Publicidad
El secuestrador pide perdón a su víctima tras conciliar por un crimen de guerra
0000025793
el-secuestrador-pide-perdon-a-su-victima-tras-conciliar-por-un-crimen-de-guerra
https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/0000025793-el-secuestrador-pide-perdon-a-su-victima-tras-conciliar-por-un-crimen-de-guerra
text-0000025793_el-secuestrador-pide-perdon-a-su-victima-tras-conciliar-por-un-crimen-de-guerra
Impunidad
impunidad

El Salvador
https://elfaro.net/es/el_salvador

el_salvador
/es/el_salvador

El secuestrador pide perdón a su víctima tras conciliar por un crimen de guerra

Un exguerrillero pidió perdón a alguien a quien secuestró 35 años antes. El primer caso de la guerra civil de El Salvador, tras la eliminación de la Amnistía, se resolvió con un abrazo y la promesa de perseguir a los autores intelectuales.  Es el primer registro de una solución de justicia transicional a un crimen de la guerra civil avalada por un tribunal salvadoreño. 

Read in English

Nelson Rauda

 
 

El jueves 14 de octubre de 2021 ocurrió un hito en la historia de El Salvador: un exguerrillero le pidió perdón a una de sus víctimas, a quien había secuestrado 35 años antes, durante la guerra civil. No es solo un acto simbólico. Es el cierre de un proceso judicial, avalado por un juzgado de San Miguel, y la culminación de un juicio por secuestro contra Armando Durán, a quien el FMLN tuvo secuestrado 37 días, en Jiquilisco, Usulután, entre el 7 de diciembre de 1986 y el 13 de enero de 1987. El acto se realizó en un salón del cuarto nivel de la Corte Suprema de Justicia ante una treintena de personas. 

Es el primer juicio de la guerra que se resuelve desde que en 2016 se eliminó la Ley de Amnistía. Ese juicio terminó con un secuestrador y una víctima abrazados.

“Con toda franqueza, señor Armando Durán, le pido disculpas por lo sucedido y le pido perdón por la participación que tuve en ese hecho que tanto daño y sufrimiento le provocó a usted y a su familia”, dice la carta que el victimario entregó y firmó a Durán. La carta fue leída durante la sesión solemne por William Flores Hernández, uno de los abogados defensores. 

Cuando Hernández terminó de leer la carta, Armando Durán recibió una copia de su secuestrador y se abrazaron por segunda vez. Ya lo habían hecho cuando Durán bajó del estrado después de explicar su posición y dar algunos agradecimientos. “Agradezco a los defensores y al inculpado por asumir la responsabilidad histórica en este proceso de reconciliación nacional”, dijo Durán. 

El victimario no leyó la carta él mismo porque una de las características que hacen especiales este caso es que se procesó con la ley penal juvenil, debido a que el victimario tenía 17 años cuando participó en el secuestro de Durán. Pese a que ya es un hombre de 52 años, el sistema judicial le ofreció las garantías que da a adolescentes, incluida la protección de su imagen e identidad. Además de las disculpas, la carta abunda en detalles sobre la verdad de lo que ocurrió con Armando Durán.

“Reconozco el hecho que le sucedió en diciembre de 1986 a enero de 1987, cuando fue privado de su libertad en la zona rural de Jiquilisco, por parte de una unidad guerrillera perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”, dice la carta. El ERP era una de las facciones que conformaban el FMLN. “Lo reconozco porque estuve presente en algunos momentos”, se lee.

“Cumplí 17 años el 1 de noviembre de 1986. En mi niñez, 1980-1984 fui colaborador del ERP.  Fui parte del grupo que lo privó de libertad a usted, participando en la tarea de brindar seguridad al grupo que realizó la operación del secuestro y como parte del grupo que lo escoltaba cuando se realizaban movimientos de un lugar a otro y como parte de la logística de vigilancia”, dice la confesión. 

En la carta, el victimario detalla la estructura de mando del ERP.  En la negociación por el secuestro, la familia de Armando se comunicó con un jefe guerrillero identificado como Chungo. “El comandante Chungo murió en Morazán, por insuficiencia renal, después de los Acuerdos de Paz”, revela de él la confesión. Luego nombra a otros mandos medios. “El comandante Óscar pasó a ser jefe de la zona del volcán Chaparrastique y murió en combate en 1988. El comandante Pedro, cuyo nombre legal era Antonio Rodríguez, se graduó de ingeniero, fue docente en la universidad El Salvador y murió aproximadamente en el año 2000”, dice el victimario. 

Tres personas integraban “el mando superior del frente sur oriental”, que operaba en la zona de Jiquilisco. “El comandante Javier, cuyo nombre legal era Rodolfo N. fue asesinado por pandilleros aproximadamente en 2015 en San Francisco Javier.  El comandante Carmelo, cuyo nombre legal era Eleno Castro, fue asesinado por un escuadrón de la muerte sobre la carretera Litoral, cerca de Zacatecoluca, recién firmados los acuerdos de Paz. No tengo información del comandante Jerónimo”. 

La carta agrega que el victimario supo que se trataba de un secuestro, que la familia de Durán entregó objetos y un pago en efectivo. La exigencia inicial fue de 200 000 colones, dos mimeógrafos marca Pelican, dos generadores de electricidad marca Honda, 15 fardos de tela verde olivo, 300 vacunas contra el tétanos y un fertilizante que las fuerzas guerrilleras utilizaban para fabricar explosivos. La cantidad de dinero finalmente se redujo a 50 000 colones.

Duran agradeció a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General y  “a los medios digitales, escritos y prensa en general por haber sacado este suceso de la oscuridad”. Finalmente, dijo: “doy gracias a mi derecho constitucional de acceso a la justicia y tutela judicial por darme la posibilidad de alcanzar verdad, justicia, reparación integral y promesa de no repetición. Las víctimas del pasado conflicto armado no queremos venganza, solo justicia”. 

Al finalizar el evento, tanto Durán como el victimario firmaron un acta del juzgado de Menores de San Miguel, a cargo del proceso. Son sus propios acuerdos de paz, 35 años después del secuestro y 29 después de que El Salvador entero decidiera firmar los suyos. 

Cuando Durán firmó, el juez Víctor Meléndez le dijo: “Difícilmente habríamos llegado hasta aquí sin usted”.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Armando Durán fue víctima de la guerrilla durante el conflicto armado, y aprovechó la resolución para exigir justicia por su secuestro. Cinco años después de la denuncia, su victimario le pidió perdón en el Juzgado de Menores de San Miguel. Foto de El Faro: Nelson Rauda. 
 
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Armando Durán fue víctima de la guerrilla durante el conflicto armado, y aprovechó la resolución para exigir justicia por su secuestro. Cinco años después de la denuncia, su victimario le pidió perdón en el Juzgado de Menores de San Miguel. Foto de El Faro: Nelson Rauda. 

La “creatividad” del juez Meléndez

Armando Durán (Jiquilisco, 1954) fue el primer denunciante por un caso de la guerra en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional determinó que la Amnistía, que impidió la investigación de crímenes de guerra, era ilegal. La sentencia se publicó en la noche del 13 de julio, Durán llegó el 28 de julio a la Fiscalía y presentó una denuncia por secuestro contra la comandancia general de la guerrilla, el FMLN, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén. 

Dos años después, en octubre de 2018, la Fiscalía ordenó la captura del victimario y presentó la solicitud de acción penal. Armando dijo entonces a El Faro que se sentía insatisfecho porque su denuncia es, sigue siendo, contra los autores intelectuales, la comandancia general del FMLN.

El proceso avanzó. En marzo de 2021 se señaló vista de la causa, la apertura del juicio aunque finalmente se llevó a cabo en abril, en el juzgado de menores de Usulután. El 16 de abril, la jueza de menores decidió absolver al imputado. Sin embargo, Durán persistió. La fiscalía apeló el fallo y en junio, la Cámara de Menores de San Miguel anuló el juicio, consideró que el crimen era de lesa humanidad y ordenó que se repitiera. Así es como el caso llegó a las manos del juez Víctor Meléndez.

El seis de julio de 2021, Meléndez emitió una resolución en la que estableció la posibilidad de conciliar el delito. En la actualidad, la ley salvadoreña no permite conciliar por el delito de secuestro. Sin embargo, Meléndez invocó una cláusula de la Ley del Menor Infractor que estuvo vigente hasta 1994 y permitía “conciliar todos los delitos o faltas” para llegar a una salida que le pareció mejor.

“Optamos por el camino difícil. Lo fácil era hacer la audiencia, unos dos o tres días y decidir si era culpable o inocente”, dijo el juez Meléndez. Pero Meléndez consideró que las categorías de “culpable o inocente no podían satisfacer las expectativas de víctima y victimario” y optó por “hacer ese esfuerzo de creatividad para dar una mejor respuesta, más integral”, dijo. 

Como el victimario era menor de edad, Meléndez lo consideró también víctima en su medida. “Mal se obraría si, en el presente proceso, se descarga el poder punitivo del Estado para que se reprima el hecho global de la persona (el victimario) pues se obviaría que al ser éste adolescente (...) su jerarquía y rol dentro del bando beligerante del que formó parte está lejos de ser relevante”, dice una resolución de Meléndez, del 12 de agosto. “No es razonable que la investigación y judicialización de la denuncia omita dirigirse contra quienes verdaderamente han tenido la facultad de control, dominio y toma de decisión de los hechos”, dice.

El juez Meléndez se inspiró en la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía y la “flexibilidad del proceso penal juvenil” para construir la mejor respuesta que se le ocurrió. Aunque la sentencia obligaba a la Asamblea Legislativa a emitir una nueva normativa para procesar casos de la guerra, los diputados llevan cinco años sin cumplir, y dejando a los jueces solos en busca de respuestas. 

“No queremos generar la sensación de que con justicia transicional se puede conciliar cualquier caso pero este caso sí”, dijo Meléndez a El Faro. 

“El inicio de un futuro prometedor para El Salvador”

“Este evento es de suma relevancia para el país”, dijo Apolonio Tobar, procurador de derechos humanos, en su discurso en la sesión solemne. “Es importante porque marca el inicio de lo que puede ser un futuro prometedor para El Salvador en verdad, justicia y reparación”, dijo Tobar.

El procurador Tobar es uno de los pocos sobrevivientes de la toma de instituciones emprendida por Nayib Bukele. En mayo, la Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, y los reemplazó por personas leales a Bukele. Una diputada anunció en Twitter que el puesto de Tobar era el siguiente en esos reemplazos, algo que finalmente no sucedió. Tobar, un férreo crítico de las medidas del gobierno de Bukele durante la pandemia, bajó el tono y la confrontación de su discurso público desde entonces.

Al lado de Tobar, en la mesa de honor, estaba Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por Nayib Bukele. Su participación fue anecdótica: no habló en el evento, permaneció con la mirada baja en la mayor parte de los discursos durante 45 minutos, saludó brevemente a Armando Durán y no quiso responder preguntas de una periodista antes de irse. Óscar López Jérez, presidente impuesto de la Corte Suprema, ni siquiera llegó al evento, aunque una agenda previa mostraba que participaría y daría palabras de bienvenida.

En septiembre, la Asamblea de Bukele dictaminó una purga de una tercera parte de los jueces del país que la Corte Suprema ha operativizado. Esa purga incluyó al juez Jorge Guzmán, quien impulsó el caso más simbólico de la impunidad de la guerra civil: la masacre de El Mozote. Para ver el futuro prometedor para la justicia del que habla el procurador Tobar, habría que obviar todo ese contexto.

La resolución de Armando Durán parece, más bien, una excepción impulsada por el juez Meléndez. El juez aceptó que su creatividad para llegar a solventar el caso está sustentada en una historia personal en la que él también es víctima de la guerrilla.

El padre del juez Meléndez fue parte del concejo municipal de Cacaopera, Morazán y la guerrilla lo ejecutó en 1984, cuando los alcaldes y miembros de alcaldías se convirtieron en un blanco político.  "Lo secuestraron y lo ejecutaron. Recuperamos su cuerpo pero hasta ahí nomás. No sabemos cómo fue y por qué fue”, dijo Meléndez.

El juez Meléndez reveló esto a los defensores y acusadores en el caso del secuestro de Durán pero dice que siempre se sintió libre para tramitar el caso. Los abogados estuvieron de acuerdo. 

“Salvador Armando y (el victimario) representan a muchas víctimas que todavía no han alcanzado el acceso al derecho humano a la verdad, reparación, justicia. Hay muchas víctimas que todavía no se les ha dado respuesta y yo me incluyo dentro de ese grupo que todavía estamos esperando respuesta”, dijo el juez.


Apoya el periodismo incómodo
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas llegue adonde otros no llegan y cuente lo que otros no cuentan o tratan de ocultar.

Tú también puedes hacer periodismo incómodo. Cancela cuando quieras.
Te necesitamos para seguir incomodando al poder.
Conoce acá cómo se financia El Faro y quiénes son sus propietarios.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad