Ha pasado un año y medio desde la audiencia en la Corte IDH por el caso Beatriz vs. El Salvador, un caso parteaguas en materia de aborto no solo para el pequeño país centroamericano sino para la región. Es el primero en el que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pone bajo la lupa la penalización absoluta del aborto en el continente, donde están ubicados tres de los cinco países con la legislación más restrictiva sobre aborto en el mundo.
El Estado salvadoreño ha sido acusado de haber incurrido en tortura y de violar, entre otros, el derecho a la vida, las garantías judiciales, la igualdad frente a la ley y el derecho a la salud de Beatriz, una mujer a la que en 2013 le fue diagnosticado un embarazo de alto riesgo con un feto con anencefalia, es decir, que no había desarrollado cerebro. El acceso al aborto le fue negado a pesar de la opinión de sus médicos, tratos que, en 2022, la Comisión Interamericana calificó de “crueles, inhumanos y degradantes”.
El Salvador ya fue condenado por tortura en 2021 por el caso de Manuela, una mujer sentenciada a 30 años de cárcel en 2008 por homicidio agravado luego de sufrir un parto extrahospitalario. Ella murió en prisión de un cáncer que no había sido diagnosticado previo a su tiempo en prisión y que fue causal para la muerte de su bebé.
El caso Beatriz ha generado tanta atención a nivel internacional que un total de 119 amicus curiae fueron enviados a la Corte por parte de profesionales y expertos en salud y derecho de distintas partes del mundo. Ipas LAC, una de las organizaciones representantes de la familia de Beatriz, dijo a El Faro que 89 de estos escritos son a favor de su causa. Los documentos no son públicos sino hasta que la Corte da su veredicto y antes de esto solo las partes tienen acceso a ellos. Sin embargo, decenas han sido publicados en internet.
Las partes y sus respectivos aliados han tomado extremos diferentes en público mientras esperan la decisión de la Corte. Las organizaciones que representan a Beatriz piden justicia, que se responsabilice a El Salvador por tortura y se ordene la despenalización del aborto. Por otro lado, organizaciones, académicos y voceros que se han aliado con el Estado salvadoreño están atacando a la Corte y la independencia y credibilidad de sus magistrados.
Una larga espera
Ambas partes están a la espera de una pronta resolución de la Corte IDH, ya que, en el caso Manuela en 2021, los magistrados solo tardaron nueve meses en dar su veredicto. De cara a las crecientes presiones políticas que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Morena Herrera, presidenta de la Organización Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia en Ipas LAC –ambas representantes de la familia de Beatriz–, tratan de dar margen político al tiempo que le está tomando a la Corte tomar la decisión. Para ellas no se puede hablar de un retraso específico sobre el caso Beatriz, tomando en cuenta que no existe una fecha límite para que la Corte emita sus veredictos después de celebrada la audiencia.
“Tomando en consideración los tiempos que llevó el caso Manuela, nosotras esperábamos que a finales del 2023 tendríamos ya la sentencia del caso Beatriz. Esto no ha sucedido así; sabemos que el caso ha generado discusiones intensas, que ha requerido de mucha discusión, pero en general la Corte está retrasada con todos los casos”, explica Díaz de León.
La conformación de la Corte cambiará a partir de enero de 2025, cuando a dos de los jueces se les vence su período. Pero aún si para finales de 2024 no ha habido una decisión, Díaz de León recalca que está estipulado en el reglamento de la Corte que los mismos seis jueces que estuvieron presentes en la audiencia de marzo 2023 seguirán a cargo del proceso de Beatriz.
Mientras tanto, las organizaciones que representan a Beatriz y su familia han empezado a plantearse los posibles escenarios que podrían darse una vez que se emita la sentencia. Reconocen que esto es solo el primer paso. “Nosotros tampoco esperamos que sea fácil la implementación, sin embargo, es parte del proceso. Indudablemente dependerá del contenido de la sentencia, pero también de cómo la reciba el Estado de El Salvador y cómo se vaya avanzando en el cumplimiento”.
Tomando en cuenta el progreso tímido de las medidas de reparación en la sentencia de Manuela, Herrera hace énfasis en que aunque el Gobierno no cumpla con la totalidad de la resolución de la Corte, la condena es irreversible y de obligatorio cumpliento para todos los gobiernos, no solo el actual.
Los aliados del Estado salvadoreño han tomado una estrategia distinta.
El 9 de agosto de 2024, la agrupación Ciudadanos Argentina publicó un video en su canal de YouTube titulado, “Colonización o Libertad: La estrategia para legalizar el aborto en América”. Alertan que “el aborto se legalizará en toda América si no hacemos algo urgente”. Ciudadanos es una organización política que pertenece a Libertad Avanza, la coalición de extrema derecha liderada por Javier Milei, presidente de Argentina. Milei se ha opuesto abiertamente al derecho al aborto y ha amenazado con derogar la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre 2020. Desde entonces es legal y gratuito interrumpir un embarazo hasta la semana 14; la legislación anterior solo permitía hacerlo en casos de violación o cuando la salud de la madre estuviera en peligro.
La narradora enlista una serie de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, como Amnistía Internacional y la Open Society Foundation, más una lista de países europeos, como donantes a la Corte, y que ésta “debería observar y defender los derechos humanos de los Estados americanos”. Para respaldar su preocupación, el video cita declaraciones de Milei, Nayib Bukele y Santiago Santurio –un diputado de Libertad Avanza– a quienes cita como “grandes figuras y políticos de América”.
En el video, Milei acusa a estas organizaciones de apropiarse de los medios de comunicación, las universidades y los organismos multilaterales. Aunque no menciona por nombre a la Corte ni a la CIDH, asegura que estas instancias tienen una gran influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos mecanismos multilaterales. Le sigue Bukele, diciendo que él cometió el error de haber confiado en la OEA antes de asumir la presidencia, pero que una vez que se convirtió en presidente se dio cuenta de que “la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica”.
Las declaraciones de Bukele son de 2021, cuando el gobierno salvadoreño rompió el acuerdo de cooperación firmado con la OEA para crear la Comisión Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), luego de que la comisión ayudara a crear una docena de expedientes sobre corrupción en su gobierno. La narrativa de Bukele contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –alguna vez llegó a llamar a la OEA el “Ministerio de Colonias de Washington”– solo se ha agudizado, a la vez que su administración continúa siendo señalado en foros internacionales por la violación sistemática de los derechos humanos bajo el régimen de excepción.
Milei y Bukele no han sido los únicos mandatarios en hacer declaraciones en tono rebelde respecto a las decisiones de la Corte. En diciembre 2023, en alusión al caso Beatriz, el presidente costarricense Rodrigo Chaves amenazó con retirarse de la Corte si el fallo significara la modificación de leyes para legalizar el aborto. “Si la Corte ordena algo, Costa Rica no tiene otra opción más que retirarse del tratado”, dijo en referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las declaraciones las dio en una entrevista con Impact Channel, un canal con línea editorial religiosa en Costa Rica.
“Este es ajedrez de grandes ligas”, agregó Chaves, asegurando que no sería una decisión tomada a la ligera. Sin embargo, tomar esta decisión no es tan sencillo como lo plantea. Para que Costa Rica pueda salir de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se necesitaría el aval del Congreso y la Sala de lo Constitucional. Además, su retiro solo se aplicaría a decisiones que el tribunal tome después de concretarse su salida. Sería una decisión precedida únicamente por Venezuela en 2013 y Trinidad y Tobago en 1998.
Financiamiento al Sistema Interamericano bajo lupa
La narración del video enseguida regresa al caso Beatriz, augurando “un precedente trágico en los Estados americanos con la excusa de defender los derechos humanos”. La fuente del video es un reporte publicado por el Global Center for Human Rights, un grupo de presión de talle conservador, que pone la atención en el presupuesto de la Corte y la CIDH, así como en las contribuciones financieras que reciben de parte de donantes y organismos de cooperación internacional, como la Fundación Arcus o el Trust for the Americas. El Global Center for Human Rights, coproductor del video, asesoró a la administración Bukele durante las audiencias en San José, Costa Rica, ocurridas en marzo de 2023.
El reporte asegura que la Corte está atada a una agenda progresista liderada por países europeos y oenegés que trabajan por el acceso a salud sexual y reproductiva, así como por la defensa y promoción de derechos de poblaciones LGBTI+. El principal problema, según Sebastián Schuff y Maria Ann Quiroga –autores del reporte– es que este dinero está atado a proyectos específicos y esto puede influenciar el contenido de las decisiones de la Corte.
“De esta manera, el SIDH no es libre de decidir el uso de los fondos para las actividades que más lo requieren según su criterio, sino que deben ocuparlos en los proyectos y actividades indicadas por los contribuyentes. La asignación de fondos a proyectos específicos significa, en la práctica, una fuerte influencia en la agenda del Sistema y su consecuente impacto en los países miembros”, asegura el documento.
Uno de los ejemplos que citan es la designación de $4,737,478 dólares a lo largo de 12 años (2009-2021) por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), fondos que, según ellos, han sido atados a la promoción de una agenda política “para la creación de sentencias en contra de los países miembros del SIDH”. Se enfocan en dos casos que la Corte resolvió en 2016: Duque vs. Colombia, el cual solicitaba el reconocimiento a la pensión para parejas del mismo sexo; y Flor Freire vs. Ecuador, que desembocó en una condena al Estado sudamericano por discriminación basada en orientación sexual.
Los autores también elevan sus sospechas de tres opiniones consultivas que fueron publicadas como parte de un convenio entre la Corte y la AECID en 2017, las cuales incluyeron la publicación de estándares legales relacionados con el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, así como las obligaciones especiales para la protección de la niñez, el asilo, la violencia sexual y la no discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. Creen que es peligroso que estos sean identificados como normas de derechos humanos. “No son normas de derechos humanos”, afirman. “El pretendido carácter vinculante de estas normas es una clara demostración de los abusos y extralimitaciones de los órganos del sistema y de su voluntad de alcanzar sus objetivos utilizando medios contramayoritarios, con una mínima legitimidad democrática”.
Los señalamientos sobre la falta de independencia de la Corte no son nuevos. La actual presidenta, Nancy Hernández, intentó poner fin a esas acusaciones en enero 2024. “Muchos afirman, sin sustento, que la Corte recibe financiamiento por parte de intereses espurios, dirigidos a condicionar fallos y la agenda de la Corte. En este punto quiero ser enfática, eso es absolutamente falso”, se lee en la transcripción de sus declaraciones en el sitio web de la Corte.
Hernández explica que la Corte se ha visto obligada a buscar financiamiento complementario, ya que el presupuesto que reciben de la OEA solo cubre el 71.27 % de los gastos del tribunal. Esos fondos, asegura, permiten realizar visitas in situ, capacitaciones para audiencias fuera de la sede y facilitar apoyo psicológico durante las audiencias, entre otras actividades dirigidas a proteger los derechos de las personas que participan en un proceso ante la Corte Interamericana. La jueza cierra este apartado anunciando que desde ya la información relacionada con la distribución del presupuesto será publicada en una pestaña especial del sitio web de la Corte.
Una revisión de la información financiera entre 2018 y 2022 publicada en el sitio de la corte demuestra que el dinero donado por AECID, por ejemplo, solo representa el 2.63 % del presupuesto no contencioso de la Corte durante esos años, y solo el 2.11 % del presupuesto para 2023.
El Faro envió distintos correos a Schuff y Quiroga solicitando una entrevista para hablar sobre el reporte, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta.
Más allá del aborto
Schuff y Quiroga ocupan el cargo de Presidente y Directora de Investigación, respectivamente, en el Global Center for Human Rights, una organización que describe su trabajo en tres pasos: la movilización de actores clave para influenciar decisiones, el entrenamiento de tomadores de decisiones y otros grupos de interés en el “uso adecuado del derecho internacional y el funcionamiento de organismos internacionales”, y cabildeo para garantizar que las decisiones tomadas en el interior de las organizaciones internacionales “respeten las leyes locales y la democracia, litigando ante la Corte Interamericana cuando no sea el caso”.
Ambos estuvieron presentes en la sala de audiencias de la Corte en marzo de 2023 como parte del equipo legal asesor del Estado salvadoreño. Al finalizar la sesión del segundo día, posaron para una foto junto a Conan Castro, quien era entonces el Secretario Jurídico de la Presidencia.
En diciembre de 2022, tres meses antes de la audiencia en San José, la organización lanzó la campaña “No next Roe” (“no queremos otro Roe”), en referencia al caso Roe vs. Wade que legalizó parcialmente el aborto en Estados Unidos en 1973. El sitio web inicial que albergaba la campaña ya no está disponible, pero lanzaron otra en 2022. casobeatriz.org, para publicar videos y otros recursos que desinforman sobre Beatriz y su caso y buscan sembrar dudas sobre el SIDH y el financiamiento de la Corte. “Una industria multimillonaria quiere imponer el aborto en todo el continente, usando a una mujer vulnerable a su hija con discapacidad”, se lee en la página central. Su plataforma principal es su perfil de Instagram, en el que dedica la mayoría de sus publicaciones a la causa antiaborto.
Una de las publicaciones en Instagram, con fecha de julio de 2023, subraya una recepción organizada junto con la Heritage Foundation, un tanque de pensamiento conservador estadounidense. El tema del evento era denunciar el supuesto uso de los impuestos estadounidenses “para financiar el menoscabo de las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe a través de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. La Heritage Foundation es la organización responsable de elaborar el Proyecto 2025, una iniciativa que propone la expansión del poder presidencial y la imposición de una visión social ultraconservadora en caso que los Republicanos ganen la carrera presidencial en noviembre de este año. La decisión de Bukele en San Salvador de eliminar todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral de la currícula nacional pública fue tomada del llamado “Mandato para el liderazgo”, del Proyecto 2025, durante la misma semana de febrero de 2024 en que el mandatario salvadoreño participó como ponente en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).
La Heritage Foundation se ha mostrado cercana a Bukele. Lo recibió en marzo de 2019, en su primer giro internacional tras ganar la presidencia, en un viaje orientado a establecer una relación cercana con la administración de Donald Trump.
El Global Center for Human Rights también patrocinó la publicación en físico del libro “El aborto ante la Corte IDH: a propósito del caso Beatriz vs. El Salvador”. Este incluye artículos escritos por tres de las personas que representaron a El Salvador como peritos ante la Corte: Paolo Carozza, María Carmelina Londoño y Ligia de Jesús Castaldi. Entre 2019 y 2020, Carozza fue parte de la Comisión de Derechos Inalienables de la administración Trump. El libro también incluye algunos de los amicus curiae presentados en favor del Estado y se enfocan, sobre todo, en la defensa del derecho a nacer de las personas con discapacidades y argumentos en contra del aborto eugenésico. Una copia del libro fue enviada a la biblioteca de la Corte.
El Faro habló con Débora Ranieri, codirectora del libro y profesora e investigadora de Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ella describe el texto como un esfuerzo conjunto entre académicos del derecho interesados en proveer argumentos sólidos a la Corte para que los magistrados tengan toda la información necesaria antes de tomar una decisión. El caso, asegura, no es un caso de aborto, ya que Beatriz dio a luz a su bebé. Para ella, “este es el caso de una bebé que nació con anencefalia, cuya madre le puso un nombre, cuya madre murió cinco años después, pero no a causa del embarazo. Es decir, el embarazo no tuvo consecuencias. Este es un caso construido de litigio estratégico por asociaciones (a favor del aborto) que hicieron que la mamá de Beatriz lo convirtiera en caso”.
Ranieri asegura que la vida de Beatriz nunca estuvo en peligro y que los doctores le dieron los cuidados necesarios a ella y su bebé. En la introducción del libro, ella y su codirectora Sofía Calderone aseguran que Beatriz tuvo una recuperación satisfactoria, citando para ello una entrevista publicada por El Faro en 2014, en la que Beatriz habla sobre sus visitas a la tumba de su hija. Pero pasan por alto el hecho de que, en esa misma entrevista, Beatriz reconoció las secuelas para su salud física y mental luego de que fuera forzada a dar a luz a su bebé, que murió cinco horas después de parto y contrario a su solicitud de que le permitieran abortar.
La definición de discapacidad al centro del debate
Beatriz también dijo que no le hubiera importado sacrificar su salud para seguir con el embarazo si su hija tuviera posibilidades de sobrevivir fuera del útero. Ranieri retoma esta declaración como evidencia de que el caso debe comprenderse desde el punto de vista de la eugenesia. “Nos preocupa mucho que se instale la posibilidad del aborto eugenésico, es decir, la consideración de que hay personas que no merecen nacer por sus determinadas condiciones”, dice. Además equipara el acceso al aborto cuando la vida del feto es inviable fuera del útero con los crímenes cometidos en la Alemania nazi: “Hemos padecido en el mundo la mentalidad eugenésica del nazismo que decidía que determinadas personas no merecen vivir por determinadas condiciones de raza”, dice.
Desde el punto de vista médico, la anencefalia es una malformación letal, un daño irreversible e incompatible con la vida. Guillermo Ortiz, el médico que trató a Beatriz, dijo a El Faro que, para diagnosticar una discapacidad, el feto “debe tener pronóstico de sobrevida a largo plazo fuera del útero”. Agregó que “la anencefalia no lo es, fallecen dentro del útero, al nacer o en las primeras horas, sin que sea posible, aun con la más avanzada tecnología, procurar su sobrevivencia”.
Esto contrasta ampliamente con el argumento de Ranieri, quien alega que desde el punto de vista legal “la discapacidad se entiende cuando un ser humano tiene una capacidad disminuida. En este caso (de anencefalia), el cerebro tiene una capacidad disminuida y su sobrevivencia es limitada por una malformación cerebral. Entonces es una discapacidad”, concluye.
Cuestionada sobre los señalamientos en el libro de que las sentencias de la Corte están atadas a las donaciones que reciben, Ranieri afirmó: “Podría decir que hubo otros casos en los que no fue neutral la Corte”. Se refiere al caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, respecto a la fertilización in vitro, en el cual el tribunal estableció que el derecho a la vida —protegida en el artículo cuatro de la Convención Americana desde “la concepción”— se reconoce desde el momento de implantación, no fecundación. “En ese caso, la Corte no fue neutral en respetar la realidad de lo que dice el tratado en el artículo cuatro”, planteó. Sin embargo, se negó a ampliar sobre cómo exactamente los fondos pudieron haber condicionado el fallo en el caso Artavia Murillo: “Los motivos por los cuales no fue neutral… será porque los jueces así lo piensan, porque hay jueces que piensan distinto. Yo no me atrevo a decir ahí qué es lo que los condicionó”, se limitó a decir.
Por más que la profesora de Derecho comparte la visión del trabajo de Quiroga y el Global Center for Human Rights, ella también marca su distancia y asegura que el involucramiento del centro se limitó al patrocinio de las copias impresas. Su motivación, junto a la de los demás académicos cuyos nombres reúne el libro, es evitar, dice, la arbitrariedad en las decisiones del tribunal. “Si el poder se pone por encima de la ley y le hace decir a la ley lo que la ley no, se rompe el estado de derecho”, concluyó. “Romper el estado de derecho es entrar en un carril de arbitrariedad que nos preocupa”.
