La captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del El Periódico, que dirige un diario guatemalteco crítico con la actual administración, que ha develado varios casos de corrupción, ocurrió este 29 de julio. El hecho fue confirmado por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y uno de los funcionarios guatemaltecos incluidos en la lista Engel, acusado de boicotear investigaciones de corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei. Los motivos de la captura de Zamora, según dijo Curruchiche, son lavado de dinero, proposición y conspiración para lavado de dinero, chantaje, y tráfico de influencias. El funcionario dijo a la prensa que también fue capturada la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, acusada de revelar información confidencial o reservada.
El caso está bajo reserva. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, señaló que “(la captura de Zamora) no es por su labor periodística, sino como empresario, por un posible caso de lavado”. En un pronunciamiento escrito, Curruchiche también dijo que “quería dejar muy claro que los hechos que le atribuyen a Zamora Marroquín no tienen ninguna relación con su calidad de periodista”. En un comunicado de prensa, el MP aseguró que montó un seguimiento policial a raíz de una denuncia y que decomisó una cantidad de dinero en efectivo a Zamora. No revelan qué cantidad de dinero ni ningún detalle de por qué esa cantidad no revelada representaba un delito.
El MP es dirigido por Consuelo Porras, también acusada por Estados Unidos de proteger a redes de corrupción gubernamentales, y a quien algunos exfiscales en el exilio señalan por persecución y por pertenecer a las redes de protección del Gobierno.
La captura ocurrió después de que decenas de policías llegaron aproximadamente a las 3 de la tarde a la casa de Zamora, en la Ciudad de Guatemala, donde catearon la propiedad. Las autoridades también catearon las oficinas administrativas de El Periódico, y mantuvieron a los empleados retenidos e incomunicados. Ninguno tuvo acceso a sus teléfonos. Estos hechos fueron reportados en la cuenta oficial de Twitter de El Periódico y por José Zamora, hijo del presidente de El Periódico.
Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según resaltó hoy Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, de la CIDH. Las medidas fueron dictadas por un allanamiento ilegal en la residencia de Zamora en 2003 por sujetos que se hicieron pasar por policías, y maltrataron físicamente a su familia, y por amenazas que recibió posteriormente, según información de la CIDH.
Un vídeo compartido por personal de El Periódico muestra que varios de los vehículos en los que se transportaron los policías y fiscales que realizaron el cateo no tenían placas de circulación, algo prohibido por la ley, tanto para cualquier ciudadano como para funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad. La fiscal que dirigió el allanamiento es Cynthia Monterroso, quien fue denunciada en la FECI por abuso de autoridad. La exjueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, denunció en 2019 a Monterroso por filtración de información en casos de alto impacto, que es la misma razón por la que la FECI acusa ahora a la auxiliar fiscal Gómez.
Las órdenes de captura y allanamiento fueron emitidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana, quien también emitió al menos una de las órdenes de captura contra Juan Francisco Sandoval, el antecesor de Curruchiche, y a quien la fiscal general Consuelo Porras despidió ilegalmente el 24 de julio de 2021.
Pese a lo expresado por Pantaleón, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la captura de Zamora y la atribuyen a las denuncias de corrupción que ha hecho desde El Periódico. La Coalición Pro Justicia dijo que “las diligencias son un ataque contra periodistas que luchan contra la impunidad”. La organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) señaló que la captura de Zamora es otro ataque al periodismo “que no solapa el crimen, la corrupción y la impunidad”.
Los diputados de oposición Jairo Flores y Aldo Dávila se presentaron a la vivienda de Zamora, aunque no se les permitió entrar. “Empieza la persecución contra los medios de comunicación”, dijo Dávila, al ser preguntado por periodistas respecto al mensaje que envía la captura de Zamora. El todavía Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acudió a la Torre de Tribunales, a donde fue llevado Zamora después de su captura. Rodas deja el cargo en agosto, cuando acaba el período por el cual fue electo.
Desde julio de 2021, al menos una docena de fiscales que trabajaban en la FECI, o investigaban casos de corrupción, han sido despedidos, capturados o han salido del país, a raíz de ser objeto de criminalización por parte del MP.
El año pasado, la FECI también inició un proceso contra el periodista Juan Luis Font, exfundador y exdirector de El Periódico, y conductor del programa radial Con Criterio. Font afirma que fue falsamente acusado de recibir sobornos en un caso de corrupción contra exfuncionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015). En diciembre de 2021, Font denunció que era blanco de una “persecución política” y de “una venganza específica”. Para abril de 2022, el periodista anunció que ya no tenía ningún proceso pendiente de resolver con la justicia.
Casi tres horas después de la captura de Zamora, la prensa en el lugar reportó que más unidades del MP llegaron a su residencia, donde el allanamiento fue dirigido por la fiscal Monterroso.
