En Guatemala, este 2023 cerrará como una carrera apretadísima entre los valores democráticos y el autoritarismo. Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si existe un cambio de régimen hacia la transparencia y anticorrupción o se impondrá la dictadura. Los principales actores son el partido que busca asumir el poder, Movimiento Semilla, las Autoridades Ancestrales que han conducido las movilizaciones sociales y la comunidad internacional; esta fuerza conjunta que, de momento, ha frenado el golpe de Estado.
El presidente Alejandro Giammattei y su incondicional Consuelo Porras, la fiscal general sancionada por Estados Unidos por corrupción, han hecho todo lo que está a su alcance para intentar bloquear que Bernardo Arévalo, presidente electo que debe asumir el 14 de enero 2024, llegue a la presidencia. Lo hacen de una manera perversa pues aunque todo mundo sepa sus reales intenciones, tratan de ocultarlas y dar una cátedra de debido proceso, legalidad, separación de funciones. Pero la finalidad es traerse abajo el proceso electoral para nombrar a alguien allegado a las redes criminales que se niegan a soltar el control del Estado.
La carne está echada al asador. El movimiento que busca robarse las elecciones tiene variadas estrategias utilizando las instituciones que tienen en el bolsillo, principalmente el Ministerio Público, que se ha convertido en un ente descarado que monta casos -al mejor estilo de Nicaragua- bajo el impulso de intentar defenestrar a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera. Arévalo no tiene vínculos criminales ni financiamiento del narcotráfico, por el contrario, viene de un partido nuevo que se potenció durante las protestas anticorrupción del 2015; la trayectoria del nuevo presidente es intachable, se ha preparado para gobernar, con estudios doctorales en Holanda y además es hijo de Juan José Arévalo, considerado el mejor presidente de la historia guatemalteca.
El último intento para atacar a Arévalo fue sacar un caso contra 27 personas por supuesto daño al patrimonio de la Universidad de San Carlos, la única pública, porque durante un año estuvo tomada por estudiantes y profesores tras haberse dado una elección de rector fraudulenta, apañada por el mismo Giammattei. Resulta que por haber tuiteado apoyos al movimiento de resistencia que tenía tomada la Universidad, Arévalo, Herrera, varios diputados del partido Movimiento Semilla, y otros profesores y activistas como Eduardo Veláquez, Helmer Velásquez, el abogado Ramón Cadena, estudiantes y la excandidata a diputada Marcela Blanco, son responsables del daño al patrimonio porque cuando se terminó el paro la fiscalía documentó algunos deterioros en las instalaciones de la universidad. Seis personas estuvieron presas por casi una semana y un juez, también sancionado por Estados Unidos, no pudo sostener toda la acusación y les dio arresto domiciliar aunque los dejó ligados a proceso. Hay varios con orden de captura, en cuenta estudiantes, que salieron del país.
Este nivel de montajes judiciales está sucediendo para tratar de debilitar al binomio presidencial electo y el problema es que se esperan más casos. El Congreso es el otro ente político que está siendo ajustado a la lógica golpista porque en la última sesión del año, el 30 de noviembre, se aprobó un presupuesto que favorece a la corrupción y se le despojó de inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes tuvieron que salir del país por temor a ser capturados. Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, fueron los operadores para conseguir que la mayoría calificada de diputados apoyaran esta embestida. Al día siguiente, el 1 de diciembre, Estados Unidos hizo pública una sanción Magnitsky (que implica la muerte financiera mundial) contra Martínez, quien se ha configurado como la persona por donde pasa toda la corrupción del gobierno y quien a su vez negoció en el Congreso la elección repentina de cortes que habían estado sin elegirse ilegalmente durante cuatro años. Esto pega al corazón de Giammattei pues se le coloca directamente como el centro de la estrategia golpista, cuando él mismo dijo que “daría su vida” para que Bernardo Arévalo asumiera el 14 de enero.
El golpe no se ha consumado gracias a que las Autoridades Indígenas Ancestrales promovieron una movilización inédita que arrancó en octubre que paralizó el país y que sigue latente frente al Ministerio Público, y a la contundencia de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, el Consejo Permanente de la OEA, la Unión Europea y las misiones de observación. El 4 de diciembre, 17 representantes diplomáticos de la OEA emitieron declaraciones condenando la “escalada” que busca boicotear el proceso electoral, y cuya muestra es la remoción de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya que debajo de esa intención buscarían nombrar a sustitutos que se prestaran a desconocer las elecciones. En la sesión, Estados Unidos propuso la discusión de una nueva resolución mientras que el canciller Mario Búcaro se colocó a la defensiva y se animó a asegurar cínicamente que: “este es el traslado de mando más pacífico de la historia”, cuando nunca se había dado ese tipo de incertidumbre.
Para el 7 de diciembre Arévalo junto a las Autoridades Ancestrales convocaron a una marcha para defender la democracia; además, el presidente electo ha organizado un diálogo con los principales líderes indígenas y grupos empresariales -desde los más conservadores como el CACIF hasta más democráticos como el Consejo Nacional Empresarial- para buscar salidas a la crisis. Los empresarios del CACIF han mantenido su alianza con Consuelo Porras negándose a pedir su renuncia (hace poco ella les cerró un caso de financiamiento electoral ilícito) aunque han hecho ciertas concesiones públicas diciendo que debe haber un cambio de mando cuidándose de no mencionar a Arévalo.
Estas diversas acciones, sumadas a una ciudadanía activa en la calle y en las redes sociales, han logrado detener, de momento, la estrategia de Giammattei. Pero hay un mes y un poco más para lograr preservar la democracia.
Para las próximas semanas se espera una delegación del Senado de Estados Unidos que visite el país, posiblemente más sanciones a otros actores corruptos, la OEA sesionará de nuevo para tratar el tema de Guatemala y en la Unión Europea se discuten con mayor contundencia posibles sanciones contra los actores corruptos. Bernardo Arévalo y los diputados de Semilla continúan con la denuncia y el trabajo a lo interno del Congreso para detener el golpe. En general, la población guatemalteca tiene la responsabilidad de mantenerse atenta, crítica, usando su voz en las redes sociales, asistiendo a las movilizaciones y manteniendo vivo el plantón permanente frente al Ministerio Público para acuerpar la democracia y asegurar que en un mes tengamos nuevas autoridades electas y la esperanza de un gobierno alejado de la corrupción.
*Álvaro Montenegro es periodista, licenciado en Ciencias jurídicas y sociales. Ha cofundado plataformas de sociedad civil en Guatemala vinculadas a la lucha contra la impunidad. Ha escrito libros de ficción. Actualmente cursa una maestría en Derecho (LL.M) en la American University en Washington D.C., Estados Unidos.
