El gobierno de Donald Trump, que no ha cambiado su decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), ha concedido una prórroga a los permisos de trabajo de unos 200 mil salvadoreños beneficiarios para que puedan continuar laborando en Estados Unidos hasta el 4 de enero de 2021.
La decisión, inesperada para las organizaciones que luchan por los derechos de los tepesianos en Estados Unidos, fue anunciada este 28 de octubre y supone un respiro para la lucha de los migrantes a favor de una solución permanente para sus estatus migratorios. El alcance de la medida conlleva, además, un logro diplomático de la gestión de Nayib Bukele tras meses de acercamientos y concesiones a la política exterior de Estados Unidos. Bukele dijo que al acuerdo “se le puede llamar un quid pro quo”, una compensación entre su gobierno y el gobierno Trump, que ha convertido a El Salvador en uno de los pilares de su muro antiinmigración en Centroamérica.
De hecho, ambos gobiernos anunciaron el beneficio de una prórroga para los salvadoreños acogidos en el TPS al tiempo que ratificaron nuevos acuerdos migratorios y de seguridad que, entre otras cosas, permitirán que funcionarios de ICE (Migración y Control de Aduanas) y CBP (Aduanas y Protección de Fronteras) de Estados Unidos asesoren a la policía salvadoreña en labores antiinmigración.
Según el gobierno Bukele, a cambio, Estados Unidos también otorgó exclusivamente a los salvadoreños un periodo de transición de un año más a partir de la fecha en que se resuelvan las demandas judiciales relacionadas a TPS, en las que también están representados migrantes haitianos, nicaragüenses y sudaneses.
“Si en el peor de los casos perdiéramos la demanda en octubre del otro año, la administración Trump todavía daría permisos por un año más luego de terminar la demanda. Estaría terminando en octubre de 2021. Serían dos años a partir de ahora. Estamos hablando prácticamente de dos años de beneficios de TPS (para los salvadoreños)”, dijo Bukele, en una conferencia en Casa Presidencial realizada al mediodía del lunes.
En la embajada salvadoreña en Washington DC, la canciller Alexandra Hill, que firmó los nuevos acuerdos migratorios junto a Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional, dijo que “ahora podemos trabajar en paz para generar una estrategia a la que no nos van a poder decir que no”.
El TPS para El Salvador fue cancelado en enero de 2018, pero se ha mantenido con vida gracias a una medida cautelar de una corte de San Francisco, emitida en octubre de 2018. Esa demanda, que ampara a beneficiarios de TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, había causado que la administración de Donald Trump diera prórrogas subsecuentes hasta enero de 2020. Con el anuncio, los tepesianos salvadoreños que perderían su estatus legal en dos meses ganan un año más. Según ambos gobiernos, podrían además ser beneficiarios de un año extra de compensación en caso de que la Casa Blanca gane las demandas judiciales contra el TPS, que activaría la ejecución de las órdenes de cancelación del programa.
El anuncio a favor de los salvadoreños acogidos en el TPS no siguió la ruta tradicional que siguieron todas las anteriores extensiones del tratado, vigente desde 2001. No lo anunció ni el gobierno de Estados Unidos o el Registro Federal del gobierno. Esta vez, la primicia del nuevo beneficio (que no es una extensión del programa, porque según la administración Trump la orden de cancelación se mantiene vigente), fue dada a través de un video difundido en redes sociales y protagonizado por el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, y por el propio Bukele. “Firmamos un acuerdo que extiende el TPS por un año más para los salvadoreños que están en Estados Unidos”, dijo Johnson.
La medida se originó en la rama ejecutiva del gobierno estadounidense y no en la rama judicial, que en paralelo tramita procesos que pueden afectar el futuro de los beneficiarios de TPS.
Tanto Bukele como Hill resaltaron el logro como una victoria política, un mensaje al que también se sumó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. “El embajador Ronald Johnson expresó que este se da como un reconocimiento de los logros y buen trabajo del gobierno del presidente Bukele”, aseguró la embajada en un comunicado, en el que también señaló que falta por darse a conocer “los requisitos y procedimientos” para que los tepesianos salvadoreños se registren para esta nueva prórroga en sus permisos de trabajo.
Bukele: “Sí se pudiera decir que es un quid pro quo”
Desde antes de tomar posesión, Bukele buscó enviar mensajes complacientes a los sectores más conservadores de Washington, se declaró alineado con Estados Unidos, no reclamó con fuerza por los derechos de migrantes encerrados en instalaciones del gobierno estadounidense, implementó una patrulla fronteriza y firmó un acuerdo “de país seguro” para que El Salvador reciba a los asilados que Estados Unidos no quiere.
En su conferencia, el presidente hizo un repaso de lo que, según él, ha conseguido con base en esa estrategia de seguir las instrucciones de Estados Unidos. Esta es la lista que dio: “300 millones de dólares de un préstamo de la Corporación de Estados Unidos para la Inversión Privada (OPIC) para una planta de gas natural de energía y la posibilidad de préstamos de hasta mil millones de dólares para proyectos privados de inversión en El Salvador”. Además, Bukele destacó “el restablecimiento de la ayuda que fue quitada en el gobierno anterior, la reducción de la alerta de viaje hacia El Salvador, el trabajo conjunto con el gobierno de Japón para la recuperación del puerto de La Unión y, ahora, la renovación del TPS”.
El presidente se ufanó en decir que su gobierno ha sido “felicitado privada y públicamente” por Estados Unidos y comparó la situación con Guatemala y México: “nosotros no hemos sido amenazados con incrementar aranceles”.
El gobierno de Trump ya ha reconocido que usa una estrategia de toma y dame e incluso que retuvo dinero de ayuda para presionar a los países del Triángulo Norte para aceptar los acuerdos de asilo y otros de política migratoria. Ahora, Bukele ha reconocido ser parte de esta estrategia de toma y dame.
El Faro preguntó al presidente si entiende la consecución de un arreglo temporal para el TPS como un quid pro quo respecto al resto de acuerdos que ha firmado con Estados Unidos. “Se le pudiera decir así si no tomamos en cuenta la otra parte”, concedió Bukele. “Si estuviéramos hablando de 200 000 criminales por más quid pro quo que hagamos no los aceptaran”, dijo.
“Estamos hablando de personas trabajadoras, con estudios universitarios, con hipotecas, dueños de negocios. Es el tipo de migrante que cualquier país quiere”.
El presidente ha insistido en esa idea, exaltando el perfil de los tepesianos, en sus negociaciones con Trump y otros funcionarios de su gabinete, según dijo a activistas de la Alianza Nacional TPS, en una reunión el 1 de octubre.
“Creo que el quid pro quo se quedaría un poco corto. Pero sí suma el hecho de que El Salvador esté trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Uno espera un poco de reciprocidad y la estamos teniendo en todos los flancos”, agregó el mandatario.
Versiones encontradas
Desde que en la mañana del lunes se dio a conocer el beneficio para los salvadoreños acogidos en el TPS, en los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ha habido contradicciones sobre el término correcto para explicar el beneficio otorgado a los tepesianos salvadoreños. Por ejemplo, el gobierno Bukele y la embajada estadounidense en El Salvador usaron el término “extensión”, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que “debe quedar claro que esta no es una extensión de TPS. Es una extensión del periodo de cierre paulatino durante el cual los permisos de trabajo de los ciudadanos salvadoreños con TPS serán válidos mientras se preparan para regresar a su país de origen”.
La canciller Hill dijo a reporteros en Washington que la diferencia entre términos era “un tecnicismo” y atribuyó la diferencia a una decisión política de la administración Trump, en plena campaña para su reelección en 2020. “El estado en que se encuentra ahorita la política en los Estados Unidos no creo que sea lo más favorable para decir que extendieron el TPS. Son tecnicismos. Pero si los salvadoreños mantienen su estatus legal, pueden seguir trabajando, pueden seguir manejando, van a seguir pagando impuestos, ¿cómo le llamas a eso?', dijo Hill, según un reporte de VOA.
¿Por qué hubo mensajes contradictorios entre diferentes partes del gobierno estadounidense?
Iván Espinoza, director ejecutivo de la organización Abogados por los Derechos Civiles (LCR por sus siglas en inglés), también cree que Estados Unidos está siendo prudente con esta concesión a los salvadoreños. “Si el gobierno dice políticamente que está dando una extensión se ve como que están accediendo a ciertos sectores políticos liberales, progresistas”.
La organización de Espinoza es litigante de una de las demandas contra la cancelación del TPS. “Estamos viendo tanto lenguaje sobre esto como parte de los acuerdos porque es una medida política, no humanitaria”, dijo.
La administración Bukele también ha querido magnificar su influencia en la decisión. “Decían que la política migratoria de Estados Unidos no cambiaba de acuerdo al comportamiento de los países, que no importaba lo que hacía El Salvador, que Estados Unidos no iba a cambiar su política migratoria”, dijo Bukele.
Pero la política de Trump no ha cambiado. Su gobierno insiste en que el programa ha terminado, y que con esta medida incluso están previniendo un incremento en las migraciones hacia Estados Unidos.
“El objetivo de la Administración es crear un proceso ordenado y responsable para repatriar a los salvadoreños y ayudarlos a regresar a sus hogares”, dice el comunicado. “Sin embargo, una afluencia repentina de 250,000 personas a El Salvador podría provocar otra migración masiva a los Estados Unidos y revitalizar la crisis en la frontera sur. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, hemos decidido proporcionar tiempo adicional para elaborar ese plan”, dice el comunicado publicado por DHS.
Consultado por El Faro sobre el anuncio, el congresista de Massachusetts, James McGovern, sostuvo que es un error pensar que la administración Trump cambió su forma de pensar sobre la migración. 'La administración Trump puede que haya decidido dejar un poco este tema, pero la postura antiinmigrante se mantiene firme, no se ha suavizado. Sigue siendo tan cruel e inhumano hacia los inmigrantes que vienen de El Salvador, Honduras y Guatemala', dijo.
La diferencia en los mensajes entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos recuerda a lo que sucedió en enero de 2018 cuando otro gobierno, el del FMLN, se tardó tres días en aceptar que el TPS había sido cancelado y anunció el fin del programa como una extensión más. En aquel entonces, Bukele calificó el manejo del tema que hizo el gobierno como “una táctica de comunicación de muy mal gusto”.
Un respiro para el TPS
A la fecha, contra la orden de cancelación del TPS hay cuatro demandas en cortes federales de Estados Unidos. Una de esas demandas está en una corte de San Francisco y es la que tiene vigente la medida cautelar que ampara de la deportación a tepesianos. La otra está en Boston y la organización del abogado Iván Espinoza es litigante de esa causa. Una más está en Baltimore y la última está en Brooklyn, Nueva York. Esta última, sin embargo, solo ampara a haitianos, mientras que las otras tres incluyen a salvadoreños, el país con más beneficiarios de TPS.
En medio de los mensajes contradictorios de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, hay quienes atribuyeron el anuncio de ampliación de plazo del TPS exclusivamente a un fallo judicial, pero lo cierto es que en ninguna de estas causas hubo un fallo reciente que obligase a la Casa Blanca a otorgar el beneficio a los salvadoreños. La decisión del gobierno Trump, sin embargo, no está desconectada de esas batallas judiciales. De hecho, el lenguaje que la administración estadounidense usa en los comunicados es un reconocimiento a que el futuro del TPS está en manos judiciales. Pero en ese futuro que prevé la Casa Blanca, los fallos son favorables para sus intereses, y por ello cobra sentido el beneficio para los salvadoreños.
El comunicado del Departamento de Seguridad (DHS) dice que “el gobierno de Trump está extendiendo la validez de los permisos de trabajo” para los salvadoreños con TPS hasta 2021. “Además, el gobierno está proporcionando a los salvadoreños con TPS otros 365 días después de la conclusión de las demandas relacionadas con TPS, para regresar a su país de origen”, dice el documento.
La embajada estadounidense en El Salvador también emitió un comunicado a tono con ese desenlace: “A los salvadoreños beneficiados con esta decisión se les otorgará un periodo de transición, luego de que las cortes den una resolución judicial que se espera para mediados del 2020, a los casos relacionados con el TPS. El gobierno estadounidense otorgó este segundo beneficio exclusivamente a los salvadoreños”.
Según Espinoza, “el gobierno reconoce que lo que está pasando con el TPS no está en sus manos. Está en manos judiciales. Hacer esta extensión es una cuestión cosmética porque si continúa o no el TPS se va a pelear en los tribunales federales”.
El presidente Bukele también admitió esto en su conferencia de prensa. “La primera noticia es que se extiende la prórroga del TPS al cuatro de enero de 2021. Eso se hace porque hay pendientes unos casos en litigio, no solo para El Salvador sino para otras nacionalidades”, dijo.
Esa otra noticia, presentada como un beneficio especial para los salvadoreños, también tiene sus matices. “Normalmente en Estados Unidos, después que hay un fallo en un tribunal federal, hay ciertas actividades más burocráticas que toman mucho tiempo”, explicó Espinoza a El Faro. Cuando se llega a una decisión, una corte tiene que entregar una orden oficial, entre uno y dos meses después de comunicar el fallo. Luego empieza el derecho de apelaciones, que dura entre dos y tres meses, de acuerdo con el abogado. “Por cómo funciona el sistema legal, si hay una opinión a favor del gobierno federal, no va a poder empezar a sacar a los tepesianos inmediatamente, porque existen estos procesos burocráticos que se tienen que cumplir”.
Espinoza sí reconoció que el periodo de un año es “generoso”, porque los trámites para operativizar el fallo podrían tardar unos cuatro meses. El experto consideró el comunicado del gobierno federal “demasiado optimista”, porque implica que ganarían los cuatro casos y Espinoza cree que los casos presentados son fuertes y sustentados.
El Salvador da la bienvenida a ICE
Como la necesidad de un acuerdo por el TPS era tan apremiante, los otros acuerdos firmados este 28 de octubre pasaron bajo el radar. Pero la firma de nuevos documentos ratifica la que ha sido una de las apuestas más claras del gobierno Bukele en sus primeros cinco meses: el acoplamiento sin matices a la política antiinmigración de Trump, que en los últimos dos meses logró que los tres países del triángulo norte se conviertan en los receptores de solicitantes de asilo que Estados UNidos no quiere.
El mismo día del anuncio del TPS, El Salvador aceptó que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “asesoren” a la PNC, la Dirección General de Migración y a sus encargados de seguridad fronteriza. ICE en particular es una agencia temida entre la comunidad migrante en Estados Unidos, por su práctica de redadas masivas, y señalada por cometer abusos de derechos humanos contra personas retenidas en sus centros de custodia. Ese es el “Acuerdo de Seguridad Fronteriza” y según el comunicado de DHS servirá para que El Salvador mejore “su modelo de operación actual y compartir mejores prácticas para apoyar las investigaciones penales, contrarrestar la trata de personas y el narcotráfico”.
El segundo documento es el “Acuerdo del Programa de intercambio de datos biométricos”, que expandirá “la recopilación de datos biométricos y el intercambio de información”. Bukele explicó que esto implica “la instalación de aparatos biométricos para detectar terroristas o delincuentes que ingresen a través del aeropuerto”. El presidente dijo que Estados Unidos está “facilitando la tecnología, la capacitación y el dinero para llevar a cabo este acuerdo”.
Bukele justificó la firma porque “esto nos garantiza nuestra seguridad y también la de los Estados Unidos para los que viajan para allá o usan El Salvador como vía de paso. Estamos hablando de terroristas y criminales, o gente de la más buscada o en lista de Interpol”. El presidente aseguró que la tecnología no será usada para detectar migrantes.
Por el momento, los alcances de estos acuerdos se conocen solo por las escuetas versiones oficiales dadas por ambos gobiernos, ya que ninguno de los documentos ha sido revelado al público ni por Estados Unidos ni El Salvador.
Alianza TPS: “Las vidas de los tepesianos no son moneda de cambio”
La Alianza Nacional TPS agradeció al presidente Bukele sus gestiones para la prórroga de los permisos de trabajo, pero recordó que esto era insuficiente para su objetivo último: un camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos.
La Alianza Nacional TPS se formó en junio de 2017 y suma los esfuerzos de más de 40 comités regionales de beneficiarios de TPS y más de 10 organizaciones no gubernamentales.
“Si bien acogemos con beneplácito la atención a las familias de TPS por parte del presidente Bukele, llevamos años luchando contra la cancelación racista de TPS por parte de Trump y una extensión de un año no es una solución permanente para las 400,000 familias que enfrentan amenazas de deportación”, dijo la Alianza en un comunicado.
“Las vidas de los titulares de TPS no son moneda de cambio y sabemos que solo el Congreso puede garantizar una solución permanente”, añadió.
En la conferencia del lunes 28, Bukele pareció enviar respuestas al llamado por una solución permanente, a sabiendas de que ha conseguido un respiro para los salvadoreños beneficiados. “Después de las elecciones de Estados Unidos (noviembre 2020) va a ser mucho más fácil lograrlo para entonces. Si no hemos encontrado una solución permanente estoy seguro que podemos lograr otra solución temporal, otra renovación”, dijo este 28 de octubre.
Es posible incluso que esa solución temporal no implique a Trump, en caso de que pierda la elección. El congresista James Mcgovern dijo a El Faro: “si obtenemos un año más, entonces espero que eso nos lleve a las próximas elecciones. Mi esperanza es que Trump se haya retirado para entonces, que tengamos un presidente amistoso y que podamos tener algunos aliados en el Congreso'.
*Con reportes de Gabriel Labrador
