Un documento interno del Departamento de Estado filtrado este viernes 15 de julio revela el nombre de 61 personas a las que Estados Unidos ha añadido o pretende añadir este mismo mes a la llamada Lista Engel. Esta lista sanciona a funcionarios, exfuncionarios o empresarios considerados corruptos o responsables de graves conductas antidemocráticas en Guatemala, El Salvador y Honduras, y el hecho de que una parte de los señalados sean figuras cercanas a los presidentes de los tres países confirma la difícil relación diplomática que tiene en este momento la administración de Joe Biden con los gobiernos del norte de Centroamérica.
En El Salvador el nuevo listado incluye a tres altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y a su jefe de fracción legislativa, que se suman a al menos otros cuatro miembros del gabinete que ya fueron sancionados el año pasado; en Guatemala, tres grandes empresarios cercanos al presidente Alejandro Giammattei son acusados de pago de sobornos y dos magistrados de la Corte Suprema afines al Ejecutivo son sancionados por colaborar en el nombramiento de jueces corruptos; y en Honduras la lista apunta a dos vicepresidentes del Congreso pertenecientes al partido oficial, Libre, y cuatro exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, esposo y sombra política de la actual presidenta, Xiomara Castro.
La inclusión en la Lista Engel conlleva la pérdida inmediata de cualquier visa o permiso para entrar a suelo estadounidense, además de tener implicaciones políticas. Al listado de nuevos sancionados —7 de El Salvador, 16 de Guatemala y 15 de Honduras— se unen también 23 jueces y fiscales nicaragüenses, responsables de perseguir y encarcelar con cargos falsos a líderes de oposición, para reforzar el poder ya casi absoluto de Daniel Ortega.
Fuentes del gobierno estadounidense confirmaron a El Faro el mismo viernes por la mañana la autenticidad del documento, un archivo de diez páginas identificado como “desclasificado” que incluye numerosos links a la plataforma informática que el Departamento de Estado usa internamente. Un vocero oficial aclaró sin embargo que el proceso de elaboración y aprobación de la lista “no ha concluido” y su ampliación solo será oficial cuando la haga pública el Secretario de Estado, Antony Blinken. Esa misma fuente aseguró que el listado “puede sufrir cambios hasta el último momento”.
Según medios guatemaltecos, fuentes estadounidenses en ese país insistieron el viernes en que la lista filtrada está incompleta y en los próximos días se añadirán nombres. El pasado 26 de junio el director de la oficina de Centroamérica en el Departamento de Estado, Patrick Ventrell, anunció en una conferencia de prensa en San Salvador que esperaba una actualización de la Lista Engel “a mediados de julio”.
Aunque actualizar el listado al cierre del primer semestre de cada año es una obligación legal que el Congreso estadounidense impuso al Departamento de Estado, esta nueva lista llega apenas cinco semanas después de que los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador rechazaran la invitación a participar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Los cancilleres enviados en su lugar respondieron en sus discursos a las repetidas críticas que la Casa Blanca ha hecho a la corrupción o el autoritarismo en la región -que la administración Biden considera factores causantes de migración- defendiendo su soberanía nacional.
La lista se leerá como una contestación. Durante los últimos meses, fuentes del departamento de Estado y la Casa Blanca han insistido en público y privado en la necesidad de “mantener abierto el diálogo” con los países centroamericanos a pesar de las tensiones, y en el caso específico de El Salvador dos funcionarios estadounidense expresaron a El Faro el deseo de “evitar un conflicto nuclear”, una metáfora para ilustrar la sencillez con que escalan los enfrentamientos con el explosivo Bukele. Pero este viernes una fuente en la administración aceptaba que esta ampliación de la Lista Engel complicará aún más la relación. “United Fruit Company”, tuiteó Bukele tras conocerse los nuevos nombres de la lista, en referencia a la injerencia norteamericana en el istmo durante el siglo XX.
También Giammattei ha acusado varias veces este año a funcionarios estadounidenses de injerencia. El 10 de junio dijo en una entrevista con la organización conservadora norteamericana Alianza Global por la Libertad que “gente como Todd Robinson, Juan González, Brian Nichols (…) promueven la desestabilización en el país y se declaran contra el gobierno (de Guatemala)”. Robinson fue embajador en Guatemala y hoy está al frente de la Oficina Antinarcóticos (INL) del Departamento de Estado, González es Director del Consejo de Seguridad de Biden, y Nichols es el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
Si la primera Lista Engel evitó cuidadosamente al entorno del presidente guatemalteco porque la Casa Blanca aún le consideraba su principal aliado en la región, ahora el mensaje ha cambiado y la lista indica que las acusaciones de corrupción contra el presidente que la Fiscalía guatemalteca se resiste a investigar tienen oídos en Washington. Es probable aun así que el viraje no tenga demasiado impacto, teniendo en cuenta que la inclusión de la fiscal general Consuelo Porras en la lista el pasado septiembre no impidió que Giammattei la reeligiera ocho meses después con el respaldo del gran sector privado nacional. Las sanciones del año pasado tampoco han impedido que operadores corruptos como Ricardo Méndez Ruiz y su Fundación Contra el Terrorismo sigan persiguiendo a jueces y fiscales independientes guatemaltecos.
“Dicen que las listas no les afectan, que no les importan, y tal vez con algunos de los sancionados en Guatemala eso sea cierto”, dice una fuente en el Gobierno Biden, “pero sabemos que en El Salvador la lista tiene impacto, y mucho”.
Se refiere a la división que el riesgo de sanciones ha causado en las filas de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, que funcionarios estadounidenses vinculan directamente con el freno de iniciativas consideradas gravemente antidemocráticas por la comunidad internacional, como la Ley de Agentes Extranjeros. Todo indica que, a falta de otros canales de diálogo político en parte de la región, Estados Unidos va a seguir fortaleciendo su política de sanciones.
De momento, tanto el partido Demócrata como el Republicano aprobaron hace tres semanas en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes un borrador parcial del presupuesto para 2023 que incluye un incremento presupuestario de medio millón de dólares para reforzar con más personal el equipo dedicado a Centroamérica en la Oficina de Implementación de Sanciones Económicas del Departamento de Estado.
Segunda carta a Bukele
El principal golpe para el Gobierno de El Salvador, en la ampliación de la Lista Engel filtrada el viernes, es la sanción al actual ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya. Estados Unidos le acusa de abusar de su cargo para inclinar a favor del partido Nuevas Ideas las elecciones legislativas y municipales de 2021. Según el Departamento de Estado, Zelaya retuvo en los meses previos a la votación la entrega a determinadas alcaldías de un total de $497 millones de dólares que les correspondían y debían invertirse en servicios esenciales, “con el fin de generar enfado popular y falta de confianza en los candidatos que aspiraban a la reelección” y así favorecer al partido oficial que concurría a las urnas por primera vez.
Los partidos de oposición ya denunciaron esta práctica a finales de 2020 y acusaron al Gobierno central de secuestrar hasta por ocho meses los fondos del presupuesto general de la nación de forma ilegal, para “chantajear y extorsionar a las municipalidades con un interés eminentemente electoral”, en palabras de la entonces diputada del FMLN Yancy Urbina. Hubo alcaldías que durante la mayoría del año previo a la votación no tuvieron fondos para recoger la basura, pagar salarios a sus empleados o ayudar en la respuesta contra la pandemia. El entonces Fiscal General, Raúl Melara, llegó a anunciar una investigación formal al respecto. Nuevas ideas ganó de forma aplastante las elecciones del 8 de febrero de 2021 y se hizo con el control absoluto de la Asamblea Legislativa, que usó para destituir de inmediato a Melara y debilitar aún más la autonomía municipal en los meses siguientes mediante una serie de reformas de ley.
El señalamiento contra Zelaya es de enorme trascendencia política pese a no tener implicaciones penales. Es un golpe directo a su credibilidad en un momento en que El Salvador atraviesa una situación financiera crítica y el ministro debería encabezar los esfuerzos para atraer inversión o préstamos internacionales que salven al país del default. Zelaya lidera de hecho las delicadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un posible paquete de ayuda de $1,300 millones que la administración Bukele busca desde hace dos años, pero la inclusión en la Lista Engel, que acarrea la pérdida inmediata de cualquier visa estadounidense, le impedirá por lo pronto visitar la sede del Fondo en Washington.
El documento incluye también a Javier Argueta, hasta hace poco asesor jurídico del presidente, y a Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la presidencia, que tras asesorar en comunicaciones a anteriores gobiernos de Arena y el FMLN se ha convertido en pieza clave del círculo de confianza de Bukele. Estados Unidos acusa a Sanabria de chantajear “a funcionarios en partidos políticos de oposición para que renuncien, bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales”.
Argueta está acusado de ser el cerebro de la destitución ilegal del Fiscal General y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador el sábado 1 de mayo de 2021, el día en el que tomó posesión la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas. Por esos mismos hechos fue sancionado hace un año Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia. El 3 de septiembre de 2021 los cinco jueces impuestos ilegalmente para conformar la sala emitieron una resolución que avala la reelección presidencial a pesar de que la Constitución de El Salvador prohíbe de forma explícita, en al menos tres artículos, que un presidente pueda gobernar dos periodos consecutivos. Tres semanas después de esa polémica resolución, Estados Unidos incluyó a los cinco en la Lista Engel .
Una fuente en el Gobierno de El Salvador y una segunda fuente conocedora de los cambios en el gabinete confirman a El Faro que hace al menos dos meses Argueta fue separado de su cargo de asesor por diferencias internas en los círculos más cercanos a Bukele, y relegado a un cargo de menor nivel en el Gobierno, sin autorización para hablar en público en nombre del Ejecutivo.
Con estos son ya siete los altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele incluidos en la Lista Engel. En julio de 2021 Estados Unidos sancionó a la jefa de gabinete, Carolina Recinos, a Conan Castro; al ministro de trabajo, Rolando Castro; y al Viceministro de Seguridad y Director de Centros Penales, Osiris Luna. A Recinos y Luna Estados Unidos les ha aplicado también la Ley Magnitsky, que conlleva sanciones económicas.
Las nuevas sanciones alcanzan además a Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas. Guevara, uno de los voceros más agresivos del proyecto político de Bukele, está acusado de socavar la democracia al impulsar el pasado abril una reforma a la Ley de proscripción de pandillas que castiga hasta con 15 años de prisión la difusión en medios de comunicación de mensajes de las pandillas, y que ha sido denunciada internacionalmente como un intento de censura.
La respuesta de Guevara a su inclusión en la lista Engel fue inmediata: tras tuitear un desafiante “no les tengo miedo” emitió un comunicado en el que defiende la estrategia antipandillas del gobierno y califica de “torpe, débil e ineficiente” a la administración Biden. El presidente de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Ernesto Castro, respaldó a Guevara y dijo que la Lista Engel “parece el capricho de alguien en Washington”.
El Sábado, aunque casa presidencial no se ha pronunciado sobre las sanciones a sus funcionarios, el periódico gubernamental Diario El Salvador acusó en su portada a Estados Unidos de sancionar a Guevara por “introducir una ley de prohibición de pandillas” al tiempo que protege a quienes desde los gobiernos de Arena o el FMLN negociaron con ellas. La nota no hace ninguna referencia a las negociaciones del gobierno de Bukele con la MS13 y el Barrio 18, de las que hay abundantes pruebas.
Entre los salvadoreños sancionados también está el alcalde de San Miguel, Will Salgado, a quien Estados Unidos acusa de tráfico de drogas y lavado de dinero, sin detallar si se refiere a delitos cometidos durante su anterior periodo en la alcaldía entre 2000 y 2015, cuando fue militante de los partidos PDC, Arena, PCN y GANA, o tras su regreso al cargo en 2021 bajo las banderas de GANA y Nuevas Ideas.
Salgado dijo este domingo a El Faro que la acusación de narcotráfico viene de una vieja riña política. “Quien armó esta mala historia fue la OIE y Ricardo González, para con eso supuestamente ganarme las elecciones de alcalde en 2012”, dijo. González es un abogado que compitió por la alcaldía de San Miguel por el FMLN. Durante la campaña, González leyó en televisión un documento supuestamente emanado del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), fechado el 25 de agosto del 2011, que daba cuenta de supuestas actividades ilegales de Salgado. El alcalde afirma que Estados Unidos le canceló su visa poco después de esa campaña, hace diez años.
Según Salgado, ha buscado en varias ocasiones la posibilidad de “aclarar” su versión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, pero no ha tenido respuesta.
La lista incluye además al ministro de Seguridad durante el gobierno arenero de Antonio Saca, René Figueroa, y a su esposa Celina Alvarenga, acusados de lavar y desviar para su uso personal $3 millones de dólares fruto de actos de corrupción.
Corrupción en el sector privado
En Guatemala, la lista incluye por primera vez a empresarios de alto nivel como Ramón Campollo Codina, uno de los zares del sector eléctrico nacional, a quien Estados Unidos acusa de estar implicado en “significativos actos de corrupción mediante el soborno de funcionarios públicos”. Campollo, conocido como “Moncho”, es uno de los mayores empresarios azucareros del país, propietario además de la Corporación de Energías de Guatemala, y fue el principal beneficiado de la privatización a dedo de la generación de electricidad en los años 90 en el país. En 2017 una investigación de El Faro y Eldiario.es vinculó a Moncho Campollo y su familia con un esquema de control de precios del azúcar en Guatemala y con hasta 121 empresas offshore creadas en Panamá por el bufete Mossack Fonseca.
A través de una empresa subsidiaria de uno de sus ingenios, Impulsora Comercial Agrícola, la familia Campollo Codina financió en 2015 la campaña del expresidente Jimmy Morales. El pasado mes de junio, un reportaje de los periodistas guatemaltecos Marvin del Cid y Sonny Figueroa reveló que el grupo empresarial Campollo también fue financista de campaña de Zury Ríos, Sandra Torres, y Alejandro Giammattei en las elección presidencial de 2019.
Steffan Lehnhoff, propietario de Corporación Energías de Guatemala, también aparece en la lista. Lehnhoff, socio y representante también de varias empresas del grupo Campollo, está acusado de sobornar a funcionarios públicos y, con ello, “dañar los objetivos comerciales y políticos de Estados Unidos de mejorar la eficiencia energética”. Un empresario más, Arturo Samayoa, propietario de una compañía de transporte de carga con actividad en dos puertos estatales, aparece en la lista acusado de colusión con funcionarios públicos y de pagar sobornos para garantizarse contratos portuarios.
Estas sanciones parecen ser la respuesta a meses de insistencia por parte de la sociedad civil local y organizaciones internacionales de derechos humanos para que se incluyera en la Lista Engel a representantes clave del sector privado guatemalteco, sospechosos de beneficiarse del sistema de corrupción que opera en el país desde hace años y de financiar a partidos, gobiernos y funcionarios corruptos.
Hasta el momento la administración Biden había contestado a esos reclamos diciendo que necesitaba más pruebas para sancionar al sector privado. “La evidencia que tenemos no es suficiente, o tiende a ser vieja, de casos antiguos, heredada de la CICIG”, dijo a El Faro el pasado mayo un funcionario estadounidense, “Y preferimos atacar problemas actuales”.
El Departamento de Estado parece haber encontrado ahora esas pruebas y sanciona a varios empresarios y exfuncionarios cercanos al presidente de Guatemala: en el documento filtrado el viernes aparecen Mauricio López Camey y su hijo, Mauricio López Oliva, propietarios de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), que son acusados por Estados Unidos de pagar sobornos a cambio de contratos gubernamentales. El medio guatemalteco ElPeriódico identifica a Aspetro como una de las constructoras que más contratos de obra pública ha recibido durante el gobierno de Giammattei, y vincula a López Oliva con el supuesto regalo al presidente, por parte de un grupo de constructores, de la vivienda en la que habita en una zona residencial de Ciudad de Guatemala.
Aspetro era también, hasta 2019, una de las constructoras de cabecera del exministro de Comunicaciones y Vivienda José Luis Benito, que está encarcelado y acusado de múltiples cargos en Guatemala y también se une a los sancionados por la Lista Engel. El Departamento de Estado acusa a Benito de “un importante involucramiento en corrupción al solicitar, aceptar y ofrecer sobornos con el fin de mantenerse en el cargo, recibir compensación de contratistas y facilitar la transferencia del fruto de esa corrupción”.
Aunque Benito enfrenta en su país varios juicios de corrupción y se le acusa de lavar decenas de millones de dólares provenientes de sobornos de empresas constructoras, entre los que destacan 16 millones en efectivo encontrados en octubre de 2020 escondidos en maletas en una casa de Antigua Guatemala, la redacción usada en el documento es una referencia directa al relato de testigos que aseguran que en 2019 el exministro pactó con el hoy presidente Giammattei entregarle para su campaña electoral 2.6 millones de dólares de sobornos a cambio de que lo mantuviera un año más el el cargo, como reveló una investigación publicada por el Faro el pasado febrero.
Estados Unidos sanciona además al actual Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, acusado de boicotear la investigación de esos posibles sobornos a Giammattei y otros posibles actos de corrupción del presidente y de otros altos funcionarios y empresarios. En septiembre de 2021 el Departamento de Estado ya sancionó por esa misma razón a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, a quien acusa de encubrir desde su puesto graves casos y redes de corrupción, y de haber emprendido una persecución ilegal contra una treintena de los fiscales y jueves independientes que inicialmente estaban a cargo de esas investigaciones.
Del sector Justicia también aparecen los magistrados de la Corte Suprema Oswaldo Medina y Vitalina Orellana, el abogado Denis Billy Herrera, el juez Geisler Pérez, la exdiputada Alejandra Castillo y el exrector de la Universidad San Carlos, Estuardo Gálvez, acusados de ser parte de un sistema destinado a copar con jueces corruptos la Corte Suprema y las cortes de apelaciones. El caso es investigado en este momento en Guatemala bajo el nombre “Comisiones paralelas 2020” y estaba bajo la instrucción de la jueza antimafia Erika Aifán, ahora en el exilio.
El año pasado ya fueron incluidos en la Lista Engel, por este mismo caso y otros actos de corrupción, el magistrado de la Corte Constitucional Mynor Moto, los magistrados de la Corte Suprema Manuel Duarte y Nester Mauricio Vásquez, el abogado Juan Carlos Godinez, el empresario Gustavo Herrera, y el exjefe de Gabinete del presidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos.
Otros dos jueces, Erick Santiago de León y Victor Manuel Cruz, se suman a la lista este año acusados de obstruir investigaciones de casos de corrupción y, en el caso de De León, de solicitar sobornos a cambio de fallos favorables en su juzgado.
La lista de 16 ciudadanos guatemaltecos que aparecen en el documento interno del Departamento de Estado se completa con Sofía Hernández, diputada del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y ex vicepresidenta del Congreso, acusada de vínculos con narcotráfico, de usar esa relación para intimidar a oponentes políticos, de solicitar sobornos y de abuso del poder del órgano legislativo para vengarse de enemigos personales.
Hernández era hermana de Henry Hernández Herrera, miembro del cártel guatemalteco “Los Huistas” arrestado en 2021 por lavado de dinero ligado a un caso de tráfico de drogas, y asesinado el pasado enero. Un sobrino suyo, Jean Carlo Castillo Hernández, fue arrestado el año pasado a partir de una solicitud de extradición de Estados Unidos por tráfico de drogas.
El dilema de Xiomara Castro
En el análisis del Departamento de Estado, Guatemala es el país más complejo de encarar de la región porque su problema estructural de corrupción e impunidad involucra a buena parte del sector privado, la mayoría de partidos y múltiples grupos de interés entrelazados, frente a la rocosa simpleza del poder de Bukele, concentrado en su familia y su círculo de confianza. En cuanto a Honduras, una fuente en Washington compara el escenario, tal vez con exceso de confianza, con “el bipartidismo de El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele”.
La actualización de la Lista Engel evidencia un esfuerzo del gobierno estadounidense por sancionar a exfuncionarios de al menos las últimas tres administraciones y así recordar que el historial de corrupción del país no se limita al Partido Nacional de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, sino que alcanza al gobierno de Manuel Zelaya y al partido Libre, que él fundó y que sostiene a la presidenta Xiomara Castro.
La figura hondureña más descatada en la nueva lista es Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia con Zelaya entre 2006 y 2009 y ahora asesor presidencial de Castro. Estados Unidos le acusa de “recibir $2 millones de dinero público desviado del Banco Central de Honduras” y “redistribuirlo entre sus aliados políticos”, en alusión directa al famoso caso de desvío de fondos en 2009 para organizar un referéndum ilegal sobre la reelección de Manuel Zelaya. Por unas famosas imágenes de video en las que quedó grabado cómo se sacó el dinero de la caja de seguridad del banco, el caso es conocido como “el carretillazo”.
El exministro ya admitió en 2014 al canal de televisión Televicentro haber recibido $2,5 millones del Banco Central para contratar personal y comprar materiales destinados a ese referéndum, conocido como “la cuarta urna” y detonante del golpe de Estado que depuso a Zelaya el 28 de junio de aquel año.
Es irónico que hace solo tres semanas, el 28 de junio, Flores Lanza denunciara en una entrevista que exfuncionarios del Partido Nacional estaban buscando la ciudadanía nicaragüense por temor a la justicia estadounidense y posibles solicitudes de extradición. Especialmente porque él mismo gozó de protección política en Nicaragua desde junio de 2015 hasta el pasado febrero, mientras estuvo huyendo de la Fiscalía hondureña, que en 2014 le acusó formalmente del delito que ahora le achaca la Lista Engel.
El hoy asesor presidencial tuvo orden de captura internacional durante los últimos siete años –llegó a sugerir ser juzgado por una Comisión Internacional contra la Impunidad- y solo pudo regresar a Honduras el marzo pasado, e incorporarse de inmediato al gobierno de Castro, gracias a un polémico decreto de amnistía impulsado por Libre para, en teoría, amparar a presos o perseguidos políticos tras el golpe de 2009, pero que en la práctica protege de cargos de corrupción a exfuncionarios del gobierno del esposo de la presidenta.
En agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su análisis una demanda de Zelaya, Flores Lanza y otros exfuncionarios que alegan que los casos en su contra, abiertos unos inmediatamente después del golpe de junio de 2009 y otros en los años siguientes, tenían efectivamente motivación política y no contaron con garantías de debido proceso.
Otros exfuncionarios de Zelaya sancionados por Estados Unidos según el documento son Carlos Montes y Javier Pastor, exministros de Trabajo y de Salud respectivamente, y el actual vicepresidentes del Congreso y diputado clave de Libre Rasel Tomé.
A Montes y Pastor se les acusa de haber aceptado sobornos mientras estuvieron en sus cargos, a cambio de conceder contratos públicos a aliados políticos y acelerar sus pagos. A Tomé se le acusa de haber usado su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para apropiarse ilegalmente de $327,000 en fondos públicos. Tomé, un político de muy alto perfil que ha alternado etapas de máxima cercanía y de confrontación con la familia Zelaya, fue condenado en 2019 a tres años de cárcel por abuso de autoridad en la adjudicación ilegal de un canal de televisión mientras estuvo al frente del CNT.
La ampliación de la Lista Engel también alcanza a otro vicepresidente del Congreso por el partido Libre, Edgardo Casaña, que antes de ser elegido diputado por primera vez en 2014 fue dirigente magisterial. El Departamento de Estado le atribuye “significante corrupción” por haber reestructurado el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) con el fin de redirigir $5 millones de sus beneficios a aliados políticos y futuros votantes. Por ese caso, Casaña fue condenado por la justicia hondureña en diciembre de 2021 e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante seis años, pero la Corte Suprema le autorizó a tomar posesión como congresista.
Casaña defendió el viernes en conferencia de prensa que los referidos $5 millones fueron destinados a un incremento en las pensiones de 20,000 maestros jubilados en 2010: “¿Acaso a 20,000 profesores que entregaron su vida a formar a los hondureños se les puede calificar de aliados políticos?”, dijo, y acusó a Estados Unidos de sesgo partidario: “Ningún golpista ha aparecido en la Lista Engel”.
La lista incluye también al empresario Roberto David Castillo Mejía, integrante del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) durante el gobierno de Zelaya, y condenado a 22 años y medio de cárcel el mes pasado como autor intelectual del asesinato, en 2016, de la líder ambientalista Berta Cáceres. Estados Unidos le incluye en la Lista Engel, formalmente, por adjudicar en 2009 contratos de ENEE a una compañía en la que él “tenía intereses financieros”. Se refieren a la empresa energética DESA, constructora de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en territorio lenca, a la que Cáceres se oponía. Castillo participó en la fundación de DESA usando prestanombres y fue después su presidente ejecutivo. Desde esa posición orquestó el asesinato de la ambientalista, llevado adelante con la participación de empleados de la compañía.
El ministro de la Presidencia de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor, expresó al diario hondureño El Heraldo sus dudas sobre la veracidad del documento filtrado con la actualización de las sanciones: “Esa lista está plagada de errores e imprecisiones por lo que sospecho que es apócrifa”, dijo. El diputado Rasel Tomé aseguró haber recibido de la embajada estadounidense en Tegucigalpa un mensaje de que la lista “no es precisa ni está completa”.
Más relevante que los posibles cambios que sufra al final la lista es el evidente mensaje que contiene el documento filtrado. Estados Unidos quiere que Castro sepa que el apoyo de la Casa Blanca a la lucha contra la corrupción no es partidista y una eventual CICIH —la comisión internacional contra la impunidad que Xiomara Castro prometió en campaña y que ya está negociando con Naciones Unidas— no puede ser usada como arma política.
La designación de personas cercanas a Zelaya, cuyo protagonismo en el gobierno de su esposa ha crecido en los últimos meses hasta permitirle actuar como vocero del Ejecutivo, coloca en una posición difícil a la presidenta. La Cámara de Representantes estadounidense ha incluido en borradores oficiales del presupuesto 2023 referencias explícitas a la necesidad de destinar fondos a la CICIH si esta finalmente se conforma, pero este respaldo financiero podría estar condicionado no solo a que el mandato de la comisión se extienda por más de un periodo presidencial para dotarla de más independencia —algo que ya ha sido avalado públicamente por el entorno de Castro— sino a que no tenga límites legales para perseguir a estructuras corruptas del pasado que puedan albergarse en el actual gobierno.
Luis Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción de Honduras (UFERCO), antes conocida como UFECIC, interpretó la lista de posibles nuevos sancionados como una reivindicación del trabajo de su equipo y de la ya extinta MACCIH, la comisión internacional que operó en Honduras con respaldo de la Organización de Estados Americanos y fue desmantelada en 2020 después de operar solo cuatro años: “Diez de las personas incluidas en la lista Engel ya fueron acusadas ante los Juzgados por UFECIC/MACCIH”, tuiteó el viernes.
Ocho de ellas están de hecho a la espera de condena como parte del caso conocido como “Corrupción sobre ruedas”, que las vincula con una estructura de desvío de fondos a campañas políticas dirigida en su momento por Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández.
Son Juan Ramón Madariaga, exgerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa); Eduardo Ortiz Hawit, exgerente financiero del Banadesa; Élmer Ordóñez, exsupervisor de Controles Internos del Banadesa; Gonzálo Molina, exjefe de suministros de Banadesa; Harvis Herrera, que fue gerente general de la Casa Presidencial; Vanessa Alvarado, exgerente financiera de la Casa Presidencial; Carlos Romero, que fue coordinador del proyecto “Bono 10,000”; y Claudia Noriega, excoordinadora de proyectos del programa “Catracha Card”. El Departamento de Estado los incluye en la Lista Engel por malversar durante el gobierno de Lobo (2010-2014) medio millón de dólares del programa “Bono 10,000”, un plan presidencial diseñado para reducir la pobreza rural.
La Lista Engel ya incluyó en 2021 a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, aunque la sanción a este último se mantuvo bajo reserva hasta que abandonó el poder a finales del pasado enero, poco antes de que Estados Unidos solicitara su extradición para juzgarlo en Nueva York por narcotráfico.
La nueva lista de sancionados hondureños se completa con otro de sus cómplices, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 y también extraditado el pasado mayo para enfrentar cargos de narcotráfico. El Departamento de Estado le acusa de cobrar sobornos a cambio de “facilitar el movimiento de cocaína” por territorio hondureño, en teoría como parte de una estructura de complicidad con carteles nacionales e internacionales controlada por Hernández.
El documento del Departamento de Estado incluye también una veintena de nuevas designaciones en Nicaragua, que es parte de la Lista Engel desde que la Ley Renacer —que recoge una serie de medidas para luchar contra la corrupción del régimen de Ortega— fue aprobada en noviembre del año pasado. En marzo ya hubo una primera inclusión de ciudadanos nicaragüenses: tres miembros del Consejo Supremo Electoral, el líder del Partido Sandinista en la Asamblea Nacional, cuatro diputados sandinistas incluido el presidente de la Asamblea, y una jueza acusada de procesar y descalificar ilegalmente a candidatos de oposición. Ahora enfrentarán sanciones 10 fiscales y 13 jueces de diferentes partes del país, acusados por Estados Unidos de “minar la democracia al detener y sentenciar a líderes prodemocráticos con base en acusaciones vagas o falsas de ‘socavar la integridad nacional’, en juicios fraudulentos” contra líderes de la oposición o activistas de la oposición o simples “ciudadanos que son críticos con el gobierno”.
Nicaragua y su aparente inmovilidad pese a las sanciones internacionales que enfrenta desde hace cinco años alimenta el escepticismo sobre el impacto real que la Lista Engel y las sanciones individuales que incluye. El detalle de quienes integran el listado se puede leer en todo caso como un relato político de la región que no deja de tener valor por ser obvio: cuanto más concentrado está el poder en los países que aparecen en la lista, más concentradas —y en el caso de El Salvador menor número— son las sanciones.
Un funcionario estadounidense reflexionaba el viernes sobre la forma que este registro pueda tomar con el paso de los años: “Puede que tengamos que entrar cada vez en mayor detalle, fijarnos en otras instituciones, en la corrupción municipal…” Al mayor o menor impacto político de la Lista Engel habrá entonces que que añadir su posible utilidad como mapa —incompleto y elaborado por una parte interesada, pero no por ello menos revelador— de la corrupción regional.
*Con reportes de Nelson Rauda.
*Fe de errores: En la primera versión de este texto, publicada la noche del domingo 17 de julio, se decía que Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, fue socio empresarial durante la última década del secretario de Prensa Ernesto Sanabria. El error fue subsanado a las 7:20 de la mañana del lunes 18.
