El viernes 4 de junio el gobierno de el Salvador anunció la ruptura de su acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la existencia de la Cicíes, una comisión internacional contra la corrupción que fue en 2019 su principal promesa de campaña y en el último año había denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción de la administración de Nayib Bukele. Con esta decisión, el experimento salvadoreño cumple la misma suerte que tuvieron dos comisiones similares en Guatemala y Honduras, la Cicig y la Maccih, sepultadas ambas en los últimos años por los gobiernos de estos países.
El primer anuncio lo hizo por la mañana el fiscal de facto Rodolfo Delgado, que dio por terminado el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía de El Salvador y la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicies), por el que se facultaba a esta misión de la OEA a dar asistencia técnica en la investigación de casos de corrupción. El argumentó el anuncio hecho el día antes por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que incorporaba a su equipo de asesores a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador investigado por haber participado durante la campaña presidencial de 2014 en negociaciones secretas con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, y acusado por ello de asociaciones ilícitas y fraude electoral. “Estamos abiertos a recibir apoyo de la comunidad internacional, pero no es posible recibir asesoría de una organización que tiene como asesora un delincuente”, dijo Delgado.
Aunque las palabras del fiscal, considerado leal al presidente Bukele, se interpretaron desde un inicio como postura oficial del gobierno, la confirmación llegó por la noche. En un discurso en cadena nacional, el presidente Nayib Bukele ratificó su ruptura con la Cicies y la justificó por el anuncio de la contratación de Muyshondt “¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas?”, dijo. Luego, a preguntas de una periodista de Gato Encerrado argumentó en otra dirección: “En esos dos años, nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, El Chaparral, partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos de sobresueldos (...) y no procesaron nada”, dijo de casos de corrupción de gobiernos anteriores. “Entonces, obviamente la Cicies lo que tenía era un sesgo ideológico y político claro”.
Es público que la Cicies sí interpuso durante 2020 al menos doce avisos a la Fiscalía por presuntos casos de corrupción en los que participaron altos funcionarios de la administración Bukele. Como parte de sus investigaciones, en noviembre de 2020 la Fiscalía allanó oficinas del Ministerio de Salud después de identificar posible corrupción en contratos por $20 millones, el 66.8% de las compras del Ministeriopara enfrentar la pandemia. La Policía, bajo órdenes del gobierno, intentó bloquear ese allanamiento de la Fiscalía.
Respecto a esas investigaciones en contra de su gobierno, el viernes Bukele dijo: “Yo no conozco avisos de corrupción de la Cicies”. En la tarde, horas antes de la conferencia del presidente, la Policía Nacional Civil detuvo a Ernesto Muyshondt tras salir de una audiencia de un proceso en el que está acusado por asociaciones ilícitas y fraude electoral. La captura fue ordenada por la Fiscalía por una nueva acusación por “apropiación indebida de retenciones tributariasen perjuicio de la Hacienda Pública”.
Un organismo con los días contados
El secretario de la OEA, Luis Almagro, fue uno de los pocos líderes de la comunidad internacional que no condenaron en febrero de 2020 la irrupción de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa rodeado de militares para presionar por la aprobación de un préstamo. “Nuestros adversarios saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben: si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón”, dijo Bukele aquel día, “Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia”.
También en julio del año pasado, cuestionado por los constantes desacatos del Gobierno de El Salvador a resoluciones de la Sala de lo Constitucional durante la crisis sanitaria por la Covid-19, Almagro salió en defensa de Bukele: “No debemos inventar dictaduras donde no las hay”, dijo, y criticó a quienes ya entonces sugirieron aplicar la Carta Democrática de la OEA frente a los abusos de poder del Ejecutivo en el contexto de la pandemia. 'Hemos visto algunas voces que son recurrentemente histéricas al respecto y verdaderamente no compartimos ese criterio”, dijo.
Esa postura cambió tras el 1 de mayo pasado. La destitución ilegal, sin debido proceso, de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República fue calificada por la comunidad internacional como una ruptura institucional o un autogolpe, y Almagro se sumó a las críticas. “Si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos, agarraría para el camino donde ya están Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia”, dijo.
Dos semanas después, el representante de la OEA en El Salvador, el peruano Juan Carlos Roncal, a petición de organizaciones de sociedad civil, sostuvo una reunión con algunas de ellas. Preguntado en esa reunión sobre la continuidad o no de la Cicíes, Roncal manifestó que no podía sentar postura sobre el tema, ya que solo Luis Almagro y Ronald Ochaeta, comisionado de la Cicíes, tenían la respuesta, según contaron dos personas con acceso a lo conversado en esa reunión. El Faro envió un correo a la representación de la OEA el 4 de junio, pidiendo su versión, pero no hubo respuesta.
La semana siguiente, entre el 24 y el 29 de mayo, Ochaeta viajó a Washington D.C para entregar un informe de gestión a Almagro. Estaba previsto presentar ese informe al Consejo Permanente de la OEA el miércoles 9 de junio. Desde inicios de mayo, además, fuentes de la OEA aseguran que el gobierno de El Salvador ha sostenido una negociación permanente con Almagro a través del embajador de El Salvador en Turquía y enviado especial a la OEA, Agustín Vásquez Gómez. Según las mismas fuentes, en ese diálogo no solo se abordó la situación en la que quedaba la Cicies tras la destitución ilegal del fiscal Raul Melara, sino la postura de la OEA ante la crisis democrática en el país.
El anuncio de Almagro de la contratación del exalcalde Muyshondt, miembro del partido opositor Arena, rompió cualquier espera. Fuentes de la OEA aseguran que esa fotografía corresponde a una reunión entre Muyshondt y Almagro en Washington D.C dos semanas antes del anuncio. Cuando Almagro hizo pública la foto este jueves 3 de junio, Muyshondt estaba en El Salvador, donde un día después había sido citado a una audiencia judicial por las acusaciones en su contra. Según estas mismas fuentes, Muyshondt no solo no estaba en Washington en el momento del anuncio sino que no está formalmente contratado ni tiene un salario asignado por la OEA, lo que alimenta dudas sobre la intención de Almagro al hacer el anuncio.
Dos meses antes, 7 de abril, el enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúniga, anunció que Estados Unidos iba a donar $2 millones para apoyar el trabajo de la Cicíes a través de USAID. “Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Por ello, es importante que la Comisión aúne esfuerzos para que las instituciones sean transparentes en el uso de los fondos públicos, así como para perseguir y sancionar los actos de corrupción”, dijo Zuniga acompañado del entonces fiscal Raúl Melara y del comisionado Ronald Ochaeta.
Promesa de campaña
El establecimiento de una Cicies que luchara contra la impunidad y ayudara a combatir la corrupción fue una de las principales promesas electorales de Nayib Bukele, que después de ser alcalde de San Salvador saltó a la presidencia aprovechando el descrédito de los sucesivos gobiernos de Arena y el FMLN, ineficaces y plagados de corrupción. “Vamos a traer una Cicíes y nombraré a un comisionado contra la corrupción y la impunidad de la oposición”, dijo Bukele el 13 de enero de 2019 durante la presentación de su programa de gobierno, el Plan Cuscatlán.
Poco de ese plan se ha ejecutado. Bukele nombró como “asesor anti-corrupción” a un opositor venezolano, Juan Carlos Gutiérrez, que tuvo entre sus tareas iniciales coordinar junto a la OEA el establecimiento de la Cicies, finalmente completado en noviembre de 2019.
Dos meses antes, en septiembre de 2019, el gobierno había creado una mesa técnica con la OEA tras descartar una propuesta mucho más ambiciosa de la Organización de Naciones Unidas, que incluía constituir una comisión con facultades similares a las de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) y garantizar la independencia de la nueva Cicies en su apoyo a la Fiscalía en la investigación de corrupción. El gobierno prefirió construir con la OEA una comisión que en gran medida dependía del Ejecutivo y estaba legalmente limitada a dar asistencia técnica solo a las instituciones del Estado que lo solicitaran.
Este viernes, oficializada ya la muerte de la Cicies, Bukele prometió buscar otra organización internacional de su confianza para instalar una nueva comisión. No precisó a qué institución se refería. “Vamos a buscar otra organización internacional, otra y distinta, que sí combata la impunidad”, dijo.
“Viendo la podredumbre que hay en estas instituciones va a ser difícil, pero lo vamos a lograr”, dijo mientras atacaba a la comunidad internacional: “Uno ve la OEA y la ONU, el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica. Callan ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y manifestantes (...) Pero en El Salvador, donde en dos años de mi gobierno no hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos”.
*Con reportes de José Luis Sanz.
*Fe de errata: originalmente, se consignó en esta nota que el representante de la OEA, Juan Carlos Roncal, había citado a líderes de la sociedad civil a una reunión para consultarles su postura ante los hechos del 1 de mayo. Esa información era incorrecta, pues fueron las organizaciones de la sociedad civil quienes solicitaron la reunión para 'identificar vías que permitan restablecer el orden constitucional'. El párrafo ha sido corregido.
