“Soy periodista, no un delincuente”. Con esas palabras me recibió el periodista maya q’eqchi’ Carlos Choc cuando fui a verlo este mes en Ciudad de Guatemala. Las amenazas, los allanamientos a su casa, y la persecución legal con riesgo de cárcel le han acompañado como una espada de Damocles desde 2017. A finales del pasado enero, un juez desestimó finalmente dos denuncias penales contra él hechas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una subsidiaria de la empresa suiza Solway Investment Group, como represalia por una década de reportes para medios como Prensa Comunitaria desde El Estor, municipio de Izabal, sobre las operaciones de la mina. Le acusaban, entre otros supuestos delitos, de asociación ilícita, amenazas e instigación a delinquir. Desde 2017 estaba obligado por orden judicial a reportarse cada mes con el Ministerio Público.
“Demostré mi inocencia al sistema de justicia y a un Ministerio Público que te acusa y después investiga”, dice en esta entrevista.
No descarta, aun así, que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, símbolo de la corrupción de la justicia en el país, pueda abrir una nueva acusación contra él. Por motivos de seguridad, aún vive desplazado, en un municipio distinto al suyo, cuyo nombre no se arriesga a revelar.
Choc es, además de uno de los representantes más conocidos del periodismo comunitario en Guatemala, el rostro de Mining Secrets, una investigación transnacional acompañada por 17 medios en tres continentes y que en marzo de 2022 reveló con documentos internos de la mina CGN los procesos de contaminación ambiental, amedrentamiento a críticos y cooptación del Estado por parte de la CGN. El Tesoro de Estados Unidos reaccionó en diciembre de ese año con sanciones a la empresa, pero las revirtió cinco meses después. En Guatemala no se ha abierto ninguna investigación formal.
El año pasado, mientras movimientos indígenas defendían en las calles el resultado de la elección presidencial, el ganador, Bernardo Arévalo, les prometió una moratoria a la minería. Choc reconoce que desde la llegada del nuevo gobierno “hay espacios en los que [funcionarios] sí escuchan [a las autoridades indígenas]”, pero no cree que el presidente vaya a cumplir aquel compromiso. “Va a ser difícil para Arévalo respetar los derechos de los pueblos, porque hay contratos mineros que ya fueron otorgados”, dice.
Cree que la crisis económica y la persecución en territorio q’eqchi’ seguirá, de la mano del avance de la agroindustria: “Ha habido un despojo de tierras y una expulsión del pueblo q’eqchi’ y lo que queda es migrar [a Estados Unidos]”, lamenta.
¿En qué condiciones puede usted hacer periodismo a partir de ahora?
Por fin puedo hacer trabajo de campo. Ya no tengo que ir el 22 de cada mes a firmar ante el MP en El Estor. En estos años tenía coberturas en Petén, o en otro departamento, o me tocaba para algunos pequeños trabajos salir del país, porque nunca me prohibieron salir del país, pero a veces había oportunidades de trabajo de 15 días, un mes o dos, y los rechazaba porque tenía que regresar a firmar. También había temas que evitaba tocar, y ahora tengo total libertad para dar seguimiento a denuncias de los territorios, especialmente en Izabal, donde la industria extractiva, como por ejemplo el monocultivo de la palma, está afectando mucho. Hay muchas autoridades ancestrales criminalizadas por enfrentarse a esta industria extractiva.
¿Qué impacto personal tuvieron las acusaciones en su contra?
La criminalización me dejó psicológicamente muy lastimado, muy jodido. Pero en la cosmovisión maya lo negativo siempre se convierte en positivo. Conocí a Forbidden Stories, una red de periodistas internacionales muy profesionales y participé en la investigación de cinco años que llevó a la publicación de Mining Secrets. Y no solamente las organizaciones de derechos humanos sino también varias relatorías de Naciones Unidas reconocieron mi trabajo. Se dieron cuenta de que mi trabajo sobre el pueblo maya q’eqchi’ y la gremial de pescadores de El Estor refleja muchas injusticias y daño ambiental. Al mismo tiempo, en la ciudad de Guatemala los medios corporativos o tradicionales tienen una línea editorial que hizo muy difícil que en Guatemala reconocieran mi trabajo. Mi objetivo era contribuir no solo a la comunidad donde vivía, sino a toda la sociedad.
¿Ha disminuido el acoso contra usted?
El acoso continúa contra todos los periodistas que escriben sobre daños ambientales o derechos humanos. Hay campañas de difamación en Twitter y Facebook y sabemos que los netcenters [responsables de esas campañas] tienen vínculos con empresas criminales e incluso con el Ministerio Público. En diciembre me difamaron diciendo que estoy asesorando a comunidades para invadir tierras, que soy un guerrillero, un terrorista verde, un activista. Ahora tenemos un gobierno que está en un nuevo proceso, con nuevos aires para la libertad de prensa y derechos humanos, pero hay actores como los que mencioné que en cualquier momento podrían accionar contra mí.
Jose Rubén Zamora está en la cárcel desde hace casi dos años. En la capital ha habido un acoso general a la prensa en los últimos años, pero ¿en qué condiciones se ejerce el periodismo fuera de ella?
Los periodistas en los territorios hace muchos años que estamos resistiendo. Recuerdo el asesinato de Orlando Villanueva, un colega periodista comunitario en la ciudad de Puerto Barrios, Izabal, en marzo de 2022. En su página de Facebook denunció la corrupción del alcalde y dijo cosas en contra de la mina y sobre el estado de sitio impuesto en 2021 por el gobierno de Alejandro Giammattei. El gobernador era representante del presidente. Al otro día el Ministerio Público allanó su casa. Villanueva puso una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y la archivaron sin dar seguimiento. Después fue asesinado una tarde por dos personas en motocicleta mientras jugaba básquetbol con su hijo.
Hay colegas que me envían materiales para que yo los firme como míos, porque tienen miedo. En Petén, el crimen organizado ha callado no sólo a funcionarios públicos, sino también a periodistas. En Izabal hay colegas mujeres que también enfrentan acoso de la justicia. En Alta Verapaz, en la elección de gobernaciones, hay candidatos que son parte del crimen organizado. En Huehuetenango recuerdo que en 2019 un periodista comunitario me llamó y me dijo que fue agredido por documentar en redes sociales un tema sobre el alcalde. Me dijo, ‘Me voy a ir’, y ahora está en Estados Unidos. Migró y dejó de hacer periodismo. Muchos colegas, después de vivir todos los días amenazados, dejan de hacer periodismo.
¿En la capital hay prejuicios sobre el periodismo hecho en los territorios?
Los medios corporativos ni siquiera nos ven como corresponsales, sino que dicen, ‘Vamos con nuestro colaborador en este departamento’. ¡No nos ven como periodistas! Es injusto. Nuestro objetivo no sólo es romper el cerco mediático, o la narrativa tradicional. Si no existiera el periodismo comunitario nos quedaríamos con sólo una cara de la moneda. La prensa tradicional te puede hablar de un bloqueo, o de una “turba de criminales”, mientras que el periodismo comunitario maya diría que hay una manifestación en una comunidad. Hacemos periodismo con análisis, con investigación y a profundidad.
¿El periodismo guatemalteco tiene una deuda con la cobertura de las comunidades indígenas?
Sí. Y es una deuda grande en términos de libertad de expresión, porque muchas veces nuestras voces son censuradas. El racismo es muy fuerte. En una entrevista antes de dejar el cargo, Giammattei dijo que nuestras investigaciones sobre los daños ambientales de Solway eran “chismes de barrio”. También el actual gobierno tiene una deuda con la libertad de expresión y de prensa, con los derechos humanos y la justicia. Los gobiernos anteriores violentaron estos derechos pero el que tiene que asumir la responsabilidad es este.
Cuénteme la historia detrás de su famosa foto de 2017, de un pescador estrellado en el suelo en El Estor, asesinado por la Policía Nacional Civil. Esa imagen desató la persecución contra usted.
Contar esa historia es como revivir ese momento. Recuerdo escuchar pasar una bala como un silbido, tsss, y las detonaciones. Lo que quedaba era documentarlo con fotos y videos. Hubo momentos en los que me sentí impotente, sabiendo que por estar ahí me iban a joder. El medio televisivo Albavisión me llamó para su reportaje, y del otro lado tuvieron a Estu Velasco, encargado de la Policía en El Estor, diciendo que no hubo fallecidos y que la Policía no había disparado, que más bien la Policía había sido agredida. Cuando me pasaron el micrófono, dije: “No, aquí hay un fallecido. Se llama Carlos Maaz y está a diez metros de mí. Sus familiares están acá y están llorando. Tiene esposa y un hijo”.
Esa noche, 27 de mayo de 2017, tras el asesinato del pescador, desconocidos me llamaron para amenazarme diciendo que querían una reunión conmigo. En la segunda llamada me dijeron: “¿Querés que lleguemos a tu casa?” La tercera vez estaban más envalentonados: “Sabemos dónde vivís, quién sos, dónde están tus familiares. Si no venís ahorita, vamos por ti”.
Llamé a un amigo para que me acompañara y no pasó nada esa noche, pero ahí comenzaron las amenazas y los allanamientos en mi casa por personas desconocidas, por el Ejército, por el Ministerio Público y por la Policía Nacional Civil.
¿Tuvo un impacto en El Estor el hecho de que la publicación de Mining Secrets en una red de medios en tres continentes internacionalizó la noticia?
Hubo impacto local e internacional. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en 2019 suspender las operaciones de Solway, la minera siguió operando como si no pasara nada. Los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas de Giammattei también ignoraron la orden. Después de la publicación de Mining Secrets, en diciembre de 2022 el despacho OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Tesoro de Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky a CGN y acusó de corruptos a los empleados rusos de la empresa. También influyó el factor geopolítico, por Ucrania y Rusia. Hasta ese momento, en Guatemala los rusos estaban en El Estor como en su casa. Con Mining Secrets no sólo revelamos los escándalos ambientales de la mina, sino también la corrupción política, la cooptación y sus vínculos con el crimen organizado. Y esa acción de Estados Unidos fue favorable para el pueblo q’eqchi.
En abril de 2023 Estados Unidos eliminó esa sanción.
Sí. Fui a Suiza y conté al gobierno las violaciones a derechos humanos y la censura a la prensa en El Estor. Les conté que estaba bajo medida sustitutiva porque me denunciaron cuatro mineros rusos de Solway. Pero me contestaron, “Los suizos no somos los culpables, es el Gobierno de Guatemala el que está cometiendo esas violaciones”. Y dijeron que estaban luchando para que a Solway le fuera levantada la sanción. El año pasado los trabajadores de la mina, antes de que los despidieran a todos, me decían que gente llegaba desde Canadá o Alemania a la planta procesadora. La mina es una subsidiaria de mucha inversión y me atrevo a decir que va a continuar, pero no con los rusos.
La mina está trabajando por limpiar su nombre: “Somos amigos de la prensa, no hemos criminalizado a nadie”, dicen. Pero la criminalización contra mí duró siete años y no se puede tapar el sol con un dedo. Han dicho que van a velar por el medioambiente y los derechos humanos. También están contratando a medios afines para instalar una narrativa mentirosa: que la suspensión de la mina está causando migración a Estados Unidos. La migración la agravó la pandemia. Y luego vinieron las tormentas Eta e Iota. La ciudad de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, estuvo más de un mes bajo el agua. También, bajo los dos últimos gobiernos, ha habido muchos desalojos. Y en Alta Verapaz se han incendiado viviendas. Ha habido un despojo de tierras y una expulsión del pueblo q’eqchi’ y lo que queda es migrar. De mi propia comunidad, mucha gente se ha ido para Estados Unidos. Incluso cuando estaba la mina decían que iban a renunciar a su trabajo allí para migrar.
¿Solway retomará operaciones en Guatemala?
Están pidiendo que el Ministerio de Energía y Minas les autorice otra vez, y el nuevo gobierno lo está evaluando. La mina está movilizando a trabajadores mineros de otros lugares que dicen que son de El Estor, pero a los que la gente del lugar no conoce. También hay una lucha jurídica, porque Solway cooptó a los magistrados de la CC, que avaló la consulta que hizo la empresa bajo estado de sitio. Hasta que la Corte Interamericana reconoció las violaciones a los derechos humanos y en diciembre de 2023 ordenó al Estado hacer una nueva consulta.
¿Qué pruebas tiene de que los magistrados estén cooptados?
Sus resoluciones. ¡La CC avaló una consulta que se hizo bajo un estado de sitio! Los magistrados anteriores fueron bastante prudentes y se basaron en el derecho constitucional, pero la actual CC también avaló el estudio ambiental, dándole un OK a la mina. Esto no es solo mi palabra, no lo soñé. Mining Secrets demostró la cooptación de funcionarios públicos, jueces y congresistas.
¿Cuál es tu lectura del cierre del caso Alfombra Mágica, de los supuestos sobornos entregados a Giammattei en efectivo, enrollados en una alfombra, por mineros rusos?
Hemos vuelto a caer en la impunidad. El Ministerio Público ha ido cerrando casos y dejando en libertad a funcionarios señalados por corrupción o delitos de lesa humanidad, como Otto Pérez Molina que desde enero está en su casa con medida sustitutiva. En el caso de la empresa Mayaníquel, el MP cerró el caso Alfombra Mágica diciendo que no hay nada que investigar. Y Mayaníquel es socio de bajo perfil de Solway, porque le vende ferroníquel.
Una de las promesas de campaña de Bernardo Arévalo fue una moratoria a la minería. ¿Cree que la cumplirá?
No sé si lo hará, porque el CACIF tiene una representación política muy fuerte. Lo vemos no sólo en la minería en territorio q’eqchi’ en Izabal, sino también en el monocultivo de palma, que se está expandiendo agresivamente y sin respetar estándares ambientales internacionales. O con las hidroeléctricas. Por ejemplo, quieren reactivar y poner OXEC 3 aunque su licencia también está suspendida. Justo ha habido manifestaciones en Cahabón, en Alta Verapaz, porque las autoridades ancestrales denunciaron que el actual alcalde, que es de Vamos, el partido de Giammattei, integró a representantes de la hidroeléctrica en el Comité Municipal de Desarrollo.
Giammattei regaló licencias a las mineras como si fueran a la tienda a comprarlas, y el actual gobierno heredó la presión de al menos ya no ser muy agresivo en cumplir esas promesas de campaña. Va a ser difícil para Arévalo respetar los derechos de los pueblos porque hay contratos mineros que ya fueron otorgados. En una entrevista me dijeron ministros que no pueden decir no a los derechos que ya se cedieron con el aval de la CC. Pero también para los pueblos hay una puerta abierta, por lo menos, para que el Gobierno los escuche.
¿Percibe un cambio en la relación del Gobierno con las autoridades ancestrales?
Sí, sí, hay un cambio. Hay espacios en los que sí escuchan. Antes de una vez criminalizaban. Las autoridades maya q’eqchi’ dicen que Arévalo está buscando acercarse. El gobierno anterior desconoció a estas autoridades y reconoció a un Consejo de Comunidades Indígenas que nada tenía que ver con las autoridades ancestrales y mucho menos representan al pueblo q’eqchi’. Este otro consejo presentó un amicus curiae a favor de la minería y las comunidades dijeron, “No nos representan”. Es una buena señal que el Gobierno está buscando acercarse a las autoridades ancestrales.
¿En Izabal se percibe ese cambio? ¿Ha cambiado la actitud de la PNC o del Ejército, por ejemplo?
Ha cambiado la actitud de los policías e incluso del Ejército. Ya no son tan agresivos. En El Estor ha habido militares en las calles desde los estados de sitio que decretó Giammattei, en teoría brindando seguridad pero realmente defendiendo a la mina. También se instalaron destacamentos militares en las comunidades en resistencia contra el monocultivo de palma.
¿Cree que la mina está cortejando al gobierno de Arévalo?
Están presionando al Ministerio de Energía y Minas diciéndole: “Apúrate, queremos que des el OK para empezar a trabajar”. La administración todavía está en standby, pero puede activar la mina en cualquier momento.
Parece que duda que el gobierno vaya a ir más allá de lo que decidan las cortes.
Tiene que ver con lo que Arévalo puede y no puede hacer en este caso. Puede que las autoridades ancestrales se organicen, pero la CC ha avalado a la mina y el Ministerio anteriormente avaló todas las injusticias. Los ministros que asumieron ahora, como el ministro de Energía y Minas, tienen poder en el papel, pero todo está ya decidido.
En los últimos dos años ha habido muchos reportes de desalojos en los territorios. Lo vincula a la industria extractiva.
Para el pueblo q’eqchi’ ha habido cuatro invasiones de nuestras tierras: primero vinieron los españoles y luego los finqueros por la repartición de tierras. En tercer lugar estuvo la guerra interna, que duró muchos años y afectó muchísimo, porque a las comunidades les arrebataron de nuevo tierras. La cuarta invasión es la del extractivismo, que ha generado mucha migración. Se está invadiendo la casa de la gente, su territorio. En el monocultivo de la palma tampoco está consultando a las comunidades, simplemente se impone y se desaloja a las comunidades.
El oro está entre las principales exportaciones de Nicaragua. En El Salvador, Nayib Bukele está pensando en revertir la prohibición a la minería. En Honduras Xiomara Castro anunció una prohibición, pero su gobierno también otorgó al menos un contrato a una mina de oro en 2023. ¿El extractivismo avanza en Centroamérica?
Puedo hablar de Honduras. En diciembre estuve ahí y compañeros del Bajo Aguán decían que el monocultivo de palma sigue siendo agresivo. Y en Guatemala hemos perdido mucho terreno.
¿En las capitales de Centroamérica se sigue pensando que los movimientos antiminería se oponen al desarrollo?
Estas resistencias no se oponen al desarrollo. En San Pedro Carchá enviaron a las familias recibos para cobrar el consumo de electricidad pese a que no había energía porque estuvieron bajo el agua por más de un mes. Se habla del desarrollo y antidesarrollo desde la narrativa citadina, pero es todo lo contrario: en Ciudad de Guatemala hay mucha contaminación y no les importa el medioambiente. Al final les importa tener luz y aparatos electrodomésticos para cuya fabricación se procesa níquel. También lo tienes en un teléfono, en todas partes. Sólo les importa lo que se puede vender.
Las autoridades ancestrales, y no sólo la q’eqchi’ de El Estor, sufren tres preocupaciones: primero el cambio climático, que les preocupa porque la lluvia no llega a tiempo para sembrar y cosechar. Luego viene la contaminación ocasionada por las industrias extractivas. El tercero es el despojo de tierras por desalojos violentos y arbitrarios en los que participa el Ejército. Las autoridades dicen, “Se están yendo nuestros hijos a trabajar fuera de Guatemala”. Lo que se vive en este país no es desarrollo. La cosecha de los territorios viene aquí, a la ciudad de Guatemala. No se puede hablar de democracia ignorando el medioambiente.
