Élmer Canales Rivera, alias Crook, líder nacional de la Mara Salvatrucha-13 desde principios de siglo, salió libre del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca el 3 de junio de 2021, según consigna el oficio 901 que el entonces juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, envió al director del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca el 29 de marzo de este año. Según el documento y dos fuentes de El Faro, la Dirección General de Centros Penales se basó en una resolución de la Cámara Especializada de lo Penal para autorizar la liberación, a pesar de que el juez Salazar ya había alertado en un oficio anterior que Crook tenía una causa judicial pendiente y una condena vigente. A parte de lo señalado por el juez, sobre Crook también pesa una petición de extradición por parte de Estados Unidos y una orden internacional de captura de la Interpol.
El Faro consiguió el oficio número 901 que el juez Salazar envió al director del penal de Zacatecoluca. “Hago de su conocimiento la recepción de la respuesta al informe de situación jurídica requerido por ésta sede, respecto del justiciable Élmer Canales Rivera alias ‘Ladrón o Croock’; de quién se actualiza la puesta en libertad física en fecha tres de junio del año dos mil veintiuno desde ese recinto carcelario (Zacatecoluca) (sic)”, dice el documento. El juez deja por sentado que esa liberación se dio “evocándose el cumplimiento de una orden de libertad emitida por esa sede (la Cámara) en oficio No 935 de fecha uno de junio del dos mil veintiuno (sic)”. La legislación señala que ningún recluso puede gozar de libertad mientras tenga otras causas judiciales activas.
Lo escrito en el oficio 901 por el juez implica que al día de hoy hay más evidencia de que Crook fue liberado el 3 de junio de 2021, pese a las advertencias del juez, pero no es claro si sigue libre.
Crook —junto con otros miembros de la ranfla nacional de la MS-13— era imputado en uno de los casos judiciales más importantes contra las pandillas, la Operación Cuscatlán, un proceso que inició en los tribunales de San Salvador en 2018, con el propósito de golpear las finanzas de esa organización criminal. Esa investigación incluyó información sobre la participación de importantes políticos del FMLN y Arena en negociaciones con esa pandilla, para garantizar su apoyo en las elecciones presidenciales ocurridas en 2014. El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador decretó detención provisional por dos años contra los imputados, incluido Crook, mientras se tramitaba el caso. El juez Salazar conoció el proceso cuando era titular del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, sede que únicamente tramita procesos de estructuras de crimen organizado.
La trama es complicada, pues tiene que ver con tiempos y diferentes etapas procesales, y tiene algunos vacíos que solo Centros Penales podría aclarar. Dos fuentes cercanas al proceso ayudaron a comprender los sucesos plasmados en el oficio 901:
En diciembre de 2019, el juez Salazar condenó a Crook y a otros miembros de la ranfla nacional de la MS-13 a 70 años de prisión y ordenó a la Fiscalía “verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS con el actual gabinete de Gobierno”, ya entonces dirigido por el presidente Nayib Bukele. La resolución emplazó también a indagar sobre la participación de dirigentes del FMLN, como José Luis Merino y Medardo González, en las negociaciones de 2014.
Dos meses después, en febrero de 2020, el juez Salazar entregó la sentencia por escrito y entonces los defensores de los pandilleros apelaron la sentencia ante la Cámara Especializada de lo Penal de San Salvador, y establecieron que sus defendidos habían pasado en detención administrativa más de lo facultado por la ley, desde su detención en 2018. La condena no era firme mientras la apelación estuviera en curso. El artículo 8 del Código Procesal Penal establecía que un imputado no podía estar bajo detención provisional más de dos años, y un año adicional si su proceso entraba en apelación. Si ese plazo vencía, el siguiente paso era la libertad para enfrentar su proceso de esa forma. Esa lectura judicial tardía de la Cámara fue la base de la puesta en libertad de Crook, según las fuentes. La Asamblea Legislativa, por orden del presidente Bukele, modificó esa regla en la última semana de marzo, tras el fin de semana de alza de homicidios. Ahora, ese plazo de detención no tiene un límite definido. Sin embargo, los procesos que Crook enfrentaba ocurrían bajo la legislación anterior a las modificaciones recientes.
Mientras la Cámara resolvía el recurso de apelación en favor de Crook, el pandillero seguía bajo detención provisional por otros casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
Las fuentes de El Faro explicaron que la Cámara, como suele ocurrir, tardó más de un año en resolver la petición de los abogados del pandillero. Y, cuando lo hizo, en junio de 2021, resolvió que por uno de los casos se había excedido el tiempo que Crook podía estar detenido. Y que, si no tenía condenas firmes o casos abiertos en su contra, debía quedar libre. La condena contra Crook dictada por el juez Salazar nunca estuvo firme, pues los abogados interpusieron otros recursos ante la Sala de lo Penal.
El 1 de junio de 2021 sucedieron muchas cosas alrededor de la figura de Crook. La primera es que la Cámara concluyó que a Crook se le había violado su derecho a libertad, porque ya había cumplido más de los tres años de detención provisional sin sentencia en firme. Además, ese mismo día, la Cámara ordenó al juez Salazar que revisara en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) el historial jurídico de Crook, para asegurarse de que el marero no tuviera otros procesos penales, ya que si los tenía debía permanecer detenido. La Cámara giró dicha instrucción “porque Crook estaba a la orden del juez Godofredo, no de la Cámara. Es tan legal que la Cámara indague por su cuenta la situación jurídica de un imputado como que comisione al juez de sentencia para que lo haga. Las dos cosas son válidas”, explicó una de las dos fuentes judiciales que conocieron el proceso y ayudaron a poner en contexto el oficio 901 enviado por el juez al penal de Zacatecoluca.
El juez cumplió la orden de la Cámara e ingreso al SIPE para verificar toda la situación jurídica de Crook, a quien él ya había condenado. En la plataforma encontró que Crook tenía vigente también un juicio por extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otra condena por introducir objetos prohibidos a cárceles. El juez extrajo las frases del sistema y luego las plasmó en un oficio que envió a Centros Penales el 1 junio de 2021. No fue posible determinar para esta nota cuál fue la respuesta del penal de Zacatecoluca a ese primer oficio del juez. Dos días después de eso, el 3 de junio, según consigna el oficio 901 y las fuentes de este periódico, Centros Penales liberó a Crook amparándose en la tardía resolución de la Cámara de un proceso por el que el marero aún no tenía condena firme debido a los recursos presentados por su defensa.
El oficio 901 que se publica en esta ocasión es la respuesta final del juez Salazar enviada ya en marzo de 2022, meses después de la liberación de Crook, donde hace ver al director del penal que no debía haberlo liberado, que él mismo ya antes había expuesto en otro escrito judicial las razones por las que Crook debía seguir encarcelado. El juez, entre comillas, cita partes de su anterior escrito e incluso subraya y pone en negrita la parte donde explícitamente solicitó en junio de 2021 que no se liberara al líder marero:
“El Sistema SIPE contiene datos que dicha persona se encuentra en calidad de procesado en ésta sede judicial… por el delito de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas; también se encuentra como condenado en el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca por el delito de tráfico de objetos prohibidos en Centros Penales… por lo que debe seguir en la detención en que se encuentra”, cita el juez lo que escribió el 1 de junio, dos días antes de que, según consigna en el oficio 901, Crook fuera puesto en libertad.
Es Centros Penales quien debe explicar por qué razón dejó en libertad a Crook a pesar del oficio enviado por el juez Salazar. El Faro buscó la versión del juez Salazar sobre este escrito, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. De igual forma ocurrió con el jefe de Prensa de Centros Penales, a quien se contactó vía Whatsapp. Como ya es habitual con todas las dependencias gubernamentales, no hubo respuesta. Este periódico buscó vía telefónica a uno de los magistrados titulares de la Cámara, pero tampoco hubo respuesta.
Las autoridades no se han pronunciado sobre los registros de salida de Crook, que ha sido verificada por investigaciones periodísticas y ahora por un oficio enviado por el juez que tenía pendiente un proceso contra él. La Prensa Gráfica publicó a finales de 2021 un artículo donde señala que el cabecilla fue puesto en libertad en noviembre de ese mismo año, de acuerdo al SIPE. Cuatro meses después, El Faro reveló que Estados Unidos reclamó a las autoridades salvadoreñas información sobre su posible liberación, argumentando que era solicitado en extradición y contaba con una orden de captura de Interpol. Recientemente, el 31 de marzo, La Prensa Gráfica e Insight Crime dieron a conocer que no solo hay evidencia de que Crook fue puesto en libertad, sino también sobre otros tres líderes que son parte de los 14 jefes de la MS-13 que Estados Unidos pretende extraditar. El presidente Bukele y Osiris Luna, director de Centros Penales, incluido en la Lista Engel por haber negociado con la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 en El Salvador, han guardado silencio sobre la evidencia de liberación de estos pandilleros.
Tras el oficio 901, reubican al juez
El 29 de marzo de este año, el juez Salazar elaboró el oficio 901 para recordar al director del penal de Zacatecoluca, por segunda ocasión, que Crook fue liberado a pesar de tener un proceso abierto y una condena vigente. Para ese momento, el juez Salazar ya había perdido acceso al SIPE, porque Centros Penales desactivó el sistema de las computadoras de los jueces desde diciembre de 2021. Para elaborar el escrito, el juez utilizó la misma información que pudo recoger del sistema el 1 de junio de 2021, según confirmaron a El Faro las dos fuentes judiciales.
El juez Salazar cerró el oficio 901 reiterando su petición de que el director de Zacatecoluca envíe el historial completo carcelario de Crook, al que el juez ya no puede acceder desde su computadora.
Dos días después de que el juez envió ese oficio, el presidente Nayib Bukele lo acusó en Twitter de participar en una conspiración para liberar pandilleros. “Un juez intentó liberar 42 pandilleros de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter el viernes 1 de abril, a las 7:30 de la mañana. Seis horas después, la Corte -cooptada desde el 1 de mayo de 2021 con magistrados leales al mandatario- obedeció y reubicó al juez Salazar.
El juez Salazar trabajaba desde 2007 en el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que conoce casos complejos de pandillas, narcotráfico y blanqueo de dinero. Tras el tuit del presidente Bukele, Salazar fue degradado con una notificación de la CSJ que ordenó su traslado a un juzgado de primera instancia de Ilobasco. Así, dos días después de enviar el oficio 901 acerca de la incorrecta liberación de Crook, se convirtió en un juez común.
Ni Centros Penales ni la Corte han brindado una explicación oficial sobre la liberación del cabecilla de la Mara Salvatrucha, a pesar de que en solo unos meses un juez especializado lo ha solicitado al penal y la Embajada de Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia.
