El primer presidente de la Asamblea Legislativa que tuvo el FMLN llegó en 2011 con Othón Sigfrido Reyes Morales, ahora convertido en el primer dirigente relevante de la cúpula del partido de izquierdas en ser procesado por corrupción. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa. Tiene orden de captura desde este 9 de enero, cuando las autoridades montaron un operativo que dejó 10 personas capturadas. El exdiputado Reyes, su hermano Earle René Reyes, su socio Byron Larrazábal Arévalo y su exasistente Karla Beatriz Recinos son considerados como prófugos.
Reyes, según la Fiscalía, dirigió una red de 14 personas con las cuales lavó alrededor de seis millones de dólares. Los delitos ocurrieron entre 2006, cuando comenzó a ser diputado de la Asamblea; y 2019, cuando a raíz del cambio de gobierno dejó el cargo de presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Importaciones (Proesa).
La supuesta red de lavado la conforman también familiares del exdiputado, un socio y al menos siete empleados públicos. La exposa de Reyes, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, detenida el jueves 9 de enero por la noche en su residencia en la ciudad capital, ayudó a lavar el dinero que Reyes sacó de las arcas del Estado, según explicaron el fiscal general Raúl Melara y German Arriaza, director fiscal de la Unidad contra la corrupción y la impunidad.
Hablar del exdiputado Reyes es hablar de uno de los miembros más prominentes del FMLN. Es un veterano del Partido Comunista Salvadoreño que militó en la guerrilla y unos años después de haberse firmado la paz se convirtió en uno de los primeros diputados del FMLN al Parlamento Centroamericano. Su crecimiento como dirigente del partido llegó después de la muerte de Schafik Hándal, uno de los líderes más importantes del FMLN, en enero de 2006. Desde entonces, Reyes ingresó a la Comisión Política del partido, el principal organismo de mando, y fue uno de sus dirigentes hasta 2019, año en el que el FMLN obtuvo una estrepitosa derrota presidencial.
Reyes fue secretario de comunicaciones y vocero del partido en tiempos en que el FMLN era el principal partido de oposición cuando gobernaba Arena. Solía criticar cada vez que podía los errores de las adminsitraciones areneras con punzantes declaraciones en medios de comunicación. Cuando asumió como presidente de la Asamblea, en 2011, fue uno de los primeros en señalar los abusos de diputados de derecha como Guillermo Gallegos, que para entonces enfrentaba una avalancha de críticas por viáticos que cobraba sin efectuar los viajes. “El compromiso es que esta Asamblea no tenga nada que ocultar”, decía en una de las pocas entrevistas que brindó a El Faro. Tiempo después, el propio Reyes se encargó de deshacer sus promesas. Por ejemplo, fue uno de los primeros funcionarios en violar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cuando ignoró la orden del IAIP para que transparentara los gastos que la Asamblea había hecho en compras de obras de arte.
Sus años como presidente de la Asamblea también estuvieron marcados por su tirante relación con el Órgano Judicial, cuya Sala de lo Constitucional incomodó con sus fallos la presidencia en el Ejecutivo del FMLN. Reyes fue actor principal en esa lucha de poder. Como presidente de los diputados increpó en numerosas ocasiones, en público y en privado, a los magistrados de la Sala para que estos no emitieran fallos incómodos. Reyes también fue el principal impulsor para desacatar órdenes de la Sala, tanto que en junio de 2012 elevó una controversia sobre elección de magistrados a la Corte Centroamericana de Justicia en un capítulo sin precedentes en la historia de El Salvador.
Reyes se convierte en el primer gran dirigente del FMLN en tener una orden de captura en su contra. Otros dirigentes del FMLN como José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez, y el actual secretario general Óscar Ortíz solo son objeto de investigaciones que no han tocado sedes judiciales. Ortíz, según reveló El Faro, tuvo vínculos comerciales con el presunto líder de un cartel de narcotráfico, José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”. Ortiz fue exonerado por la Corte Suprema de Justicia de un juicio de enriquecimiento ilícito, en octubre del año pasado, aunque la FGR dijo en 2017 que tenía un expediente abierto por lavado de dinero. Merino y su participación en el conglomerado Alba son parte de una investigación en la Fiscalía, que incluso allanó las oficinas en junio de 2019 y ha sido señalado por autoridades estadounidenses por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero
Otra figura relevante vinculada al FMLN, pero distanciado de la cúpula del partido (nunca fue militante ni dirigente), es Mauricio Funes Cartagena, el primer presidente de izquierdas que tuvo El Salvador entre 2009 y 2014. Él está siendo requerido por haber sustraido al menos 300 millones de dólares del erario de los salvadoreños y haberle dado usos para los que no estaban destinados oficialmente.
Por la noche de este jueves 9 de enero, cuando la Fiscalía ya ejecutaba el operativo de capturas, Reyes se pronunció en redes sociales: “Como en los peores tiempos de las dictuaduras militares, se desata la más burda persecusión política contra mi persona y mi familia”, escribió en un tuit a las 10:56 de la noche. La Comisión Política también emitió un comunicado esa noche: “Este caso se encuadra claramente en lo que se conoce en el mundo como judicialización de la política. Se persigue sin pruebas y se vulneran derechos”, escribió la dirigencia del FMLN. Esta no es la primera vez que la máxima dirigencia del partido se pronuncia en contra de las actuaciones de la Fiscalía. El FMLN por años ha tratado de distanciarse (o no aceptar) los casos de corrupción en el gobierno de Funes.
Por la noche, durante la captura de la esposa del exdiputado, militantes del partido –entre ellos el secretario de comunicaciones Raúl Llarul y el secretario de juventud Jasael Torres– reclamaron que la Fiscalía intentó irrumpir en la residencia sin orden de allanamiento. También dijeron que se trataba de una persecución política contra 'el compañero Reyes'.
Los viáticos que metieron en problemas al diputado Reyes
Reyes fue presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, y la investigación encontró que en ese tiempo él mismo se autorizó viáticos para asistir a misiones oficiales. Parte de las anomalías en este procedimiento es que Reyes también se quedaba en el extranjero más tiempo de lo que la misión oficial requería, y autorizaba viáticos para cubrir su estadía. El fiscal Arriaza dijo que así fue como recibió alrededor de 106 mil dólares.
Una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró que durante los nueve años que fue diputado de la Asamblea, Reyes tuvo ingresos por casi un millón de dólares, 914 973 dólares con 86 centavos, de los cuales, casi una tercera parte, 300 990 dólares con 63 centavos, fueron en concepto de viáticos. “Es preciso comprobar cómo fueron autorizadas dichas cantidades (en viáticos) pues ha sido una erogación excesiva de fondos (…) Lo que conlleva a cuestionar por parte de este pleno, el tiempo invertido por el exfuncionario en sus labores ordinarias como diputado de la Asamblea y el tiempo invertido en la realización de dichas misiones”, escribió la Corte Plena en su fallo de julio de 2019 con la cual envió a juicio de enriquecimiento ilícito al exdiputado Reyes.
En diciembre de 2014, El Faro reveló que Reyes había sido el diputado más viajero desde mayo de 2012, con 30 viajes, para los cuales recibió 123 097 dólares en concepto de pago de boletos y viáticos. En ese tiempo, él era presidente de la Asamblea y Probidad también detectó que parte de los viáticos los invirtió en un proyecto urbanístico del cual obtuvo réditos financieros junto con su socio, ahora también buscado por la justicia, Byron Enrique Larrazabal Arévalo. Reyes invirtió 186 500 dólares en 2011 para que se construyera la lotificación ubicada camino a Los Planes de Renderos, al sur de San Salvador, llamada Eco-Residencial Las Violetas. En 2017, producto de la venta de las viviendas, Reyes obtuvo ganancias por 266 155 dólares.
2017 fue un año especial para Reyes. Ese año, la Sección de Probidad de la Corte había comenzado a investigar su patrimonio, y en abril obtuvo fuero como parte del cuerpo diplomático salvadoreño: fue nombrado embajador en misión especial para la promoción de inversión extranjera. Por ley, todos los embajadores reciben un fuero especial para no ser procesados penalmente a menos que se les haga un antejuicio. En octubre de ese año, Probidad presentó su primer informe en el que encontraba un patrimonio injustificado 1.3 millones de dólares.
Después de darle oportunidad a Reyes para presentar pruebas de descargo, en mayo de 2019 y después de que la Corte decidiera que no se incluiría dentro del análisis los años posteriores a su salida de la Asamblea, Probidad volvió a emitir un informe en el que establecía irregularidades por 113 817 dólares. La Corte Plena, sin embargo, hizo su análisis y corrigió los hallazgos de Probidad y detectó que Reyes debía explicar 12 irregularidades con hallazgos por 373 183 dólares.
Probidad también hizo un recuento de los vuelos privados de Reyes mientras fue diputado. Con datos de Migración detectaron que entre mayo de 2006 y febrero de 2014, el exdirigente realizó 25 vuelos privados. Se subió 11 veces a aeronaves de 'Enrique Rais (Grupo Rais)', según el recuento de Probidad para viajar a Belice, Honduras y la mayoría de veces a Nicaragua. Rais es un empresario con influencias y contactos en todos los partidos políticos, y ahora es prófugo por su participación en una trama de venta de justicia en la que también está involucrado el ex fiscal general Luis Martínez, ahora en prisión.
El 20 de julio de 2012, dos meses después de ser juramentado como presidente, también viejó a Nicaragua en una avioneta registrada a nombre de Roberto Ángulo, un reconocido político que hoy es diputado del PCN. Un vuelo del 25 de octubre de 2013, justo en los días en que la Asamblea discutía el nombre del sustituto del presidente de la CSJ que fue destituido por la Sala de lo Constitucional por estar inscrito en el FMLN y ser exmpleado de las empresas ligadas a Albapetroleos. Voló a Panamá en un jet registrado a nombre de Alba Petróleos con matrícula YV448T. Según los codigos de aviación, el YV pertenece a las naves del registro de Venezuela.
Los irregulares negocios inmobiliarios de Reyes
Reyes está siendo investigado por sus inversiones en tres empresas a las que ha estado vinculado: el 23 de diciembre de 2009 fundó junto a Byron Larrazabal una comercializadora de repuestos y lubricantes que recibió un préstamo de 300 mil dólares del estatal Banco Hipotecario, a la que bautizaron Importaciones y Exportaciones Lubbex. Lubbex es deudora de Alba Petróleos, la corporación creada por funcionarios del FMLN y financiada por Petróleos de Venezuela.
Lubbex también pagó honorarios a Reyes entre 2011 y 2014 como asesor externo. El exdiputado no siempre reportó esos ingresos al Ministerio de Hacienda y cuando el exfuncionario estaba siendo investigado por Probidad, esta oficina detectó esos ingresos. Reyes entonces modificó al menos una vez su declaración sobre la renta e incluyó esos pagos y pagó los impuestos respectivos. Ese fue el caso de honorarios que Lubbex le pagó por 6 300 dólares en 2014. En 2017, cuando Probidad ya investigaba al exfuncionario, Reyes modificó su declaración de impuestos correspondiente a 2014.
El hermano de Reyes, Earle René, llegó a ser representante legal de la empresa Lubbex a partir de 2015. Earle René regresó a El Salvador en 2009 después de toda una vida en Suecia.
Dos años después de la creación de Lubbex, el 2 de septiembre de 2011, crearon una constructora llamada Terrenos e Inversiones (Terrein), que fue la implicada en las compras de terrenos con el IPSFA.
La Fiscalía sostiene que Reyes, su socio Byron Larrazabal, un hijo de este (Kevin Mauricio Larrazabal) y tres empleados del Instituto de Previsión de Fuerza Armada (IPSFA) cometieron el delito de estafa agravada cuando confabularon para que la empresa Terrein (fundada por Reyes y Larrazabal) comprara terrenos a un precio más bajo que los establecidos.
Los empleados del IPSFA detenidos son René Antonio Díaz Argueta (gerente general), Delmy Vela Jiménez (jefa del departamento de inmuebles), y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez (coordinadora de ventas del departamento de inmmuebles). “Emitieron dictámenes que permitían bajar los precios y que fueran adquiridos por la sociedad Terrein”, dijo el fiscal Arriaza. Según la acusación, el perjuicio al Estado en este caso es de 105 000 dólares.
La esposa de Larrazabal Sonia Inés Morales Rivas y el hijo de ambos, el arquitecto Kevin Mauricio Larrazabal Morales, están siendo acusados de lavado de dinero.
La FGR también procesará a tres empleados de la Corte de Cuentas por manipular las auditorías sobre esa compra al IPSFA. La Fiscalía encontró que la auditoría original hecha por la Corte de Cuentas fue moficada para ocultar las anomalías que se detectaron en la compra de inmuebles del IPSFA. Los detenidos son Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo (subdirectora de la unidad de auditoría número 1) y los auditores Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández.
Según una publicación de La Prensa Gráfica, de febrero de 2015, la CCR no analizó el origen de los fondos con los cuales la empresa Terrain adquirió los terrenos sino que solo se dedicó a estudiar la compraventa. Ahora se sabe, según lo dicho por el fiscal Melara, que esa auditoría fue fraudulenta.
La tercera empresa es Eko Lime, una empresa fundada por el exdiputado que, según reveló una investigación de El Faro, participó en una triangulación de ventas de propiedades característica de una operación de lavado de dinero. El fiscal general Raúl Melara reconoció que publicaciones periodísticas como las de El Faro que revelaron los negocios efectuados por las familias Reyes-Bercián habían servido de base para su investigación.
El Faro reveló en mayo de 2017 que 11 terrenos que eran propiedad del coronel Asmel Arturo Bercián, procesado por narcotráfico entre Guatemala y El Salvador, fueron adquiridos por Eko Lime S.A. de C.V. el 14 de noviembre de 2013. Los mismos terrenos volvieron a manos de la familia Bercián en 2016 con la siguiente característica: tenían el mismo precio que cuando Eko Lime adquirió los terrenos tres años antes. Manuel Antonio Bercián, hijo del coronel Bercián y ahora capturado por el caso Reyes, fue el que compró los terrenos en 2016.
La Fiscalía presentará su acusación formal ante un juez este domingo 13 de enero. Entre las personas procesadas también está Manuel Antonio Bercián Castro, quien será acusado del delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.
*Con reportes de Gabriela Cáceres y Sergio Arauz
