Un juez guatemalteco y el Ministerio Público (MP) de ese país han redoblado esfuerzos para perseguir penalmente al Movimiento Semilla, uno de los dos partidos contendientes en la segunda vuelta a disputarse en ese país dentro de un mes, el 20 de agosto. Bernardo Arévalo, el candidato de centroizquierda que contra todos los pronósticos entró en segunda ronda, es el representante de Semilla. La sede principal de ese partido fue allanada por la Fiscalía guatemalteca este viernes 21 de julio en medio de una investigación penal por falsificación de firmas en los documentos de inscripción del partido, un esfuerzo legal paralelo al intento de la misma Fiscalía de retirar la personería jurídica al partido y obligar a su retiro del balotaje de agosto.
Semilla acusó este viernes 21 de julio al MP, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana de haber 'montado' el caso penal, al cual catalogaron de “espurio, ambiguo y oscuro”. El juez Orellana es también quien, previamente, a solicitud de la FECI, ordenó retirar la personería a Semilla, una orden que luego fue invalidada por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca.
Guatemala sigue sufriendo un refuego protagonizado por las autoridades electorales y judiciales. Entre el jueves 20 y el viernes 21 de julio salieron a la luz pública nuevas órdenes de captura que el juez Orellana tramitó a solicitud de la FECI contra miembros de Semilla, pero también contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala. La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche —sancionado al igual que el juez Orellana por Estados Unidos en la Lista Engel por socavar la democracia— asegura que el Registro de Ciudadanos del TSE incumplió la orden del juez Orellana para retirar la personería jurídica a Semilla y por eso ha procesado a la actual encargada de esa oficina.
El fiscal Curruchiche fue quien dio pie a toda esta vorágine jurídico electoral cuando el pasado 12 de julio anunció un proceso de falsedad ideológica porque supuestamente el partido usó firmas falsas de ciudadanos para lograr su inscripción.
Este jueves 20, la FECI allanó el TSE y, al día siguiente, el viernes 21, hizo lo mismo con la sede principal del partido Semilla, lo que ya provocó una gran oleada de pronunciamientos internacionales, entre ellas, la del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y su Misión de Observación Electoral, el Gobierno de Estados Unidos a través de declaraciones a la agencia de noticias EFE y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. '(Condenamos) enérgicamente el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el TSE y el Movimiento Semilla por parte de la FECI, que se han saldado en las últimas horas con la emisión de órdenes de captura contra la subdirectora del Registro de Ciudadanos y una militante del citado movimiento', reza el comunicado de la misión electoral europea.
El caso penal contra Semilla por la supuesta falsificación de firmas se originó a partir de una denuncia que el mismo partido hizo en marzo, después de que un ciudadano denunciara que su firma había sido estampada en un acta del partido sin su consentimiento. Juan Gerardo Guerrero, abogado de Semilla, dijo este viernes 21 de julio que el MP y la Fiscalía nunca les dieron acceso al expediente a pesar de haber puesto ellos la denuncia y a pesar de haber hecho la solicitud en persona en 18 ocasiones. 'Estamos viendo la fabricación de un caso espurio, ambiguo, oscuro, que lo que quiere hacer es bajarse el sistema político guatemalteco y por ende bajarse el Estado constitucional de derecho', dijo Guerrero a Plaza Pública.
El TSE, por su parte, condenó este 21 de julio que 'las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades'. El Tribunal considera que existe una “amenaza cierta, futura e inminente” de que distintas instituciones del Estado guatemalteco “vulneren el Estado Democrático de Derecho”. Ante ello, el TSE volvió a buscar la protección de la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese país para impedir que el proceso electoral se vea truncado.
El TSE buscó la ayuda de la CC a través de un amparo, esta vez interpuesto en contra de diversas autoridades del Estado guatemalteco porque, a juicio del Tribunal, existe un riesgo de que el proceso electoral no pueda desarrollarse “en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos de la ciudadanía y de las organizaciones políticas (participantes)”. Las autoridades demandadas son el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la jefa del Ministerio Público, el Director de la Policía Nacional Civil, y el Ministro de Finanzas, y a todos ellos el TSE les pide “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan” a un acuerdo del Tribunal con el que convocaron oficialmente a la segunda vuelta.
Entrada la noche de este viernes 21, la CC dio trámite a la solicitud de amparo y al cierre de esta nota estaba pendiente la respuesta de las instituciones demandadas, para lo cual tenían plazo hasta las 10 de la noche.
