunidad. “Esto contraviene las obligaciones nacionales e internacionales adquiridas por el Estado de proteger y defender la vida, el cual incluye el deber de investigar toda muerte potencialmente ilícita, con efectividad y prontitud”, dice el documento.

En algunos casos, la Fiscalía decidió no continuar el proceso contra agentes policías y solicitó a jueces un sobreseimiento definitivo, es decir que retiran la acusación penal. En otros, solicitó lo mismo porque no había investigado lo suficiente para mantener la acusación. En cinco años hubo dos condenas.

El informe lanza una serie de recomendaciones entre las que aparece la creación de una comisión Ad-Hoc para la investigación de grupos de exterminio y otras graves violaciones de derechos humanos. Le piden a la Fiscalía y Corte Suprema Justicia (CSJ) que lo realicen para “identificar estas estructuras, su funcionamiento, sus patrones de actuación, las fuentes de financiamiento”.

Al presidente de la República, Nayib Bukele, la Procuraduría le solicita más fiscalización a la Policía y la Fuerza Armada sobre sus actuaciones, así como también que reduzca los efectivos militares en tareas de seguridad pública. Verónica Reyna, directora del Observatorio del SSPAS, concluye que es necesario que el Ejecutivo le preste atención a este fenómeno. "En el plan Cuscatlán, en su sección de seguridad, no hay indicios de que se reconozca este problema, que tenemos años de denunciarlo, y tampoco hay acciones concretas que busquen resolverlo", dijo a El Faro. Bukele tiene tres meses ejerciendo su cargo como Presidente de la República y, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía que le heredó el gobierno del FMLN. 

Publicidad
Publicidad

 

Roberto Valencia, Óscar Martínez y Daniel Valencia Caravantes

 

Texto Roberto Valencia / Infografía Andrea Burgos

 

 CERRAR
Publicidad