El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles y este jueves la imposición de sanciones económicas a tres personas clave del Gobierno de Nayib Bukele: el director de Centros Penales y Viceministro de Seguridad de El Salvador, Osiris Luna, el encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y la jefa de Gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos. El Tesoro acusa a Luna y Marroquín de encabezar un proceso de negociaciones secretas con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, con el fin de que estas redujeran el número de homicidios a cambio de “incentivos económicos” y beneficios carcelarios para sus líderes presos, y a Recinos de liderar una estructura de corrupción que infló contratos y desvió fondos durante la pandemia para beneficio económico suyo y de otros funcionarios y asesores del presidente Nayib Bukele.
Según un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Tesoro, Luna y Marroquín “facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados, en los cuales a conocidos miembros de pandillas se les permitió entrar en instalaciones de prisiones y reunirse con altos líderes de sus pandillas”. “Estas reuniones eran parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con el liderazgo de las pandillas”, dice el gobierno de Estados Unidos.
El Tesoro asegura que Luna y Marroquín “representaban a la administración Bukele en esas transacciones” con las pandillas, que incluyeron un acuerdo para que estos grupos criminales “dieran apoyo electoral al partido Nuevas Ideas” durante los comicios legislativos y municipales de febrero de 2021, en los que el partido del presidente Nayib Bukele logró una abrumadora mayoría.
Estados Unidos asegura que Osiris Luna negoció también en secreto, en 2020, para que las pandillas ayudaran al Ejecutivo a hacer cumplir la cuarentena decretada durante la emergencia por la Covid 19, mediante la coacción a la ciudadanía en los territorios que estas controlan.
La Mara Salvatrucha, la mayor de las pandillas que operan en El Salvador, tiene presencia en una decena de países y está designada desde octubre de 2012 por el Departamento del Tesoro como un grupo delictivo transnacional. Estados Unidos considera cualquier negociación con esta un pacto con el crimen organizado. La aplicación de la Ley Magnitsky a Luna y Marroquín implica el bloqueo de todos los activos y bienes que puedan tener en Estados Unidos, y prohíbe a personas o empresas estadounidenses cualquier transacción con ellos.
No es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios clave de este gobierno. Conan Castro; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; los exministros Rogelio Rivas y Pablo Anliker; o los mismos Osiris Luna y Carolina Recinos ya habían sido sancionados entre mayo y julio con la retirada de la visa y la prohibición de entrar a territorio estadounidense por su inclusión en la conocida como Lista Engel, que expone a actores corruptos o antidemocráticos de los países del norte de Centroamérica. Este nuevo señalamiento tiene sin embargo implicaciones políticas mayores que los anteriores, no solo porque por primera vez conlleva el bloqueo de activos a funcionarios en el cargo, sino porque denuncia hechos que implican al gobierno en su conjunto y apuntan al presidente Nayib Bukele como último responsable de ellos.
Las negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y las pandillas para reducir los homicidios ya habían sido reveladas en septiembre de 2020 por El Faro , después de una larga investigación que incluyó acceso a documentos oficiales de la Dirección de Centros Penales, como bitácoras de ingreso o informes de inteligencia carcelaria, en los que se detallaba la celebración de repetidas reuniones en las que participaron Luna y Marroquín junto a pandilleros que accedían a los recintos carcelarios encapuchados y sin identificarse. El gobierno negó los hechos. El presidente Bukele acusó al periódico de mentir y lanzó una campaña de acoso contra sus periodistas: “Que no les quede una gota de credibilidad”, proclamó desde su cuenta de Twitter.
La investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses, en la que se basan las sanciones anunciadas, confirma lo publicado entonces y aporta detalles que no eran conocidos por El Faro, como la existencia de pagos a las pandillas o la entrega por parte del Estado de aparatos telefónicos a pandilleros presos y la autorización de entrada de prostitutas a las cárceles.
Al día siguiente de aquella publicación, el Ejecutivo organizó una visita guiada de periodistas a la cárcel de Izalco para tratar de desmentir uno de los detalles de la investigación, que hablaba de la asignación de celdas distintas a pandilleros de cada pandilla como uno de los requisitos de la negociación. El Faro no fue invitado al recorrido.
Casi un año después, en agosto de 2021, El Faro reveló nuevos detalles de la negociación del gobierno actual con las pandillas, a partir de un expediente de la Fiscalía que incluía fotografías de los funcionarios entrando a las cárceles con pandilleros encapuchados, transcripciones de llamadas telefónicas y entrevistas a testigos que revelaron no solo el alcance de la negociación con las tres pandillas de El Salvador (MS-13 y las dos facciones del Barrio 18), sino un esfuerzo deliberado del Gobierno de Bukele por esconder evidencia del diálogo , mediante la retirada de cientos de libros de novedades y computadoras de las cárceles durante éste se llevó a cabo.
Tolerancia a la corrupción
También numerosas publicaciones periodísticas habían revelado la implicación de la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, en supuestos actos de corrupción. En junio de 2020 El Faro reveló que el Banco de Desarrollo de El Salvador, una entidad pública, había beneficiado a dos hermanos de Recinos pese a recibir advertencias de conflicto de intereses . También los sobreprecios en contratos para la construcción del Hospital El Salvador habían sido ya denunciados ,
Las acusaciones del Tesoro contra ella van sin embargo más lejos, y presentan a Recinos como “la cabeza de un esquema de corrupción multimillonaria en múltiples ministerios, que incluye contratos sospechosos en la construcción de un hospital”, una velada alusión al Hospital El Salvador, obra bandera de la respuesta del Gobierno a la pandemia, “además de instrucciones a numerosos ministerios para autorizar abundantes compras sospechosas relacionadas con la pandemia”. El documento habla de contratos inflados y de compras a compañías sin aparente relación con la industria de salud “a cambio de sobornos a funcionarios del gobierno y algunos asesores del presidente Bukele”.
Por último, Estados Unidos acusa a Recinos de dirigir la estructura de corrupción que “reorientó para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas” paquetes de alimentos que debían ir dirigidas a aliviar el impacto de la pandemia en los ciudadanos. “En lugar de ser entregadas como un servicio del gobierno, las canastas de comida fueron usadas para obtener votos y apoyo de cara a las elecciones” de febrero de 2021.
La designación de Recinos en aplicación de la Ley Magnitsky afecta también a su esposo, el exdirigente del FMLN y actual embajador en Italia Arnoldo Bernal. Según un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos retirará visas tanto Bernal como al hijo que comparte con Recinos, y ambos tendrán desde ahora prohibida la entrada a territorio estadounidense.
Las sanciones económicas anunciadas por el departamento del Tesoro incluyen también a Yanira Meza Olivares, madre del viceministro Osiris Luna, a quien Estados Unidos acusa directamente de haber participado el año pasado junto a su hijo en un “esquema de robo y reventa” de paquetes de alimentos destinados a las víctimas durante la emergencia por Covid 19, con el consiguiente desvío de “millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador”. El Tesoro de Estados Unidos les acusa además de haber creado “puestos de trabajo fraudulentos en el sistema penitenciario, en los cuales supuestos empleados recibirían sueldos mensuales y devolverían la mayor parte del dinero percibido” a Luna y su madre.
El desvío de alimentos por parte de Osiris Luna ya había sido denunciado por El Faro, que el pasado septiembre dio a conocer los hallazgos de otra investigación abierta por la Fiscalía salvadoreña antes de que el partido Nuevas Ideas destituyera ilegalmente el 1 de mayo al Fiscal General Raúl Melara. La investigación contra Luna incluía controles de bodega, transcripciones de llamadas telefónicas y fotografías que documentan la participaron el viceministro y su madre en la negociación y venta a un comerciante privado, entre septiembre y octubre del año pasado, de hasta 42,000 paquetes de ayuda que debían ser para los afectados por la pandemia.
Nunca se le acusó formalmente. Rodolfo Delgado, colocado por Nuevas Ideas al frente de la Fiscalía para sustituir a Melara, disolvió a las pocas semanas el equipo de fiscales especializados a cargo de investigar tanto el desvío de ayuda por parte de Osiris Luna como la negociación del gobierno de Bukele con las pandillas. El abultado expediente que incluía ambos casos y otros relacionados con corrupción en el Ejecutivo tenía el nombre de “Catedral”, y también documenta la participación del actual alcalde de San Salvador y exministro de Gobernación de Bukele, Mario Durán, en otra trama para desviar paquetes de alimentos para los afectados de la pandemia hacia su campaña, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
Hay un mensaje político en el hecho de que estas sanciones de Estados Unidos se anuncien durante la Cumbre por la Democracia, para la que el presidente Joe Biden ha convocado a 110 países y a la que los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua no fueron invitados. Desde su llegada al poder, la administración Biden enfatizó que la lucha contra la corrupción sería uno de los principales ejes de su política hacia Centroamérica, y altos funcionarios estadounidenses han criticado en repetidas ocasiones la falta de acción contra actores corruptos en los gobiernos del istmo.
En el caso de El Salvador, el jueves pasado el principal asesor de Biden para América Latina, Juan S. González, citó “la negativa a actuar contra la corrupción” como una de las razones por las que Bukele no fue invitado a la cumbre, junto a excesos como la entrada al congreso en febrero de 2020 con militares, la destitución ilegal de jueces para sustituirlos por personas leales a él, o el cierre de accesos a información pública.
La Casa Blanca dio a conocer este lunes su Estrategia Global Anticorrupción, que establece un vínculo directo entre corrupción, criminalidad y otras formas de actividad ilícita, y eleva el tema a la consideración de un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. “La criminalidad organizada que tiene apoyo de actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, se lee en el documento. Uno de los ejes de la estrategia es la construcción de alianzas internacionales para imponer sanciones coordinadas a individuos u organizaciones, como ya ha sucedido en los últimos meses con la imposición de sanciones coordinadas entre Estados Unidos y el Reino Unido a personas vinculadas a corrupción en Guatemala y Nicaragua . Esta semana el Tesoro sancionó también a personas vinculadas con organizaciones delictivas transnacionales en Kosovo, Serbia, Angola, Liberia, Ucrania y Guatemala, entre otros países.
Golpe diplomático
Las sanciones a Carolina Recinos, Osiris Luna y a Carlos Marroquín, que pese a no tener un cargo en el gabinete es un operador clave del gobierno de Nayib Bukele, tensan todavía más la relación entre su administración y la de de Biden, que nació marcada por la alianza tácita que unía a Bukele con el expresidente Donald Trump pero se ha complicado más a medida que el presidente de El Salvador ha avanzado en la cooptación de instituciones y cierre del espacio público.
La condena estadounidense a la destitución arbitraria de magistrados y jueces por parte de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele; a su posible búsqueda de la reelección en 2024; o a sus repetidos ataques a medios independientes y defensores de Derechos Humanos, han servido para que el presidente argumente que organizaciones y países extranjeros, con Estados Unidos a la cabeza, financian las manifestaciones en su contra, esconden pactos con los partidos que gobernaron en el pasado y marcan la agenda del periodismo crítico.
El miércoles, al conocerse las sanciones del Tesoro contra sus funcionarios y la acusación de que su gobierno negoció en secreto con las pandillas, Bukele respondió por Twitter: “¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, escribió en referencia a las negociaciones sostenidas por gobiernos anteriores. Después, desplegó un largo hilo de mensajes en los que acusa a la hasta hace poco embajadora interina en el país, Jean Manes, de un intento de injerencia durante la última conversación que sostuvieron ambos, en la que según él le pidió entre otras cosas “la liberación de Ernesto Muyshondt”, ex alcalde de la capital por el partido Arena y actualmente en prisión preventiva acusado entre otros cargos de negociar con las pandillas .
El jueves, la sanción a Recinos le hizo ser aún más agresivo: “Está claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada.”, tuiteó. Después, ante tuits del Subsecretario de Estado Brian Nichols condenando las “falsas acusaciones” de injerencia hechas por Bukele contra Manes, el presidente publicó en su cuenta de Twitter dos capturas de pantalla de sus conversaciones privadas con la embajadora, en teoría para demostrar que le pidió liberar a Muyshondt. En la conversación, sin embargo, la embajadora solo llega a afirmar que “hay serias preocupaciones por su salud” y “sería del interés de todos si la orden del juez (que recientemente había ordenado para Muyshondt arresto domiciliar en vez de cárcel) se cumple”.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han trascendido a su origen marginal y durante la última década se han convertido en actores políticos de primer orden que, pese a ser responsables de miles de asesinatos, desapariciones y violaciones durante los últimos 20 años en El Salvador, han logrado que los sucesivos gobiernos y numerosos actores privados los acepten como interlocutores para hacer posible la permanencia o tránsito por los barrios y colonias bajo su dominio, o para lograr resultados políticos , como ya lo hizo el FMLN en 2014.
El Faro ha sacado a la luz desde 2012 diversas negociaciones secretas sostenidas por los sucesivos gobiernos nacionales y por casi todos los partidos políticos del país con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, incluidas aquellas en las que participó Muyshondt también en 2014. El mismo Nayib Bukele negoció con ambas pandillas y sus fracciones en 2015 cuando gobernaba la alcaldía de San Salvador, para poder ejecutar sus planes de reordenamiento urbano en el centro capitalino. El mismo Carlos Marroquín, hoy sancionado por el Tesoro, y el vigente alcalde de la capital, Mario Durán, participaron en esas conversaciones con líderes pandilleros, como documentan fotografías publicadas en julio de 2020.
Bukele ha convertido ese historial de negociaciones, con criterio selectivo y evidente doble moral, en un arma de propaganda contra los hoy diezmados partidos de oposición, Arena y FMLN, a los que acusa repetidamente de haber “negociado con la sangre de los salvadoreños”, omitiendo el hecho probado de que él mismo negoció con estos grupos cuando fue alcalde y lo sigue haciendo ahora desde el Ejecutivo.
Las negociaciones con estos grupos criminales están en el centro del debate político en El Salvador de manera permanente y despiertan las emociones más profundas en un electorado marcado a fuego por el dolor y las muertes que las pandillas han provocado. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha creado recientemente en la Asamblea legislativa una comisión de antejuicio para retirar al exdirigente arenero Norman Quijano el fuero del que goza como diputado del Parlacen, y juzgarle por haber participado, él también, en aquellos diálogos de 2014 en los que todos los partidos del momento trataron de seducir por separado a las pandillas de cara a las elecciones de marzo de aquel año.
Como hicieron Bukele y Nuevas ideas en 2020, de acuerdo con las abundantes pruebas publicadas y las incómodas sanciones y acusaciones contra el gobierno anunciadas por el Departamento del Tesoro.
Nota: Este artículo fue actualizado el jueves 9 de diciembre a las 6:00 pm para incluir las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la jefa de gabinete del Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, y nuevas reacciones del presidente Nayib Bukele.
