El 13 de marzo de 2019, el entonces presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, visitó en Washington la Heritage Foundation. Fue una visita extraña: Bukele, que había hecho casi toda su carrera política en el FMLN, un partido izquierdista con pasado guerrillero, reservaba espacio en su primera gira internacional para dar una conferencia en uno de los principales tanques de pensamiento de la derecha estadounidense, y anunciar allí un giro en la política exterior que El Salvador había mantenido durante los gobiernos del Frente: “Nicolas Maduro y Daniel Ortega pueden despedirse de sus aliados en El Salvador”, dijo ese día, en un discurso que fue considerado una carta de amistad al entonces presidente Donald Trump. Ese día en la Heritage, Bukele se reunió con Ana Rosa Quintana, analista senior política de la fundación. En la fotografía oficial que Bukele se tomó con ella, se les unió un miembro de la comitiva salvadoreña: Damián Merlo.
Merlo es estadounidense, de origen argentino, y según documentos membretados del Gobierno de El Salvador es asesor senior de política exterior del presidente Bukele. Ha pasado desapercibido en El Salvador los últimos dos años, pero se ha convertido en uno de los principales consejeros de imagen y comunicaciones del presidente, y su fotografía en la Heritage Foundation prueba que trabaja con Bukele desde antes de su toma de posesión.
En su currículum, disponible en Linkedin, Merlo se presenta como consultor y ofrece acercamientos a círculos de poder de Miami, Washington y América Latina: “consultoría privada, utilizando mi extensa red internacional, tanto del gobierno como del sector privado, para conectar negocios para empresas de beneficio mutuo”. Cada vez que acompaña a Bukele a una reunión importante, acostumbra a compartir en sus redes sociales fotografías de los encuentros: “Es un #honor estar a tu lado durante esta histórica visita a #WashingtonDC y es un nuevo día para las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos”, dijo Merlo en su cuenta de Twitter el 14 de marzo de 2019. Ese mismo día, el presidente electo fue recibido por el asesor de seguridad nacional (NSA) de Donald Trump, John Bolton, con quien habló de Venezuela. “Estamos ansiosos por identificar nuevas oportunidades para aumentar el apoyo al presidente interino venezolano Juan Guaidó”, dijo Bolton después de la reunión.
En una gira posterior por Nueva York, en septiembre de 2019, Merlo acompañó también al mandatario y estuvo con él en su encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos: “Alistandonos para conocer a @realDonaldTrump con @nayibbukele #ElSalvador”, tuiteó el 25 de septiembre. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador promocionó aquello como un hito, ya que Bukele fue el único presidente latinoamericano que sostuvo una bilateral con Trump en el marco de la Asamblea de la ONU. Frente a los medios, Trump dijo estar contento porque Bukele había aceptado el acuerdo de Tercer País Seguro, por el que El Salvador se comprometía a aceptar refugiados rechazados por Estados Unidos. Bukele respondió con un elogio: “El presidente Trump es muy amable y genial (“nice and cool”), y yo también soy agradable y genial. (Risas.) Ambos usamos mucho Twitter, así que, ya saben, nos llevaremos bien”.
En total, el Gobierno de El Salvador invirtió, solo en 2020, un total de $1,600,000 en empresas de Lobby y relaciones públicas en Estados Unidos, según publicaciones de AP. Esa inversión es parte de un esfuerzo que ya desde aquel aquel viaje en marzo de 2019 Bukele estaba haciendo de la mano de Merlo para acercarse a los círculos conservadores de mayor influencia en la presidencia de Donald Trump. En julio, solo un mes después de tomar posesión, Bukele tuvo reuniones con pastores evangélicos cercanos a Trump, como Mario Bramnik, que hace lobby a favor de Israel con mandatarios latinoamericanos y aparece en fotografías con Mike Pence durante la inauguración de “Latinos for Trump”, un movimiento que trabajó por la reelección del expresidente.
Merlo, que fue una pieza clave en esos acercamientos, se mueve con soltura en los pasillos de Washington, especialmente en los republicanos. Recibió su formación política en el Instituto Internacional Republicano (IRI) y en 2008 fue asesor de política exterior de la campaña presidencial de John McCain cuando fue derrotado por Barack Obama. Antes, en 2007, había sido vicepresidente de Otto Reich Associates, empresa fundada por el ex-jefe de la Oficina de Diplomacia Pública de Reagan. También trabajó en la sección de intereses en la Embajada de Estados Unidos en Cuba y fue jefe de campaña de Michel J Martelly, electo presidente de Haití en 2011. Fue su asesor hasta 2014, y enlace de su gobierno con el Departamento de Estado de la administración Obama, según correos intercambiados por Merlo con Cherryl D. Mills, asesora de Hillary Clinton, disponibles en Wikileaks. En 2016 fue co-presidente de uno de los comités de la precampaña presidencial de Jeb Bush, quien era gobernador de Florida. Estuvo también, entre 2010 y 2013, en la empresa de marketing político Ostos&Sola, trabajando con Antonio Sola, quien años después sería asesor de la campaña presidencial de Carlos Calleja.
No es lo más cercano que había estado de El Salvador: entre febrero de 2017 y enero de 2018, a pesar de la distancia ideológica, Merlo era el contacto empresarial de la empresa de telefonía Digicel con la vicepresidencia de Óscar Ortiz durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén. En febrero de ese año, Merlo estuvo en una visita que Ortiz hizo a la empresa para conversar con la CEO para Centroamérica y el Caribe, Vanessa Slowey, y en junio de 2017 aparecen juntos en una fotografía en un centro escolar, beneficiado por un programa de responsabilidad social de la empresa de telefonía.
El año pasado, Merlo presumía de su amistad con el exembajador estadounidense, y autodeclarado amigo de Bukele, Ronald Johnson. El 12 de noviembre de 2020 compartió una fotografía de Johnson en Twitter: “Embajadores como @USAmbSV me hacen sentir orgulloso de ser americano. Acá está viniendo de un vuelo de El Salvador a Miami. La gente agradece su servicio como lo hago yo”, escribió Merlo.
Este asesor de Bukele, cercano a los círculos más conservadores de Washington, es además el tesorero de Invest El Salvador, una empresa de cabildeo creada el pasado octubre en Estados Unidos expresamente para ser contratada por el Gobierno de El Salvador, con el encargo de mejorar la imagen de la administración Bukele en Washington. El contrato con esa empresa, fechado solo una semana después de su constitución, el 5 de noviembre de 2020, y financiado con fondos públicos, es por $780,000.
Lo que no está claro es si el salario de Merlo como asesor del presidente se paga actualmente a través de este contrato con Invest El Salvador o si mantiene asignado un sueldo en Casa Presidencial. El 8 de febrero, El Faro pidió una entrevista con Merlo para profundizar en sus contratos y relaciones con el Gobierno de El Salvador, pero no respondió a los correos y llamadas telefónicas hechas a Capres y a las oficinas de sus empresas en Washington.
Una empresa a la medida del asesor
El 8 de octubre de 2020, el presidente de la institución pública Proesa, Salvador Gómez, anunció una nueva iniciativa para atraer inversión al país: Invest El Salvador. El embajador Johnson la respaldó públicamente y llegó incluso a promocionarla en un spot del Gobierno: “Invest El Salvador es una estrategia que busca atraer inversionistas nacionales e internacionales. Mis felicitaciones al Gobierno de El Salvador”, dijo el diplomático.
Tres semanas después, el 28 de octubre, fue creada legalmente en Washington D.C. una corporación sin fines de lucro con ese mismo nombre: Invest El Salvador Inc. Solo una semana después, el 5 de noviembre, Invest fue contratada por el Gobierno de Bukele para, según el texto del contrato, “atraer inversión extranjera, trabajar con la diáspora salvadoreña y mejorar las comunicaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador”.
Entre las actividades específicas que Invest El Salvador se comprometió a desarrollar para la administración Bukele está la diseminación de información “con fines políticos”, según dice literalmente el formulario inscrito por la empresa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la elaboración de comunicados, spots publicitarios, panfletos, otras publicaciones, cartas o telegramas, correos electrónicos, un sitio web y plataformas de redes sociales en Twitter e Instagram. Sobre su público objetivo en Estados Unidos, el contrato es también específico: “funcionarios públicos, legisladores, agencias de gobierno, periódicos, editores y la diáspora salvadoreña”.
Merlo no es el único vínculo de esta empresa a sueldo del Gobierno salvadoreño con el sector republicano de Washington: el presidente de Invest El Salvador es David Metzner, un ciudadano estadounidense que, según correos de John Podesta publicados por Wikileaks, fue recaudador de fondos para la campaña presidencial de 2008 de John McCain, de la que fue asesor Merlo. Metzner es además socio gerente de la empresa ACG Analytics, una compañía consultora creada el 18 de octubre de 2012, que se autopromociona como “firma de investigación independiente que asesora a sus clientes sobre cómo anticiparse a políticas que pueden impactar en sus portafolios” y que publicó durante el año pasado -no se sabe si por iniciativa propia o por encargo de alguno de sus clientes- informes sobre la pandemia.
La gestión de Bukele es descrita en esos informes como “efectiva” por “su bajo número de casos” y por “la rápida acción del gobierno”. Esos reportes, hechos por una empresa vinculada a asesores a sueldo del Gobierno, fueron replicados por Invest El Salvador en su cuenta de Twitter el 19 de enero de 2021 y por el medio gubernamental Diario El Salvador, el 24 de enero de 2021, con el titular: “El Salvador es referente por el manejo de la pandemia”.
ACG Analytics, la empresa cuyos informes usa el Gobierno de El Salvador para avalar su gestión de la pandemia, tiene a su vez otros vínculos con la administración Bukele: en su página web, informa que su director de política extranjera es Christopher Czerwinski, que al mismo tiempo es presidente de Foreign Advisory Services Inc, una empresa inscrita el 20 de noviembre de 2020 en el Registro Público de Washington D.C por Maame Nyamekye, la misma abogada que inscribió un mes antes Invest El Salvador.
Diez días después, el 30 de noviembre, la empresa de Czerwinski fue contratada por el Gobierno de Bukele para “elaborar materiales” para Invest El Salvador. “El consultor no retendrá la propiedad, intereses o derechos de los materiales (…) Incluye reportes, gráficos, memorandos, slogans y taglines”, dice el acuerdo que establece los honorarios de Czerwinski: $7,500 mensuales y reembolsos por gastos de viaje.
La segunda semana de febrero, el director Ejecutivo de Invest El Salvador, Brian Dean, estuvo en una gira de medios en El Salvador que incluyó entrevistas en el programa de televisión Frente a Frente, de TCS, y en el Noticiero Hechos de Canal 12. “No soy lobbista, he trabajado y trabajo para la política, la democracia y la inversión”, dijo allí Dean. En su página web, Dean acusa a opositores y a medios de comunicación de participar en una “campaña falsa” en contra de la administración Bukele.
El 11 de febrero, como parte de su labor de cuidado de imagen de Bukele, esta vez dentro de las fronteras nacionales, Dean negó a Noticiero Hechos que el presidente hubiera viajado sin éxito a Washington a solicitar una visita con funcionarios de Joe Biden. “El presidente no lo hizo, es un argumento fabricado”, dijo de lo publicado por la agencia AP. Dijo que apenas “cuatro congresistas, think tanks y fundaciones en Estados Unidos” tienen un mal concepto de Bukele. “Están equivocados y están actuando con información falsa. El monopolio del discurso debe cambiar y estamos metidos en esto para que la política del presidente Bukele, que es constructiva y fácil de integrarse a la política de Biden, no se vea perjudicada por un puñado de gente que hace su lobby para los partidos tradicionales”, dijo.
Antes de trabajar para el Gobierno de El Salvador, Dean trabajó para Jeb Bush cuando era gobernador de Florida, en sus esfuerzos por incrementar el comercio en las Américas. Desde el 13 de noviembre de 2020 es el director ejecutivo de Invest El Salvador con un salario mensual de $10,500, según su contrato inscrito en el Departamento de Justicia estadounidense.
Lobistas afines a Trump para una administración demócrata
El 20 de agosto de 2020, como un paso más de su ofensiva de relaciones públicas en Estados Unidos, el Gobierno de El Salvador contrató a Sonoran Policy Group, una empresa de Robert Stryk, un lobista al que gobiernos y actores privados buscaron para acercarse a Donald Trump cuando ganó la presidencia, y que en los primeros meses de 2017 tuvo entre su staff a Stuart Jolly, un director de la campaña de Trump. Según los medios estadounidenses Político y The New York Times, gobiernos y actores privados que no sabían a quién acudir para acceder al círculo cercano del nuevo presidente terminaron contratando los servicios de Sonoran Policy Group, una empresa que no tenía contratos previos de lobby entre 2013 y 2016, pero que durante la administración Trump facturó 18.4 millones de 2017 a 2020. El contrato con el Gobierno de El Salvador es por $450,000.
Esta empresa designó como consultor para el gobierno de El Salvador a Mario Duarte, ex secretario de inteligencia del Gobierno de Guatemala durante el Gobierno de Jimmy Morales. El 17 de diciembre de 2019, Duarte acompañó a Morales a una reunión con Donald Trump, quien, como había hecho semanas antes con Bukele, agradeció la suscripción del Acuerdo de Tercer País Seguro con Guatemala.
“Como secretario de inteligencia, Duarte lideró la campaña anti-Cicig en Washington junto al embajador Manuel Espina”, dice la defensora de Derechos Humanos guatemalteca Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack. Ella describe a Duarte como “un experto en el uso de principios de inteligencia para fabricar narrativas y manipular la opinión pública”, y cita como ejemplos el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalem para conquistar acercamientos con la administración de Donald Trump, y el uso del caso judicial contra la familia rusa Bitkov, investigada por la compra pasaportes falsos en Guatemala, para vender la idea en Washington de injerencia rusa en la Cicig y minar su apoyo internacional.
“Él participó en la elaboración de un plan para tener acercamientos con la administración de Donald Trump y también de toda una estrategia de destrucción de la institucionalidad democrática a base de un gobierno autoritario”, añade Mack.
El 31 de enero de 2019, jeeps militares desfilaron frente a la Cicig y el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez. Uno de los defensores de aquella acción con los jeeps donados por Estados Unidos fue Duarte. “Si tanto es el problema con el uso de algo que nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente (de la Embajada de Estados Unidos). Se los vamos a devolver”, dijo Duarte en el programa televisivo A Primera Hora.
Este comentario provocó una respuesta en Twitter de Elliot Engel, el congresista demócrata que dio nombre a la lista de sanciones que incluirá, desde mediados de este año, a presuntos corruptos centroamericanos: 'Es un buen momento para que el secretario Michael Pompeo y Donald Trump tomen esta oferta', dijo como una amenaza de retirada de apoyo militar a Guatemala. Su propuesta fue apoyada por los también congresistas demócratas Norma Torres y James McGovern.
Bukele, quien incluyó como una de sus principales promesas de campaña la creación de una Cicies, mantiene contratado como lobista a uno de los artífices de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Cicig, cuyo mandato no fue renovado. Y que ya en 2019 había tenido un enfrentamiento público con destacados congresistas demócratas.
El 15 de diciembre de 2019, ocho meses antes de que el Gobierno de El Salvador contratara a Sonoran Policy, Duarte subió a Instagram una fotografía en San Salvador: le acompañaban el exembajador Johnson, a quien Duarte agradecía en el post por su amistad, y con el exagente de la CIA Félix Rodríguez, famoso por haber capturado al Che Guevara en Bolivia en 1967, por su involucramiento en la Operación Irán-Contras en la base aérea de Ilopango en los 80, y quien suele repetir con orgullo que en 1985 capturó a la entonces comandante del FMLN y hoy diputada Nidia Díaz en El Salvador. En su publicación en Instagram, Duarte llama a Rodríguez “mi mentor”.
“Hoy más que nunca, es necesario que la juventud sepa quiénes son los héroes que evitaron que el comunismo se propagara sin control”, dice el texto con el que acompañó la fotografía, que captura una reunión privada en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. ”Gracias al embajador Ron Johnson de la @usembassysv, por su hospitalidad y amistad”, añadió Duarte en su post.
Un día después de la firma del contrato con Sonoran Policy Group Bukele aseguró a la agencia AP que había terminado su relación con esa compañía, pero los registros de Fara, la oficina que transparenta el trabajo de las empresas de lobby en la política estadounidense, consignan pagos y gestiones hechas por los cabilderos de Sonoran de octubre a diciembre de 2020 para ayudar al director del OIE, Peter Dumas, a contactar congresistas y reunirse con ellos. Según esa base de información pública, Duarte y Christian Bourge lograron acercamientos con al menos tres congresistas republicanos: Kevin McCarthy, Rick Crawford y Debbie Lesko. Uno de ellos, Crawford, del estado de Arkansas, publicó un tuit de respaldo a Bukele el 7 de octubre, un día después de la llamada sostenida por Duarte con uno de sus asistentes.
Ninguno de estos tres congresistas está en los comités o subcomités donde son discutidos temas relacionados a cooperación o política exterior estadounidense, relacionada a El Salvador, y en los que destacan los demócratas Gregory Meeks, Albio Sires, Torres, McGovern, o el republicano Mario Diaz Balart. Son estos últimos los congresistas que en 2020 enviaron cartas a Bukele en las que condenan “su hostilidad contra la prensa independiente y los medios de comunicación”, según una carta del 10 de septiembre; y por “su firme alejamiento del Estado de derecho y de las normas democráticas”, según una carta del 23 de septiembre.
El 3 de diciembre de 2020, semanas antes de que Donald Trump saliera de la Casa Blanca, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado condenó el “silencio irresponsable” que su administración mantuvo desde el 9 de febrero de 2020 cuando Bukele irrumpió con el Ejército en la Asamblea Legislativa. En la carta, senadores demócratas y republicanos piden explicaciones al secretario de Estado Michael Pompeo y al embajador Johnson por la ausencia de un pronunciamiento sobre las negociaciones del Gobierno con la Mara Salvatrucha-13 y pidieron explicaciones sobre los indicios de corrupción en los contratos de la pandemia.
“¿Por qué el Departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos han permanecido en silencio sobre los desafíos a la democracia y al imperio de la ley en El Salvador y de manera más específica al pacto del Gobierno Bukele con la MS-13?”, dice la carta del 3 de diciembre. Las gestiones de los lobistas contratados por Bukele o la labor diplomática de su administración no lograron evitar la resolución.
Tampoco esta intensa labor de lobby ha logrado evitar que se haga evidente la distancia del nuevo Gobierno de Joe Biden con la administración Bukele. Esto a pesar de que el 23 de octubre del año pasado, cuando faltaban diez días para la elección presidencial en Estados Unidos, el Gobierno de El Salvador aparentemente intentó un giro estratégico y contrató a la empresa de cabildeo Rational PR LLC, propiedad de Patrick Dorton, un lobista conocido por sus contactos en el partido Demócrata. En 1999 y 2000, Dorton fue asistente especial y director de comunicaciones del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca de Bill Clinton.
A dos meses de que concluya este contrato, no hay registros en Fara del trabajo de Rational PR para el Gobierno de El Salvador, como sí los hay de Sonoran Policy Group, con gestiones para concertar llamadas con congresistas, y de Invest El Salvador, que el 8 de febrero circuló una columna de opinión en inglés del diputado de Arena, Gustavo Escalante, titulada 'Con las elecciones a la vuelta de la esquina, se avecina un brillante futuro para El Salvador'. Dorton no respondió a las solicitudes de comentarios que El Faro le hizo llegar por correo el 9 de febrero.
Según el contrato por $390,000 suscrito con la empresa, el Gobierno de El Salvador delegó a Dorton la tarea de, entre el 16 de octubre de 2020 y el 21 de abril de 2021, elaborar “briefings” y comunicados de prensa dirigidos a funcionarios, legisladores, agencias de Gobierno, periódicos y editores en Estados Unidos. Una publicación del New York Times del 17 de noviembre de 2020 asegura que la contratación de Rational PR fue recomendada por Sonoran Policy Group, en respuesta a las encuestas que ya daban como ganador a Joe Biden.
Tampoco eso parece estar dando resultado. A inicios de febrero, Bukele viajó a Washington e intentó concertar reuniones con funcionarios de la administración de Biden, pero nadie aceptó recibirlo. La reacción del presidente salvadoreño al hecho de que su viaje fallido se hiciera público, negándolo pese a que el hecho se conoce en los principales círculos políticos de Washington, desgastó aún más su imagen en la capital de Estados Unidos. Un staffer del Congreso, que habló con El Faro, criticó la estrategia diplomática de El Salvador, basada “en campañas de presión, de relaciones públicas” y solicitudes de reuniones con funcionarios de alto nivel, sin un diálogo previo. “Están gastando mucho dinero, pero sin ningún resultado”, dijo en relación a los miles de dólares destinados a lobistas.
Ese deterioro de imagen se ha hecho en los últimos días más y más palpable entre congresistas demócratas, cercanos al Gobierno de Biden y críticos con la cercanía que Bukele demostró, en la forma de gobernar y en gestos diplomáticos, con el Gobierno de Trump. El 8 de febrero, la congresista demócrata Norma Torres compartió en sus redes sociales un artículo de AP sobre la visita fallida de Bukele, con este mensaje: “Contenta de ver que el presidente Biden (@POTUS) establezca un nuevo tono con El Salvador. Presidente Bukele, los días de tolerar sus ataques al imperio de la ley #RuleOfLaw terminaron con la administración de Donald Trump”.
Esta imagen muestra un mapa de relaciones entre las empresas de cabildeo y el Gobierno salvadoreño.
En este documento se muestran los contratos que suman $1.6 millones con esas empresas.
