La cultura política en El Salvador, dada a la agresión como forma de responder ante conflictos, explica en gran medida la debacle social que el gobierno salvadoreño está impulsando en nombre del combate a un virus. No obstante, esta cultura política abarca más que lo público y se manifiesta en ámbitos personales de nuestra vida, entre ellos la sexualidad. Hay una relación evidente, y a la vez poco explorada en el país entre estos dos ámbitos, que se ha traducido en una particular vulnerabilidad para las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI), en general y durante la pandemia.
Suele pensarse que el prejuicio hacia grupos LGBTI está determinado por ciertas características de la persona, como tener menor nivel de escolaridad, vivir en áreas rurales y ser de mayor edad. Estas características nos hacen entender estas actitudes negativas como una cuestión de ignorancia, incluso de pertenencia a ciertas clases sociales, que se “cura” si uno se “educa” en el tema. El problema es mucho más complejo. La investigación, a nivel nacional e internacional, advierte que esta clase de prejuicios se encuentra también en zonas urbanas, en personas jóvenes y con alta formación académica, y en todos los niveles socioeconómicos. Aún más revelador es que estos prejuicios están ligados a fenómenos sociopolíticos más amplios, como el autoritarismo y el machismo, que también son indicadores de una sociedad hostil hacia sus propios miembros.
Junto a un colega, también psicólogo social, analizamos las tendencias sociopolíticas en las que se inserta el prejuicio hacia minorías sexuales en El Salvador. Realizamos este análisis con datos recabados en el país por el Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt. El resultado fue el estudio “Prejuicio sexual y la relevancia de la cultura política: tendencias y correlatos en El Salvador”, abarcando el período entre 2008 y 2016. Comentaré aquí los dos hallazgos principales, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia (si aún escucha que el día es solo “contra la homofobia y la transfobia”, como persona bisexual le solicito atentamente corregir).
Antes de continuar, hay que aclarar cuatro cosas. Primero, en este estudio abordamos prejuicio sexual: actitudes negativas hacia hombres gay, lesbianas y bisexuales (LGB), sin incluir identidad de género. Segundo, hablamos de prejuicio sexual y no de homofobia/bifobia, para destacar que es una compleja aversión socialmente construida hacia identidades no heterosexuales. Tercero, las encuestas LAPOP registran dimensiones de cultura política y creencias sociales; no son medidas psicológicas. En nuestro estudio medimos el prejuicio sexual por medio de dos preguntas en estas encuestas, por separado y como un puntaje compuesto: el grado de aprobación a que personas homosexuales ocupen un cargo público, y el grado de aprobación a que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Cuarto, cuando hablamos de “personas homosexuales” reproducimos el lenguaje utilizado en las encuestas LAPOP, referido a hombres gay y lesbianas, pero, en lo posible, abarcamos estos dos grupos y a personas bisexuales.
Con esto en mente, el primer hallazgo importante en nuestro estudio fue la variabilidad del prejuicio sexual observada entre 2008 y 2016 en El Salvador. En promedio, un 36.4 % de la muestra en estas encuestas desaprobó que una persona homosexual aspirara a un cargo público, mientras que un 63.4 % dijo estar en desacuerdo con que personas del mismo sexo se casaran. El Salvador es un país altamente religioso y es notable que la población parece más dispuesta a excluir personas LGB de instituciones religiosas (matrimonio) que de instituciones seculares (cargos públicos). No obstante, el matrimonio no es solo un sacramento; es una unión legal que permite a las personas acceder a derechos sociales y patrimoniales, protegiéndolas así de distintos estresores vitales. Aunque el matrimonio igualitario no es actualmente una prioridad para la comunidad LGBTI salvadoreña, el carácter legal del matrimonio indica que optar a esta unión no implica ningún “derecho especial”.
Otra consideración es que se reportó más apertura a que una persona LGB se postulara a un cargo público, pues la orientación sexual puede “esconderse” o negarse, mientras que la idea del matrimonio obliga a pensar en una pareja.
Las fluctuaciones de prejuicio sexual en el período 2008-2016, además, parecen coincidir con cambios en el contexto político salvadoreño. Otra investigación en el mismo período, citada en nuestro estudio, reportó una disminución significativa de la tolerancia política en función de eventos electorales. Esta investigación mostró que la tolerancia política disminuyó en El Salvador entre 2008 y 2010, y que aumentó entre 2014 y 2016. En nuestro estudio observamos la misma tendencia para el prejuicio sexual: disminución de la aprobación a que personas LGB opten a cargos públicos entre 2008 y 2010; e incremento en el acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y disminución del prejuicio sexual, entre 2014 y 2016.
La disminución de la tolerancia política reportada entre 2008 y 2010 nos remite a un período de transición, en el que el gobierno salvadoreño pasó de manos de un partido de derecha (Arena) a uno de izquierda (FMLN) por primera vez, lo cual pareció aumentar el rechazo ciudadano a la disensión. Por el contrario, para el período 2014-2016 se reportó un aumento de la tolerancia política que coincidió con la opinión pública de que el FMLN no estaba mejorando las condiciones de vida del país como se esperaba. Estos datos, contra lo que dictaría el sentido común, sugieren que el término de un período presidencial puede incrementar la tolerancia política, pues este término señala una oportunidad de cambio para mejorar las condiciones del país, lo que requiere una mayor apertura a voces distintas. En este ambiente político se enmarca la disminución del prejuicio sexual en el país observada en el análisis.
El segundo hallazgo de nuestro estudio se refiere al perfil del prejuicio sexual en El Salvador. En línea con resultados consistentemente reportados en la investigación, este perfil está compuesto por precariedad material y educativa (nivel socioeconómico bajo, baja escolaridad), religiosidad conservadora, y adherencia a la masculinidad tradicional (machismo). Otra característica asociada al prejuicio sexual en el país es la ideología autoritaria, arraigada también en personas de áreas urbanas, más jóvenes, con estudios universitarios y de niveles socioeconómicos altos. La investigación al respecto señala que “los ricos” se adhieren al autoritarismo para mantener sus privilegios mientras que “los pobres” lo hacen para lidiar con la incertidumbre socioeconómica. El autoritarismo está, además, relacionado a ciertas denominaciones religiosas, como la evangélica, con la que políticos suelen hacer alianzas estratégicas; y la católica, con organizaciones “provida” ligadas al Opus dei. En pocas palabras, la evidencia muestra que los salvadoreños en estratos sociales más altos son tan conservadores y religiosos como los de estratos bajos, y que ni pertenecer a un nivel socioeconómico alto ni la educación universitaria son antídoto automático al prejuicio sexual.
Finalmente, este perfil del prejuicio sexual se complementa con aspectos de la cultura política salvadoreña. Mayor prejuicio sexual se asoció con menor tolerancia política, menos apertura a posturas radicales y menos preferencia por la democracia como método de gobierno. El prejuicio sexual también estuvo ligado a sostener creencias que justifican la violencia de género y rechazan el aborto, y a la desconfianza tanto en los demás como en las instituciones. A pesar de que los niveles de prejuicio sexual variaron entre 2008 y 2016, estos niveles en todo momento califican como altos.
Examinar el prejuicio sexual en El Salvador revela una cultura política basada en posiciones antidemocráticas, conservadoras y autoritarias, en la oposición a la coexistencia de poblaciones diversas, y en tendencias misóginas y suspicacias hacia los motivos de los demás. Organizaciones LGBTI y de derechos humanos trabajan incansablemente en pro de estas poblaciones. Sin embargo, que sus esfuerzos sean fructíferos requieren de un ambiente social muy distinto al que prevalece actualmente, que además ha recrudecido con la intolerancia promovida en nombre de combatir la pandemia. Construir una cultura política que beneficie al país implica reconocer que las personas LGBTI pertenecen a la sociedad tanto como el resto de la población salvadoreña; tal reconocimiento es un componente esencial en la educación democrática que tanto nos hace falta en estos momentos.
