En el despacho del juez Jorge Guzmán hay una caja de cartón con corbatas y camisas. Está en medio de dos anaqueles donde están ordenados y categorizados decenas de carpetas con el mismo número de referencia y título: 238-1990, Masacre El Mozote y lugares aledaños. La caja está ahí porque, después de 28 años como juez en San Francisco Gotera, Guzmán está empacando sus pertenencias. Dice que ese juzgado es “como su segundo hogar” y ha estado guardando sus enseres personales, libros y algunos de los trajes que usa para las audiencias, y llevándoselos paulatinamente para no tener nada ahí el sábado 25 de septiembre. Esa es la fecha límite que el régimen de Bukele impuso a Guzmán y a otros 200 jueces salvadoreños por tener más de 60 años o más de 30 años de ejercer como juzgadores. Organismos internacionales y voces críticas en el país consideran esto un paso más de Bukele para liberar plazas y ubicar a jueces a su servicio, en su camino para controlar el Estado.
Aunque la purga genera incertidumbre, lo que hay en el tono del juez Guzmán es más determinación que tristeza. Guzmán está convencido de que, aunque tenga que dejar temporalmente la sede, tarde o temprano habrá una resolución favorable para él y los demás jueces que los reinstale en sus puestos. Cree que podrá llegar a un fallo sobre el caso El Mozote, la mayor masacre de civiles en un solo operativo de toda la guerra salvadoreña, que desde 2016 le puso los reflectores del país y del mundo encima, una situación inusual para un juez de Morazán, a unas cuatro horas de San Salvador.
Antes de Guzmán, el expediente de El Mozote era de unas 3,000 páginas. Ahora que se va, es de unas 80,000. Cuando el caso se abrió en 1990, el juez Federico Portillo ordenó algunas diligencias pero aceptó que tenía presiones para que no avanzara. Luego, Mario Díaz, un juez de Meanguera, hizo algunos pasos para hacer avanzar el caso e incluso declaró los crímenes como lesa humanidad, en 2015. Pero Guzmán es quien más ha hecho en la historia por descubrir la verdad. Reabrió el caso dos meses después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía, entrevistó a más de 50 testigos, incluidos exsoldados que participaron en el operativo, autorizó peritajes de expertos internacionales, realizó inspecciones de los sitios que testigos describieron y llevó el caso adelante, sin excusarse en la falta de una ley especial para procesar crímenes de guerra. 'Los jueces contamos con todas las herramientas legales, no solo en nuestro derecho interno, sino que también en el derecho internacional para poder echar a andar procesos como este y no necesitamos una ley de justicia transicional', asegura.
La esperanza de Guzmán no está en las autoridades salvadoreñas. En septiembre de 2020, el presidente Bukele acusó a Guzmán, en televisión nacional, de ser miembro del FMLN y de pretender revelar planes de seguridad de la actualidad, cuando justificó su incumplimiento de órdenes judiciales del juez para buscar archivos del Ejército. Ahora también Óscar López Jérez, presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia y nuevo integrante de la lista estadounidense de corruptos y actores antidemocráticos, sostiene un enfrentamiento con Guzmán. López Jerez dijo que el juez era “un malcriado”, por la opinión de Guzmán de que el oficialismo busca jueces que les favorezcan. Aunque Bukele y López Jerez han negado en público que Guzmán esté despedido, el juez dice que nadie de la Corte Suprema de Justicia se ha comunicado con él. Y, como ya había adelantado a este periódico, se niega a jugar con unas reglas que considera ilegales: “Si yo me someto a un régimen de disponibilidad estoy avalando todas las ilegalidades que se han cometido. Y eso jamás lo voy a hacer”.
La tarde del 22 de septiembre, la Corte comunicó en Twitter que los jueces tenían hasta el 24 de septiembre para renunciar y, como premio, recibirán una bonificación equivalente a dos años de salario. Guzmán ni siquiera lo considera: “no voy a interponer ningún tipo de renuncia porque están obligando a los jueces a renunciar bajo un chantaje”.
Irónicamente, Guzmán se ve en posiciones similares a las de las víctimas que buscan justicia en su juzgado. Como a ellos, al juez lo han acusado de guerrillero. Como ellos, ahora espera un milagro de la justicia internacional. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado salvadoreño a iniciar medidas de reparación e investigar la masacre de El Mozote. Casi diez años después, el juez espera una resolución de medidas cautelares de la Corte IDH que le ampare para continuar en su labor. Esa esperanza está sujeta a una condición que podría ser obvia pero no lo es: que la administración de Bukele cumpla la ley y obedezca a la Corte IDH.
¿Usted cree que el objetivo de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial era afectar la investigación de El Mozote o solo es un efecto colateral?
Creo que es una finalidad mucho mayor de afectar, no solo este caso, sino que afectar otros posibles casos de graves violaciones a los derechos humanos que se pudieran tramitar. Acordémonos que la Comisión de la Verdad recomendó la investigación de 32 casos, incluidos los que son atribuidos a la Fuerza Armada y los que son atribuidos también al FMLN. La idea, según creo, es afectar a todos estos casos. Controlar los casos más emblemáticos a través de jueces que estén inclinados a favorecer a los victimarios, tal como es la línea de Casa Presidencial.
El presidente impuesto de la Corte Suprema, Óscar López Jerez, dijo que usted estaba siendo malcriado cuando sugirió eso, que se va a sustituir los jueces por jueces favorables al oficialismo. ¿Se han comunicado con usted desde la Corte Suprema para intentar dialogar?
No, en ningún momento ha habido una comunicación, un acercamiento de parte del licenciado López Jerez o de su equipo o de los demás magistrados en relación a estas reformas y al caso en específico. Sobre ese calificativo de malcriado, pienso que el licenciado López es un tanto irrespetuoso. Si estar en contra de las reformas es ser malcriado, señalar que son inconstitucionales porque violentan la independencia judicial y muchos otros derechos como la estabilidad laboral de los jueces, pues definitivamente lo voy a seguir siendo.
Yo entiendo por qué el oficialismo lo considera malcriado. Cuando ordenó entrar a seis sedes militares a buscar archivos, usted dijo al hoy magistrado impuesto José Ángel Pérez Chacón: 'las decisiones judiciales no se negocian, se imponen'. Cuando no lo dejaron entrar, usted firmó una resolución para que la Fiscalía investigara si el Ministerio de Defensa y la Presidencia habían cometido delitos al incumplir la orden judicial. ¿No cree que había una situación personal por haberle plantado cara a un señor al que casi nadie le planta cara en este país?
No tenemos una cultura de obediencia a la ley y a la Constitución, y de sumisión. Desde luego, el señor Bukele tendría que comprender que certificar a la Fiscalía General de la República para que investigue si en su actuación, y no solo la de él, sino que de otros elementos militares, incluso de los abogados que participaron en comunicar la negativa de ingreso a los archivos, es una obligación de un juez. Y era mi obligación. Si ellos tuvieran esa madurez, lo reconocieran así. Pero al parecer como que esto se ha tomado de forma personal. Yo no tengo nada en absoluto contra el señor Bukele ni contra las demás personas que obstaculizaron. Simplemente cumplí con mi deber de juez. Incluso hay una figura delictiva en el Código Penal que se llama omisión de aviso. Si yo acudí a las seis sedes militares que se habían programado y no me permitieron entrar, teniendo un conocimiento directo sobre esos hechos, yo estaría infringiendo esa disposición omitiendo un aviso en el cual se están incumpliendo decisiones judiciales.
El presidente impuesto de la Corte Suprema, López Jérez, dijo que a usted no lo van a quitar del juzgado y que 'si quiere retirarse es problema de él, que nadie lo está retirando y nadie lo está obligando'. Teniendo la opción explícita, al menos en declaraciones, de quedarse, ¿por qué su decisión es no quedarse?
He tomado esta decisión desde un principio. La confirmo y la voy a mantener hasta el final. ¿Por qué? El decreto es bien específico en establecer que todo funcionario judicial que tenga 30 años o más a la fecha de vigencia del decreto queda cesante. El licenciado López Jerez dijo en entrevista: 'el juez, lo que tiene que hacer es solicitar el régimen de disponibilidad. Y nosotros vamos a evaluar si lo dejamos o no”. Lo seguro es que me dejen, más que todo por el caso. (Pero) si yo me someto a un régimen de disponibilidad estoy avalando todas las ilegalidades que se han cometido. Y eso jamás lo voy a hacer. De igual forma, no voy a interponer ningún tipo de renuncia, porque la renuncia es un acto voluntario, no es un acto obligatorio. Y están obligando a los jueces a renunciar bajo un chantaje. ¿Cuál es ese chantaje? Que si no lo hacen no les van a dar los 24 meses de indemnización. Mi posición no tiene nada que ver con lo económico, sino con que se respete el Estado de Derecho y la legalidad de este país.
Aunque la reforma no dice nada específico, lo que se ha manejado políticamente de la Asamblea y el presidente es que los jueces al llegar a los 60 años se vuelven corruptos. ¿Qué significa para usted como juez y para los otros jueces irse con este calificativo?
Mire, es triste. No lo dice el decreto, pero si nosotros nos vamos a las discusiones que se dieron en la Asamblea Legislativa como motivaciones para emitir el decreto yo creo que fue el calificativo que más prevaleció. 'Nos vamos a deshacer de los jueces corruptos' o 'vamos a limpiar el sistema judicial'. Incluso antes aún de que se diera esa plenaria donde aprobaron este decreto, el mismo presidente de la República, en un tweet, anunció que ese día se iba a iniciar una verdadera depuración judicial. Supeditar el calificativo de corrupto a que una persona cumpla 60 años es descabellado. Significa que el mismo presidente de la República, cuando cumpla 60 años y este en un cargo público, se va a volver corrupto, lo cual no es así.
¿Usted ha hecho esa ponderación entre la firmeza, su principio por la independencia judicial y la legalidad, versus la posibilidad de que, si usted se sometiera al régimen, podría seguir impulsando una causa justa de las víctimas? ¿Usted sopesó estas dos cosas?
Desde luego. Es admirable el estado de madurez, el compromiso social de las víctimas. Su compromiso con la investigación no les inhibe para reconocer que tras su caso hay una situación mucho más grave para el país que se debe solucionar. Ellos (las víctimas) bien pudieran haberme pedido: “juez, por favor, acepte ese régimen de disponibilidad para que siga con nuestro caso”. Sin embargo, su mensaje fue: “juez, nosotros lo apoyamos en su posición y vamos a luchar para que ese decreto se derogue”. En un momento, dudé y dije 'lo hiciera por las víctimas. Pero cuando vi esa posición tan firme, tan segura y tan madura de ellos no dudé en ningún momento. Y estamos en esta lucha. Yo agradezco a las víctimas. Yo sé que ellos, de una u otra manera, van a ser afectados. Pero ellos entienden que se debe corregir un peligro mayor en este país que es que el autoritarismo prevalezca y gobierne a nuestra nación.
¿No siente que al irse, por sus principios, está yendo un poco contra las víctimas?
No, definitivamente no. En ningún momento ha sido mi intención o es mi intención desde luego afectar a la víctimas. Estoy completamente seguro que esto se va a solucionar a favor de las víctimas y de la tramitación de este proceso y El Mozote al final va a ver la justicia que tanto las víctimas han anhelado. Ya la Corte Interamericana de Justicia está jugando su papel y yo estoy seguro de que dictando primeramente medidas cautelares y luego emitiendo una sentencia contraria a esas reformas, yo sé que todo va a volver al estado original y el proceso va a continuar su marcha. Desde luego va a haber una afectación pero en alguna medida es inevitable.
En este Juzgado solo del caso El Mozote hay al menos cinco años de prueba sumada a toda la prueba que se hizo entre el 90 y el 93. ¿Cuánto tiempo cree que le tomaría a un sustituto llegar a un nivel de conocimiento del expediente como el que usted tiene ahora?
Cuando yo llegué a este Tribunal en el año 2003, el proceso constaba de ocho piezas, como de 1,600 folios (Nota de la redacción: un folio es una página revés y derecho). Luego comenzó a hacerse grande por la incorporación de peticiones y actas de entrega de osamentas. Luego viene la petición de apertura en el año 2006. El agrandamiento del caso fue, desde luego, a partir de septiembre del 2016 que se decretó la apertura. Ahora es un caso que consta de 190 piezas. Estamos hablando de 36,000 a 38,000 folios aproximadamente, porque en las primeras hay piezas hasta de 400 folios. Yo estimo que el juez que pudiera venir, para ponerse al día con el contenido del proceso, de mínimo unos tres meses dedicándose específicamente a estudiar el caso, que no es la única responsabilidad del juzgado.
El tiempo es un factor crucial en este caso porque siguen muriendo imputados, testigos e incluso recientemente falleció Wilfredo Medrano, uno de los principales querellantes. Y ahora, este periodo de incertidumbre. ¿Cómo se ha afectado ya el caso? ¿Tenía agendadas audiencias para el último trimestre del año?
Hablando en términos porcentuales, el proceso está avanzado en un 80 a 90 por ciento. En lo que queda de la instrucción se tienen tres diligencias de declaración de informe de peritos. Falta la declaración de la perito guatemalteca Velia Muralles Bautista (sobre archivos salvadoreños). Falta la declaración de la perito española Paloma Soria Montañez, que elaboró un peritaje sobre los delitos sexuales en el contexto de la masacre. Y también la perita norteamericana Irina Carlota Silber. Ella formuló un peritaje sociológico describiendo más bien la vida de las comunidades ahí en El Mozote antes de la masacre y posterior a la masacre. Eso se había programado para meses o días anteriores. Sin embargo, debido a una serie de estrategias de la defensa, el proceso se encuentra en la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente. En espera de esa resolución estamos.
Muchos vemos la continuidad del proceso judicial como imposible sin usted a la cabeza, habida cuenta de todos los obstáculos que tenía que enfrentar y que requirieron de alguien que tuviera la voluntad de llevar adelante el proceso. ¿Puede continuar el proceso con alguien más?
Yo considero que sí. Aquí nos podríamos enfrentar a dos escenarios. Según las decisiones políticas que se ha estado tomando desde Casa Presidencial, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia considero que lo más probable sería que se nombrara un juez que ya viniera con una orientación de afectar el proceso dilatándolo, si no es que de tajo viene a cerrar el mismo. Sin embargo, yo creo que hay recursos de los cuales se puede echar mano ante la misma Corte Interamericana. El otro escenario, que considero menos probable, sería de que la Corte Suprema de Justicia nombrara a un juez comprometido, independiente, imparcial que viniera a darle trámite al proceso.
¿Qué dice de un país y de una sociedad el hecho de que siempre dependa de decisiones de afuera para que haya justicia dentro? Es lo mismo que en 2012: fue la CIDH la que ordenó al Estado salvadoreño investigar ese caso. ¿Qué es lo que no funciona en este país para que no seamos capaces de ejercer justicia nosotros solos?
Es lamentable. Se ve que todavía prevalecen las estructuras de poder que prevalecieron durante el conflicto y que se proyectaron después del conflicto. Quien gobernó este país, una vez finalizado el conflicto armado, fue el partido ARENA, desde luego socio o asociado con los militares de este país. Luego, llegó el Frente. La situación no cambió: asociado también con los militares. Yo siempre he dicho que el Presidente de República, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia, conforman el poder formal, pero el poder real son las armas. Y aquí en este país y en estos países de Latinoamérica ha sido el estilo siempre, que para que un gobernante se mantenga en el poder tiene que tener el apoyo del estamento militar. Lamentablemente, como usted dice, nuestra sociedad se ha acostumbrado a que sean los tribunales internacionales de justicia, como la Corte Interamericana en el caso nuestro, que esté obligando a que casos como este caminen. No hemos madurado, nuestras instituciones no han madurado, no se han desarrollado lo suficientemente como para tener una personalidad propia que solucione los problemas que tenemos.
El Gobierno ha irrespetado la Constitución, desconoció a la Sala de lo Constitucional, puso otra que ha aceptado la reelección presidencial… ¿Usted cree que este Gobierno le va a hacer caso a una resolución de la CIDH?
Hasta este momento, el señor Bukele al parecer ha cumplido algunas áreas de esa sentencia del año 2012 en el caso de la masacre de El Mozote. Creo que algo se ha trabajado en algunos beneficios en cuanto a salud, educación e infraestructuras de las comunidades afectadas. Eso es importante, pero lo más importante es que se conozca la verdad de lo sucedido y ese es el principal anhelo de las víctimas. Espero que, ante una resolución de la Corte Interamericana, sí efectivamente le dé cumplimiento, porque estamos hablando de compromisos internacionales. Ante un incumplimiento, El Salvador se puede ver afectado en sus relaciones con los demás países.
El Mozote es la mayor masacre de la guerra civil en un solo operativo, el mayor número de víctimas de un solo operativo. Y es en este país un símbolo de impunidad. ¿Qué significa para el país si el caso emblemático de la guerra, la mayor masacre de campesinos en la guerra, se termina aquí, si se engaveta aquí?
Sería un desastre porque quedaríamos ante los ojos del mundo como un país en el cual, aún pasados 40 años de estos hechos, no hemos tenido la capacidad de poderlos investigar. Quedaríamos como unos cavernícolas que no tuvimos la capacidad de evolucionar hacia una sociedad más civilizada, en la cual se reconozcan los derechos, tanto individuales como colectivos. Y, desde luego, el efecto para las víctimas sería también desastroso, porque ellos verían frustrado su anhelo de justicia, de que se conozca la verdad de esos hechos, que es una lucha que ellos han tenido por muchos años.
¿Usted se siente satisfecho con su papel, con su aportación desde su cargo público en este caso?
Voy a decir algo que tal vez nunca he dicho. No estoy del todo satisfecho. Yo siento que pude haber hecho más por este caso desde el año 2006 que me solicitaron la apertura del mismo. Pero también valoré que ni en ese año 2006, ni aún en el año 2012 que la Corte Interamericana dictó su sentencia, estaban las condiciones, principalmente políticas y sociales en este país para echar a andar el caso. Detengámonos a analizar todos los obstáculos que este proceso ha enfrentado, obstáculos a su tramitación, obstáculos a los sujetos que hemos intervenido en el mismo. Si todo esto se ha dado ya respaldado por una sentencia de la Corte Interamericana y respaldado también por una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 2016, imaginémonos si hubiéramos echado a andar este caso sin esas sentencias. No es que sea trágico, pero algunas veces he llegado a pensar que tal vez ya no existiéramos.
