En una noche tensa, precedida de fuertes rumores de que el Ejecutivo planeaba declarar el estado de excepción, el Gobierno de El Salvador anunció este sábado un decreto ejecutivo que pretende prolongar 30 días más el Estado de Emergencia por la covid-19. La decisión se hizo pública en una conferencia de prensa convocada de urgencia y que arrancó pasadas las 11 de la noche del sábado 16, menos de una hora antes de que venciera el decreto legislativo que ha regulado el Estado de Emergencia el último mes, y apenas 24 horas después de que la Asamblea se negara a conceder al gobierno de Nayib Bukele una prórroga, alegando falta de transparencia en el uso de los fondos de combate a la pandemia.
El nuevo decreto ejecutivo desató críticas inmediatas desde diferentes organizaciones de sociedad civil, que denuncian que la presidencia está invadiendo atribuciones del poder legislativo. La Fiscalía General de la República ya ha anunciado que presentará ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto.
En un comunicado emitido pasada la medianoche, dos horas horas después del anuncio del Ejecutivo, la Fiscalía califica el nuevo decreto de “acto de usurpación de facultades”. “Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias”, dice el texto; “Aunque el artículo 24 de la Ley de Protección Civil otorga la facultad del Presidente de la República de decretar un Estado de Emergencia, en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del Órgano Ejecutivo”.
Para justificar el anuncio, el Comité Nacional de Protección Civil, con el ministro de Gobernación, Mario Durán, a la cabeza, invocó el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, que dice que, en caso que la Asamblea no esté reunida, el presidente de la República podrá decretar Estado de Emergencia. La Fiscalía rebate el argumento: “La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el Estado de Emergencia”, dice en su comunicado.
Bukele presionó a lo largo del sábado desde su cuenta de Twitter para que la Asamblea sesionara ese mismo día. El presidente del órgano Legislativo programó, sin embargo, la convocatoria para el lunes a las 3:00 pm.
El pulso recuerda al que se dió a inicios de febrero pasado, cuando la Asamblea sesionó de emergencia un sábado en busca de un acuerdo para autorizar al Ejecutivo a negociar un préstamo que financiara su estrategia de seguridad. Al no lograrlo, programó una nueva sesión plenaria para el lunes 10, pero el presidente Bukele quiso forzarla a reunirse el domingo 9 y llegó a entrar al Congreso con militares y amenazar con disolverlo en una demostración de fuerza y de intimidación al poder Legislativo que recibió unánime condena internacional.
El diputado del FMLN Gustavo Acosta califica de “violación flagrante a la Constitución” el intento del Ejecutivo de decretar una prórroga de la Ley de Emergencia Nacional. “Un decreto ejecutivo no puede prorrogar un decreto legislativo”, explica. También el diputado del PDC Rodolfo Parker asegura que, al prorrogar una ley, el presidente y sus ministros han roto el orden constitucional “invocando una falsa causa”. Dice que la Asamblea se ha reunido permanentemente y que la decisión de no aprobar la solicitud de prórroga del Ejecutivo se debe a “todas las irregularidades” que se han dado su gestión de la emergencia.
Rolando Alvarenga, expresidente del partido Arena y Secretario Jurídico durante la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999), argumenta que el Ejecutivo no puede alegar que está aplicando la Ley de Protección Civil cuando el mismo sábado el presidente Mario Ponce convocó a los diputados para una sesión plenaria el 18 de mayo. Ponce mismo defiende el tiempo que la Asamblea está tomando para evaluar un nuevo Estado de Emergencia: “El Gobierno no ha enviado los informes completos y detallados de cómo han sido las erogaciones de todos los recursos utilizados”, insiste.
La Asamblea había exigido también al Ejecutivo un plan de reactivación de la economía, que el Gobierno entregó el jueves 14 y todavía no ha sido discutido.
Cuestión de límites
“No hemos movido ni una coma”, dijo en defensa del decreto Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia. Castro, encargado de anunciar la medida en nombre de Bukele, defendió que el Ejecutivo busca dar “seguridad jurídica a los ciudadanos” y mantener sin variación las disposiciones que han operado en las últimas semanas y están incluidas en el decreto legislativo 593, aprobado el 14 de marzo y prorrogado por la Asamblea el 16 de abril.
Esa literalidad es parte del problema. El presidente Bukele intentó la noche del sábado justificar a través de Twitter su decreto, publicando la declaratoria de Estado de Emergencia hecha en 2009 por el presidente Mauricio Funes (2009-2014) en reacción al huracán Ida. Pero a diferencia de aquel decreto ejecutivo, el decreto legislativo 593 no solo hace una declaratoria de emergencia nacional y recoge medidas a ser ejecutadas por el Gobierno, sino que, entre otras cosas, anula de manera temporal la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) para facilitar que el Ejecutivo haga compras de urgencia y transferencias de fondos públicos de manera directa a proveedores de insumos médicos, con el fin de enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus.
Al intentar prorrogar el 593 sin aval de la Asamblea, el Ejecutivo está dándose a sí mismo la atribución de seguir esquivando por un mes más los controles que las leyes generales establecen para el uso de fondos públicos, y se da autorización de no cumplir tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública .
Consultado la noche del sábado, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González considera que el decreto es nulo y que precisamente “por seguridad jurídica” la Sala de la Constitucional debe pronunciarse de oficio y decretar esa nulidad. Otro exmagistrado de la Sala, que pidió no ser identificado, afirma que lo anunciado por el Ejecutivo es “la interpretación y aplicación a su antojo de la Constitución y las leyes”.
Otros juristas difieren respecto a si la Sala de lo Constitucional debe pronunciarse de oficio o esperar la denuncia de un tercero. Efraín Arévalo, abogado constitucionalista, coincide en que la falta de acuerdos del Ejecutivo con el Legislativo no puede ser interpretada como “falta de reunión”, y afirma que un decreto ejecutivo nunca puede prorrogar un decreto legislativo. Defiende, sin embargo, que lo sucedido no justifica una actuación de oficio de la Sala: “Si hay alguien interesado puede presentar la demanda”, dice. “En principio, la Sala solo actúa a petición de parte”.
Minutos antes de que se anunciara la extensión del Estado de emergencia, organizaciones civiles hicieron un llamado al respeto de las facultades constitucionales de cada órgano del Estado. “Cualquier intento de anular las facultades de los órganos de Gobierno u obligarlos ilegítimamente a resolver en determinado sentido es una ruptura al orden constitucional al desconocer la separación de poderes”, declaró la ONG Acción Ciudadana. Una vez hecho el anuncio, Acción Ciudadana, el Instituto Iberoamericano de derecho Constitucional, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, publicaron un comunicado conjunto en el que denuncian que el nuevo decreto “excede las facultades del órgano Ejecutivo”, y defienden su nulidad.
Durante las últimas semanas, organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado acciones tomadas por el gobierno de Nayib Bukele en el combate a la covid-19, por ser violatorias de los Derechos Humanos o violar la independencia de poderes. Desde que comenzó la crisis sanitaria, Bukele ha desacatado resoluciones de la Corte Suprema, defendido el uso de fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad pública, y confrontado con diversos sectores de la sociedad civil.
A mediados de abril acusó a las organizaciones de derechos Humanos de “querer que más salvadoreños mueran”, por denunciar graves casos de abuso policial. Esta semana, tras la renuncia el lunes 11 de cinco integrantes del Comité nombrado por la Asamblea para monitorear los fondos públicos usados en la respuesta a la emergencia, Bukele dijo que en adelante desconocería a Javier Simán como representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Tres días después, las autoridades cerraron con apoyo de la Policía y el Ejército cuatro fábricas de distintas empresas que estaban fabricando insumos para seguridad de los médicos o para el combate en casa de la propagación del virus, bajo el argumento de que incumplían medidas sanitarias o no disponían de permisos. Gremios empresariales, incluyendo la ANEP, lo consideran parte de una campaña de “acoso, ataque y desprestigio” emprendida por el Ejecutivo. El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que no se trata de actos de persecución a ningún líder empresarial.
Sigue la cuarentena
Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el decreto ejecutivo, el ministro de Salud, Fran Alabí, argumentó que el sistema de salud está “a días del colapso” y adelantó un escenario trágico si no se da al Ejecutivo las herramientas legales que pide: “No vamos a ser capaces de dar atención médica a todos los pacientes”, dijo. También el ministro de Gobernación, Mario Durán, justificó la medida por la crisis sanitaria que puede generar en el país la covid-19: “Es necesario tomar medidas extraordinarias. Estamos al punto del colapso”, afirmó. Ambos insistieron en la necesidad de mantener la cuarentena obligatoria en todo el país para seguir frenando los contagios.
Según los datos oficiales disponibles, el sistema público de salud atiende actualmente a 23 pacientes en estado crítico a causa del nuevo coronavirus y 39 en estado grave. De los 849 casos activos con la enfermedad, la mayoría (444), son asintomáticos y no requieren de momento de hospitalización, menos aún de tratamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En El Salvador existen, según el Colegio Médico, un total de 125 camas de cuidados intensivos, incluyendo las de Ministerio de Salud, el Seguro Social y los hospitales privados. Aunque el sistema salvadoreño de Salud tiene también en tratamiento a pacientes que requieren de cuidados en servicios regulares, como enfermos de cáncer o que han sufrido traumatismos.
Se desconoce a la fecha cuántas de esas camas de UCI están aún disponibles. El 5 de mayo el presidente Bukele dijo públicamente que desde que inició la pandemia su gobierno había remodelado y ampliado la red de hospitales públicos de forma que estuviera listos para atender los casos que se fueran registrando. Cuando esas camas se llenaran, dijo, iban a empezar a utilizarse los hospitales temporales que se están instalando en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y el nuevo hospital que se está construyendo frente a Cifco. “El Salvador tenía 100 ucis, y cuando terminemos van a ser mil en total”, dijo.
Pero hay atrasos en la entrega de esas ucis prometidas . Los pabellones de Cifco debían estar listos al cierre de Abril; y el hospital a mediados de junio. Además, el Gobierno no ha podido garantizar en los últimos días los insumos médicos de seguridad necesarios para el personal de salud, tal como lo denunciaron el mismo sábado 16 de mayo miembros del personal de enfermería del Hospital San Rafael.
El representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón, ha afirmado que el que el 5 % del total de pacientes de coronavirus pasa por cuidados intensivos. El ministro Alabí, dijo el sábado 16 que el 20 % de pacientes requieren tratamiento avanzado.
La declaratoria de emergencia no era, en todo caso, necesaria para mantener el confinamiento obligatorio. Aunque el decreto de estado de emergencia vencía la noche del 16 de mayo, esto no implicaba el fin de la cuarentena domiciliar, que está amparada por la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el covid-19, aprobada por la Asamblea el 5 de mayo y con vigencia hasta el martes 19. Esta ley establece que todo el país está sujeto a control sanitario y faculta al Ejecutivo a establecer medidas de circulación adicionales que considere necesarias para combatir la pandemia. El decreto ejecutivo 24, que estableció la llamada “cuarentena especial”, fue lanzado el 10 de mayo y llega hasta el jueves 21.
En cuanto a la suspensión de pagos de servicios básicos durante tres meses, está amparada por otro decreto legislativo, la Ley Transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones (teléfono, cable e internet) aprobada por la Asamblea el 20 de marzo.
Tampoco la suspensión de clases escolares y de los espectáculos públicos, señaladas como acciones preventivas clave por el secretario Conan Castro, precisan de la Ley de Emergencia para aplicarse, sino que pueden ser determinadas por los ministerios de Educación y Gobernación con amparo en la citada Ley de Cuarentena, que en su artículo 1 establece que “toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliar, y solo podrá salir de su vivienda o residencia en los casos autorizados”.
La extensión de la Ley de Cuarentena está en la agenda que tratará la plenaria de la Asamblea Legislativa el lunes 18.
