Las investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el Ejecutivo por millonarias irregularidades en los gastos de emergencia de algunos ministerios durante la pandemia han desatado un enfrentamiento con la Policía Nacional Civil, lo cual profundiza la crisis política desatada en solo un año por la Presidencia de Nayib Bukele.
La intervención de agentes de la PNC para obstaculizar los allanamientos que la Fiscalía comenzó el lunes 13 en las oficinas del Ministerio de Salud es gravísima. No solo porque viola la ley, que manda a la Policía apoyar las diligencias de la Fiscalía, sino porque confirma que el presidente Bukele ha puesto a la Policía y al Ejército a su servicio, por encima de todos nuestros cuerpos de leyes.
No es la primera vez que el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, ayuda al gobierno de Bukele a ocultar información sobre los gastos de emergencia, bajo sospecha de corrupción. El pasado 2 de octubre se negó a cumplir la orden de la Asamblea Legislativa de llevar bajo apremio al ministro de Hacienda, que se ha negado reiteradamente a comparecer a rendir cuentas sobre los fondos utilizados durante la emergencia pandémica. La Fiscalía ha solicitado un antejuicio contra Arriaza Chicas por ese hecho. El director de la PNC también acompañó al presidente en su decisión de no acatar una sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal la detención de quienes incumplieran la cuarentena obligatoria, si no se aprobaba previamente una ley o decreto legislativo al respecto.
Los esfuerzos de este Gobierno por ocultar las irregularidades en sus compras y contrataciones durante la pandemia, que ascienden a miles de millones de dólares, están poniendo en evidencia su disposición a pervertir toda la institucionalidad del Estado con tal de protegerse.
El Ejecutivo comenzó por incumplir sus compromisos de transparencia con la Asamblea Legislativa, adquiridos cuando esta aprobó en marzo las leyes especiales de emergencia, pero su negativa a brindar información incluye también a la Corte de Cuentas, ente encargado por ley de la contraloría. Para escapar a su vigilancia —de por sí bastante laxa desde hace décadas—, el Gobierno ha declarado bajo reserva la información relacionada con los test de covid-19 realizados por el Ministerio de Salud, y los datos y documentación de las compras realizadas por el Ministerio de Agricultura, que tuvo a su cargo la adquisición de alimentos para los cuatro millones de paquetes de ayuda que el ministro dijo haber entregado por todo el país. Una investigación de Revista Factum reveló en julio pasado que los paquetes alimenticios incluían latas de atún compradas por el Gobierno a una empresa fantasma mexicana. Agricultura también compró más de 30 toneladas de maíz a otra empresa mexicana con sede en Sinaloa.
En julio pasado el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, admitió ante una comisión de la Asamblea que el Ministerio de Agricultura había reorientado fondos sin aval legislativo, en contra de la ley. Fuentes renunció poco después, tras negarse a obedecer las órdenes de chantajear a la Asamblea Legislativa reteniendo su presupuesto, y de perseguir con auditorías selectivas a críticos del Gobierno.
Un episodio similar se dio en septiembre, cuando el entonces presidente del BCR, Nicolás Martínez, fue despedido por Bukele al día siguiente de haber comparecido ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea, donde reveló, en contra del discurso oficial de falta de recursos, que el Ejecutivo había ingresado para atender la pandemia más de $1,600 millones entre mayo y agosto.
La Fiscalía ha confirmado que la investigación contra el Ministerio de Salud, obstaculizada por la Policía, es por sospecha de ilegalidades en dos terceras partes de las compras de insumos médicos hechas por el Gobierno durante la emergencia, $20.8 de los $31 millones destinados a ese rubro. La información, reveló el fiscal, provino de un informe de auditorías de la Cicíes. Los indicios apuntan a la adjudicación arbitraria de abultados contratos, en algunos casos a favor de funcionarios de gobierno o familiares; alteración de documentos; sobreprecios y compra de productos no aptos para uso médico. La Fiscalía también investiga por el uso irregular de fondos de emergencia al Ministerio de Agricultura, al de Hacienda y a dos autónomas.
Los allanamientos desataron una serie de ataques y acusaciones de Bukele contra la Fiscalía, una de las pocas instituciones contra las que Bukele no había arremetido abiertamente en su año y medio de mandato. El presidente aplaudió las acciones del fiscal general cuando meses atrás detuvo por sospechas de corrupción a exdirigentes del partido Arena o exministros de gobiernos del FMLN, pero ahora que investiga su gestión le acusa de actuar por intereses partidarios.
Es la misma acusación que lanzó en repetidas ocasiones contra la Corte Suprema de Justicia, cuyas resoluciones y sentencias se ha atrevido a desacatar. Desde que el 9 de febrero intentó tomarse la Asamblea Legislativa, acompañado por un destacamento militar y acuerpado por el ministro de Defensa y el director de la Policía, Nayib Bukele ha despreciado y se ha enfrentado con todas las instituciones que ejercen un contrapeso a su creciente poder.
O las ha cooptado. En septiembre, Bukele logró modificar el reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública, uno de los mayores logros de la sociedad civil en su batalla de décadas contra la corrupción y en defensa de la transparencia. De manera unilateral, el Ejecutivo otorgó poderes extraordinarios al presidente del Instituto, que por cuenta propia ha decretado en reserva, por ejemplo, la declaración de bienes del presidente Bukele. Literalmente, el Gobierno ha cerrado el acceso a la información pública.
Aun así, no ha logrado evitar que su administración, que apenas inició en junio de 2019, esté ya plagada de escándalos de corrupción. El mérito es, sobre todo, del periodismo investigación, que a lo largo del presente año ha revelado una veintena de casos, entre ellos los que ahora investiga la Fiscalía.
En su afán por ocultar los multimillonarios gastos públicos, Nayib Bukele ha agravado aún más la crisis que el 9 de febrero abrió en la vida democrática salvadoreña y parece dispuesto a acabar con toda institucionalidad. Igual que desde que llegó al poder insulta y ataca a cualquiera que le cuestione, ahora empuja cualquier institución del Estado que demuestre no estar bajo su control.
Que use para ello a la Policía y el Ejército, y que quienes están al frente de las fuerzas de seguridad le hayan demostrado sometimiento ciego, abre un escenario de enorme peligro. Que militares y policías estén dispuestos a dejarse utilizar para enfrentar a los contrapesos naturales que debe tener el Ejecutivo amenaza a la democracia y a cada ciudadano. En este rumbo, cuando la crisis política toque fondo ya no imperará la ley, sino la fuerza, dirigida y ejercida por funcionarios que han probado ya su lealtad al presidente por encima de la Constitución. Si eso llega, habremos perdido casi todos. Salvo los corruptos.
