El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este miércoles 19 de julio a 39 funcionarios públicos, jueces, fiscales, legisladores y empresarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua por evidencia de actos de corrupción o ataques a la democracia. Las sanciones son parte de la más reciente actualización de la Lista Engel, que desde 2021 se ha convertido en una herramienta de condena política contra actores clave de la región y un indicador de la estrategia diplomática de la administración Biden en Centroamérica. En la nueva lista destaca el nombre de los principales implicados en el intento judicial por impedir la participación del partido de oposición Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral fijada para el 20 de agosto, lo que ha sido denunciado por la comunidad internacional como un conato de golpe electoral.
En el caso de Nicaragua, justo el día en el que se cumplía el 44 aniversario de la revolución sandinista, Estados Unidos señala a legisladores y funcionarios implicados en el despojo de la nacionalidad a cientos de nicaragüenses y el destierro de 222 presos políticos en febrero pasado.
La inclusión de los expresidentes de izquierda Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén parece intentar, en el caso salvadoreño, equilibrar la balanza después de que en listas previas se acusara de corrupción a miembros clave del gabinete del presidente Nayib Bukele y a dirigentes tanto de Arena como del FMLN. Hay abundante evidencia, principalmente en el caso de Funes, de que ambos expresidentes saquearon las arcas del Estado para beneficio personal. Sin embargo, ambos tienen ya juicios abiertos en El Salvador y están resguardados bajo el manto protector de la nacionalidad nicaragüense que les otorgó la dictadura de Daniel Ortega. En cambio, la nueva lista no hace referencia a los responsables de violaciones masivas a los derechos humanos durante el régimen de excepción salvadoreño —como la denunciada política estatal de tortura dentro de las cárceles— o a los funcionarios que se han negado a investigar esos casos. Tampoco parece considerar un acto antidemocrático la promoción y puesta en marcha del proceso de reelección de Bukele, prohibido de forma explícita por la Constitución.
Las inclusiones y omisiones de la lista de sancionados evidencian un reordenamiento de prioridades en la estrategia estadounidense en una Centroamérica atravesada por ataques a los sistemas electorales y encabezada por presidentes hostiles a las sanciones norteamericanas. En Honduras, la designación de un exasesor del expresidente Juan Orlando Hernández y de Yani Rosenthal —dirigente del Partido Liberal y candidato a la presidencia en 2021, tras cumplir tres años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico— apunta a un esfuerzo por aliviar las tensiones bilaterales causadas por las sanciones del año pasado al círculo cercano de Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro y su principal asesor. Pero la mención de que Rosenthal habría “manipulado los resultados” en la recién concluida elección de la Corte Suprema de Justicia pone lupa en la selección de fiscal general de Honduras en los próximos meses.
El golpe más duro en esta lista lo dio el Departamento de Estado al Órgano Judicial de Guatemala, el país en donde, cuando se publicó la primera edición en 2021, el Gobierno de Biden veía más apertura a una relación constructiva, en comparación con El Salvador, Honduras o Nicaragua. Entre los seis operadores de justicia y funcionarios sancionados en ese país resalta el juez penal Fredy Orellana, por “autorizar cargos criminales sin sustento y políticamente motivados” contra el periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de cárcel. También ha sido sancionada Cinthia Monterroso, la fiscal que presentó los argumentos del Estado durante la persecución penal a Zamora.
Este 12 de julio, fue el mismo juez Orellana quien ordenó la suspensión del partido de oposición Movimiento Semilla— cuyo candidato Bernardo Arévalo competirá por la presidencia contra la exprimera dama Sandra Torres—, a petición de la oficina de Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, pese a una prohibición legal contra la suspensión de partidos en plena campaña electoral. Monterroso acompañó a fiscales y policías en un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral, que se ha negado a acatar esa orden en base a una prohibición legal contra la suspensión de partidos en pleno proceso electoral.
En un comunicado difundido este 19 de julio, el Gobierno de Alejandro Giammattei rechazó las sanciones equiparándolas a un juicio sin garantías procesales. Dijo que fueron el producto de “juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción de inocencia”. Atribuyó la información de Estados Unidos a “acusaciones mediáticas infundadas” y denunció una “injerencia externa en asuntos internos y la utilización de herramientas políticas abusivas en contra de los guatemaltecos”.
El Gobierno de Guatemala hizo críticas parecidas cuando el Gobierno de Estados Unidos aplicó la misma sanción al jefe de Monterroso, Rafael Curruchiche, que encabeza la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, así como a la fiscal general Consuelo Porras, por obstruir casos de corrupción. Una investigación de El Faro reveló en febrero de 2022 cómo Porras y Curruchiche trabajaron juntos para impedir avances en una investigación penal sobre supuestos sobornos en 2019 al presidente Giammattei.
“No me afecta en nada y sólo demuestra mi buen trabajo, tanto así que articulan todo un departamento internacional para neutralizarme”, reaccionó Monterroso este miércoles. “De todas maneras, mi visa venció en 2018 y no la renové porque no tengo intenciones de viajar a Estados Unidos. Fui una vez y no me gustó”.
Es el tercer y último año consecutivo en que el Departamento de Estado aplica esta política de revocación de visas, estipulada en la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos y conocida coloquialmente como la lista Engel. Este diciembre, el Congreso de Estados Unidos tendrá que decidir si renovará este mandato.
También fueron sancionados dos actores fundamentales en la condena en mayo de la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, declarada una “presa de conciencia” por Amnistía Internacional: el exjuez Lesther Castellanos, actual relator contra la tortura que, según el Departamento de Estado, “tomó represalias” contra Laparra al hacer la denuncia que llevó a su encarcelamiento; y Omar Barrios, el actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, por “conspirar para intimidar” a Laparra.
Minutos después de la publicación de la lista, Barrios tuiteó una foto de una medalla del “Departamento Regional de Seguridad” de la empresa frutera transnacional Dole “por colaborar en el combate de ilícitos y fortalecer la protección marítima y portuaria”. Por la noche acusó a Estados Unidos de “encubrir delitos de corrupción financiados con su presupuesto”.
El rol del sector privado
En 2021 y 2022 las listas Engel señalaron una profunda red de tráfico de influencias, esquemas de sobornos por contratos públicos y otros ilícitos en las altas cortes y el Congreso del país. Ahora, por tercer año consecutivo, y a diferencia de las sanciones a los Gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, la lista no toca el círculo íntimo de Giammattei.
“Esta lista acierta en identificar con nombre y apellido a varios de los actores guatemaltecos vinculados a corrupción o prácticas antidemocráticas, incluyendo la crisis electoral”, dice Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
“Sin embargo, no vemos a las personas que tienen cuotas de poder económico y político detrás de estos actores”, continúa. “¿Quiénes están dando el dinero para sobornar jueces y fiscales para que perpetren estos crímenes? ¿Quiénes están financiando las estructuras de los ‘netcenters’ que perpetran las acciones de acoso mediático en redes sociales, con una acción claramente antidemocrática?”
“Estos apoyos internacionales son importantes, valiosos y agradecidos, pero corresponde a los guatemaltecos responder por los problemas de Guatemala, así como a los salvadoreños por los problemas de El Salvador o los hondureños por los de Honduras”, insiste Barrientos.
“Estamos profundamente preocupados por el reciente intento por parte del Ministerio Público por amenazar la integridad del proceso electoral”, dijo Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, ante el Consejo Permanente este miércoles, minutos después de la publicación de la lista. “Los esfuerzos en desarrollo por interferir en el proceso electoral de Guatemala amenazan con socavar su proceso democrático y su apego a la Carta Democrática Interamericana”.
“Como hemos señalado en los casos de Venezuela y Nicaragua, lo que sucede en Guatemala nos afecta a todos”, continuó Mora. Agregó, en aparente referencia al respaldo a la certificación de los resultados electorales por parte de CACIF, la poderosa gremial empresarial, que “Estados Unidos agradece en particular el fuerte compromiso del sector privado con la integridad de la elección”.
“El sector privado de Guatemala es uno de los factores que han influenciado un entendimiento bipartidista en Estados Unidos que no se ha visto desde la salida de CICIG (la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”, afirma Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA. “Es por el peso enorme que tienen las relaciones comerciales en la relación bilateral. Estados Unidos defiende ese interés (del sector privado), de la ‘certeza jurídica’, de cara a la amenaza de una nueva Nicaragua”.
“Cuatro Nicaraguas”
Las sanciones Engel han recibido respaldo bipartidista de ambas cámaras del polarizado Congreso de Estados Unidos. Este viernes 14 de julio, los presidentes de las dos comisiones de relaciones exteriores del Congreso se pronunciaron conjuntamente en contra del “intento por parte del Ministerio Público por revocar el estatus legal del partido político de un candidato de oposición”. El comunicado concluyó: “Como el principal republicano en firmar la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, (el congresista Michael) McCaul también hace un llamado al Gobierno de Biden para que utilice plenamente la autoridad de sanciones de la Sección 353”.
“La declaración de McCaul fue una victoria importante para el Gobierno de Biden”, señala Eric Olson, director de políticas públicas para la Fundación Internacional Seattle. “El instinto republicano es estar a favor de sanciones, pero algunos han visto Centroamérica desde una óptica tradicional de izquierda y derecha proveniente de la Guerra Fría. Su posicionamiento parece tener que ver menos con ideología que con corrupción, estado de derecho y democracia”.
Incluso unos 23 destacados políticos de derecha del hemisferio y España —como Alfredo Cristiani, de El Salvador; Felipe Calderón, de México; o Álvaro Uribe, de Colombia— condenaron en un comunicado este 16 de julio “las inhabilitaciones y judicializaciones políticas en Argentina, Guatemala y Venezuela”.
Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, también achaca el apetito en Washington por más sanciones individuales en Centroamérica a la idea de obstaculizar la consolidación de otra dictadura como la que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Europeo y Canadá han sancionado a decenas de funcionarios en los tres poderes del Estado desde las elecciones de 2021. En abril del año pasado Nicaragua expulsó a la OEA y anunció su salida de la organización multilateral.
Hay una creciente corriente dentro de la oposición nicaragüense en el exilio que estima que la vía electoral hacia la democracia se ha agotado desde que el régimen encarceló a siete candidatos de oposición en la contienda de 2021 y anuló los dos principales partidos de oposición. La decisión de Ortega este año de despojar a 222 presos políticos de su nacionalidad ha cauterizado nuevas discusiones entre miembros de la oposición en el exilio sobre opciones pacíficas para recuperar la democracia. Un vocero del grupo promotor dice descartar ir a elecciones en 2025.
El despojo de nacionalidad de cientos de personas, el destierro a los expresos políticos y la confiscación de activos y de pensiones son el foco de estas nuevas sanciones del Departamento de Estado, alcanzando a la actual fiscal general Wendy Carolina Morales Urbina, la primera y segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, la directora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y dos jueces de apelación involucrados con los juicios a los presos políticos.
“Estas designaciones son parte de medidas que la administración está tomando como política de tratar a los cuatro países con los mismos instrumentos, y en parte como esfuerzo para prevenir que la región se convierta en cuatro Nicaraguas”, afirma Orozco. “Las designaciones conectan la transgresión del régimen en referencia a violaciones al derecho a la libre expresión, a la libre empresa y comercio”.
“Esta es una sanción que fue diseñada para sancionar precisamente las ilegalidades implementadas contra los presos políticos desterrados y también a los desnacionalizados”, dice a El Faro Juan Sebastián Chamorro, candidato a la presidencia en 2021 y uno de los expresos políticos desterrados en febrero en un avión a Estados Unidos.
“Durante los 20 meses de cárcel que estuve, tuve una enorme cantidad de interrogatorios y el tema de las sanciones era recurrente. Ellos siempre han estado muy atentos a las sanciones y no porque en términos materiales signifiquen mucho”, afirma. “Sí hay una sanción social importante. Estos nombres se dan a conocer en Nicaragua. La gente, los familiares, los vecinos lo conocen. Y eso va generando fisuras en la estructura que apoya a la dictadura entre quienes cometen los crímenes y aquellos que no han tenido nada que ver, como el profesor, la enfermera, el médico o el mismo soldado o policía”.
Equidistancia en El Salvador
En julio de 2021, cuando se publicó la primera edición de la lista, una de las principales preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos, expresada en su política de sanciones, era la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, ocurrida dos meses antes en El Salvador en la primera sesión plenaria controlada por los diputados fieles al presidente Nayib Bukele. En una actualización a la lista en septiembre de ese mismo año, el Departamento de Estado incluyó a los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que avalaron la reelección presidencial pese a una prohibición explícita en la Constitución.
La provisión de que cualquiera que promueva la búsqueda de periodos consecutivos en la Presidencia ha de perder su ciudadanía no ha disuadido al mismo presidente Bukele ni a los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. No hay ninguna indicación de que la Fiscalía General de la República haya abierto una investigación al respecto.
Cuestionado por El Faro sobre la ausencia de referencias a la reelección inconstitucional en El Salvador, un funcionario del Gobierno de Estados Unidos en Washington se limitó a responder que “esta lista no representa la opinión completa de Estados Unidos respecto a estos cuatro países”.
Desde 2021, la lista Engel también ha sancionado a la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos; su secretario jurídico, Conan Castro, y numerosos altos funcionarios de su Gobierno. El Tesorero de Estados Unidos incluso ha congelado los activos de tres funcionarios, incluyendo a Recinos, por su involucramiento en las negociaciones clandestinas con las pandillas o en un “esquema de corrupción multimillonario y multiministerial”.
Desde 2022 cada uno de los jefes de Estado y cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras ha hecho llamados al respeto a la soberanía y la no injerencia, generando algún nivel de resonancia entre republicanos en Washington. El año pasado, Bukele tuiteó su respuesta escueta en mayúsculas: “UNITED FRUIT COMPANY”. Tras una visita en marzo de este año del senador Marco Rubio, el influyente republicano de Florida acusó a Biden de “activamente aleja(r) a nuestros aliados y opta(r) por apaciguar a dictadores asesinos en nuestra región'. El embajador de Estados Unidos, William Duncan, se reunió públicamente por primera vez con Bukele el 13 de julio, siete meses desde su toma de posesión.
En esta nueva inclusión en la lista Engel, el Departamento de Estado acusa al expresidente Mauricio Funes de “orquestar y participar en múltiples conspiraciones que involucran sobornos, peculado y lavado de dinero como presidente, hurtando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado”. Una investigación de El Faro reveló pruebas en 2019 de cómo Funes gastaba al menos cientos de miles de dólares de la partida secreta presidencial en viajes internacionales y compras de lujo.
Sobre su vicepresidente y sucesor, Salvador Sánchez Cerén, el Departamento afirma que “lavó dinero durante su período como vicepresidente, recibiendo personalmente a cambio más de $1.3 millones en fondos públicos, y participó en una conspiración para desviar $183 millones en fondos públicos de cuentas públicas fiscalizadas a cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente”. Los $183 millones de dólares son la cantidad de su partida secreta presidencial para los que el Gobierno de Sánchez Cerén se negó a esclarecer en qué los gastó, citando la reserva de la información.
También están incluidos Miguel Meléndez, un asesor cercano a Funes condenado en agosto de 2022 por pedir sobornos a cambio de contratos públicos, y tres exfuncionarios del estatal Banco Hipotecario, por supuestamente lavar decenas de millones de dólares a cambio de sobornos.
“Me parece que es un mensaje entre líneas para la actual gestión del banco, que ha jugado un rol importante en la configuración de la política de bitcoin y de otros casos de corrupción vinculados con el actual poder de turno, como el caso de Munir Bendek y Pablo Anlinker”, dice a El Faro Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción.
Con estas sanciones “todos están en el mismo huacal ahora”, agrega Sandoval sobre la inclusión de Funes y Sánchez Cerén. “En Casa Presidencial han de estar viendo cómo tratar este tema, porque ¿qué van a decir, que la lista es ilegítima porque solo mencionan a los suyos? Creo que (el Departamento de Estado) está tratando de apalancar y calibrar una nueva estrategia comunicacional con este nuevo update de la lista”.
“A eso hay que sumar que aún faltan posibles sanciones a nivel de la Global Magnitsky Act, por lo que espacio para más sanciones queda de sobra. Es una herramienta más acotada para los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, que son los elementos más recurrentes que se han visto en el actual contexto salvadoreño', explica Sandoval.
Congreso de Honduras en la mira
“La inclusión de Yani Rosenthal es un claro mensaje al partido político, particularmente ahora que viene la elección de fiscal general”, señala el abogado hondureño de derechos humanos Joaquín Mejía. “No es posible, después de haber purgado una pena y de seguir siendo señalado en juicios en Nueva York por narcotráfico, que él siga en frente de un partido Liberal que es uno de los partidos del bipartidismo que sirve como partido bisagra en momentos de negociación del Congreso Nacional”.
Este 31 de agosto, el Congreso recibirá una lista de postulantes para escoger al próximo fiscal general. Fiscales y forenses de la institución sostuvieron una huelga por 79 días este año hasta lograr un acuerdo con el Ministerio Público por un aumento salarial, dejando en evidencia la fragilidad institucional del país ante la instauración de un Régimen de Excepción en diciembre modelado como el de El Salvador y bajo promesas de frenar la extorsión. La cooperación de la Fiscalía será una pieza clave en la eventual formación y posibilidades de éxito de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) respaldada por Naciones Unidas.
Además de Rosenthal y Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich, exasesor de Juan Orlando Hernández, el Departamento de Estado nombró en su sección sobre Honduras a un miembro del Congreso para el Partido Liberal, exfuncionarios de salud, electricidad y obra pública, por evidencia de peculado, tráfico de contratos públicos sin competencia real, intimidación a periodistas y manipulación de la elección de la nueva Corte Suprema.
El Gobierno de Honduras, así como el de El Salvador, no ha respondido formalmente a las nuevas sanciones, pero el asesor de la presidenta Xiomara Castro, el exjefe de Estado Manuel Zelaya —que antes de fundar el partido Libre en 2011 había llegado a la presidencia en 2005 con el Partido Liberal— retuiteó un video publicado por una cadena de radio en el que el diputado sancionado de ese partido, Samuel García, denunció que “son diputados del Partido Liberal de la extrema derecha los que fueron a sapear a la Embajada Americana. Y lo más triste es que la Embajada Americana tomó la decisión sin haber investigado, sino que simplemente por denuncias, por ir a quedar bien esos sapos del cartel”.
“Esta lista deja un sabor un poco agridulce porque, si estas personas señaladas por corrupción, por manipular los procesos y atentar con la democracia, lo han hecho con total impunidad, uno se pregunta por qué el Departamento de Estado no incluye también en esta lista a Óscar Chinchilla, fiscal general del Estado, que es el responsable directo de que estas personas hayan actuado con total impunidad”, continúa Mejía. “Creo que es tiempo para que la ciudadanía se alce nuevamente para exigir las dimisiones y responsabilidades respectivas”.
“Creo que esta edición de la lista Engel y las anteriores son un paso necesario, recibido y agradecido, pero no son suficientes”, concluye Barrientos del ICEFI. “Hay que dar con los autores intelectuales y los financistas de estas estructuras en Centroamérica que atentan contra la democracia y fomentan la corrupción”.
