La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó a las 11 de la mañana de este 10 de diciembre tres fólders con documentos desclasificados sobre la masacre al juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Es el primer avance en el proceso desde que el juez Jorge Guzmán fue destituido. Tres horas más tarde, Presidencia convocó a un acto en el que el presidente Bukele Bukele recordó que la “Embajada de Estados Unidos en El Salvador negó la masacre, a pesar de que fueron periodistas estadounidenses los que la llevaron a la luz”.
Ambos eventos ocurrieron después de una semana en la que Washington emitió sanciones económicas y políticas contra tres funcionarios de la administración Bukele y en la que el Departamento de Estado acusó directamente de corrupción y de pactar con pandillas al gobierno salvadoreño.
La convocatoria de prensa anunciaba que Bukele colocaría “la primera piedra para la construcción de la concha acústica” del caserío El Mozote, aunque la plaza central ya tiene una concha acústica, inaugurada en febrero de 2017. Aunque el evento de la Embajada ya estaba calendarizado, una fuente del juzgado de Gotera dijo a El Faro que fueron ellos quienes suspendieron la visita y solo entregaron los documentos.
Presidencia anunció su actividad hasta la mañana del viernes 10 de diciembre, pero hay indicios de que ocurrió un cambio de planes. El 7 de diciembre, la Asociación de Víctimas de El Mozote (APDHEM) informó el programa de la conmemoración en el que incluía la participación del viceministro de Gobernación, Raúl Juárez Cestoni. Sin embargo, Leonel Tobar Claros, presidente de APDHEM dijo en la mañana del 10 de diciembre que el viceministro canceló su participación tras el anuncio del evento presidencial.
Bukele, cuya administración dejó de conmemorar el aniversario por los Acuerdos de Paz, llegó por segundo año consecutivo a El Mozote. En diciembre de 2020, aprovechó para hacer campaña política, a dos meses de las elecciones municipales y legislativas. Este año, el presidente de la República llegó al evento pasadas las cinco de la tarde, tras más de tres horas de espera de parte de los lugareños curiosos y animados por la posible presencia del mandatario. Pero la puesta en escena inició antes de la llegada de Bukele.
A eso de las dos de la tarde del jueves 9 de diciembre se empezó a quitar el techo de la casa comunal y a botar una caseta anexa. Así lo cuenta la encargada de una tienda cerca de la plaza central donde se venden sodas, tamales y yucas. En ese espacio, denunciaron algunos artesanos de la zona, vendían sus productos. Y por ello, expresaron su descontento por haber perdido de un día a otro el espacio. Sin embargo, tienen la promesa de que se les construirá algo mejor.
En la plaza central de El Mozote hay un monumento a las víctimas, donde se leen los nombres de los asesinados en la masacre y sus edades. Hay niños y niñas cuya edad aparece mostrada con un cero. Es decir, bebés que fueron asesinados antes de poder cumplir su primer año de edad. Por eso, porque es un lugar de respeto y homenaje, hay un cartel azul al lado que pide a los y las visitantes 'apagar los celulares o ponerlos en modo de vibración'. Pero esa sugerencia no fue tomada en cuenta. Mientras se preparaba la llegada del presidente y se colocaban las luces para que él estuviera bien iluminado, sonaba música melódica de tecno, como si de una fiesta de coctel se tratara. A unos metros de donde el presidente hablaría, ya se habían colocado dos excavadoras hidraulicas alrededor de la casa comunal que ya estaba sin techo. La primera era para el 'acto simbólico' de demolición que luego presenciaría Bukele y la segunda estaba colocada en un lateral del edificio a manera de utilería de decoración.
Bukele llegó pasadas las cinco de la tarde en helicóptero y anunció a los lugareños las obras de inversión que se realizarían en El Mozote. Reconoció que en la zona murieron incluso niños y niñas hace cuarenta años. A las 5:20 pm también anunció que este año, como el año pasado, también dará regalos navideños para la niñez del caserío, a lo que el público aplaudió. Cuando dejó de mostrar los renders de las obras que se construirán en la zona, abandonó la plaza. No hubo ni un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas de la masacre. Leonel Claros dijo que la asociación de víctimas no fue invitada al evento presidencial.
Posteriormente, el presidente se dirigió hacia la zona de las retroexcavadoras, donde una de ellas terminó de destruir una caseta para hacer espacio a una nueva obra. Cuando el ruido de la retroexcavadora terminó, algunas personas lugareñas aprovecharon para tomarse una selfie con el presidente. Pronto, una ex periodista de televisión, ahora empleada de comunicaciones del gobierno, se mezcló entre los lugareños y empezó a aplaudir, a lo que solo un par de personas más se sumaron. Luego la ex periodista y empleada gubernamental empezó a vitorear '¡Nayib, Nayib, Nayib!', pero en esta ocasión, nadie se le unió. 'Nadie le siguió la corriente', dijo entre sorpresa y burla una lugareña que buscaba tomarse foto con el presidente.
La entrega de documentos por Estados Unidos
La entrega de documentos es la primera noticia en dos meses de un caso que está paralizado desde el cese del juez Jorge Guzmán, a finales de septiembre. Guzmán fue cesado como consecuencia de un decreto de la Asamblea Legislativa que obligó a los jueces mayores de 60 años a dejar sus cargos.
Los documentos son una respuesta del gobierno de Estados Unidos a una petición que Guzmán hizo en enero de 2020. Guzmán pidió al Departamento de Estado que entregaran documentos del Departamento de Defensa, la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otras agencias de defensa o inteligencia.
La respuesta, casi dos años después, es un reconocimiento implícito de Estados Unidos al trabajo de Guzmán. Usualmente, para pedir un auxilio judicial, un juez salvadoreño debe seguir una serie de trámites ante la Corte Suprema de Justicia y, luego, con Cancillería. Guzmán argumentó que no había una prohibición legal para hacer la petición directa y se saltó esos pasos. Estados Unidos avaló el procedimiento y responde de esta manera.
El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, no participó en el evento del gobierno pero estuvo un día después en El Mozote, en la actividad de las víctimas. 'O'Brien explicó que se trata de documentos desclasificados de nuestro Departamento de Defensa solicitados por el juzgado encargado de la investigación. Continuaremos agregando y ayudando a preservar los registros de El Mozote tanto como podamos'. O'Brien, que volvió a la cabeza de la misión diplomática estadounidense tras la salida de Jean Manes, también dijo que su gobierno 'ayudó recientemente a digitalizar los registros legales relacionados con la investigación de la masacre de El Mozote'.
Es incierto lo que ocurra con esos documentos y con el caso. Los documentos, en inglés, se agregan a un expediente que ya tiene unas 40,000 páginas. El juzgado no tiene actualmente a un perito o experto que haga un estudio del contenido. Terry Karl, la mayor experta en documentos de la guerra civil salvadoreña, testificó y entregó en abril su peritaje sobre documentos estadounidenses y salvadoreños. Karl identificó a toda la cadena de mando del Ejército para el momento de la masacre y reveló la presencia de asesores estadounidenses junto con el comandante Domingo Monterrosa, durante el operativo.
Antes de que el juez Guzmán fuera destituido, todavía quedaba pendiente la declaración de la perito Velia Muralles, que ha analizado los documentos que ha entregado el gobierno salvadoreño, así como del archivo de la iglesia católica. Luego, en agosto, defensores de militares intentaron llevarse el caso de San Francisco Gotera a Osicala, pero a finales de noviembre una cámara consideró que ese argumento era inválido y devolvió el caso a Gotera.
Óscar López Jerez, impuesto como presidente de la Corte Suprema de Justicia tras la destitución de cinco magistrados en mayo, dijo que ha expresado a la nueva jueza, Mirtala Portillo, 'total respaldo con todos los recursos que sean necesarios para que el referido proceso avance significativamente, hasta su pronta finalización'. López Jerez djo que se contrató 'más personal' para el juzgado. El Faro pidió a la unidad de comunicaciones de la Corte más información sobre el personal contratado pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. Una fuente relacionada al caso, que pidió no ser nombrada, dijo que la contratación es de una persona y obedece a que en septiembre renunció uno de los dos colaboradores que ya trabajaban en la investigación.
La jueza Mirtala Portillo no ha hecho ninguna declaración pública sobre sus intenciones o su postura con el caso. Hasta el momento, su participación ha consistido en aceptar escritos de las partes, según David Morales, abogado de las víctimas. “No ha habido actuaciones de ella, pero no podía haber actuaciones hasta hace dos semanas porque el caso estaba en la Cámara. Había dado recepción a escritos nuestros, de la defensa, y de la comisión de búsqueda de niños”, dijo Morales.
Aún así, Morales y el resto de la querella de El Mozote han movido pieza contra el nombramiento de la jueza Portillo. Este 9 de diciembre, las organizaciones Cristosal y Tutela Legal presentaron demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por lo que consideran irregularidades en el procedimiento que llevó a Portillo a este juzgado. “El cese del juez Guzmán es un acto inconstitucional. El decreto 144 (que cesa a los jueces) es inconstitucional, con fines políticos pero ni siquiera exonera a la corte de seguir el proceso debido para nombrar jueces”, dice Morales. Argumenta que el proceso de selección y propuesta de jueces debe realizarlo el Consejo Nacional de la Judicatura, tal como está regulado en la ley. Como esto no ocurrió así, genera “un vicio de nulidad”, según Morales. “No es un cuestionamiento a la calidad profesional de la jueza, sino una demanda contra la Corte”, aclaró Morales.
Una conmemoración sin apoyo gubernamental
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) planificó sus actos de conmemoración de la masacre sin ningún apoyo del gobierno. “Es un aniversario completamente comunitario. No nos están apoyando prácticamente en nada”, dijo Leonel Tobar Claros, presidente de la asociación.
Durante los últimos seis años, la conmemoración era organizada por la Procuraduría de Derechos Humanos, que coordinaba aspectos logísticos, el programa y la convocatoria. Este año, APDHEM quiso recuperar el sentido comunitario del acto, en lugar de un evento protocolario donde las víctimas se sientan a escuchar discursos. Cuando expresaron esta posición a la PDDH, la institución declinó participar. “De parte de la Procuraduría no estamos recibiendo ningún apoyo. Los otros años ellos daban transporte, alimentación, además de montar el evento. Ahora ellos querían poner logotipos y banderas de la institución pero no dar ni un dólar para un mínimo de cosas aquí”, explicó Tobar.
La Procuraduría no respondió a una solicitud de El Faro sobre porque no estaba colaborando con las víctimas en la conmemoración. En su lugar, la PDDH convocó a un acto propio de conmemoración en San Salvador, el 11 de diciembre. El procurador Apolonio Tobar ha tenido un papel anecdótico desde que el 1 de mayo la Asamblea dominada por el oficialismo destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal general y los sustituyó por aliados.
El acto de las víctimas se llevó a cabo el sábado 11 en El Mozote y participaron representantes de Naciones Unidas, así como el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien. 'Reconocemos que la búsqueda de la verdad y la justicia continúa. Estamos aquí para reiterar nuestro apoyo a sus esfuerzos', dijo O'Brien. 'Tienen el derecho a conocer la verdad y a que los responsables comparezcan ante la justicia. Todos tenemos la obligación de ayudarlos', agregó.
