Munir Miguel Bendeck Miguel, empresario con un paso fugaz en el FMLN, es accionista de Negocios y Servicios Bursátiles (NSB), la empresa salvadoreña que más canastas de alimentos vendió al Gobierno de Nayib Bukele. Según documentos de compra en poder de El Faro, la sociedad de Bendeck ganó $22.7 millones en contratos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag) en 2020, el primer año de la pandemia. Otros documentos de la Fiscalía General de República de ese momento y un exfiscal responsable de la investigación Catedral apuntan a que la selección de esta empresa se realizó a dedo por personal del Mag, y a que esos empleados públicos acoplaron los requerimientos de compra a la medida de NSB, y negociaron la adquisición de las canastas con sobreprecios. Por eso, la administración fiscal anterior tenía un proceso abierto en el que investigaba a varios funcionarios y empleados públicos y a Bendeck. El caso se interrumpió cuando el fiscal impuesto por el bukelismo, Rodolfo Delgado, llegó al poder y canceló el Grupo Especial Antimafia y por ende la investigación.
El Mag ejecutó los recursos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), programa estrella del Gobierno, que influyó en el éxito de Nuevas Ideas en las elecciones de alcaldes y diputados de 2021. El PES recibió una asignación de $236 millones, a través de la adjudicación de contratos directos a 55 contratistas, empresas y personas naturales, entre el 23 de marzo y el 10 de julio de 2020. Al menos hasta 2020, Munir Bendeck y su madre Gracia Miguel eran los únicos accionistas de la empresa, según información recabada por la Fiscalía; y, cuando la empresa fue constituida en 2013, Bendeck tenía el 90% de las acciones, y su madre el 10% restante, según la escritura de constitución de NSB.
La investigación Catedral inició durante la administración del exfiscal Raúl Melara y era coordinada por el exfiscal Germán Arriaza, quien creó en noviembre de 2019 el Grupo Especial Antimafia (GEA) para investigar negociaciones de políticos del actual Gobierno con pandillas. Tras la publicación de agosto de 2021 en El Faro, que reveló esos vínculos, ese grupo comenzó a recoger pruebas de las negociaciones con las tres pandillas. Luego de una serie de escuchas telefónicas y seguimientos, la Fiscalía descubrió otros ilícitos, como el robo y venta de sacos de alimentos por parte del director de Centros Penales, Osiris Luna.
El equipo del exfiscal Arriaza identificó un organigrama de control gubernamental, en cuya cúpula, a la que llamaron 'Centro de poder', incluyeron a Karim Bukele, Ibrajim Bukele y Yusef Bukele (hermanos del presidente que no ostentan ningún cargo oficial); también a su primo, el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah; al tío y secretario de Comercio, Miguel Kattán; a la coordinadora de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a un grupo de asesores venezolanos liderado por Sara Hanna, y a varios funcionarios del Ejecutivo. Según una presentación de la investigación Catedral, algunos funcionarios y asesores habían sido intervenidos telefónicamente por la Fiscalía, algo que este medio pudo confirmar al acceder a otra presentación del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía (CITE). En esa amplia investigación se enmarcaba también el seguimiento a la empresa proveedora de paquetes de alimentos. El 1 de mayo de 2021, cuando asumió la Asamblea con mayoría oficialista, destituyeron al fiscal general y nombraron en su lugar a Rodolfo Delgado, quien como una de sus primeras medidas desmanteló al GEA. En declaraciones a Reuters, el exfiscal Arriaza dijo que antes de exiliarse presentó los hallazgos al actual fiscal.
Catedral también tenía un apartado con irregularidades identificadas en la adjudicación de una decena de contratos por $71 millones del PES. La empresa de Bendeck, resultó beneficiada con tres de esos diez contratos bajo sospecha de la Fiscalía: $22.7 millones equivalentes a 1.4 millones de despensas de alimentos: 1.3 millones de “cestas” y 100,000 “canastas”, según las órdenes de compra.
En una presentación de Catedral fue incluida una ficha que describe que Bendeck y su madre son accionistas de NSB. También aparecen otras dos láminas donde mencionan los nombres de técnicos investigados por supuestamente falsificar documentos de los expedientes de compra de NSB. Un exfiscal que participó en la investigación Catedral dijo a El Faro en octubre de 2021 que Bendeck fue incluido en la investigación tras los allanamientos a las oficinas del Mag (el 9 de noviembre de 2020). “Bendeck es una pieza clave en la estructura de corrupción que se enriqueció durante la pandemia… Su empresa fue elegida a dedo por personal a cargo del exministro de Agricultura (Pablo Anliker). (A Bendeck) Lo beneficiaron por su cercanía y por ser persona de confianza de dos de los hermanos del presidente Bukele”, dijo la fuente. En julio de 2021, cuando ya no fungía en el cargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Anliker en la lista Engel, acusándolo de que “malversó fondos públicos para su beneficio personal”.
Las pesquisas apuntaban a la participación del exministro de Agricultura, pero los fiscales sospechaban que no era el único beneficiario en esos contratos. “Estábamos en proceso de documentación de esos indicios”, dijo el exfiscal consultado, que solo accedió a dar algunas pistas concretas que, de forma independiente, fueron confirmadas por este medio.
Lo dicho por este fiscal se contrastó y verificó en el Registro de Comercio de El Salvador, con documentos de la oficina de compras del Ministerio de Agricultura y con documentos obtenidos en Estados Unidos, México y Brasil. El Faro tuvo acceso a informes de inteligencia financiera, de la filtración conocida como #FincenFiles, de Fincen, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que entre sus responsabilidades analiza transacciones bancarias y emite alertas ante sospechas de posibles ilícitos: los documentos fueron obtenidos por Buzzfeed y compartidos a El Faro por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). También fueron consultados documentos del Registro Inmobiliario de Florida y registros aduaneros de México y Brasil, facilitados por la plataforma Investigative Dashboard, de la red de periodistas Organized Crime Corruption and Reporting Project (OCCRP).
En 2020, NSB multiplicó 25 veces sus 'activos totales' en comparación con 2019. Lo hizo en plena pandemia. Los 'activos totales' de una empresa son cuentas por cobrar, bienes inmuebles, efectivo en bancos, inventario de productos, propiedades y equipo de la empresa. Esto representa un incremento porcentual de 2,373%. Según datos del Registro de Comercio de El Salvador, en 2019, NSB declaró 'activos totales' por $398,719.65. Un año después, en 2020, NSB declaró $9.8 millones. Ese crecimiento fue posible gracias a contratos con el Gobierno de El Salvador.
Las 'utilidades del ejercicio actual' de NSB -que son la ganancia que resulta de restarle a los ingresos los costos de operación, gastos de operación e impuestos- también aumentaron durante la pandemia, según información declarada por la empresa al Registro de Comercio de El Salvador. Entre 2013 y 2019, la empresa de Bendeck declaró utilidades por $107,170.30. Y solo durante los dos años de la pandemia (2020 y 2021), declaró utilidades por $1,934,258.89. En 2020, NSB también adquirió un 'préstamo bancario' por $1,000,000 con un banco estatal y acumuló 'cuentas y documentos por pagar' a 'proveedores del exterior' por $2,325,315.82, según el balance de NSB de 2020.
El 19 de agosto, El Faro pidió la versión de Presidencia de la República, a través de una carta enviada al correo y al Whatssap del secretario de Prensa Ernesto Sanabria, y también a la oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y a la Fiscalía General de la República. Pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta de estas instituciones. El Faro pidió la versión del secretario y del presidente de la junta directiva de NSB por correo electrónico. También llamó por teléfono a las oficinas de NSB, reportadas por la empresa en sus redes sociales, pero quien contestó aseguró que ahí no era NSB, sino una empresa que vende cámaras de videovigilancia. El 22 de agosto, la junta directiva de NSB, a través de su abogado, envió una carta en la que respondieron cinco preguntas de El Faro, pero no respondieron a la petición de entrevista con su accionista mayoritario: Munir Bendeck. El Faro había solicitado esa entrevista a la empresa desde el día viernes 19. Este martes 23, al final del día, la empresa envió una nueva carta con respuestas a repreguntas, pero la información aportada no resultó sustancial para el artículo, pues ante dos de los cuestionamientos prefirieron no otorgar la información solicitada y ante uno más expusieron que la desconocían. El último correo del representante legal de la empresa cerraba advirtiendo: 'nos reservamos el derecho de tomar las medidas legales que sean necesarias para resguardar la intimidad y el honor de los socios, accionistas y personal de NSB, que se vea perjudicado a futuro por alguna negligencia'.
Consultado por estos pasivos, la junta directiva de NSB respondió que el préstamo bancario fue en concepto de 'crédito para capital de trabajo'. 'Este se obtuvo cumpliendo todos los requisitos legales y financieros solicitados por el banco', dice la carta de NSB enviada a El Faro.
Tras los allanamientos de noviembre de 2020 a las oficinas de Agricultura, los fiscales de Catedral comenzaron a investigar a Bendeck y detectaron un cambio en el estilo de vida del dueño de NSB. “Su nivel de vida no se corresponde con su pasado reciente. Detectamos compras de bienes inmuebles de lujo en el extranjero, en Miami”, dijo el exfiscal. El exfiscal no especificó a detalle a qué inmuebles se refería, pero en septiembre de 2021, cuando el Grupo Especial Antimafia ya había sido disuelto, Bendeck registró la compra a su nombre de un apartamento en el exclusivo Paramount Miami Worldcenter, en Florida. Dicha propiedad está valorada en más de $1 millón, según el avalúo de la propiedad registrado en Miami Dade.
A parte de ser proveedor, según el exfiscal que participó en el caso Catedral, Bendeck fue una pieza clave en la importación de alimentos comprados en México. Registros aduaneros de ese país muestran que, en 2020, uno de los proveedores de NSB era la empresa mexicana Comercializadora Columbia. Un reporte de inteligencia financiera de Fincen, elaborado en 2016 en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), mencionó a Comercializadora Columbia como receptora de pagos de Molinos San Juan, una empresa que aparecía investigada por lavado de dinero, fundada por José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo y vinculado al Cártel de Texis. El 27 de abril de 2020, Molinos San Juan, bajo administración del Gobierno, a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), recibió un contrato de $2,881,500 para “maquilar” canastas y cestas de alimentos del PES.
Hasta antes de la destitución del exfiscal Melara, el 1 de mayo de 2021, el entonces ministro de Agricultura Anliker y funcionarios de bajo rango de dicha cartera -involucrados en las compras realizadas durante la pandemia- estaban siendo investigados por distintos delitos. Según documentos de Catedral, Anliker sería acusado de incumplimiento de deberes y Bendeck era una personaje clave en dicha acusación, aunque el fragmento del expediente no profundiza en los hallazgos que llevaron a esa conclusión.
Sin embargo, documentos del Mag, obtenidos por El Faro, muestran un patrón en la asignación de contratos directos que contaron con el aval y la firma de Anliker, sin que él justificará por qué no se invitó a otros proveedores a presentar ofertas. El 7 de abril de 2021, Anliker renunció al cargo de ministro, pero ese mismo día fue nombrado viceministro del Mag, cargo que ocupó hasta el 31 de mayo de ese año. Semanas después, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos.
Bendeck es un ex precandidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán por el FMLN en las elecciones de 2015. Lanzó su candidatura en un municipio gobernado durante 34 años por el partido Arena, pero se retiró de la competencia en noviembre de 2014, por problemas con las bases del partido. Su postulación, según un miembro de la directiva departamental del FMLN de ese entonces, no había nacido del interior del partido, sino de una recomendación de la familia de Nayib Bukele, quien en ese momento (2015) era el candidato a alcalde de San Salvador, también por el FMLN. Bendeck tenía entre sus propuestas electorales realizar las compras de la Alcaldía a través de la Bolsa de Productos (Bolpros), un mecanismo bursátil.
Cuando propuso esa idea en su plataforma de 2014, tenía casi dos años de haber fundado una empresa que operaba como intermediaria en la bolsa: Negocios y Servicios Bursátiles (NSB), constituida el 18 de junio de 2013 por Bendeck, quien suscribió el 90 % de las acciones.
Esta empresa tiene antecedentes: había sido sancionada en El Salvador. El 6 de abril de 2017, la Superintendencia del Sistema Financiero ratificó una decisión del Consejo Directivo de Bolpros, que invalidó el permiso de NSB para operar en la Bolsa. La información sobre los motivos de la sanción fue declarada confidencial. La Ley de la Bolsa de Productos establece que una empresa pierde su permiso ante faltas graves, como registrar o negociar operaciones simuladas o fraudulentas, efectuar operaciones fuera de las Bolsas, suministrar información deficiente, mora en el pago de cargos que cobren las Bolsas, pérdida de solvencia económica o financiera, incumplir reglamentos de las Bolsas y cambiar titulares, socios o accionistas sin autorización de la Bolsa.
Según las órdenes de compra 036/2020, 055/2020 y 043/2020, el Gobierno acordó pagos a la empresa en mayo de 2020, a una cuenta corriente en el Banco Agrícola. El 2 de mayo, el Mag compró 950,000 cestas solidarias, por un monto de $9,500,000; y el 14 de mayo realizó dos compras más: una de 400,000 cestas, por $10 millones, y otra de 100,000, por $3,232,000.
En los expedientes de la oficina de compras del Ministerio, los técnicos del Mag no explicaron por qué la diferencia de precios unitarios de las canastas en las órdenes de compra ni por qué fraccionaron en tres partes el proceso de compra. En la primera compra, por cada cesta de alimentos, el Gobierno pagó $10; en la segunda, $25; y en la última compra, $32.32, según las órdenes de compra. Consultado al respecto, el exfiscal del caso dijo que había indicios de compras con montos inflados: “sospechamos que se compró con sobreprecios a empresas que no tenían la capacidad de proveer esos servicios”, dijo.
En noviembre de 2020, el Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía comenzó a investigar la supuesta falsificación de documentos con los que la oficina de compras del Mag justificó la decisión de contratar a un grupo de proveedores del PES.
La empresa NSB dice que el Mag los buscó para ser proveedores y lo atribuyen a que antes habían obtenido contratos del Ministerio de Educación. En 2018 y 2019, la empresa, según Comprasal, recibió contratos para proveer azúcar y bebida fortificada. Los contratos, sin embargo, eran menores a un millón de dólares: en diciembre de 2019, $307,988, por 'azúcar cruda'; en mayo de 2019, $209,832, por 'azúcar cruda'; en abril de 2019, $235,092, por 'bebida fortificada'; mientras que, en 2018, registraron un contrato para proveer 'bebida fortificada' por $176,696. 'Hemos sido proveedores del programa de alimentación y salud escolar desde 2014', aseguró la junta directiva de la empresa.
Contratos a la medida de NSB
Según documentos de Catedral, cuatro empleados de la oficina de compras, subordinados a la administración de Anliker en el Mag, eran sospechosos de dos delitos: incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada. También una administradora de contratos iba a ser acusada por incumplimiento de deberes, por omitir llevar controles de los productos recibidos.
A Anliker y al director de la oficina de compras institucionales (OACI), Lorenzo Corpeño, se les acusaría de incumplimiento de deberes, porque los fiscales tenían indicios de que seleccionaron a dedo a NSB y a otros siete contratistas.
“P. Anliker instruyó a la OACI a invitar a participar directamente a personas naturales y jurídicas, sin realizar un sondeo de mercado”, atribuyen a Anliker. De Corpeño, los fiscales de Catedral señalan una falta similar: “invitó a participar a personas naturales y jurídicas sin que estas cumplieran con la capacidad técnica y financiera para cumplir con lo requerido”.
Según Catedral, en dos contratos, uno por $9.5 millones y otro por $3.2 millones de mayo de 2020, los técnicos del Mag hicieron constar una oferta de la empresa NSB distinta a la recibida. “Ezequiel Urías Aguilar Tobías, Carlos Jesús Argueta Orellana (ya fallecido), Amilcar Daniel Alvarenga y Luis Miguel Segovia insertaron información falsa en el documento cuadro técnico”, según el expediente Catedral. “Específicamente, insertaron información en las ofertas presentadas por la sociedad NSB, SA de CV”, añade.
Los fiscales señalan que NSB estaba en la capacidad de entregar 750,000 despensas, pero los técnicos del Mag consignaron que podía entregar 950,000 para justificar una primera compra. La empresa omitió describir las características de los productos ofertados, pero los técnicos aseguraron que la empresa iba a entregar en cada canasta “2 litros de leche UHT, 2 libras de arroz blanco, 2 latas de sardina, 2 pack de frijol rojo molido, 2 latas de atún, 1 margarina, 1 paquete de galletas best xl y una leche en polvo marca Pinito”, según consta en una presentación de Catedral.
Los fiscales concluyeron que esa irregularidad se repitió en la segunda compra. Según la investigación, los técnicos aseguraron que la empresa incluiría en cada canasta cuatro bolsas de harina de maíz de dos libras, cinco libras de frijol rojo, dos kilos de arroz, una botella de aceite, tres bolsas de leche de 360 gramos, un kilo de pasta, cuatro salsas de tomate de 160 gramos, un paquete de galletas de 12 unidades, dos kilogramos de azúcar, tres Shakalaka de 200 miligramos y dos jugos de néctar de cuatro onzas. A diferencia de lo descrito por los técnicos que aceptaron la propuesta, según Catedral, NSB solo había ofertado entregar “canastas PES”, sin describir el tipo de producto que entregaría.
Los técnicos del Mag tampoco aplicaron los controles que establece la Ley de Compras a la hora de dar por recibidos los productos comprados a NSB. “No detallaron los productos recibidos. Solo se describen como canastas alimentarias, PES”, dice el documento fiscal sobre el primer contrato por $9.5 millones. En el segundo contrato, por $3.2 millones, la Fiscalía concluyó que la empresa no entregó algunos productos. “No entregaron la pasta de 1 kilogramo, el Shakalaka y los néctares de frutas. En su lugar, incluyeron cuatro latas de sardinas sin especificar marca o detalle alguno del producto”, según el expediente fiscal.
Esa irregularidad también fue señalada por los investigadores en los informes relacionados a la tercera compra, por $10 millones. Según Catedral, la administradora de contrato de parte del Ministerio, Marta Elena Patiño Andreu, omitió verificar los productos que NSB entregó: “En el acta de recepción, la administradora no detalló los productos recibidos, únicamente los describe como canastas alimenticias (sic)”.
El Faro solicitó a la empresa NSB una copia de la oferta enviada al Mag, pero la directiva de la empresa pidió solicitar esa información al Mag. Los directivos de NSB negaron tener conocimiento de alguna investigación de la Fiscalía y dijeron solo estar enterados de que la Corte de Cuentas realizó un informe de examen especial al Mag, relativo al proceso de adquisición, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria. 'En ese informe no se encontró ningún hallazgo relacionado con NSB, lo que indica que no se encontró ninguna anomalía en las contrataciones que nuestra empresa realizó con el Mag', aseguró la junta directiva de NSB.
Desde marzo de 2020, el Mag ordenó mantener en secreto toda la información de compras del PES y, en septiembre de ese año, la institución justificó negar información porque estaba activa una auditoría de la Corte de Cuentas. A pesar de que en febrero de 2021 fue publicado en la página de la Corte el informe que detectó irregularidades, como compras de alimentos sin registro sanitario y la importación de alimentos no aptos para el consumo humano que fueron destruidos en bodegas de Cifco y CEL, el Gobierno mantiene bajo reserva los expedientes de compras del Mag. Los auditores de la Corte de Cuentas tacharon en el informe final los nombres de las empresas y personas naturales relacionadas con las irregularidades.
El apartamento en Miami
La bonanza de contratos con el Gobierno significó “utilidades” sin precedentes para la empresa de Bendeck. En dos años, que incluye 2020 y 2021, NSB generó utilidades por $1,934,258.89, cuando en un periodo mayor de seis años, que abarca de 2013 a 2019, las utilidades de la empresa suman $107,170.3, según estados financieros presentados por la empresa al Registro de Comercio de El Salvador.
Al 31 de diciembre de 2021, según el estado financiero de 2021 de la empresa, NSB aún mantenía cuentas por cobrar al Gobierno: el Mag no le había pagado $2.8 millones (de los tres contratos de $22 millones); el Mined le debía $220,000 y Hacienda le debía $207,180.1.
Un exfiscal de Catedral dijo que sospechaban que, con estos ingresos millonarios, provenientes de fondos públicos, Bendeck compró bienes de lujo. El Faro conversó con este exfiscal en distintas ocasiones. Sin mostrar documentos, mencionó la compra de distintos bienes inmuebles, incluido un apartamento en Miami. La pista se la dio a este medio cuando ya se había disuelto el Grupo Especial Antimafia, en octubre de 2021.
El 9 de septiembre de 2021, Bendeck registró la compra de un apartamento de 2,188 pies cuadrados (203.27 metros cuadrados) en un condominio exclusivo en Miami. Se trata del edificio Paramount Miami Worldcenter, construido en 2019, con vista panorámica a la bahía y a la ciudad, según documentos de compraventa y del registro público.
Consultado por la compra de este apartamento, la junta directiva de NSB dijo a El Faro que las finanzas personales de los socios de la empresa están fuera del interés de la sociedad y que preferían no hacer un pronunciamiento, pero aseguraron que la empresa no ha registrado en sus balances el pago de dividendos a accionistas. 'En los balances de la empresa, de los años 2020 y 2021, la empresa no ha realizado ninguna repartición de dividendos, por lo que cualquier adquisición realizada por parte de los socios, no se encuentra directamente relacionada a los ingresos de NSB', dice la junta directiva de la empresa. Bajo esta lógica, Bendeck, socio de NSB, adquirió el apartamento de Miami aún sin haber recibido los dividendos producto de los dos años de bonanza en El Salvador que su empresa tuvo durante la pandemia.
El apartamento está ubicado en 851 NE 1 Avenue, Unit 1411, Miami Florida 33132-1704 y, según el registro inmobiliario de la ciudad (Miami Dade), la propiedad de Bendeck se encuentra valorada en $1,177,000.
Un año después de la bonanza que trajo la pandemia, los activos de NSB se derrumbaron en un 34%: de $9.8 millones, registrados en 2020, pasaron a $6.5 millones, en 2021, según el balance de la empresa inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador. Esta reducción puede explicarse porque en 2020 la empresa acumuló 'pasivos corrientes' ('préstamos' y 'documentos y cuentas por pagar') y al año siguiente las saldó. Al 31 de diciembre de 2020, NSB tenía pendiente el 'pago a proveedores en el exterior' a empresas a las que compró productos y tenía un préstamo recién aprobado por el Banco Hipotecario de El Salvador. Al 31 de diciembre de 2021, NSB estaba libre de esos dos pasivos.
De un año al siguiente, la empresa de Bendeck pagó un 'préstamo bancario' de $1,000,000 con el Banco Hipotecario y movió fuera del país $2,325,315.82, en concepto de 'pago a proveedores en el exterior', según el balance de la empresa de 2021.
Entre los proveedores internacionales de NSB estaba la empresa brasileña Tdx Trading, que ganó un contrato por $10,047,000 del PES para proveer espaguetis, y Comercializadora Columbia, que recibió $16,141,500.00 del PES para proveer maíz blanco no transgénico y arroz precocido. El Faro preguntó a NSB con qué otros proveedores del Gobierno mantuvo relaciones comerciales en 2020, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En 2020, Comercializadora Columbia envió cinco cargamentos valorados en $1.6 millones y consignó que la receptora de los cargamentos era la empresa NSB, con dirección boulevard del Hipódromo, Edificio 329, San Salvador, según registros aduaneros del Puerto de Manzanillo, en Colima, México.
El Faro visitó el edificio 329 en la Zona Rosa el 19 de agosto de 2022. El acceso al segundo nivel, donde están las oficinas, lo custodian hombres vestidos con guayaberas blancas y grises, pantalones negros y armas a la cintura. Consultado sobre si en ese edificio está NSB, un vigilante respondió: 'No, aquí es Global Media, una empresa de marketing', dijo y negó conocer dónde estaba NSB: 'No, no tengo idea dónde es eso', añadió. Global Media es una empresa de publicidad fundada en septiembre de 2016 por Pedro Víctor Dumas Santamaría, conocido como Peter Dumas, quien actualmente es el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), en Presidencia de la República. La empresa también reporta en sus redes sociales que tiene sus oficinas en el edificio 329.
Órdenes de compra adjudicadas a NSB por el Ministerio de Agricultura
