La jueza Gloria Patricia Porras Escobar salió de Guatemala rumbo a Estados Unidos la noche del martes 13 de abril, el mismo día en que el Congreso de su país decidió no tomarle juramento para un tercer periodo como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Se marchó antes de perder esa medianoche la inmunidad que le daba su cargo, y por tanto quedar expuesta a una posible orden de detención. Es lo mismo que hace siete años tuvo que hacer la exfiscal general Claudia Paz y Paz.
El bloqueo a Porras no es solo un veto, vestido con el ropaje legal de una inhabilitación temporal, a una magistrada que en los últimos años simbolizó la resistencia ante el desmantelamiento de las instituciones anticorrupción guatemaltecas. Es también un paso más, tal vez uno definitivo, en la estrategia de cooptación del sistema de Justicia -o recuperación- que pusieron en marcha en 2013 ciertas élites económicas y políticas del país, aterrorizadas por el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt.
No es azar que ese mismo martes no tuviera problemas para asumir como magistrado de la nueva corte constitucional Roberto Molina Barreto, que hace dos años fue candidato a vicepresidente de la mano de Zuri Ríos, hija y heredera política de Ríos Montt. O que también prestara juramento como magistrada la abogada Leyla Lemus, hasta hace pocas semanas miembro de confianza del gabinete del presidente Alejandro Giammattei. Pese a la presión que han tratado de ejercer en este tema Estados Unidos y algunas embajadas europeas, la independencia judicial parece perdida en Guatemala.
El argumento legal para no instalar en el cargo a Porras, elegida por la Universidad San Carlos, es débil pero laberíntico, igual que lo fue la maniobra similar que, en 2019 y con el voto de Porras, impidió que la exfiscal Thelma Aldana, otra abanderada de la lucha contra la corrupción, pudiera ser candidata a la presidencia cuando tenía ligera ventaja en las encuestas. Un amparo contra la selección de Porras, alegando supuestos errores procedimentales, fue presentado a una sala de apelaciones y admitido sin notificarla a ella, y apenas unas horas antes del acto de juramentación para impedir cualquier capacidad de reacción. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, no solo estaba ya listo para excluirla por razón de ese amparo y sus medidas cautelares que anulan la elección, sino que hay versiones que apuntan a que atrasó deliberadamente el inicio de la sesión solemne a la espera del documento que lo notificaba.
El Faro entrevistó a Porras la tarde de este domingo 18, a las afueras de Washington D.C. La jueza asegura que diez días antes de la jornada ya le habían llegado rumores de la maniobra en su contra, que denuncia como “una violación del estado de derecho”. “Es un agravio a la democracia y todos y cada uno de los ciudadanos del país deben sentirse ofendidos”, dice. Insinúa, sin llegar a decirlo, que solo la presión ciudadana y de organizaciones de sociedad civil puede revertir la situación. Este fin de semana, en Guatemala se publicó una carta abierta con 250 firmas, entre exfuncionarios públicos, intelectuales y un centenar de organizaciones de defensa de derechos humanos. La carta califica de “acto ilegal” y “asalto a la Corte de Constitucionalidad” lo sucedido el día 13.
La nueva Corte, sin Porras, tendrá que resolver entre otros asuntos la legalidad de ciertas concesiones de minería o explotación hidroeléctrica ahora detenidas; decenas de denuncias contra jueces considerados independientes; o el amparo contra una ley aprobada a inicios de 2020 que da al Ejecutivo amplios poderes para limitar el financiamiento a organizaciones de sociedad civil o ilegalizarlas por razones “de orden público” sin autorización de un juez.
Frente a este panorama aparentemente sombrío, Porras, sentada en una cafetería al aire libre pero sin retirarse la mascarilla más que para las fotos, habla con prudencia de jueza y un optimismo desconcertante. Como si creer en el justo funcionamiento del sistema de Justicia de Guatemala fuera su deber profesional. Apela a la actual -y muy cuestionada- Fiscal General, apela a los mismos jueces nombrados por quienes la acosan y persiguen judicialmente a ella. Y envía a los abogados de Guatemala un mensaje que trata de ser épico, pero refleja la tragedia de que sea necesario pronunciar una frase así: “no es necesario corromperse para alcanzar una alta magistratura”.
¿Por qué salió de Guatemala? ¿Qué hace en Washington?
Desde días antes tenía, de manera no oficial, información de que no iba a ser juramentada, así que decidí, en lo que se resuelve esta situación, atender compromisos académicos que había adquirido pero no estaban fechados. Estoy aquí invitada por el Colegio de Abogados para dar algunas entrevistas y conferencias sobre Estado de Derecho, un tema ineludible tras mi no juramentación. También voy a aprovechar para reunirme con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque gozo de medidas cautelares y quiero analizar mi situación.
¿Cree que el bloqueo a su nombramiento viola esas medidas cautelares?
No solo viola las medidas: es una violación del estado de derecho, un atentado contra la democracia en mi país. No se me juramentó atendiendo a un amparo presentado contra mi nombramiento, pero que no cumple condiciones de fondo y forma para ser tramitado. Si bien es cierto que nuestra ley establece que no hay materia que no sea susceptible de amparo, los jueces tenemos la obligación de revisar la forma y fondo de cada solicitud, y en el fondo este asunto no tiene ningún contenido, porque es la simple queja de un participante en el proceso de selección de magistrados, que aduce no haber sido notificado del resultado.
Y aquí hay dos cosas fundamentales: una, que el procedimiento que estableció el Consejo Superior Universitario, que no establece que fuera a existir una notificación escrita a los participantes, era público, por lo que el momento indicado para impugnarlo era inmediatamente después de la publicación o inmediatamente después de la primera sesión, porque, de lo contrario, con su participación los candidatos y los electores admitieron ese procedimiento como válido. En ese sentido, la solicitud de amparo resulta extemporánea. De hecho la notificación final fue pública a todos los participantes. Tampoco a mí se me hizo una notificación, pero como todo se hizo público he entendido que soy la persona que salió elegida.
Así es que el amparo, por forma, no cumplía los requisitos. Y en fondo tampoco se sostiene. Porque el hecho de que él no comparta la decisión del Consejo Superior Universitario de no notificar no debería bajo ningún punto de vista afectar el proceso de elección. Podría, mediante amparo, exigir que se le notifique de forma directa el resultado, pero eso no puede afectar el proceso de elección, que fue antes de la notificación pública.
Dice que tuvo aviso que esto iba a suceder. ¿Quién quiere impedir que usted sea magistrada?
Vengo sufriendo acoso desde hace años, pero se ha intensificado los últimos dos. En ese tiempo se han presentado a la Corte Suprema de Justicia más de 60 solicitudes de antejuicio contra mí. De ellas, 40 ya fueron rechazadas, pero el resto se han admitido a trámite y por ello, cada vez que he dictado una resolución que no se comparte, me han estado amenazando, por diferentes medios, con la presentación de un antejuicio. Indudablemente hay una estrategia de desgaste.
¿Qué casos generan esto? Casos que tienen que ver con corrupción, con impunidad. Mi voto ha inclinado la balanza en algunos casos hacia no favorecer la corrupción en el país, y eso ha resultado molesto para diferentes actores: personas de organismos de Estado, personas que están vinculadas con el crimen organizado...
¿Quién la amenaza?
No quiero mencionar nombres porque debo ceñirme a cierta ética como juez y tampoco quiero generar en mi país una nueva razón para la confrontación o entrar en dimes y diretes. Pero solo tiene que revisar los discursos de los distintos actores políticos. Sus exposiciones son públicas. Vea la exposición que se hizo el día 13 justo antes de la juramentación de magistrados. Yo diría que es un material importante que se debe revisar e interpretar. Cada línea de ese discurso se está refiriendo a una sentencia con la que no han estado de acuerdo. Yo, como jueza, obviamente escuché la argumentación, y me parece que cada frase se refería a una de las sentencias que se ha dictado durante los dos últimos años.
¿Qué papel desempeña el presidente de la república, Alejandro Giammattei, en este esfuerzo por impedir que usted sea magistrada?
Es muy complejo para mí decir específicamente qué papel juega él, pero lo que sí voy a decirle es que el papel de la Corte de Constitucionalidad, y el mío como juez, es tratar de garantizar el balance que debe existir entre poderes del Estado; y también entre los poderes y la ciudadanía, porque el amparo está concebido para proteger al ciudadano frente a los abusos de poder. Es precisamente poner al individuo como centro lo que me puso a mi en esta situación compleja. Yo no tengo ningún problema de carácter personal con el señor presidente ni con ningún funcionario público. Simplemente me he limitado a hacer mi trabajo, a hacer una interpretación constitucional, y eso no ha sido del agrado.
Se la acusa, como se hizo antes con otras personas clave del sistema de justicia de Guatemala, de politización. ¿Qué responde usted a esas acusaciones?
Me acusan de hacer activismo político, pero siento que son frases elaboradas que no tienen contenido, porque cada caso que llega a la Corte pasa por una discusión en el Pleno, una resolución no es una decisión exclusiva de Gloria Porras, sino una decisión colegiada en la que participan en unos casos cinco magistrados y en otros siete. Yo no pertenezco a ningún partido político, no intento favorecer a ningún partido. Simplemente, el hecho de defender en Guatemala los derechos de grupos vulnerables me hace acreedora de señalamientos, como el de que pertenezco a la izquierda.
Dijo hace pocos días, en una entrevista al periódico El País, que confiaba en que la Fiscalía General actúe en su favor en este caso. Pero el sábado se supo que la Fiscal General retiró de su cargo al fiscal anticorrupción Stuardo Campo el mismo día en el que él iba a pedir que se retire la inmunidad al expresidente Jimmy Morales. ¿Insiste usted en que confía en la Fiscalía?
Yo fui defensora pública penal. Y como defensora pública he examinado los señalamientos en mi contra. También fui Fiscal del Ministerio Público. Y desde cualquier ángulo que lo vea, desde cualquier perspectiva, los hechos que se me señalan no constituyen ningún acto delictivo. No lo digo de forma improvisada o desde el interés personal. Soy abogada y he dedicado más de 20 años al derecho penal. Así es que sí, espero que con la intervención de la Fiscal General y los fiscales que tengan a su cargo estas denuncias esto sea rechazado inmediatamente. No podría esperar otra cosa.
¿No es demasiado optimista? ¿Cree que hay en estos momentos en Guatemala fuerza institucional o social suficiente para que una decisión tomada por la cúpula del Congreso se revierta?
Mire, hay un problema mundial, de salud, una pandemia que yo no puedo obviar. Pero creo que la gente está ahí, y que la gente está en desacuerdo con lo que está sucediendo. Y creo también que la gente debe tener una participación en las discusiones. Obviamente no pretendo que haya en este momento eventos que puedan poner en riesgo la salud de nadie, pero sí mantengo la fe y la esperanza en que las personas que están impulsando estas acciones en algún momento tengan la madurez y la sensatez de hacer las cosas de conformidad con la ley, por el bien del país.
¿La sociedad civil guatemalteca u organismos de defensa de los derechos humanos pueden tener incidencia en un momento como este?
Creo que tienen un papel fundamental. No solo las organizaciones, sino cada persona de manera individual. Porque no creo que estén agraviando exclusivamente a Gloria Porras. Esto es un agravio a la democracia y todos y cada uno de los ciudadanos del país deben sentirse ofendidos. Especialmente los del Consejo Superior Universitario y la Universidad San Carlos de Guatemala. Porque si fueron juramentados los nominados por otros entes, ¿por qué no se juramentó a a su nominada solo porque, de acuerdo a lo que ciertas personas expresan, tiene una manera distinta de pensar? ¡Si eso es lo que enriquece un tribunal! Yo no puedo renunciar a mi naturaleza, y mi naturaleza es hacer valer los Derechos Humanos de las personas. Eso en Guatemala todo el mundo lo sabe. Y creo que todos deberíamos participar en el futuro político del país, y eso pasa también por la elección de sus jueces.
Hace apenas dos semanas el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el triángulo Norte visitó Guatemala. Usted participó en una reunión con él y otros actores del sistema de Justicia. ¿De qué hablaron?
Yo participé en la reunión como parte de un grupo de personas a las que ellos identificaron como aliadas en la lucha contra la corrupción, y me siento honrada por ello. Pero también se habló de derechos humanos, y de las causas de la migración, que preocupa no solo en nuestro país sino a otros gobiernos. Los presentes coincidimos en que todos los temas que conforman las causas de la migración terminan pasando por la Corte de Constitucionalidad. Temas de corrupción, por ejemplo.
Y también se habló de independencia judicial.
Obviamente. Una de las razones por las que a mí me identifican es por ser una jueza independiente.
Y solo una semana después de esa reunión usted fue bloqueada por el Congreso. ¿Cree que tiene relevancia hoy en Guatemala la opinión de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos?
Guatemala no puede vivir de manera aislada. Ningún gobierno, de ningún país, puede hacerlo. La globalización es una realidad.
Acosada por decenas de demandas, y sobrada de enemigos en las esferas de poder político y económico de Guatemala, ¿qué la hizo aspirar a un tercer periodo en la Corte de Constitucionalidad?
Creo que durante estos diez años he acumulado una experiencia de trabajo independiente que me da un aplomo y una madurez que serían útiles en la Corte. En otros países los jueces son vitalicios porque se valora la experiencia que adquieren con el paso de los años. Pero sobre todo es importante para mí decirle a la gente “miren, he estado diez años en la Corte y no me he corrompido en el ejercicio del cargo. Puedo seguir siendo una juez independiente”. Ese es el mensaje que quería y quiero dar a los abogados buenos del país, a los abogados correctos: es bueno participar, y no es necesario corromperse para alcanzar una alta magistratura.
Dice que desde días antes del acto sabía de los planes para impedir que usted jurara el cargo. ¿Por qué no lo denunció en ese momento y optó por acudir a la ceremonia?
Las personas que unos diez días antes de la juramentación me lo hicieron saber me pidieron anonimato. Y me dijeron contundentemente: “no te van a juramentar, mejor deja eso así”. Incluso, el martes 13, cuando ya me dirigía hacia el Congreso, alguien me escribió: “Por favor, no te presentes. Esto va a ser un acto de humillación pública”. Pero yo no puedo dejar de lado los compromisos que asumo cuando acepto una responsabilidad. El Consejo Superior Universitario confió en mí, me seleccionó, y yo tenía que llegar y tratar de que el procedimiento se siguiera conforme a la ley, o al menos que se explicara por qué no era juramentada. Que no se dijera que fue porque ni fui, o que estaba evadiendo presentarme ante el Congreso de la República. Mi responsabilidad era estar allí, y ahora me corresponde dar seguimiento a cómo está evolucionando este amparo, que yo esperaría que muy pronto sea revocada la admisión provisional o se mande a suspender, como legalmente corresponde.
¿Y si eso no sucede?
Si eso no sucede habrá que afrontar el procedimiento legal con la confianza puesta en que en algún momento los jueces van a tener la templanza y el conocimiento para hacer lo correcto.
Como usted, en 2014 Claudia Paz y Paz dejó Guatemala unas horas antes de perder la inmunidad como Fiscal General, y tardó años en regresar a Guatemala. Su sucesora en la Fiscalía, Thelma Aldana, está aquí mismo, en Washington, asilada. Y hay otras juezas guatemaltecas fuera del país por motivos de seguridad. ¿Su nombre se une a esa lista?
No creo que tenga ninguna razón legal para abandonar mi país. Mi intención es regresar a Guatemala. Pero necesito respirar y dedicar mi tiempo a actividades productivas mientras se lleva adelante este proceso. En cuanto este proceso de amparo se resuelva, si no antes, regresaré a Guatemala.
¿Incluso si eso supone un riesgo de detención o de cárcel?
No se puede descartar nada cuando el estado de derecho no está funcionando. Pero le repito que tengo la esperanza de que las cosas en el país caminarán de la manera correcta, y eso incluye la resolución de este amparo y la desestimación de todas esas denuncias en mi contra por decisiones que he tomado como juez en el ejercicio de mi cargo. No hay razón para que se me persiga.
Decía hace pocos días que tiene esperanza en que las cosas pueden cambiar en Guatemala. ¿Qué puede impulsar ese cambio de rumbo, cuando todos los observadores dicen que en los últimos seis años ha habido un constante retroceso en materia de independencia judicial y combate a la corrupción?
El punto es que si uno pierde la esperanza y dice “ya no hay nada que hacer”, lo único que queda es abortar todo lo que hay. Y yo no puedo pensar así. Yo creo que hay en Guatemala gente muy valiosa, correcta, que va a pelear por el estado de derecho. Como yo lo estoy haciendo. Sería más fácil pensar “Bueno, Gloria Porras, ya estuviste diez años, deja la Corte, deja las cosas así”. Pero no. Yo estoy aquí, dando la batalla. Yo juré defender la Constitución. Y lo voy a seguir haciendo, desde dentro o desde fuera de la Corte de Constitucionalidad.
Si sigue dando esa batalla, como dice, ¿hasta dónde teme que pueden llegar las consecuencias para usted y su familia?
A niveles inimaginables. A situaciones que en este siglo no deberían suceder. Ojalá prime la sensatez y no lleguemos a extremos de esa naturaleza.
