Dos organizaciones de derechos humanos entregaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República de El Salvador las pruebas que sirvieron en el juicio de España para condenar al coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, ex vice ministro de Seguridad Pública, por su responsabilidad en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles de la UCA, en 1989. En la masacre también murió un jesuita salvadoreño, una empleada y su hija. Montano fue mencionado como responsable por estas muertes en el fallo, pero en España no era juzgado por ellas. Con el envío de esta información, las organizaciones Guernica Center for International Justice y VIDAS pretenden que la justicia salvadoreña tenga más insumos para que el crimen se investigue a fondo y se judicialice en suelo salvadoreño.
En El Salvador, los intentos de la Fiscalía y de las organizaciones de derechos humanos no han prosperado. El único juicio celebrado en el país entre 1990 y 1991 terminó siendo un fraude, según lo denunciaron los fiscales del caso, y según lo constataron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Supremo de España. Por eso, los responsables de que el caso haya prosperado en Madrid decidieron entregar a la Sala de lo Constitucional salvadoreña la documentación que sirvió para la condena del único militar que ha sido condenado por el caso.
La documentación enviada a El Salvador es la que se acumuló en la Audiencia Nacional desde enero 2009, cuando el caso comenzó a investigarse en Madrid. La documentación compartida incluye, entre otras cosas, los 18 tomos del expediente en la Audiencia, las grabaciones de las ocho sesiones del juicio que se celebró en Madrid, y en el que desfilaron varios testigos, y las dos piezas con la opinión de expertas que dieron su testimonio ante la Audiencia: Terry Karl y Katherine Doyle.
El juicio llegó a Madrid debido a las negativas del sistema salvadoreño a procesar el caso jesuitas. Tres personas fueron a Madrid y colocaron una demanda ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2008. Esas personas eran Almudena Bernabéu, entonces abogada del Center for Justice and Accountability (CJA); Manuel Ollé, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE); y Benjamín Cuéllar, quien a pesar de ser director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), interpuso la demanda a título personal. Ahora, 12 años después y con la condena de Montano bajo el brazo, Bernabéu y Cuéllar creen que hay información vital para que el caso prospere en el sistema salvadoreño. Bernabéu es la directora ejecutiva de Guernica Center for International Justice y Cuéllar es miembro fundador de VIDAS.
Para hacer efectiva la entrega de información a la Corte salvadoreña, Bernabéu y Cuéllar piden a la Sala de lo Constitucional que se les acredite como “amigos de la corte” en el proceso que da seguimiento a la sentencia que invalidó recientemente la ley de amnistía, en julio de 2016 . La figura jurídica de amicus curiae permite que terceros formen parte de un proceso judicial cuando aportan conocimientos técnicos que son de utilidad para la deliberación de los jueces. “La información transmitida en esta oportunidad resulta pertinente para considerar las acciones adelantadas por la Fiscalía General de la República salvadoreña; asimismo, puede dilucidar el estado de avance de cumplimiento respecto de otras entidades”, dice el escrito de petición de amicus curiae de las organizaciones, al que tuvo acceso El Faro. Este periódico también tuvo a la vista un correo en el que la Corte acusa de recibo del escrito.
Entre 2016 y 2020, la Sala ha verificado si su sentencia se ha cumplido y para eso ha efectuado tres audiencias de seguimiento y ha evaluado el cumplimiento de la sentencia por parte de instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Asamblea Legislativa. En 2018, la Sala dio por incumplida la sentencia; en 2019, por cumplida parcialmente; y la audiencia celebrada en octubre de 2020 aun está pendiente de resolución.
A criterio de Bernabéu, a partir de la información entregada, las autoridades salvadoreñas tienen tarea pendiente. “Lo que estamos diciéndole a los jueces es que hay más responsables, con diferentes roles y con diferentes niveles de responsabilidad penal, y que deben investigar si eso fue así o no”, dice la abogada. “La idea es no abandonar a los magistrados, sino darles más insumos para que no se sientan solos”, agrega.
La figura de los amigos de la corte ha sido usada en diversos proceso judiciales, en materia ambiental o en materia de salud y derechos sexuales, por ejemplo. En el caso del seguimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la amnistía (sentencia del 13 de julio de 2016, número 44-2013/145-2013), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ya se han incorporado como amigos de la corte para velar por el cumplimiento de la sentencia.
Con la nueva información en sus manos, la Corte Suprema podría hacer mucho más para promover la investigación del caso jesuitas, dice Bernabéu. “Tal como está la legislación constitucional y procesal en El Salvador se podría directamente ordenar, investigar y promover estos casos. Pero nuestra percepción es que a pesar de la buena voluntad en algunos magistrados, falta el detonante”, admite Bernabéu.
Guernica Center y VIDAS justifican la entrega de las pruebas que desfilaron en Madrid a las autoridades salvadoreñas con dos argumentos, según el escrito de petición de amicus curiae. El primer argumento es la responsabilidad de cooperación internacional para la investigación y enjuiciamiento de graves crímenes y violaciones de derechos humanos, según lo estableció la CIDH en el caso La Cantuta Vs. Perú (párrafo 160), basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
El razonamiento de juzgar el caso jesuitas, de hecho, fue usado en 2016 por algunos magistrados cuando la Corte Suprema negó la extradición de militares salvadoreños a España. Estos magistrados decían que El Salvador debía investigar el crimen una vez la ley de amnistía fue expulsada del ordenamiento jurídico nacional. En 2012, la Corte Suprema salvadoreña había negado la extradición a España bajo otros argumentos .
Para Bernabéu y Cuéllar, que El Salvador se haya negado a extraditar a los militares en dos ocasiones refuerza la validez de entregar la documentación a las autoridades salvadoreñas. “La decisión de no conceder la extradición al Estado español en 2012 contra los referidos exmilitares reafirma la obligación de hacerlos comparecer ante la justicia salvadoreña a fin de evaluar su rol sobre los hechos”, dice el escrito de petición.
Desde la contraparte, algunos de los señalados responden que la petición de amicus curiae no procede. Lizandro Quintanilla, abogado defensor del general Juan Orlando Zepeda y del coronel Francisco Elena Fuentes, recordó que la Sala de lo Constitucional rechazó el intento del Idhuca de acreditarse como amigo de la Corte, cuando la Sala estudiaba la sentencia de la ley de amnistía. “Los magistrados de la Sala [período 2009-2018] dijeron que ellos, como Sala, tenían los conocimientos técnicos suficientes para resolver el tema sin que nadie le ayude”, recordó Quintanilla. A su juicio, la petición de Guernica Center y de VIDAS es una reacción a la decisión de diciembre pasado de la Sala de lo Penal en la que mantuvo firme una sentencia de 2000 en la que se sobreseyó definitivamente al Alto Mando en funciones en 1989, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani. El Idhuca intentó reabrir el caso que ellos promovieron en 2000 contra los presuntos intelectuales del crimen.
Quintanilla también dijo que ni Cuéllar ni Bernabéu cumplen con los requisitos para ser incluidos como amigos de la corte. En el caso de Cuéllar, Quintanilla dice que al haber sido uno de los demandantes de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la amnistía en 2016 no puede acreditarse ahora como amigo de la corte. “La Sala no creo que admita que él sea juez y parte”, dice Quintanilla. Sobre Bernabéu, Quintanilla sostiene que por su vinculación al caso desde 2008, su pretensión “no es objetiva ni imparcial”.
Quintanilla cree que la Sala no necesariamente aceptará el acervo de información proveniente de Madrid porque, según él, el caso está cerrado. Quintanilla se basa en la decisión de la Sala de lo Penal de diciembre pasado en la que dejó firme la sentencia de sobreseimiento a favor de Cristiani y el Alto Mando. También dice que la Sala no puede comenzar a hacer auditorías de todos los casos sobre crímenes de guerra. “Las audiencias de seguimiento son sobre los efectos del cumplimiento de la sentencia, pero lo que no puede hacer el seguimiento es agarrar caso por caso, el Mozote, Sumpul, Zona Rosa, Romero, e ir haciendo auditoría para ver cómo han actuado los jueces, eso es imposible”, dice Quintanilla.
Se intentó conocer la posturadel expresidente Cristiani a través de su abogado Mario Machado, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El juicio en Madrid señaló a más responsables
En El Salvador, el caso jesuitas nunca se ha investigado plenamente. Además del juicio que fue declarado fraudulento por la CIDH y el Tribunal Supremo de España, ha habido otros intentos. En 2000, el Idhuca acusó a siete miembros del Alto Mando del Ejército por su presunta responsabilidad intelectual en el caso jesuitas, pero un juzgado consideró otro argumento: que el caso era tan viejo que ya había prescrito. El Idhuca apeló pero la Corte Suprema mantuvo esa decisión. Desde 2016, cuando la Sala de lo Constitucional anuló la amnistía y ordenó al Estado que investigara los crímenes de lesa humanidad, a pesar de los intentos del Idhuca y la Fiscalía, el caso sigue cerrado.
Además del escrito a la Sala de lo Constitucional, Guernica 37 y Proyecto Vidas remitirán un escrito similar a la Fiscalía General de la República. El objetivo, según explicó Bernabéu, es darle acceso a todas las diligencias del caso que se practicaron en la investigación de una década en España.
El ex viceministro Inocente Orlando Montano fue condenado en España en septiembre de 2020 a 133 años de prisión por la masacre de la UCA, y luego el fallo fue confirmado por la Sala de lo Penal en febrero de 2021. Otros 19 militares fueron acusados formalmente en 2011 como parte del proceso en Madrid.
El juicio en España fue concluyente sobre el papel que tuvo el Alto Mando del Ejército, conformado por el exministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el exviceministro de Defensa, Orlando Zepeda; el exjefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce y otros. Ponce dio la orden de asesinar al jesuita Ignacio Ellacuría sin dejar testigos, pero no fue el único en aprobar esa moción, dice la sentencia de la Audiencia Nacional. “Si bien no se tomaba ninguna decisión de importancia sin el conocimiento y la aprobación del Jefe del Estado Mayor, este buscaba consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios 'compadres' de 'La Tandona”', reza la resolución. Dentro del grupo de La Tandona, el liderazgo lo ejercía un círculo reducido de oficiales, denominados “los compadres”. Estos eran Montano, Ponce, Zepeda, y Juan Carlos Carrillo, director de la Guardia Nacional.
Otros documentos que estuvieron al alcance de la Audiencia Nacional identificaron a no menos de 30 militares que también tuvieron cierta participación en los hechos durante la noche del 15 de noviembre y la madrugada del 16. “Después de haber tenido acceso a los documentos desclasificados de la CIA, después de hablar mucho con Yusshy Mendoza, con el capitán Luis Parada, y después de leer el análisis de Terry Karl sí tengo claras más dinámicas de camaradería, de saber quiénes realmente tenían el poder. Tengo más claro que Zepeda, Montano, Ponce, Elena Fuentes, eran ese grupo y que eran los más terribles”, dice Bernabéu.
La sentencia de la Audiencia Nacional también arroja dudas sobre el papel del expresidente Cristiani, quien, según el relato de los hechos probados, estaba en instalaciones militares a pocos metros de la UCA cuando ocurrió el crimen y era casi imposible que no hubiera escuchado los disparos y que no se hubiera enterado de lo que estaba ocurriendo. En el juicio del año pasado, el teniente Yusshy Mendoza señaló al expresidente como alguien que pudo haber emitido una contraorden a la decisión de asesinar a Ellacuría. “Pero la contraorden nunca llegó”, dijo Mendoza, durante el interrogatorio en Madrid.
