La falta de sorpresa no le resta gravedad al anuncio que Nayib Bukele ha hecho de buscar la reelección. No solo por tratarse de una violación a la Constitución y las leyes de El Salvador, sino porque el régimen ha eliminado ya todos los contrapesos que servían para que esa Constitución y esas leyes se cumplieran.
“Que el pueblo decida”, dicen los portavoces del engaño, encabezados por el vicepresidente Félix Ulloa –que se pasó media vida defendiendo la prohibición constitucional a la reelección hasta que el oportunismo le transformó la interpretación jurídica–. Pero la Constitución y el estado de derecho no son asuntos de populismos ni de propaganda engrasada con el dinero de los contribuyentes. Sin respeto a la Constitución, sin rendición de cuentas, sin pluralidad, sin división de poderes e independencia judicial, y con represión, tampoco hay elecciones libres ni democracia.
Bukele y su grupo urdieron un plan completo, desde el principio, para terminar con nuestra democracia. Su plan dictatorial, como lo son todos, pasaba por arrebatar todas las instituciones del Estado y concentrar poder; cerrar la puerta a todo disenso, a toda auditoría a su ejercicio público y a toda posibilidad de alternancia.
Su truco para mantener la popularidad mientras llegaban a este punto fue la propaganda, que les funcionó mejor de lo que casi nadie vaticinó. Pero cada paso de este desmantelamiento lo hizo en público, con la complacencia y complicidad de empresarios corruptos, de jueces corruptos, de funcionarios corruptos, de policías corruptos, de soldados corruptos y de ciudadanos cómodos en el silencio.
El primer gran eslabón fue aquel 9 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia, cuando un delirante Nayib Bukele se tomó la Asamblea con el Ejército, amenazando con disolverla si no le aprobaban un préstamo para comprar equipos de seguridad. Nuestro editorial de esa semana ya advertía el camino oscuro en que Bukele metía al país. Titulado Maneras de Dictador, colocaba aquel momento como la hora más baja de nuestra democracia en tres décadas. Solo la comunidad internacional frenó aquella intentona golpista. Apenas comenzaba la conspiración de Bukele.
La pandemia le permitió otro ensayo: el de desobedecer resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y limitar las libertades de los ciudadanos sin cumplir con los procedimientos de ley; allí comprobó que podía violar todas las leyes que quisiera sin ninguna consecuencia.
Su control sobre la población fue compensado con la entrega de víveres y dinero a familias de escasos recursos, lo que aumentó su popularidad. Esos paquetes de alimentos fueron también parte del esquema de saqueo del Estado, con compras de alimentos a sobreprecio a los amigos del presidente y la venta de esos paquetes en el mercado negro por parte del director de Centros Penales y su familia.
Los periodistas de este y otros medios también advertimos del saqueo sistemático de nuestros fondos públicos y la rampante corrupción. El ministro de Salud, Francisco Alabí, compró insumos a sus propios familiares y el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, malversó millonarios fondos públicos. El escándalo fue tal que hasta la CICIES, discreta aliada de Bukele, se vio obligada a abrir doce expedientes por corrupción que trasladó a la fiscalía. Amenazado por esas instituciones del Estado que aún no controlaba, Bukele envió a la Policía a impedir el ingreso de auditores a los ministerios cuestionados y expulsó a la efímera Comisión de la OEA. Si la pandemia le había permitido poner a prueba la lealtad de policías y Fuerza Armada, estos hechos terminaron de confirmárselo.
Un año después, el presidente quitó los fondos del presupuesto dispuestos por ley a las alcaldías, de tal manera que se hizo también del control de qué municipio tendría recursos y cuál no. Los paquetes de alimentos comenzaron a ser distribuidos por candidatos activistas de su partido, Nuevas Ideas.
Su triunfo mayoritario en las legislativas le permitió dar el golpe al poder judicial: la flamante bancada de Nuevas Ideas entró por primera vez a la Asamblea el 1 de mayo de 2021 y en su primera sesión legislativa arrasó con lo que quedaba de institucionalidad. Sus primeros actos fueron decretos redactados en Casa Presidencial y votados por una mayoría bukelista que ni los conocía ni necesitaba conocerlos: destituyeron al fiscal y allí mismo impusieron uno leal a Bukele; destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y allí mismo impusieron a sus propios magistrados, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley. A pesar de la ilegalidad del acto, los magistrados impuestos se instalaron en las oficinas de la Corte acompañados por agentes de la PNC. Patrullas policiales amanecieron al siguiente día rodeando la casa del destituido presidente de la Corte Suprema, que bajo amenaza envió entonces su renuncia al cargo del que había sido depuesto mediante el golpe legislativo. La matonería bukelista se impuso a la ley.
El Faro publicó un editorial titulado Así muere la República, en el que reconocimos que este era un punto más bajo aún en nuestra vida democrática que aquel amago de golpe al Congreso. Decíamos ya entonces: “Al estilo de los grupos de crimen organizado, al régimen instalado por Bukele ya no lo sujetan ni siquiera las limitaciones de la ley al ejercicio del poder público: aquí, ahora mismo, él está por encima del marco jurídico. Él es la ley y su Policía la impone. Por la fuerza. Que su fracción legislativa haya empezado ya a legislar a su medida es un formalismo, la fachada de un nuevo régimen. Aún sin esas nuevas normas, el Estado de Derecho hoy no existe en El Salvador”.
A nadie le sorprendió que la nueva Sala de lo Constitucional, pocos meses después, emitiera su primera resolución avalando la reelección, lo cual fue confirmado después por el Tribunal Supremo Electoral.
El ilusionismo seguía funcionando: la nueva Asamblea instaló comisiones de cacerías de brujas contra todo crítico y opositor, transmitidas por televisión, con el único objetivo de humillar a los interpelados y reiterar la propaganda de que Bukele había llegado para castigar a quienes antes que él dañaron al pueblo. Los diputados llegaron al absurdo de citar al rector de la UCA para “investigar” si la universidad jesuita no era una organización de fachada.
Mientras el circo movía las pistas, Bukele y su grupo cerraron el control de todo el aparato estatal y el acceso a la información pública. La destitución del fiscal permitió desmantelar la unidad especializada que investigaba los casos de corrupción de su gobierno. El espionaje, seguimiento y acoso a sus críticos arreció en este periodo, con la ayuda leal de la PNC y el Ejército, y con poderosas herramientas informáticas como Pegasus.
Vino entonces el esquema fraudulento del Bitcoin, en el que con fondos públicos se crearon empresas privadas como Chivo y el presidente Bukele en sus noches de insomnio aseguraba haber comprado millones de dólares en Bitcoin sin que quedara registro ni de qué partida salían esos fondos ni por qué un ciudadano –Nayib Bukele– disponía de ellos en su teléfono personal; ni adónde se iban o negociaban los bitcoins comprados.
De paso, la Asamblea terminó con el último rincón de independencia judicial, al reformar, otra vez de forma ilegal, la ley de la Carrera Judicial y destituir de un plumazo a la tercera parte de los jueces del país, reservándose la potestad de cambiar de tribunal a su antojo a los restantes. El Faro entonces decretó en coma a nuestra democracia. Dijimos en aquel editorial, hace un año: “Asistimos a pasos agigantados al fin de la República y su sustitución por un clan familiar antidemocrático que utiliza el Estado en su beneficio. Pero para que consigan sus objetivos son necesarios funcionarios y burócratas indignos, oportunistas o corruptos que operen a su favor, y una ciudadanía cegada por la propaganda”.
No se recuperó la República de aquel momento. Ahora está herida de muerte. Somos un país gobernado por un tirano que no encuentra límites ni siquiera en la Constitución.
Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea. Pero en 2024, si repite mandato, será un dictador en toda regla.
El momento en que ha elegido anunciar su candidatura a la reelección y convocar los aplausos de sus seguidores por violar la Constitución ya habla mucho de la naturaleza de su ejercicio: estamos en el séptimo mes de un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel, sin garantías judiciales, a sesenta mil personas, miles de ellas sin vínculo alguno con el crimen organizado; en medio de la peor crisis financiera del país desde el fin de la guerra, debido a la incapacidad de su gabinete, su necesidad populista de gastar para mantener la popularidad, el fracaso de su apuesta por el Bitcoin y el saqueo de fondos públicos perpetrado por Bukele y sus cómplices; y la comunidad internacional repudia su corrupción y su irrespeto a la democracia, las leyes y los derechos humanos.
El engaño es descarado: redujo primero las tasas de homicidios mediante un pacto criminal con las pandillas; sus funcionarios liberaron a líderes criminales encarcelados. Cuando el pacto se le vino abajo aprobaron el régimen de excepción y las detenciones arbitrarias.
Entre los más de sesenta mil salvadoreños encarcelados en estos siete meses de régimen de excepción, no hay un solo funcionario de la administración Bukele acusado de corrupción, a pesar de que son públicas abundantes pruebas de que muchos de ellos están directamente involucrados. Y tanto: según las pesquisas del grupo especial de la fiscalía que investigaba la estructura de saqueo del Estado, esta la encabezan los hermanos del presidente.
El rescate de la democracia no pasa ya solo por la vía institucional y los ciudadanos no podemos seguir pretendiendo que la situación del país es normal. Solo la oposición ciudadana, organizada y decidida, y el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto, que debe obligar al país a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales, podrán frenar pacíficamente la instalación de una dictadura en El Salvador en pleno siglo XXI. Se acaba el tiempo para hacerlo.
