La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a exigir al Estado salvadoreño que restituya todas las garantías constitucionales que se eliminaron al aprobarse el régimen de excepción en marzo de 2022 y que, a día de hoy, tiene a 81,000 salvadoreños en las cárceles.
La CIDH, con sede en Washington, emitió este 4 de septiembre un informe de situación sobre El Salvador en el que exhorta a desmontar el régimen de excepción que comenzó a monitorear desde marzo de 2022. El documento de 155 páginas hace un repaso pormenorizado de todos los decretos y reformas legales que implicó el régimen y los contrasta con informes de la sociedad civil salvadoreña, con estándares internacionales de respeto de derechos humanos que exige la Convención Americana de Derechos Humanos pero, principalmente, con testimonios de víctimas en El Salvador.
“La CIDH urge al Estado a derogar el régimen de excepción, finalizando la suspensión de los derechos y garantías a través de las prórrogas al Decreto Legislativo N.º 333 de 2022 y reitera que las garantías judiciales indispensables deben ser mantenidas vigentes en toda circunstancia”, dice una de las conclusiones del informe.
En general, el documento no sataniza el régimen, pero con un lenguaje técnico y detallado hace ver la distancia que hay entre los estándares internacionales en materia de respeto a derechos humanos y las escenas que ocurren a diario en las calles y comunidades de El Salvador: escenas de gente presa con carta de libertad, pero falleciendo en la cárcel por negligencia de Centros Penales; escenas de torturas y detenciones arbitrarias bajo el argumento de lucir “nervioso”.
Para sustentar su informe, la CIDH usó 29 testimonios de gente que entrevistó en marzo de 2023 y que sobrevivió a las cárceles o a detenciones arbitrarias en El Salvador. Aunque se cuida de no darlos como hechos probados, la CIDH sí les da valor para ejemplificar el contexto de crisis de derechos humanos en el país. La Comisión usa los testimonios para hilvanarlos con reportes obtenidos de la sociedad salvadoreña.
Así, por ejemplo, en el apartado de “Detenciones ilegales y arbitrarias”, la Comisión cita informes de organizaciones como Cristosal, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) o Azul Originario, y los complementa con frases como estas: “Me trasladaron a las bartolinas de Usulután. Los agentes venían conversando que, por cada persona que detenían en el régimen, les daban un sueldo extra. Con mi captura, ya finalizaban el número de capturas que tenían que realizar”.
En el apartado de “Muertes, denuncias de torturas y malos tratos de personas privadas de libertad”, la Comisión cita el testimonio de una mujer que aseguró: “En el centro de penitenciario eran hombres los que hacían la inspección [en las mujeres detenidas]. No supe de algún tipo de violencia sexual, pero le revisan las partes íntimas y custodios hombres hacían este registro. También vi abortos por falta de asistencia médica. En la celda en la que estábamos, se le reventó el apéndice, la sacaron al hospital, pero cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que llevaba cuatro meses de embarazo. La volvieron a sacar por complicaciones, se dieron cuenta de su embarazo y le tuvieron que hacer un legrado. Yo no sé cómo quedó embarazada, si llevaba más tiempo detenida”.
La Comisión además recabó relatos de personas que sospechan que sus seres queridos fueron asesinados en los penales. “Allá no le pude ver una perforación, […] sino hasta la funeraria cuando me lo estaban preparando. Eso me hace pensar que algo le pasó adentro del centro penal. El documento de medicina legal habla de presión arterial, pero no decía nada sobre esta afectación que tenía […] Yo dudo bastante porque no dan la autopsia por parte de medicina legal.”
El resto de apartados tienen títulos igual de lapidarios: “allanamiento ilegal de moradas”, “abuso en el uso de la fuerza”, “el agravamiento de las condiciones de detención”…
En un gesto que denota el extremo cuidado con el que la CIDH preparó el informe, el documento hace constantes alusiones al descenso en los índices de homicidios como consecuencia del régimen y hace numerosas referencias a las condenas de la CIDH a la situación de violencia de pandillas que existía previo a marzo de 2022. Pero esos matices no logran opacar el verdadero tono del documento: una condena al régimen de excepción.
Un régimen que ya no se justifica
La CIDH concluye que hay una disonancia entre la información que presenta el Gobierno para decir que el país es más seguro y la justificación para seguir prorrogando el régimen de excepción, que en septiembre cumplió 29 meses de vigencia. Por ejemplo, dice que el gobierno no ha presentado “datos” o “hechos específicos” que fundamenten las graves perturbaciones del orden público, como la masacre de 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022 y que sirvió de excusa para montar el régimen de excepción.
“Frente a la información disponible, en la actualidad no persisten las razones objetivas iniciales de emergencia (…) y sus prórrogas o en la información aportada por el Estado, que justificarían mantener la suspensión de derechos y garantías protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El informe no llega a explicitar nunca una condena puntual por normativas o acciones puntuales del gobierno, pero sí abunda en recordatorios, alertas y llamados de atención. Por ejemplo, vuelve a citar un llamado de atención que hizo en comunicados previos sobre lo ilegal que resulta suspender ciertas garantías constitucionales aun cuando se decretan estados de excepción. “La CIDH considera grave que se hayan suspendido dispositivos constitucionales relacionados con las garantías judiciales indispensables, dado que la Convención Americana no lo establece bajo ninguna hipótesis”, dice el informe. Son las garantías básicas que reconoce la Convención Americana, por ejemplo, la obligación de informar de manera inmediata y comprensible a la persona detenida sobre sus derechos y las razones de su detención, así como de no ser obligada a declarar inculpatoriamente; y de ser garantizada la asistencia de su defensa judicial.
El Gobierno respondió a la CIDH que todos esos protocolos se cumplen cuando hay detenciones y que no violan esas “garantías mínimas”. Sin embargo, numerosos informes y testimonios denunciados por la prensa y por organizaciones de la sociedad civil dan prueba de lo contrario. Ante eso, la CIDH exhorta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas para que se informe inmediatamente a las personas sobre las razones de su detención, y a sus familiares.
También la CIDH se pronunció sobre lo exorbitante que resulta la detención preventiva hasta por 15 días. “La Corte Interamericana ha determinado que, incluso bajo suspensión de garantías, no es proporcional que una persona detenida sin orden judicial permanezca privada de libertad por 15 días sin ninguna forma de control judicial”, dice el informe. La Corte Interamericana es una instancia distinta a la CIDH, pero forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene potestad de condenar o absolver a los Estados miembros por casos planteados ante ella.
El informe también hace énfasis en que la medida de la detención preventiva no puede ser aplicada de manera automática, tal como parece que ha sido la tónica desde que se aprobó el régimen. Incluso los diputados de Bukele hicieron reformas legales dirigidas a prohibir las medidas sustitutivas a la cárcel cuando se trata de delitos relacionados a pandillas. “Es particularmente preocupante la información de que los operadores de justicia estarían requiriendo y aplicando de manera automática la detención preventiva para ciertos delitos, entre los cuales “agrupaciones ilícitas” y la pertenencia a “organización terrorista”, aún ante la ausencia de pruebas”, dice el documento.
Para que no se aplique automáticamente, la CIDH sugiere crear un sistema de revisión periódica de los casos judiciales y que se priorice la imposición de medidas menos gravosas.
La Comisión también reconoce un enorme problema de hacinamiento en el sistema carcelario. En las 23 prisiones del país, la CIDH certifica que el hacinamiento es de al menos 130 %, y aumenta si se excluye el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), que ahora mismo es el único centro penitenciario con espacio de sobra.
La Comisión, una instancia que Bukele ha atacado duramente en sus redes sociales, también plasmó 21 recomendaciones al Estado. Entre las exhortaciones está asumir una política integral de seguridad (no solo punitivista) donde haya transparencia y rendición de cuentas sobre los resultados que se van obteniendo, así como también la creación de un registro de víctimas y un plan de reparación integral para ellas por los daños provocados, ya sea por los grupos criminales o por el Estado.
Entre las múltiples páginas con las que el Gobierno intentó contrarrestar las conclusiones de la CIDH hay un apartado en el que se enumeran las instituciones estatales que se dedican a la atención de víctimas. El Gobierno mencionó la existencia de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las 11 Oficinas Locales de Atención a Víctimas desplegadas en todo el país, y el trabajo articulado con otras instituciones. Pero la administración Bukele solicitó cooperación para fortalecer este tema. La CIDH respondió que valoraba el esfuerzo de cooperar técnicamente pero dejó entrever que dudaba de la sinceridad en la solicitud de ayuda. La CIDH le recriminó que solo hubiera gastado menos de la mitad del presupuesto asignado en 2022 a la atención de víctimas: 272,000 dólares de 484,100.
Entre las recomendaciones también hay una serie de derogatorias. Por ejemplo, eliminar la reserva de identidad de los 22 jueces de los tribunales de crimen organizado, así como de los operarios de justicia en los procesos. La CIDH también hace el llamado a derogar el decreto 93 que modificó la Ley Penitenciaria y que impide, desde hace ya varios años, la visita de familiares a los reos en las cárceles.
Piden investigar las muertes
A fines de octubre de 2023, el número de muertes bajo custodia en las cárceles, según registros de organizaciones salvadoreñas, variaba entre 189 a 200 personas. La Comisión citó los informes de organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch, que revelaron patrones de tortura y maltrato en los cadáveres que lograron estudiar.
En general, la CIDH se cuida de no establecer hechos probados cuando cita y menciona los cientos de testimonios sobre presuntas violaciones a derechos humanos. Pero lo que sí hace es exigir al Estado que investigue, que determine responsabilidades, y que establezca las circunstancias que permitieron su ocurrencia.
Aunado a eso, la Comisión exige que para investigar adecuadamente los crímenes ocurridos en las cárceles, primero debe haber independencia judicial. El informe hace un recuento de la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República en mayo de 2021, sumado a la aprobación de reformas que jubilaron forzosamente a fiscales y jueces mayores de 60 años bajo un supuesto esquema de combate a la corrupción. “Para la Comisión es muy preocupante observar que a pocos meses de la ocurrencia de graves eventos que deterioraron la independencia de los operadores de justicia, surgieran denuncias sobre violaciones masivas a derechos y garantías relacionadas al acceso a la justicia”, dice el documento. “Los antecedentes de medidas que debilitan el Estado de Derecho, con impactos en la separación de los poderes y en la independencia judicial y de la fiscalía, adquieren especial relevancia frente a la instalación de un régimen de excepción que suspende de manera prolongada de derechos y garantías protegidos por la Convención Americana”.
Por último, la CIDH reclamó al Estado su pasividad en la protección del gremio periodístico en el contexto del régimen de excepción. También criticó la Ley Mordaza aprobada en abril de 2022, que censuraba la cobertura periodística sobre fenómenos de violencia. También mencionó el caso de periodistas de El Faro, como Óscar Martínez y Gabriela Cáceres, que tras la aprobación de la reforma recibieron amenazas legales en su contra .
La CIDH “llama al Estado a garantizar que las personas periodistas y comunicadoras que realicen su labor informativa en el marco del contexto de excepción no sean detenidas, amenazadas, agredidas, o limitadas en cualquier forma por el ejercicio de su profesión. En particular, abstenerse de intimidar, amedrentar y descalificar la labor de periodistas y rechazar, investigar y sancionar cualquier tipo de violencia en su contra”.
El informe que el Gobierno intentó frenar
El documento estaba previsto para publicarse en mayo, pero el Gobierno salvadoreño, que tuvo acceso al documento final en enero, presentó numerosas discrepancias, pidió dos veces prórroga para enviar una respuesta y sostuvo reuniones presenciales con la CIDH en pleno en Washington, en julio pasado. A juicio de fuentes de la Comisión en Washington, el esfuerzo del Gobierno iba dirigido a “empantanar, complicar” la publicación del informe, que ha salido cuatro meses después de lo proyectado.
El informe de la CIDH fue aprobado por la comisión en pleno (siete comisionados y comisionadas en total) el 21 de diciembre de 2023, y el 8 de enero el borrador se compartió con el Estado salvadoreño.
A partir de entonces, Andrés Guzmán, el comisionado presidencial de Bukele para derechos humanos y libertad de expresión entregó una enorme cantidad de documentación e información para contrarrestar las conclusiones del informe. Una de las respuestas fue un informe de más de 130 páginas, denominado “Un Nuevo El Salvador”, que fue enviado a la CIDH el 8 de abril de 2024. El Faro reveló el contenido de ese informe a finales de agosto.
Una fuente de la CIDH en Washington, que pidió anonimato por no estar autorizado para brindar declaraciones, describió la actitud del Gobierno como “un intercambio que el Estado salvadoreño llevó a un nivel abrumador, desgastante (para la Comisión)”.
Guzmán fue nombrado a mediados de 2023 y desde entonces ha sido la cara que representa al Estado en las sesiones de monitoreo que hace la CIDH cuando el evaluado es El Salvador. Ha sido constante en negar las violaciones a derechos humanos del régimen, tanto en esas audiencias como en las entrevistas que ha concedido.
Guzmán, sin embargo, logró que la CIDH en pleno lo recibiera en julio pasado junto con una comitiva del Estado. “Es altamente inusual que el pleno reciba a alguien así en la semana de sesiones internas, porque la agenda se prepara con mucha antelación. No es habitual que un funcionario de su perfil haya venido a Washington al menos tres veces en el último año”, dice la fuente de la CIDH.
Los esfuerzos de Guzmán no cayeron en saco roto. Tres de los siete comisionados, que en diciembre habían aprobado sin ninguna queja el informe, terminaron votando en contra del informe después de escuchar y leer todos los documentos que envió El Salvador. Ese resultado de 3 a 4 en la votación es uno de los logros de Guzmán.
“Con sus visitas, con reuniones como la de junio, Guzmán logra influir en el ritmo de trabajo de la Comisión sobre El Salvador, y su gran éxito fue, probablemente, lograr que el informe no saliera con la composición anterior de la Comisión”, dice la fuente en Washington.
La fuente se refiere a la conformación del pleno de la CIDH. Hasta diciembre pasado, formaban parte de la Comisión Julissa Mantilla Falcón y Margarite May Macaulay, dos abogadas conocidas por sus posturas progresistas. En su lugar, a partir de enero, llegaron dos de los tres comisionados que votaron en contra, Edgar Stuardo Ralón y Gloria Monique de Mees. El tercer voto disidente fue el de Carlos Bernal Pulido, vicepresidente de la CIDH y que funge también como relator de la Comisión para El Salvador.
Los comisionados Bernal y Ralón explicaron sus razones para desaprobar el informe en un voto razonado disidente después de escuchar y leer los informes de respuesta del Gobierno. Aunque están de acuerdo en el fondo y en la importancia de que se emita el documento, Pulido y Ralón explicaron que a la metodología usada en el informe “le faltó precisión” y plantearon dudas sobre si la con el informe la Comisión estaba ya emitiendo conclusiones que les corresponde hacer mediante otro procedimiento.
Sus argumentos, sin embargo, fueron desafiados por la comisionada Andrea Pochak y el comisionado José Luis Caballero, quienes respondieron a Pulido y Ralón con un voto concurrente. Señalaron que la metodología usada es la misma que se ha utilizado en la CIDH para emitir decenas de informes sobre otros países y que el informe temático no implica que se están pronunciando sobre la posible responsabilidad del Estado en las situaciones de violación a derechos planteada en el informe.
Informe disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/Informe_EstadoExcepcionDDHH_ElSalvador.pdf
*Con reportes de José Luis Sanz
