Se ha cumplido medio año desde que Bernardo Arévalo asumió, de una forma muy peculiar, el Gobierno de Guatemala. Si bien el presidente chocó rápidamente contra el cerco del Legislativo y Judicial, su mayor reto será renovar su compromiso con la negociación y el diálogo que prometió en campaña. Sólo Arévalo puede salvar su gobierno.
La mayoría de la población guatemalteca, como lo manifestó en las urnas y en las calles, recibió con algarabía el inicio de la gestión gubernamental, y en algún momento parecía que todo mundo presumía su cercanía con alguno de los servidores públicos que tomó posesión en enero.
Poco más de 180 días después de ese momento, tenemos una visión más completa de la marca que dejará el gobierno para la historia nacional, donde al momento los otros dos organismos del Estado procuran el fracaso del Gobierno.
Desde el Legislativo, vemos como la corta y raquítica alianza inicial entre la bancada oficialista y otras bancadas no ha podido avanzar en agenda legislativa vital para la gestión de gobierno, y que potencian la imagen débil del gobierno ante la opinión pública, que han impedido el avance de una ley de competencia, la ampliación presupuestaria, una reforma a la ley del Ministerio Público, la improbación en dos oportunidades de estados de excepción y muchos etcéteras.
El actor que ha abonado a la debilidad gubernamental es la “celestial” Corte de Constitucionalidad, que continúa legitimando las acciones ilegales del sistema de justicia ordinaria que, entre muchos disparos al gobierno, mantiene sin vigor al oficialista Movimiento Semilla como partido político y por ende sus diputados son considerados una “bancada independiente”, sin poder asumir la presidencia de ninguna de las comisiones legislativas.
Se ha criticado mucho la imposibilidad de los diputados oficialistas de entablar negociaciones con otros bloques legislativos. Una tarea que hasta el momento ha sido imposible, porque la negociación política de los diputados tradicionales ha estado supeditada al soborno y negocios turbios.
Aquí es donde será necesaria la capacidad de ingenio para el éxito de una negociación política, ceder para obtener, pero sin que esto implique quebrantamiento de la ley y de principios.
Aquí vuelvo al tema de la Corte de Constitucionalidad y sus maniobras, encubiertas en resoluciones, hasta proteger a Jorge Mondal de ser destituido por el presidente. Mondal habría cometido delitos en la presentación de credenciales para presidir el Banco de los Trabajadores y de esta manera impide que el presidente Arévalo pueda efectuar otro nombramiento.
Mientras desde el Ministerio Público y los tribunales de justicia ordinaria tampoco hay tregua para el gobierno, además de la afrenta contra la democracia que tuvo como instrumento utilitario el caso contra el Movimiento Semilla, se han utilizado otros casos como el de la Universidad de San Carlos —en el que se acusa tanto a Arévalo como a la vicepresidenta Karin Herrera, por su apoyo a manifestaciones universitarias, de dañar el patrimonio nacional— e inclusive se ha amedrentado a ministros y otras autoridades con el propósito de boicotear las acciones del gobierno.
Apenas este jueves por la mañana Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció su exilio de Guatemala tras la conmutación de su condena a cárcel e inhabilitación de optar a cargos públicos durante diez años. Todo esto como represalia por su trabajo en contra de la corrupción en la fiscalía que yo dirigí hasta mi propia salida de Guatemala a finales de julio de 2021.
El exilio de Laparra, como el de dos decenas de nuestros colegas del sector justicia en los últimos tres años, asesta otro duro golpe a la promesa de Arévalo de frenar la persecución política y depurar la corrupción del sistema judicial, uno que el presidente difícilmente podrá revertir a corto plazo.
Pero ¿cómo explicar todo esto a la ciudadanía, que lo que quiere más que entender razones es ver resultados?
La temporada lluviosa ha mostrado la ausencia estatal de décadas y la población, claro está, hará el reclamo a quien tiene que responder en este momento.
La paciencia de los ciudadanos tiene límites y no esperarán excusas como respuesta.
Aquí es donde el gobierno debe apuntalar todos los esfuerzos, con el poco margen de maniobra que le deja el pacto de corruptos, que está en primera fila para celebrar sus desaciertos.
Reafirmo: lo mejor que pudo haber pasado al pueblo de Guatemala es la victoria de Bernardo Arévalo y su equipo, pero ahora el nuevo mandatario tendrá que demostrar mayor aplicación, compromiso y decisión.
*Juan Francisco Sandoval es el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala.
