El lunes 6 el presidente Bernardo Arévalo presentó ante el Congreso de Guatemala una propuesta de reforma que pretende zanjar su pulso con la fiscal general Consuelo Porras, que se niega a renunciar pese a duras críticas por favorecer a altos funcionarios en casos de corrupción, además de su declaración en diciembre que las elecciones del año pasado deberían declararse “nulas”. Si la iniciativa se aprueba, el presidente podrá destituir a la fiscal por la comisión de delitos o por faltar a sus funciones, sin necesidad previa de una condena penal en firme como la ley exige ahora. También podría destituirla por “falta de capacidad, idoneidad u honradez”.
La iniciativa reabre el delicado debate en la última década sobre la independencia del Ministerio Público en Guatemala, pero sobre todo encarna el pulso político por arrebatar a la coalición de intereses corruptos que operó durante la administración de Alejandro Giammattei su principal herramienta de persecución política, y así desbloquear uno de los mayores obstáculos que enfrenta Arévalo para llevar adelante su plan de gobierno.
El diputado Samuel Pérez, jefe de fracción de Semilla, el partido de Arévalo —que ha sido suspendida temporalmente en medio de una investigación puesta en marcha por Porras a mediados del año pasado, entre primera y segunda vuelta electoral, por supuestas firmas falsas y lavado de dinero— aseguró en un principio que tenía garantizados los votos para aprobar la reforma, pero ha fallado dos veces en una semana en la tarea previa de conseguir que el Congreso sesione. No han logrado siquiera que tres cuartos de los diputados comparezcan y se forme quórum.
“Algunos diputados dicen, ‘Van a poner a otro fiscal que nos va a perseguir’, a pesar de nuestro cabildeo explícito diciendo que queremos parar la persecución política de todos lados”, dice Pérez a El Faro en esta entrevista. Responde también a críticas recientes al liderazgo legislativo de Semilla, que ha pasado de ser una pequeña bancada de oposición a llevar el yugo de marcar agenda pese a tener solo 23 de 160 curules y, debido a su suspensión, su exclusión de la Junta Directiva y de las diversas comisiones legislativas. “Hay mil excusas. Cada uno busca justificar el hecho de que no viene a posicionarse con contundencia y valentía ante una demanda popular”, dice, refiriéndose a la salida de Porras de la Fiscalía.
El futuro de la reforma es opaco. Aún si Semilla consigue los votos, la Corte de Constitucionalidad ha ordenado al presidente que no “atente contra el mandato” de la fiscal. No se ha pronunciado aún sobre otro amparo que ha pedido la Fundación Contra el Terrorismo, férreo aliado de Porras, para tratar de conseguir que la nueva normativa, si se aprueba, sólo se pueda aplicar al siguiente fiscal, a partir de 2026.
El tiempo también corre contra Semilla. El 15 de mayo el Congreso entra en receso de más de dos meses, por lo que la reforma sólo podría aprobarse por mayoría calificada en las sesiones del martes 14 o jueves 16, en sesiones extraordinarias en las próximas semanas, o hasta que los diputados vuelvan a sus curules en agosto.
¿Por qué presentar una iniciativa tan trascendental solo semana y media antes del receso del Congreso, con una línea de tiempo tan apretada?
No debería ser motivo de ausencia en las plenarias el hecho de que estemos cerca del receso parlamentario. Teníamos una hipótesis inicial de que la fiscal renunciaría al momento de ver fracasado su intento de golpe de Estado. Por un tiempo uno decía “bueno, ya en un par de semanas se va”. Cuando no sucedió, el presidente siguió insistiendo. Desde el proyecto político de Semilla no hemos cambiado nuestra postura de pedir su renuncia. Pero después la fiscal volvió a atacar y es ahí donde había que llevar un proceso de análisis que no fuera improvisado, o tuviera una consecuencia no intencionada, negativa, que terminara por blindar a la fiscal. La única ruta legal segura para remover a la fiscal era presentar una iniciativa de ley. De hecho, la Corte de Constitucionalidad confirmó esta semana que ahí hay una ruta.
¿Al presentar la iniciativa tenían los votos asegurados, o buscaban mover la pelota a la cancha de los demás diputados?
Una buena parte del Congreso está comprometida con detener la persecución política. Otras bancadas no nos decían “Por fin viene esta iniciativa” pero tampoco tenían posiciones en contra o negativas. Algunos dijeron que sí, otros aclararon dudas después de las reuniones con el presidente y muchos dijeron “Ahí vamos a estar”, pero al final no asistieron.
La reforma busca quitar al cargo de fiscal general el blindaje que se aprobó en 2016, en la época de la exfiscal Thelma Aldana.
Correcto. Pero no es retrotraer la ley a lo que existía antes. Se trata de hacer cumplir la Constitución, porque ahora hay una garantía de impunidad absoluta: la fiscal no puede ser removida a menos que se investigue a sí misma y haya un juicio en donde la condenen. Había que desarrollar causales claras para que el presidente pueda decidir cuándo puede remover a quien ocupe la fiscalía general.
La iniciativa introduce causales como la falta de honradez o el incumplimiento de sus funciones, pero son términos ambiguos.
Ha habido propuestas alternativas que sugieren que remover a un fiscal general simplemente sea una decisión de un día para otro del presidente. En esta se mantuvieron garantías. Obviamente, el objetivo final sí es remover a Consuelo Porras, y creemos que hay causas justificadas más allá del intento de golpe de Estado y la amenaza a la democracia que representa tenerla al frente del Ministerio Público. Pero la iniciativa de ley plantea que se hagan evaluaciones. Incluso se le da un periodo para que presente un informe sobre su desempeño. Y al final de cuentas la Constitución es muy clara al decir que el presidente tiene la capacidad de remover a la fiscal general.
Antes de la reforma de 2016, los presidentes de Guatemala tenían ese poder discrecional, bajo el amplio paraguas de la “causa justificada”. ¿Están buscando un punto medio?
Antes los fiscales se mantenían en su cargo porque no instrumentalizaban el Ministerio Público para fines políticos de persecución ni para intentos de golpe de Estado. Hubo una escalada en la historia reciente del país, incluso de América Latina, en la que se empezó a llevar la disputa política a la cancha de persecución penal, o lawfare. El actor determinante en muchos casos es el Ministerio Público, así que el debate nacional se traslada hacia la capacidad de mantener suficiente autonomía para que no sea arbitraria la remoción de un fiscal general, pero también tener válvulas de escape para que tampoco sea un órgano paralelo de poder que se convierte en un instrumento de persecución de adversarios, con blindaje absoluto y sin rendición de cuentas; la fiscal Porras no se va a condenar a sí misma.
¿Qué significaría para la bancada de Semilla un posible fracaso de esta iniciativa de reforma?
Habría que replantear la táctica. La bancada de Semilla está completamente subida a este tema, pero tenemos que entender mejor cuáles son las variables que hacen que varios bloques legislativos no asistan a los plenos. No es que vengan y digan “Yo me posiciono en contra”, sino que están enviando un mensaje completamente diferente. Según lo que nos han dicho, tiene que ver mucho con temor a la fiscal, a la exposición pública y a quedar mal con el presidente. Algunos diputados dicen “Van a poner a otro fiscal que nos va a perseguir” a pesar de nuestro cabildeo explícito diciendo que queremos parar la persecución política de todos lados. No podemos instrumentalizar el Ministerio Público. No va a haber persecución.
En los últimos días varios diputados han criticado el liderazgo de Semilla en el Congreso, incluso diciendo que no están en contra de esta iniciativa pero que quieren abordar una agenda legislativa más amplia, una “agenda de desarrollo del país”.
Hay mil excusas. Cada uno busca justificar el hecho de que no viene a posicionarse con contundencia y valentía ante una demanda popular. Otros quieren utilizar esto como un instrumento de presión hacia el presidente, pero en realidad este no es un tema del plan de gobierno, no es una ampliación presupuestaria, ni la propuesta de la Ley de Competencia. Esta es una demanda del pueblo de Guatemala, que lo expresó en las urnas y en las calles. El presidente la canalizó y ahora les toca a los diputados cumplir.
Si no se consigue declarar la urgencia nacional la próxima semana, el Congreso tendrá que discutir esta iniciativa en tres sesiones separadas. ¿Supondrá esto demorar el tema de la fiscal general por varios meses, hasta que termine el receso legislativo el 1 de agosto?
No necesariamente. Todavía nos quedan las dos sesiones de la otra semana y se puede convocar a pleno extraordinario en cualquier momento. No es que esté simplemente perdida esta semana y ya estuvo. El presidente del Congreso podría convocar al pleno extraordinario y se crearía una Comisión Permanente ante la ausencia de Junta Directiva.
¿Dónde está colocado el presidente Nery Ramos en estas negociaciones?
El presidente del Congreso tiene un rol complejo, pero él ha expresado y demostrado un compromiso total con el proyecto político del Gobierno. Forma parte de una alianza en quienes depositamos nuestra confianza y él ha hecho su trabajo, dentro de su campo de acción, para intentar hacer avanzar esta iniciativa.
No ha dicho en público “Yo apoyo esta iniciativa”.
La apoya.
¿Quiénes más la apoyan? ¿Dónde están sus votos?
En realidad no tenemos votos duros como tal, porque esta es una ley muy particular. También hay que tener en cuenta que, aunque muchos simplemente no se atreven a decirlo, hay quienes no quieren que desaparezca una pieza clave del régimen anterior de corrupción, impunidad y autoritarismo. No quieren este cambio porque entonces perderán oportunidades de beneficiarse particularmente.
Hay sectores del Congreso, bancadas enteras, con las que han tenido roces, como sucedió en la elección de gobernadores departamentales o el presupuesto.
Claro. Y hay muchos diputados que creen que lo nuestro es un bluff. Creen que estamos diciendo que vamos a combatir la corrupción, pero que bajo de agua vamos a continuar con las mismas prácticas. Y cuando se dan cuenta de que no es así, empiezan a extorsionar. Nos dicen, “No me diste equis concesión y ya no tengo mi feudo en mi distrito”. Pero no vamos a conceder feudos. Estamos dispuestos a tener conversaciones sobre poder político real y hacerles partícipes en la discusión. Conseguir inversión pública para su distrito es el rol de un diputado, pero eso no significa decir “Mira, aquí están 30,000 quetzales para que votes por esta ley”. Intuyo que hay una percepción pública de que el Congreso cambió, pero hay que recordar que en realidad los actores son los mismos, con los mismos impulsos de corrupción, aunque ahora con síndrome de abstinencia.
¿A qué se refiere cuando dice que algunos diputados extorsionan a Semilla?
No es una extorsión delictiva, sino que presionan con interpretaciones de que “Yo no me siento lo suficientemente aliado, ¿habrá algún incentivo para mí o no?” Nuestra interpretación es que probablemente quieren cosas que no estamos dispuestos a dar.
Pero habrá temas de negociación política donde seguramente ustedes podrían buscar el apoyo de bancadas que están en un área gris respecto al oficialismo, como la de Cabal [del excandidato presidencial Edmond Mulet]. ¿Está Semilla dispuesta a ceder para acercarse a esos grupos?
Ya lo hemos hecho con demandas legítimas en las que podemos tener coincidencias. En temas relacionados con la delegación de poder, eso es natural. Nosotros no ganamos como Morena en México. Ganamos sobre todo los distritos urbanos. Y hay diputados de otros partidos con completa legitimidad en su territorio y está bien hacer concesiones sobre gobernabilidad local. Pero aún así, no es suficiente para muchos de ellos, porque buscan ver dónde pueden meter negocios de corrupción. Se desesperan. No les gustan las concesiones que ofrecemos porque las ven poco prácticas para sus fines.
También ha habido críticas estos días de que, en temas que no tienen que ver con corrupción per se, Semilla toma una postura moralista desde la que ve a las demás bancadas con superioridad.
Para nada. Creo que es válido que cada uno intente justificar su posición y construya un relato, pero en realidad hemos tenido comunicación fluida con prácticamente todos los bloques y con cada facción de los bloques. A lo mejor no queda satisfecho todo el mundo, pero no quiere decir que no hagamos el trabajo de operación.
¿Es cierto que parte del bloque de Vamos, el partido del expresidente Alejandro Giammattei, que tiene el mayor número de escaños, está dispuesto a negociar con Semilla?
De hecho varios de ellos estuvieron presentes en la sesión del martes. Vinieron con mucha valentía, porque ellos son los más expuestos a represalias. Esa es la dinámica que hemos tenido desde hace ya meses.
¿Qué ha sido de la alianza de Giammattei que dominó el pasado Congreso? Los partidos que la formaban siguen ahí.
No hay que entenderlo desde la lógica de partidos, sino desde la del régimen, que sustituye sus piezas pero conserva la maquinaria. Giammattei compraba diputados, garantizaba impunidad y delegaba feudos, sobre todo desde los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda o de Desarrollo Social. Pero también lo hacían Jimmy Morales [2016-2020] y Otto Pérez Molina [2012-2015]. Nosotros rompimos con eso. No es que ahora haya diputados de Giammattei, sino que son del régimen pasado y buscan las mismas concesiones.
En este proceso de transición, ¿cómo generamos incentivos que dejen satisfechos a los diputados y diputadas que no son del régimen anterior, para garantizarles capital político? Ese es nuestro gran reto y hay que ser creativos: ya no vas a ganarte el proyecto para construir un hospital, porque ahí te robabas el 50 por ciento, pero sí vas a estar presente en la inauguración, y en tu territorio vas a ver el resultado.
¿Hay pruebas de que Giammattei compraba votos?
No tengo un documento o recibo que diga “Así lo hacía el presidente” pero el año pasado hubo una famosa ampliación de presupuesto por alrededor de tres mil millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio ahora ha denunciado que hay obras que se pagaron y no se hicieron y ahí hubo robo de recursos públicos que seguramente fueron para la campaña. También Allan Rodríguez [expresidente del Congreso por el partido de Giammattei] llamaba a los diputados y trataba de comprarlos para que votaran a favor de ciertas cosas. Venían a las once o doce de la noche a la presidencia del Congreso a cobrar. El día en que iban a quitar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, había diputados que salían del Congreso para recibir una bolsa y con lo que creemos fue dinero.
Uno nunca escuchaba a diputados del oficialismo defender una iniciativa de ley por posición política. Los únicos que lo hacíamos éramos los diputados de oposición. Ellos llegaban a votar únicamente porque les pagaban. Este Congreso es diferente; todo mundo se pronuncia a favor o en contra, cada bloque tiene su posición.
El 14 de enero usted consiguió 92 votos para convertirse en presidente del Congreso y poder tomar juramento al presidente Arévalo, pero la Corte de Constitucionalidad rápidamente lo bajó de ahí. En su cálculo imagino que también entra el factor de las Cortes Suprema y de Constitucionalidad.
Sin duda, y particularmente la Corte de Constitucionalidad. Buena parte de la corte está diseñada para preservar el régimen que la puso ahí. Tienen lealtades. Lo que pasa es que llegó Semilla, un outlier completo, a meterse al sistema con objetivos de transformarlo. La corte es un bastión importante del antiguo régimen y en ocasiones negocia. Pero la gran mayoría de veces se convierte en un contrapeso político fuerte y eso fue lo que sucedió con la elección de Junta Directiva. La CC nunca se había involucrado tanto en el Congreso como en estos últimos tres meses.
Durante la segunda mitad del año pasado, esa misma CC ayudó a que no avanzara el intento de revertir los resultados electorales.
Hicieron el mínimo esfuerzo posible. La CC nunca se ha pronunciado por la suspensión completamente ilegal de nuestro partido, a pesar de que ellos están conscientes de que es así. Es un riesgo mortal no sólo para los partidos políticos sino también para las empresas. La CC no ha tenido un rol realmente activo para garantizar el proceso de transición. No fue la CC la que logró los votos en el Congreso para poder garantizar la transición. De hecho, fue a pesar suya.
En los próximos meses se elegirá una nueva Corte Suprema. Ha habido dos investigaciones penales en la última década por comisiones paralelas que buscaban incidir de forma corrupta en ese proceso. ¿Qué estrategia tomará Semilla para evitarlo?
Nuestro objetivo es generar condiciones que cambien la dinámica tradicional de elección de cortes para tratar de tener resultados distintos y un sistema de justicia mucho más independiente.
Eso pasa por las Comisiones de Postulación.
Por eso. Es que a mí no me corresponde decirlo. Nuestro rol en el Congreso es simplemente recibir las ternas, los listados, y tratar de elegir a las mejores personas.
Varios perfiles aptos para competir por esos cargos están en el exilio y cabe pensar que habrá una fuerte presión sobre todo el proceso. ¿Cómo se logra tener una mejor lista de candidatos?
Me tengo que circunscribir a lo único que puedo hacer yo desde el Congreso. De hecho, se han montado casos contra actores que no les compete estar metidos en otros procesos. Mi posición como diputado es que tenemos que recibir los listados y votar por los mejores.
¿Qué relación tiene la bancada de Semilla con la Embajada de Estados Unidos?
La bancada siempre ha tenido una relación fluida y positiva con la embajada de Estados Unidos. Tenemos reuniones con cierta frecuencia, pues es un socio comercial importante además de un actor político relevante. Ahora ha cambiado la intensidad o frecuencia de la relación, porque somos bancada de gobierno, pero nunca hemos tenido problemas o choques. Desde el 2015 los intereses de Estados Unidos están bastante alineados con los de Guatemala en la defensa de la democracia, combate a la corrupción y generación de un clima de negocios favorable y estrategias de desarrollo. Tenemos concordancia.
En la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del MP, ¿en qué influye la embajada?
No es que coordinemos con la Embajada nada que tenga que ver con el Congreso, pero nos han recordado tanto a nosotros como a otros bloques que sancionaron a Consuelo Porras por sus acciones antidemocráticas y a favor de la corrupción. Me imagino que, si hay una ruta para sacarla, es de interés para la seguridad de Estados Unidos o para su visión democrática. No olvidemos que Porras ha intervenido en temas de crimen transnacional, protegiendo a narcotraficantes. También se ha involucrado en la investigación contra Save the Children, un caso que tiene impacto incluso en este momento electoral en Estados Unidos. Pareciera un peón de algunos grupos radicales acá y en Estados Unidos. Seguramente hay un interés de la embajada en poner en discusión el tema de la Fiscal General.
¿Le han dicho en privado que apoyan la iniciativa de reforma?
No es que nos expresen “Nos gusta su iniciativa de ley”, pero evidentemente están de acuerdo con el objetivo.
En diciembre la embajada revocó más de 100 visas de congresistas en medio de los esfuerzos por impedir el traslado de poder. El Washington Post informó que la estrategia de Estados Unidos ante el Congreso de Guatemala consistía en una mezcla de sanciones, diplomacia de bajo perfil y torcer brazos. ¿Sigue en pie esa estrategia?
No conozco la estrategia de la embajada. A mí me sorprendió mucho cuando sacaron la revocatoria de visas. Fueron muy categóricos. Esa votación en particular pretendía garantizar que avanzara un intento de golpe de Estado. Creo que lo que hicieron fue utilizar los instrumentos que tienen para mandar un mensaje de manera más contundente.
La diputada Sandra Jovel, ahora de oposición, llegó a quejarse afirmando que la embajada estaba llamando a diputados uno a uno, amenazando con sanciones si se apoyaba esa iniciativa, alineada con Consuelo Porras. ¿Le consta eso?
No, yo nunca recibí llamada de nadie.
No hubieran tenido motivo para llamarle a usted, que es del partido de Arévalo.
Lo que sí seguramente sucedió es que hubo reuniones, de todos los diputados que aceptaron, con personas de la embajada para que los diputados expresaran su posición. Pero no es que haya una operación coordinada. Simplemente son intereses alineados. Para nosotros es insostenible que Consuelo Porras sea la fiscal y Estados Unidos utiliza sus instrumentos, por su lado.
¿Semilla, teniendo una bancada de 23 diputados, ve en la Embajada de Estados Unidos un aliado fáctico?
Al momento de hacer una estrategia no pensamos “Estos votos [los conseguirá] la Embajada”, pero estamos conscientes de que están al tanto constantemente de lo que sucede en el Congreso y saben cuándo hay votaciones clave. No es que queramos pasar una iniciativa de ley para atender el cáncer y le digamos a la embajada “Llamen para quitar visas”.
Pero Semilla era consciente de que el secretario de Estado Antony Blinken venía el martes 7 y por eso trataron de ingresar la reforma de la ley del MP a la agenda legislativa ese día.
No, esa sí fue una coincidencia completa. Yo no sabía, de hecho, que venía el secretario Blinken. Según me dijo alguien del Ejecutivo, él venía por un tema de migración y estuvo en Guatemala hasta mediodía.
Arévalo ya viajó a Europa, el Grupo de Puebla y Washington en sus primeros tres meses. Parece que el apoyo internacional está en el centro de su cálculo.
Totalmente, pero también con una visión de reciprocidad. El año pasado hubo un consenso casi absoluto en la comunidad internacional durante nuestro periodo de transición. Hubo pronunciamientos explícitos, incluso amenazas de acciones, desde la OEA, frente a los intentos de evitar que el presidente Arévalo asumiera su cargo. El presidente, además, tuvo una carrera profesional como diplomático.
El exdiputado José Ubico acaba de declararse culpable en Estados Unidos en una conspiración internacional de narcotráfico. ¿Cómo repercute esto en el Congreso?
No sé qué efecto tiene, pero él tenía negocios con varios diputados del actual Congreso. Habrá que ver qué declara como parte de su confesión.
Fue presidente de la Comisión de Seguridad Nacional durante siete años. Era un diputado de peso.
Es que el Congreso tiene bancadas que responden directamente a carteles. Depende de la región por la que fueron electos. Son posiciones muy explícitas de personas que tienen familiares directamente vinculados al narcotráfico. Hay una penetración muy fuerte del crimen organizado en la política del país. Son diferentes partidos políticos del régimen. El Congreso no tiene una disputa ideológica entre izquierdas y derechas, como quieren hacer ver, sino que realmente hay criminales que buscan preservar privilegios e impunidad.
Por lo pronto parece que la fiscal no va a ningún lado por vía legislativa, a menos que suceda algo inesperado la otra semana. ¿Hacia dónde reorientarán en los próximos meses el pulso con la fiscal?
No descartamos en absoluto lograr la reforma la otra semana. Hemos puesto mucha atención a lo que han comunicado los diputados de los diferentes bloques, creamos o no que lo que dicen sea real. Si a pesar de ello no se logra un consenso amplio en el Congreso, tenemos que replantear la estrategia, pero no estamos tirando esto para largo. Esto es un escenario que teníamos totalmente contemplado.
¿La estrategia seguirá centrada en el tablero legislativo?
Es una de las rutas más eficientes, y la que ofrece más garantías de blindaje frente a las cortes. Es una ruta segura.
¿Pretenden convocar ustedes manifestaciones en las calles?
No convocamos a ninguna movilización. De hecho, vino un sindicato que no está de acuerdo con el gobierno y hoy están expatrulleros, un grupo de choque que quemó el Congreso. Pero ahora lo otro que sí es importante para nosotros es la relación con otras organizaciones sociales. Estamos también en esa conversación.
¿Están buscando subir la temperatura?
No hay que descartar ninguna alternativa. La generación de consensos es una responsabilidad que asumimos en la bancada Semilla. La otra es una variable completamente exógena. Nadie en el país, con excepción de algunas autoridades indígenas o grupos organizados históricos, tiene en sus manos movilizarse de un día para otro. Nosotros conversamos con muchos grupos organizados, pero esa no ha sido esa nuestra apuesta en este momento.
Puede que un día esos movimientos pongan al gobierno o a la bancada bajo la misma lupa.
No lo dudo. La sociedad guatemalteca cumplió un objetivo histórico, el de resguardar la democracia. Y puede ser que se genere una indignación tal con los diputados que no vienen al Congreso, que se genera una movilización la próxima semana. Pero nosotros sí estamos presentes y fue el presidente quien mandó esa solución al Congreso. Los diputados a veces dicen que para la gente en la calle todos los diputados son exactamente lo mismo. Pero la gente sabe diferenciar quiénes están comprometidos con el pueblo y quienes no.
