El lanzamiento de la patrulla fronteriza de El Salvador es el más reciente eslabón de una estrategia encabezada y financiada parcialmente por Estados Unidos, que arrancó en octubre de 2018, cuando miles de centroamericanos abrieron un boquete en la región y marcharon en caravanas. La elaborada puesta en escena del gobierno de Nayib Bukele este 12 de septiembre en la frontera La Hachadura incluyó a un centenar de policías y oficiales de migración, patrullas policiales, algunas recién pintadas, drones de vigilancia, un pequeño helicóptero y decenas de reporteros, cámaras de televisión y hasta una banda marcial.
La idea de una patrulla fronteriza salvadoreña tiene sello estadounidense.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aceptó que este plan tiene su origen en las reuniones de ministros de seguridad de El Salvador, Guatemala y Honduras, en las que participa el secretario de Seguridad de Estados Unidos; que la carta de entendimiento firmada con Estados Unidos, el 28 de agosto, incluye el apoyo a estas unidades; y que Estados Unidos ha aportado $150,000 para colaborar con este lanzamiento. En el evento había personeros de la estadounidense oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), una instancia adscrita al Departamento de Estado.
Un oficial del departamento de Estado, que pidió no ser citado, dijo a El Faro que “los programas de INL en El Salvador apoyan los esfuerzos del gobierno salvadoreño para combatir los altos niveles de inseguridad que impulsan la migración ilegal hacia Estados Unidos”. El oficial dijo que “los esfuerzos de INL no son operacionales”, algo que coincide con las declaraciones del ministro Rivas, quien negó que haya asesores estadounidenses colaborando con las patrullas.
Este lanzamiento es consistente con otras acciones que Estados Unidos ha impulsado en el llamado triángulo norte centroamericano desde octubre de 2018, cuando las caravanas que salieron de Honduras y El Salvador, vía Guatemala, visibilizaron el cotidiano fenómeno migratorio. Incluso a nivel simbólico, el gobierno eligió La Hachadura, misma frontera por la que hace casi un año salieron hacia Guatemala unos 1,500 salvadoreños en la más numerosa de las caravanas de este país.
Desde esos eventos, el gobierno estadounidense ha criminalizado las caravanas con el silencio cómplice de los gobiernos centroamericanos y contó de inmediato con la connivencia del gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández, que además ya aceptó un acuerdo para convertirse en 'país seguro' para nicaragüenses, según reportó Univisión. Trump ordenó en marzo cortar la ayuda al Triángulo Norte como protesta de su inacción frente a las caravanas, forzó a México a militarizar su frontera sur so pena de sanciones arancelarias en junio, inició en julio la Operación Gobernanza en Guatemala para asegurar la frontera y firmó ese mismo mes el cuestionado acuerdo de “tercer país seguro”, para que Guatemala albergue a los migrantes centroamericanos que piden asilo.
Esta versión tropicalizada de la Border Patrol está pensada como una manera de desalentar la migración hacia Estados Unidos y cimenta el compromiso que Bukele ha expresado, desde antes de empezar su mandato, con los intereses de Estados Unidos.
“Se firmó una carta de entendimiento y cooperación mutua entre ambos países, no solamente para ayudarnos en cooperación para el despliegue de este tipo de unidades”, dijo el ministro Rivas en una conferencia de prensa tras el lanzamiento. “También en el intercambio de información de lo que sucede en los países del triángulo norte en cuanto a detectar estructuras de tráfico ilegal de personas”, aseguró.
Las patrullas estarán integradas por 300 oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), una dependencia del ministerio de Seguridad, y 100 policías de la ya existente División de Seguridad Fronteriza, de la Policía Nacional Civil (PNC). Los policías de Seguridad Fronteriza, 800 en total, ya están desplegados en las fronteras del país y el aeropuerto internacional. Seguridad Fronteriza además tiene a su cargo la prevención del contrabando de mercadería. Según Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, la principal innovación es justamente el despliegue de patrullajes conjuntos con personeros de Migración, para custodiar 154 puntos ciegos en los 200 kilómetros de frontera entre El Salvador y Guatemala.
Los salvadoreños tienen paso libre hacia Guatemala, gracias al Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, vigente desde 2006 entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, el uso de puntos ciegos para cruzar es común para coyotes que transportan grandes grupos de personas, menores de edad que viajan sin autorización de sus padres o madres de familia que viajan con sus hijos sin autorización del padre, como exige la ley.
Tanto Rivas como Arriaza Chicas dijeron que establecer patrullas fronterizas es un intento de hacer cumplir la ley especial de migración y extranjería, que la Asamblea Legislativa aprobó en abril de 2019. “Este nuevo proyecto es de acuerdo a la ley que le concede a la dirección general de migración tener este tipo de esfuerzos”, dijo Rivas. Arriaza dijo que “hay un artículo en la ley de migración aprobada este año que habla de patrullas fronterizas y oficiales de migración a lo largo y ancho del país”.
Sin embargo, los diputados que aprobaron esa ley no están convencidos de esas explicaciones. Las palabras patrullas o patrullaje no aparecen en ninguna de las casi 150 páginas de esa ley. De hecho, la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea ha citado al ministro Rivas y a la canciller Alexandra Hill para el 23 de septiembre. El objetivo es que den un “informe sobre las acciones y medidas que pretenden ser implementadas por el Órgano Ejecutivo, así como ampliar los alcances de los compromisos de país consignados en la Carta de Entendimiento entre los Estados Unidos de América y nuestro país”. Una diputada de la comisión dijo a El Faro que una de los puntos de agenda específicos del citatorio es sobre la flamante patrulla fronteriza.
Un “eco a la política de Trump”
El secretario de seguridad interino de Estados Unidos, Kevin Mcaleenan, estuvo en San Salvador el pasado 28 de agosto, y firmó una carta de cooperación cuyo primer punto era “mejorar la cooperación para fortalecer la aplicación de la ley de migración con el objetivo de impedir flujos de migración irregular desde y a través de Centroamérica”. Esta patrulla se lanzó solo dos semanas después de la firma de ese acuerdo.
Para Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una de las más poderosas organizaciones de latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, “una patrulla fronteriza en El Salvador, en esencia, hace eco a la política de contención de la administración Trump que, como sabemos, sólo lleva a dos cosas: más costos humanos y el aumento de la lógica criminal y corrupta que hace favores a quien los puede pagar”. Alianza Américas lidera esfuerzos legales de protección de migrantes en Estados Unidos. Para Chacón, el discurso acerca de “debilitar las redes de trata de personas y el narcotráfico” es solo un disfraz de la verdadera intención de esta política.
Rita Robles, investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, en Tapachula, México, dijo a El Faro que “el aseguramiento de fronteras con cualquier tipo de cuerpo de seguridad, lo único que provoca es colocar en mayor riesgo a las personas”. Robles explicó que el refuerzo de la seguridad en las rutas normales deviene en “que las personas crucen por puntos más inseguros, se alejen de la ruta de albergues y les resulte más complicado recibir asistencia humanitaria o asesoría jurídica”. Además de eso, los costos económicos para los migrantes, como el pago de coyotes o transporte aumentan por el riesgo extra.
El director de Migración de El Salvador, Ricardo Cucalón, aseguró que la cifra de deportados ha disminuido, pero estadísticas oficiales de la oficina que él dirige lo desmienten. “Las estadísticas de deportaciones han bajado considerablemente, porque sencillamente la gente está yendo menos a los Estados Unidos ahora que estamos creando mayores oportunidades de trabajo, de seguridad y también de salud a nivel nacional”, dijo Cucalón. Sin embargo, cifras de la Dirección General de Migración comprueban que en realidad ha habido un aumento en el número de retornados de aproximadamente un 60 % entre 2019 y 2018.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, 14,226 personas fueron deportadas a El Salvador desde Estados Unidos y México. Mientras que este año, esa cifra en el mismo periodo es de 22,665. Eso significa que unos 107 salvadoreños han sido deportados a diario. Esa cifra en 2018 era de 67. Las estadísticas fueron proporcionadas por la oficina que dirige Cucalón, a través de una solicitud de acceso a la información.
“Es entendible que la presión de los Estados Unidos es enorme, pero al mismo tiempo hay que estar claros de que mientras los gobiernos y la sociedad en general no abordemos los factores que hacen que la población salvadoreña, como el resto de centroamericanos, sigan huyendo, será difícil que cualquier medida de control fronterizo realmente detenga los flujos migratorios”, dijo Chacón.
Sandra, una comerciante de 39 años que vive en Cara Sucia, cerca de la frontera de La Hachadura, dijo a El Faro algo similar al análisis de Chacón. Sandra relató como, hace algunos años, fue extorsionada por miembros de la Mara Salvatrucha 13 que amenazaron con quemar su negocio. “Hay demasiados lugares para cruzar”, dijo. “No van a poder parar a la gente que necesita irse”.
*La versión en inglés de este reportaje se publicó en la revista estadounidense The Nation. El texto es parte de una alianza entre El Faro y The Nation para la cobertura conjunta de temas de violencia y migración.
