Acercándose la noche de este miércoles 12 de julio, decenas de manifestantes se habían congregado frente al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) mientras este postergaba por más de dos horas una rueda de prensa para oficializar los resultados de las elecciones nacionales llevadas a cabo el 25 de junio. Pasadas las 5 p.m., el Ministerio Público (MP) irrumpió en escena, anunciando por redes sociales que había conseguido por orden judicial la suspensión del Movimiento Semilla, partido del candidato presidencial Bernardo Arévalo, bajo acusaciones de falsificar firmas en su creación en 2017 e incluso de supuesto lavado de dinero. Tras esto está el fin de anular su candidatura en la segunda vuelta del 20 de agosto contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
A las 6:30, el TSE empezó su conferencia y certificó los resultados, convocando a Semilla a la segunda vuelta. Irma Palencia, presidenta del Tribunal, dijo que la Corte no les había notificado de la acción contra el partido. El país centroamericano se sumió en argumentos cruzados entre un amplio espectro de analistas legales que aseguran que lo realizado por el juez que emitió la orden contra Semilla viola las leyes electorales y quienes responden, cercanos al MP, que si hay un supuesto acto delictivo un juez penal tiene la potestad.
Estas acciones han agudizado la incertidumbre sobre un proceso electoral que se ha convertido en imán de condenas internacionales por irregularidades procesales facilitadas por la mano pesada de las cortes. Entre ellas destacan la exclusión de candidaturas populares, denuncias de sobornos del presidente Alejandro Giammattei al Tribunal Supremo Electoral y cuestionamientos sin sustento que claman “fraude” en la primera vuelta.
Horas después, a las 11 de la noche, Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera denunciaron en rueda de prensa un supuesto plan del MP para allanar la sede de Semilla a las seis de la mañana del jueves, pero no ocurrió. A medianoche el partido acudió a la Corte de Constitucionalidad para pedir un “amparo preventivo” contra la acción del MP. Samuel Pérez, diputado de Semilla, dijo por la mañana a ConCriterio que el MP ha negado al partido información sobre las acusaciones en su contra.
A las ocho de la mañana de este jueves 13 de julio, el Ministerio Público seguía a la ofensiva: anunció un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral. La noche anterior, Rafael Curruchiche —jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones de corrupción— declaró que la FECI había pedido información del TSE para acusar a Semilla de inscribir “doce personas fallecidas” en su creación en 2017. Curruchiche anunció que la FECI presentó ante el Tribunal Séptimo de Instancia Penal “indicios (de) que posiblemente más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente” al partido.
También ingresó al Tribunal la fiscal Cynthia Monterroso, que también estuvo a cargo del allanamiento a la casa del periodista José Rubén Zamora, con miembros armados de la División Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
“Estoy tan sorprendida y preocupada por los jefes, los directores y los trabajadores por esta invasión a la institución. Ya no sé qué pensar ni qué más sigue”, reaccionó la presidenta del Tribunal Electoral en una llamada a Emisoras Unidas. “No sé si es una amenaza, porque una amenaza es antes de actuar; esto ya no sé cómo tomarlo”.
El MP también acusa al partido de blanquear activos en el proceso de inscripción. Según un documento legal difundido por Semilla, el grupo promotor del partido pagó viáticos de siete quetzales ($0.90) a cada persona firmante, una práctica legal para los partidos. Curruchiche multiplicó ese costo del viático por 25,000 —la cantidad de firmas requeridas por ley para formar un comité pro partido político—, y con el resultado los acusa de ocultar el origen de Q175,000: “Desconociendo (sic) su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”, dijo el fiscal el miércoles.
Es en base a esta petición que un juez penal de instrucción ordenó suspender la inscripción de Semilla, un partido creado en 2017. El ascenso de Arévalo en la votación del 25 de junio despertó una campaña de ataques por parte de las élites políticas al dejar en tercer lugar al congresista Manuel Conde, el candidato oficialista respaldado por el presidente Alejandro Giammattei, y en sexto a la ultraconservadora Zury Ríos, cuya candidatura nació de una cuestionada alianza entre partidos de élites económicas y militares. Arévalo, que en las encuestas previas a la elección no aparecía con posibilidades de entrar en la segunda vuelta, fue la gran sorpresa la noche tras los comicios.
Entre muchos sectores que respaldan a Arévalo, existe el temor de que, si se logra excluirlo de la segunda vuelta, las autoridades decidan subir a Conde, aunque no haya un precedente legal para justificarlo. “Figuras en el Ejecutivo tienen cada vez menos poder. Pronto los magistrados de las cortes van a dejar de atender sus llamadas y, al cambiar de gobierno, el riesgo es que los puedan perseguir penalmente. (El objetivo) es mantener el poder en el Ejecutivo”, afirmó a El Faro el economista Enrique Godoy.
Godoy achaca los esfuerzos del MP por descalificar a Semilla a una coordinación con Giammattei, al que Curruchiche ayudó a blindarse de una investigación penal por una denuncia de sobornos en su campaña de 2019.
Tras el anuncio del MP, alguna gente se congregó ante el TSE para exigir que se respetara la voluntad de los votantes de Semilla. Esa noche era latente la posibilidad de un despliegue de protestas a las que podrían sumarse autoridades indígenas: “Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer”, tuiteó Arévalo tras el anuncio del MP. “La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”.
Los argumentos del MP encontraron resistencia inmediata por parte de abogados y monitores electorales que citaron el artículo 92D de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP): “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”. Pero ello no detuvo a Fredy Orellana —el mismo juez de instrucción que envió a juicio al periodista José Rubén Zamora y que ha sido señalado por la prensa como cercano a la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo— de ordenar que se “suspende provisionalmente” dentro de 24 horas “la personería jurídica del comité para la constitución del partido político”. Esto afectaría no solo a Arévalo, sino a los 23 diputados electos por Semilla y una alcaldía en el departamento de Quetzaltenango, entre otros puestos.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo y cercano a la FECI de Curruchiche, tuiteó que “por causales no contempladas en ese artículo (92 de la LEPP), como la comisión de un delito o la comisión de fraude de ley, por supuesto que sí se puede suspender (la inscripción de un partido). La razón es que esos actos fraudulentos son nulos ipso iure, es decir, nunca nacieron a la vida jurídica”.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la conservadora gremial más grande del sector privado, que hasta entonces había buscando equidistancias ante la precariedad electoral, no comparte esa lectura: “Es imperativo respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas”. Mirador Electoral, una coalición de organizaciones de monitoreo como Transparencia Internacional y el periódico Prensa Comunitaria, denunció: “Se consuma una intentona de golpe electoral”.
El partido UNE de Torres, rival de Arévalo en segunda vuelta que se había sumado a acciones legales contra la oficialización de los resultados, publicó un comunicado a la 1 de la mañana del jueves, esquivando una condena frontal a la acción del MP: “Expresamos nuestra preocupación por las acciones judiciales presentadas en las últimas horas, en las que presuntamente estaría involucrado el partido político que alcanzó el segundo lugar”.
Algunos analistas ven la posibilidad de que prospere la acción del MP contra Semilla. “Si la resolución del TSE hubiera sido previa al anuncio del MP, fuera otra cosa, pero (los magistrados del TSE) lo hicieron para lavarse la cara. Entonces, no hay conflicto. Ha sido una comparsa para el fraude desde el primer momento”, dice a El Faro el economista Enrique Godoy. “Ahora el juzgado puede exigir que quede sin efecto la resolución del TSE porque el juzgado hizo el anuncio primero”.
La Misión de Observación Electoral de la OEA declaró el miércoles que “el tono inapropiado empleado por el juez penal al dirigirse al TSE pasa por alto que ésta es la máxima autoridad electoral y que goza de autonomía e independencia”. La misión de la Unión Europea agregó por la madrugada que la orden judicial “amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Exhorta(mos) al cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal”.
“Hay una desesperación muy grande de los actores de poder y quienes tienen el control del sector justicia. Quieren manipular el proceso electoral del país. Es notoria la fractura entre actores y finalmente lo hemos visto hoy”, afirma el politólogo Virgilio Álvarez.
Posible rompimiento constitucional
Las dudas sobre si Guatemala vería amenazado el régimen electoral cobraron fuerza casi dos semanas atrás, tras un cuestionado fallo de la máxima corte del país. La Corte de Constitucionalidad suspendió los resultados el 1 de julio y ordenó al TSE realizar un segundo escrutinio de las actas de votación, que recogen los resultados de las mesas de votación. Pero el TSE no reportó cambios significativos y la Corte Suprema de Justicia, designada por ley para resolver apelaciones a las decisiones del Tribunal, denegó este lunes 10 una solicitud de partidos políticos para ordenar un reconteo de votos individuales que no está contemplado en la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP).
“Los magistrados del TSE tienen mucho que perder, algo que tiene que ver con los señores del Norte (Estados Unidos)”, dice Álvarez. “Ninguno ha perdido su visa y no están en las listas (de sanciones), y decidieron jugársela”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha respaldado públicamente el conteo inicial del 25 de junio, junto a los secretarios generales de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y una decena de misiones diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado no atendieron inmediatamente preguntas de El Faro por escrito sobre si el país buscó influir, al margen de sus declaraciones públicas, en la decisión del TSE.
“Valoramos la certificación del (TSE) de los resultados de la primera ronda electoral, respetando la voluntad de los votantes, y esperamos la elección del 20 de agosto con los dos candidatos anunciados”, tuiteó el secretario adjunto de Estado Brian Nichols. “Pero estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del (MP) contra la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”.
Fue tras agotarse la vía de un nuevo conteo de votos que el MP llevó este intento por bloquear la competencia de Arévalo a una corte penal. El diario Prensa Libre informó este miércoles que “en las últimas semanas” el MP empezó a pedir al TSE “detalles de creación, asambleas y aspectos financieros de Semilla”, haciendo eco a Jorge Baldizón —líder de uno de los partidos que pidió recuento al CSJ y que hizo campaña sin éxito para llegar al Congreso—, quien prometió, el día después de las elecciones, escudriñar los registros de inscripción de Semilla en busca de “alguna falencia” para eliminar al partido de la contienda electoral.
“En este momento lo que corresponde es exigir a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, porque este tema va a llegar a sus manos, que pongan un freno a estos ataques antidemocráticos y que devuelvan el proceso electoral al orden constitucional”, dice Carmen Aída Ibarra, activista del Movimiento Pro Justicia.
“Pueden pasar muchas cosas, desde una insurrección militar al estilo de antes (porque las autoridades civiles no se ponen de acuerdo), hasta un intento de magnicidio, porque los corruptos están muy desesperados, a pesar de que tienen el control del sector justicia y del Congreso”, advierte Álvarez.
El último rompimiento en el orden democrático guatemalteco lo protagonizó el expresidente Jorge Serrano Elías en 1993, al disolver el Congreso, la CC y la CSJ casi una década después de la aprobación de la Constitución de la República en 1985, lo que puso fin a décadas de control militar sobre el poder civil. Una semana después, Serrano perdió el apoyo del Ejército y huyó a Panamá, donde permanece hasta el día de hoy con orden vigente de captura.
Durante la última semana, ante temores de que el Ejército interrumpa el proceso electoral civil, o la posibilidad de que la crisis desemboque en la suspensión de las elecciones, que dejaría a Giammattei en el poder Ejecutivo, el mandatario salió a decir este lunes 10 que su mandato termina el 14 de enero de 2024 y pidió respeto a la fecha de segunda vuelta establecida en la Constitución.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia —señalados en múltiples casos de tráfico de influencias en el Congreso en los nombramientos a la corte— arrastran su propia sombra de ilegitimidad por la que desde hace cuatro años ya se ha hablado de un “rompimiento del orden constitucional”: no han dejado el cargo desde que se venció su mandato en 2019.
“No se hubieran metido en esto el presidente ni Curruchiche si no creyeran que tienen el respaldo de la CC y de la CSJ. Entonces, tienen poco que perder y mucho que ganar”, dice Godoy. “Le apuestan a que somos un pueblo que no vamos a salir a protestar”.
