Una empresa de Ernesto Castro, hoy presidente de la Asamblea Legislativa, y de su esposa, Michelle Sol, ministra de Vivienda, recibió, entre 2010 y 2011, $504,000 provenientes de la partida secreta de la Presidencia de Mauricio Funes, en concepto de servicios de elaboración de alimentos y administración de la cocina de Casa Presidencial. Esa contratación no siguió los procedimientos de la Ley de Compras -vigente en aquel momento- que exigía competencia para seleccionar al proveedor de esos servicios que fueron escogidos a dedo, según lo confirmó el mismo expresidente Funes, quien huyó en septiembre de 2016 a Nicaragua para evitar cinco procesos judiciales por corrupción, y quien el 30 de julio de 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense del régimen del dictador Daniel Ortega.
Los pagos, realizados entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, fueron recibidos por la Sociedad Castro Sol S.A de C.V (Casol), a través de cheques y remesas provenientes de cuentas bancarias del Banco Hipotecario utilizadas para administrar la partida secreta, conocida como “54315 Gastos Reservados” o como “partida de gastos discrecionales”. Estos pagos a las empresa de Castro y Sol constan en el expediente denominado “Saqueo Público”, una acusación de la Fiscalía -dirigida por Douglas Meléndez (2016-2019)- contra el expresidente Funes y 30 subalternos por el desvío de $351 millones de la partida secreta de Casa Presidencial.
Siete cuentas bancarias personales -a nombre del exjefe de la unidad financiera de la Presidencia, Francisco Rodríguez- eran alimentadas con fondos de la partida secreta y desde ellas se emitieron 5,852 cheques (por $291 millones). Mucho de estos millones sirvieron para que el presidente Funes y su grupo familiar llevaran una vida suntuosa financiada con fondos públicos: viajes en jet, compras en joyerías y tiendas como Salvatore Ferragamo, Montblanc y Chanel, en 29 ciudades del mundo. Muchos de estos fondos también sirvieron para el pago de sobresueldos y contrataciones que no cumplieron procedimientos de ley de compras, como el pago de las encuestas de popularidad del presidente, entre otras. 18 de esos cheques, que suman $504,000, beneficiaron a la empresa de Castro y Sol.
Esos pagos, dice el expediente judicial, fueron en detrimento de los intereses del Estado. “Pablo Gómez -empleado que cambió cheques por cientos de millones de dólares en efectivo siguiendo órdenes de distintos ex secretarios privados de la Presidencia- firmó cheques para proveedores de bienes y servicios y para terceros en detrimento del Estado, según el detalle siguiente”, dice el requerimiento de la Fiscalía. Luego, el requerimiento presenta un listado de 46 proveedores, entre los que está Casol, que recibió los $504,000, y otra empresa familiar del matrimonio Castro-Sol: Grupo Tres y Punto, que facturó $12,000.
En 2016, la Fiscalía preguntó a Castro los conceptos por los que recibió pagos en cheques y remesas en la cuenta 0280172159 del Banco Hipotecario, a nombre de Casol, según el oficio 05-UIF-2016; y también preguntó a Sol por un pago recibido de Capres a través de su empresa Grupo Tres y Punto. El expediente de la Fiscalía incluye un folio que cita dos informes, con respuestas de Castro y Sol, en los que admiten a la Fiscalía que sus empresas recibieron los pagos de la Presidencia de Funes, aunque no hacen ninguna alusión a si sabían que los fondos provenían de la partida secreta. Sin embargo, en un documento del expediente judicial consta la declaración de un testigo protegido que afirma lo siguiente: “quien retiraba los pagos en la Secretaría Privada era el propio Ernesto Castro”.
El 21 de febrero, El Faro entregó en la tarde una carta en la sede de la empresa Casol y de Grupo Tres y Punto con una solicitud de entrevista a los Castro-Sol. El 22 de febrero, fueron recibidas las solicitudes de entrevista en el despacho del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y en el despacho de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. También se hizo la solicitud formal de entrevista a los encargados de prensa de la Asamblea y del Ministerio, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. En la solicitud se les pide que respondan ¿Cómo justifican haber recibido dinero de la partida secreta a través de las empresas de su familia? ¿En qué son diferentes estos pagos a los casos que su administración y su partido han condenado públicamente? ¿Por qué sus empresas no registran en sus estados de situación financiera inscritos en el Registro de Comercio los pagos que recibieron de la Presidencia de Funes? ¿Reportaron estos pagos por medio millón de dólares al Ministerio de Hacienda? El silencio ante las investigaciones periodísticas de este tipo es la norma dentro del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En la cocina de Casa Presidencial
Los informes que elaboraron Castro y Sol para la Fiscalía dicen que sus empresas fueron contratadas por la Presidencia de Funes para suministrar alimentos. “Casol fue contratada durante un año para elaborar alimentos destinados a todo el Batallón Presidencial, incluyendo elementos de seguridad de funcionarios y otros empleados de Capres”, dice un folio del expediente fiscal. También dice que elaboraban alimentos en la cocina de Casa Presidencial, en la cocina de la Residencia Presidencial y en la cocina del Batallón Presidencial, en San Jacinto, un promedio de 550 platos diarios, además de la alimentación para eventos extraordinarios.
Castro dice que su empresa suministró el servicio de alimentación durante la visita a El Salvador del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en marzo de 2011. “Las remesas corresponden al pago por la alimentación servida, por lo que remiten fotocopias de 18 remesas realizadas en el Banco Hipotecario, imágenes de los cheques a favor de Casol, 48 copias de facturas certificadas de septiembre de 2010 a agosto del 2011”, dice la respuesta de Castro a la Fiscalía.
En los años en que el dinero de la partida secreta entraba a la empresa Casol, Castro era el secretario privado del candidato a la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, Nayib Bukele, que se estrenó como funcionario en mayo de 2012, tras ganar en ese municipio. Michelle Sol fue quien sustituyó a Bukele en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán cuando este la dejó para competir por la alcaldía capitalina en 2015, siempre bajo la bandera del FMLN.
Capres también hizo un pago de $12,809 a una segunda empresa del matrimonio Castro-Sol, la empresa Grupo Tres y Punto. “El motivo es por prestación de servicios de alimentos cocinados en octubre de 2011”, dice un informe elaborado por Sol, en respuesta a un oficio de la Fiscalía. Sol dijo que el servicio fue solicitado por Luis Maida, exmiembro del Estado Mayor Presidencial a quien la Fiscalía acusa de utilizar $215,000 de fondos públicos para comprar 80 armas de fuego para Funes, y por la Unidad Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de Casa Presidencial. “La UACI de Capres aprobó la cotización; adjuntando fotocopias simples de la remesa y del cheque”, informó Sol a la Fiscalía.
El 28 de enero de 2023, el expresidente Funes confirmó en su cuenta de Twitter que su administración presidencial llevó a cabo estos pagos a las empresas de la familia Castro-Sol desde la partida secreta y sin seguir los procedimiento de la Ley de Compras. “En la misma documentación figura la entrega discrecional e ilegal, sin concurso público, del negocio de comida para el personal de Capres a una empresa de la familia de Michelle Sol y Ernesto Castro”, dijo Funes a través de su cuenta de Twitter. La estrategia de Funes ha sido achacar toda la culpa del uso arbitrario de esos fondos a su exsecretario privado, Francisco Cáceres, quien se encargaba del manejo de la partida secreta. Funes se desmarca del control de esos fondos, aunque hay contundente evidencia de que los utilizaba a su antojo.
Casol no reportó los ingresos por ventas que registró en 2010-2011 por los servicios prestados a Presidencia. En 2010, la empresa reportó un activo de $2,000, pero omitió reportar el dinero en “bancos”. En 2011, no inscribió “estados de situación financiera”, una obligación que tienen todas las sociedades inscritas en el Registro de Comercio. La omisión de esta información en el Centro Nacional de Registros también abre la duda de si la sociedad de Castro y Sol declaró y pagó impuestos por los $504,000 que facturaron de la partida secreta de la Presidencia Funes.
El uso irresponsable de la partida secreta ha formado parte de la narrativa de la propaganda del bukelismo para atacar a opositores. A través de comisiones legislativas televisadas, el bukelismo ha cuestionado el pago de sobresueldos y desembolsos opacos desde esa partida, pagos similares a los recibidos por las empresas de Castro y Sol. Todas las personas cuestionadas en esas comisiones especiales han sido miembros de la oposición o la disidencia intelectual con el actual Gobierno.
Cuando Castro fue secretario privado de la Presidencia de Bukele, puesto que dejó al convertirse en diputado en mayo de 2021, dispuso de $2.1 millones de la partida de gastos reservados de este Gobierno, a pesar de que Bukele prometió en el Plan Cuscatlán eliminar esa partida. Esta es la única cifra conocida de esa partida durante este Gobierno, debido a que desde agosto de 2019 la administración actual declaró secretos los informes contables, los únicos documentos oficiales que mostraban el monto total de los gastos reservados que esta Presidencia ha ejecutado. Castro es amigo y una persona de confianza del presidente Bukele desde el inicio de su carrera política y es también fundador del partido Nuevas Ideas.
Castro inició su carrera como funcionario de elección popular el 1 de mayo de 2021, día en que tomó posesión de la presidencia de la Asamblea -controlada por su partido-. Ese primer día de gestión, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general e impuso a otros. El 5 de mayo, aprobó una amnistía para delitos de corrupción que funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado -dirigido por Carolina Recinos- pudieron haber cometido en 2020, en las compras durante la pandemia de insumos hospitalarios y en la adecuación del Hospital El Salvador. Como presidente de la Asamblea (2021-2024), Castro y sus diputados han promovido la aprobación de una nueva Ley de Compras que permitirá a la Presidencia de Nayib Bukele adjudicar contratos por $1,500 millones en mega obras públicas de manera discrecional y sin generar competencia.
